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Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado frente a la contaminación y piden eliminar las ventajas fiscales al diesel

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Europa Press.- Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido «lealtad» al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diesel, o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad «alcanzando como mínimo los niveles de 2010».

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz han coincido en que la contaminación es un «problema de Estado», razón por la que ambas ediles han exigido «el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación».

Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su perfeccionamiento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

Las dos ciudades plantean la aplicación de descuentos en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal; la priorización de inversiones vinculadas a las infraestructuras ferroviarias; la habilitación de BUS VAO; y modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.

También proponen modificar el Reglamento de Circulación para prever medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales; la revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación y promover medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como el control de calderas, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.

Revisar la fiscalidad del diesel

Inés Sabanés, por su parte, ha defendido que los planes municipales de lucha contra la contaminación, como el Plan A, «requieren la coordinación con el resto de administraciones porque hay cuestiones que las ciudades no pueden resolver» como, por ejemplo, la afección en los aeropuertos, los carriles Bus VAO o medidas relacionadas con la fiscalidad de los coches diésel, asunto que ha calificado de nuclear.

Janet Sanz puso el foco en que la contaminación es «un problema de Estado» y de salud pública que genera 24.000 muertes al año en España según un estudio ambiental de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, ha elaborado un estudio que cuantifica las muertes prematuras en 600/700 al año, unidas al incremento de ingresos hospitalarios. «La inacción no es alternativa porque está en juego la salud de la gente», esgrime.

La edil ha cargado con el «sin sentido» de que haya incentivos fiscales para la compra de vehículos diésel por parte del Estado cuando las ciudades limitan el acceso de este tipo de coches en determinados episodios contaminantes. Además, Madrid y Barcelona han defendido el transporte público exigiendo que el Gobierno central no sólo no siga recortando en esto sino que aumente su contribución, como hacen los ayuntamientos. La concejala de Barcelona también se ha referido al coste que le supone al municipio la recarga de vehículos eléctricos, unos 4.000 euros al año el kw/h.

Polémica de Madrid con Tejerina

Por otro lado, Sabanés ha defendido la coordinación de su cartera con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en materia de contaminación y ha asegurado que las nuevas medidas de su plan, que restringen el uso del coche privado en Madrid, estaban «más que anunciadas«. Así, Sabanés respondió a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que admitió que le «chocó» que el Ayuntamiento de Madrid no les informara de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante la Unión Europea.

La edil de Ahora Madrid ha defendido que desde el Consistorio de la capital han hecho «todos los esfuerzos de coordinación con el Gobierno y la Comunidad». Asimismo, Sabanés señaló que la reunión con la Comisión Europea trataba fundamentalmente de medidas «que va a tomar y que debe tomar» el Gobierno de España, y no de planes anticontaminación municipales, que asegura que ya han sido presentados a la Unión Europea.

Tejerina admite que le «chocó» que Madrid no le informara de nuevas medidas anticontaminación para defenderlas ante la Unión Europea

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, admitió que les sorprendió «mucho» que el Ayuntamiento de Madrid no informara al Ministerio de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante Bruselas.

«Nos sorprendió mucho porque después de estar reunidos con el Ayuntamiento de Madrid, no oculto que nos chocó un poco que mientras teníamos la reunión en Bruselas con su información, contaran a la prensa unas nuevas medidas que no nos habían facilitado para defender su actuación ante Bruselas», ha declarado la ministra, que ha recalcado que “lo más serio” no es “lo que cuento a la prensa sino cómo cuido la salud de los ciudadanos sobre los que tengo una responsabilidad porque gestiono la calidad de su aire», ha indicado la ministra en relación a las nuevas medidas que plantea el Consistorio de la capital.

Respecto a la calidad del aire en España y el incumplimiento de la normativa europea, la ministra defiende que la calidad del aire «mejora» desde el año 2001 y que si en 2010 el país tenía 10 infracciones, en la actualidad se han reducido a 5. García Tejerina ha afirmado que no hay un problema generalizado de calidad del aire, sino que se concentra en Madrid y Barcelona donde, sin embargo hay «mucha» población afectada. Ante esta preocupación, Tejerina ha esgrimido que en la pasada legislatura se aprobó el Plan Aire y ahora se ha aprobado el Plan Aire 2.

