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Castilla y León trabaja en una nueva Estrategia Térmica Renovable para aprovechar su potencial

EFE.- La Consejería de Economía y Hacienda ya trabaja en la Estrategia Térmica Renovable para aprovechar el potencial de la Comunidad en este campo con una «mirada a medio y largo plazo» y dado que en los próximos años se producirá una renovación importante del parque de calderas y sistemas térmicos.

La consejera, Pilar del Olmo, ha recordado que aunque Castilla y León es una «referencia en generación eléctrica», fundamentalmente en eólica e hidráulica, con una posición notable en cuanto a la producción vía biomasa o fotovoltaicas, ese «liderazgo no ha ido paralelo al desarrollo del uso térmico de los recursos renovables».

Del Olmo también ha destacado algunas líneas previstas para incentivar el uso de energías alternativas, como la que prevé poner en marcha en el 2018, de subvenciones no competitivas para incentivar la adquisición de vehículos de energías alternativas en la Comunidad, que no ha cuantificado.

El PSOE habla del fracaso del carbón

El portavoz en Economía del grupo socialista, Javier Izquierdo, se ha referido además al a su juicio «fracaso del carbón» y a que la Comunidad haya servido «de cobaya en las centrales nucleares con Garoña», y ha sostenido que «el drama de la política económica de la Comunidad» es que ha «escalado al puesto dos de la corrupción» en España, lo que «ha cercenado recursos» y ha acusado a la consejera de «poner alfombras nuevas sobre las viejas», en una política «que huele a corrupción y en la que falta transparencia».

Bogas (Endesa) pide consenso político sobre Garoña y destaca que está «en perfecto estado de revista»

Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha destacado que la central nuclear de Garoña está «en perfecto estado de revista» y que «podría seguir adelante» desde el punto de vista del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero ha apuntado la necesidad de llegar a un consenso con los partidos políticos. En este sentido, Bogas ha transmitido «tranquilidad» ante la situación de la central.

«Nosotros no hemos cambiado de punto de vista, creemos que las cosas hay que hacerlas de forma ordenada», subrayó Bogas. «Decía el ministro que la política energética del país no podía supeditarse solo a decisiones económicas y yo estoy de acuerdo con él», añadió. Por ello, ha apuntado que debería alcanzarse un consenso sobre cómo hacer las cosas y dejar manifestarse al Gobierno en «un tema tan importante como este».

A pesar de que Bogas ha hecho hincapié en que Garoña está en perfecto estado de funcionamiento, reconoce que abrirla o cerrarla «no influye ni cambia absolutamente nada», porque solo supone «450 megavatios nada más». En esta línea, ha afirmado que si la vida útil de las nucleares finalizase a los 40 años «habría un déficit», lo que no sucedería si cerrasen a los 50.

Respecto a la transición energética, el consejero delegado de Endesa ha señalado que para cumplir con los objetivos de renovables de la Unión Europea con vista a 2030 es necesario incrementar su potencia instalada en 30.000 megavatios. «Si eliminas las nucleares, eliminas 7.000 megavatios», ha apuntado, para justificar que no es viable sustituirlos por ciclos combinados, que no permitirían cumplir con el objetivo de emisiones cero, ni por energía renovable, que sería «físicamente imposible». «Nuestra opinión, por tanto, es que son necesarias las nucleares», añadió.

Debate en Castilla y León

Por otro lado, el grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla y León ha rechazado sendas enmiendas de PSOE y Podemos a través de las que se reclamaba la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona de influencia de la central nuclear de Garoña, en la provincia de Burgos, ante la posibilidad de cierre y que fueron votadas en contra por el PP al defender el mantenimiento de la central. En concreto, entre las iniciativas planteadas por el PSOE y defendidas por Javier Izquierdo, se encontraba una valorada en 1,7 millones de euros para la puesta en marcha de un plan de revitalización de Garoña.

No obstante el procurador del PP, Salvador Cruz, ha insistido en su postura en contra ya que, como ha recordado, los populares defienden el mantenimiento de la nuclear con el respaldo del CSN. Además, Cruz se ha preguntado qué pretende hacer el PSOE con ese dinero ya que, como ha recordado, cuando el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció el cierre presentó acciones valoradas en 950 millones de euros. «Plantean ahora una inversión de 25 millones del Estado y 1,7 millones de la Junta, ese es su gran plan», se ha preguntado Cruz, quien insistió en su continuidad.

“Ustedes acabarán haciendo el ridículo”

Sin embargo, Izquierdo ha advertido a Cruz que quienes van a hacer el ridículo sobre este aspecto va a ser el PP que actúan como «cobaya» de las «eléctricas» en materia de energía nuclear. «Es muy probable que no se reabra y quien acabará en ridículo serán ustedes» ha aseverado. Asimismo, el procurador de Podemos, Félix Díez, también defendió una enmienda de su grupo en este sentido, ya que «el PP no ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa económica».

El PSOE denuncia el trato discriminatorio de la Junta de Castilla y León a una empresa eólica durante 14 años

EFE.- El PSOE de Castilla y León asegura que existen pruebas de que la administración autonómica ha discriminado a algunas empresas para favorecer a otras, como en el caso de Ibervento, que ha tardado 14 años en obtener un permiso que se tramita en un mes.

El parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, portavoz de la comisión que investiga la trama eólica, denuncia el caso de la empresa Ibervento, que recibió en febrero pasado la resolución favorable del Ente Regional de la Energía (EREN) para instalar un parque eólico cuando la solicitud se había entregado en 2002. Según criticó, se ha tardado 14 años en conceder un informe favorable de la primera fase, que normalmente se tarda en dilucidar en un mes, en una actuación que calificó como «abuso de poder» de la administración autonómica.

