Europa Press.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido de que una subida del impuesto sobre los carburantes afectaría negativamente a las exportaciones españolas, en respuesta al posible incremento del impuesto de hidrocarburos que estudia el Gobierno.

La organización ha expresado su rechazo a la propuesta del Gobierno de equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina, lo que supondría una subida de casi 10 céntimos por litro, que se sumarían a los 4,8 céntimos de incremento previstos para 2019 por la armonización del impuesto autonómico sobre los carburantes en su nivel máximo. Fenadismer considera que esta medida repercutiría «muy negativamente» en las exportaciones españolas, ya que el destino «principal» de las mercancías son los países europeos, que representan el 66,3% del total, las cuales son transportadas «principalmente» por carretera.

De esta manera, Fenadismer ha destacado que cualquier aumento en el precio final del carburante repercutirá de forma «importante» en el valor final de los productos españoles destinados a la exportación, «por lo que perderían competitividad en los mercados europeos». Por su parte, si el Gobierno finalmente introduce esta medida «recaudatoria«, la asociación exigirá que la subida del impuesto no se aplique al sector del transporte por carretera, a través del mecanismo de devolución del gasóleo profesional, aunque ello solo paliaría «parcialmente» el impacto, ya que a dicho régimen no se pueden acoger los vehículos de transporte de menos de 7,5 toneladas. Por ello, Fenadismer también exigirá la inclusión de este segmento en el régimen.

Más inversión en transporte público

Por su parte, la asociación del transporte urbano colectivo ATUC pide que al menos una cuarta parte de lo que se recaude al equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina se destine al sistema de transporte público, tanto para su financiación como para inversiones. En este sentido, ATUC reclamó que más de 500 millones de euros se inviertan en el sistema de transporte público, teniendo en cuenta que desde el Ministerio para la Transición Ecológica estiman que igualar ambos impuestos se traduciría en aumentar los ingresos en 2.100 millones.

La asociación recalcó que, de esta manera, se contribuiría a que cada vez más usuarios opten por el transporte público para sus desplazamientos diarios y a reducir el número de coches en circulación, disminuyendo así la contaminación. «El tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de coches», subrayó. Según ATUC, la financiación del sistema de transporte público cuesta unos 5.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente la mitad se cubre con los ingresos por billete y la otra se sufraga con recursos públicos.

«La fiscalidad puede ser un instrumento de enorme ayuda para forzar el cambio en los hábitos de desplazamiento. Aumentar la fiscalidad al diésel y equipararla con la de la gasolina ayudará a reducir la contaminación, puesto que debido a la menor carga fiscal que soporta el gasóleo, tenemos un parque automovilístico dieselizado, pese a que los coches diésel emiten aproximadamente un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que uno con motor de gasolina«, señaló el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.