El socialista comparó este procedimiento administrativo con el que llevaron los expedientes de otras empresas, que a los pocos días obtuvieron los permisos para la adjudicación de diferentes parques. Consideró preciso esclarecer cómo la tardanza en la tramitación de las adjudicaciones obligó a alguna empresa a renunciar en beneficio de otras y cómo, después de las renuncias, se aceleraba la tramitación para concluirse a los pocos días. Izquierdo insistió en pedir la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León en la comisión parlamentaria que investiga las adjudicaciones.

El PSOE confirma en Burgos «anomalías» en la autorización de parques eólicos en Castilla y León

EFE.- El procurador socialista de las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, confirmó, tras una revisión de documentación en la Delegación Territorial de la Junta en Burgos, la existencia de «anomalías» en la tramitación y autorización de varios parques eólicos en la provincia, que asegura que es la más afectada por la «trama eólica» que investiga la Fiscalía Anticorrupción y que ha motivado la creación de una Comisión de Investigación en las Cortes regionales.

Izquierdo explicó que han empezado en Burgos una serie de visitas a las delegación territoriales de la Junta de cada provincia para avanzar en la investigación de presuntas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León. Burgos ha sido el comienzo porque se trata de la provincia más afectada, con 51 de los 182 proyectos cuestionados, aunque también tienen previsto visitar la semana que viene las delegaciones de Zamora, Soria y León.

El procurador socialista considera necesario depurar las responsabilidades políticas porque «a nadie se le ocurre que se puede producir un enriquecimiento como el que parece que existe en estos casos sin actuar de forma anómala y sin la connivencia del poder político». En su opinión, el Gobierno autonómico intenta entorpecer la labor de la comisión de investigación, donde se han rechazado las más de 50 comparecencias solicitadas por el PSOE.

El procurador socialista ha explicado que la práctica presuntamente irregular «se ha repetido en muchas de las tramitaciones de parques eólicos». «Una gran eléctrica formulaba la solicitud inicial pero el permiso de la Junta se retrasaba, en ocasiones años; después se daba entrada por cantidades mínimas a una constructora local y los trámites se resolvían, en ocasiones en unos pocos días; por último, la titularidad volvía a la eléctrica«, explicó. Un caso especialmente llamativo, en su opinión, es el de Iberdrola, que vendió por 24.000 euros una participación a Energía Global Castellana, una empresa propiedad del ex consejero delegado de la empresa pública Excal, que después vendió la misma participación por 47 millones de euros.

Además de Energía Global Castellana, el PSOE aprecia indicios de que puede haber ocurrido algo parecido con otra empresa del grupo Collosa, Promociones de Energía Renovable, y analizará los indicios de algo que podría ser similar con PH Energías Renovables, participada en un 60% por Iberdrola y un 40% por el grupo Pascual. En este último caso, ha apuntado que podría haber ocurrido lo mismo, porque Iberdrola cedió su explotación a la otra empresa, aunque todavía falta determinar si los dos parques eólicos concedidos a PH Energías Renovables también han vuelto a ser titularidad a Iberdrola y a qué precio.

El PSOE denuncia la «actividad frenética» de Delgado autorizando parques eólicos antes de dejar su cargo en Castilla y León

EFE.- El procurador socialista Javier Izquierdo denunció la «actividad frenética» de Rafael Delgado meses antes de abandonar el cargo de viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León a la hora de autorizar la instalación de parques eólicos en la comunidad ya que en sus últimos 6 meses dio el visto bueno a 41 y en el último 15.

«Había prisa antes de marcharse», ha dicho Izquierdo, miembro de la comisión de investigación constituida en las Cortes autonómicas sobre la denominada trama eólica y el supuesto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en la comunidad. El parlamentario socialista indicó que en Castilla y León existen 290 parques eólicos autorizados y explicó que a partir de 2004 se produce un «cambio radical» en la forma de autorización de estas instalaciones y se utiliza la fórmula de «avocación de competencias», fórmula que, aunque tiene un «carácter excepcional» en la administración, pasa a ser algo de «carácter general».

Izquierdo relató que a partir de ahí se autorizan 182 parques eólicos, el 63% del total, de los que 142 son autorizados en la etapa de Rafael Delgado como viceconsejero de Economía y Empleo. En cuanto a la tramitación de las autorizaciones de los parques, Izquierdo asevera que existe un «tufo de mala praxis y extorsión» que tendrá que ser esclarecido. Según explicó, en ocasiones, cuando las empresas que solicitaban la instalación del parque cambiaban la titularidad de los parques a otras de las que formaban parte compañías locales, como la perteneciente al que fue director de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, la tramitación de la instalación se aceleraba.

El representante socialista se pregunta por qué se producía ese cambio de titularidad cuando en muchas ocasiones ya se habían superado la mayoría de los trámites como la valoración de impacto ambiental y cuando compañías como la de Alberto Esgueva no tenía «capacidad financiera, ni técnica, ni realiza ninguna actividad vinculada». Izquierdo ha considerado al respecto que «da la sensación claramente» de ser «únicamente un intermediario conseguidor de las autorizaciones».

El procurador avanzó que el PSOE preguntará a las empresas el por qué de esas actuaciones y ha rechazado la manera en que la Junta de Castilla y León está aportando la información a los parlamentarios que forman parte de la comisión de investigación. Al respecto, explicó que la manera de consultar los expedientes de autorización de los parques será haciendo un «periplo» por las delegaciones provinciales y asegura que la Fiscalía solicitó la misma información, por lo que demanda que la Administración autonómica facilite esa información en soporte digital.