Incentivos a la movilidad alternativa

Sobre esta temática, ha reconocido que les «preocupa» en cuanto al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos y que por ello han diseñado dos planes, que, entre otras cosas, contemplan la renovación de la flota de vehículos. En este sentido, ha asegurado que en España seguirá habiendo un «incentivo importante» a los vehículos impulsados con motores alternativos, con el fin de mejorar la calidad del aire. Tejerina ha recordado que ya habido ayudas a la adquisición de vehículos impulsados con energías alternativas que se agotaron «rapidísimo», por lo que confirmó que el Gobierno seguirá apoyando estas tecnologías con nuevos planes de incentivo.

«Me consta que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene encima de la mesa muchas propuestas que iremos viendo porque, efectivamente, el problema no solo es medioambiental sino también para la salud de las personas», ha añadido. En esta línea, la ministra ha resaltado que hay que seguir trabajando en el campo del coche eléctrico, aunque también en el apoyo a otros vehículos «más limpios», como los impulsados con gas.

Tejerina recordó que, a través de los planes PIVE, se destinaron cerca de 1.200 millones de euros a la renovación del parque automovilístico español, e indicó que gran parte de estos fondos fueron a parar a modelos con motores «no convencionales«. Finalmente, ha resaltado que todavía «quedan muchas cosas por hacer» a la hora de mejorar la calidad del aire y subrayó que al final son los ciudadanos los que deciden si utilizan el transporte público u otras soluciones de movilidad, como las motos y coches eléctricos compartidos que existen en la ciudad de Madrid.

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se dispararon en 2017 por la sequía, comprometiendo los objetivos climáticos de España

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Europa Press.- El sector eléctrico emitió un total de 74,9 millones de toneladas de CO2 durante 2017, lo que supone un incremento del 17,83% respecto al año anterior, según datos de Red Eléctrica de España. En este sentido, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reconocido que la sequía registrada en España a lo largo de 2017 «complicará la senda de decrecimiento» que, en materia de emisiones de gases invernadero, venía registrando el país en los últimos años.

Así lo ha apuntado en la Comisión de Estudio del Cambio Climático en el Congreso sobre los resultados de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), celebrada en Bonn (Alemania) en noviembre del pasado año. Tejerina ha insistido en que España cumple los objetivos que adquirió en la cumbre de París (COP21) y que su intención es lograr ir «más allá» de las cifras que se esperan del país para 2020. En este sentido, ha recordado que España «va un 10% por delante de sus obligaciones» en materia de emisiones y que en 2016 se han reducido los niveles en un 3,3%, con respecto a 2015.

Sin embargo, ha señalado que esta «senda de decrecimiento» podría «complicarse» como consecuencia de la sequía registrada a lo largo del pasado año y que, debido al mix energético del país, esta situación tendrá graves efectos con la menor aportación de la energía hidroeléctrica y también en la eólica, debido a la falta de viento. Esta situación, no ha evitado que la ministra señale a España como un «socio creíble» para la comunidad internacional, y se ha referido a los últimos informes de la Unión Europea en los que se asegura que el país «cumplirá” con su compromiso de 2020.

La responsable de Cambio Climático en España ha recordado las últimas medidas tomadas por su departamento para cumplir con la Cumbre de París y ha rechazado las críticas de «inacción» que ha recibido por parte del portavoz socialista en la materia, Ricardo García-Mira. Entre las iniciativas compartidas, Tejerina ha recordado que su ministerio, junto con el de Energía y Hacienda, están inmersos en la elaboración del primer borrador de la nueva Ley de Cambio Climático, un texto para el que, según ha reprochado, no ha recibido aportaciones de todos los grupos representados en el Parlamento.

Respondía de este modo la titular de Medio Ambiente a Unidos Podemos y Ciudadanos, cuyos portavoces en esta materia, Juan López de Uralde y José Luis Martínez, respectivamente, mostraron su preocupación por la tardanza a la hora de presentar el texto. La ministra ha explicado el proceso que se ha llevado a cabo en este sentido, en el que, según ha señalado, se ha llevado a cabo un proceso de consulta con los actores y sectores implicados y se ha abierto la norma, también, a la participación pública. «Hemos decidido trabajar escuchando primero. Si nos envían sus aportaciones serán consideradas», ha declarado durante su intervención.

Asimismo, Unidos Podemos y Ciudadanos también han coincidido en destacar contradicciones en los discursos de la propia Tejerina y los del ministro de Energía, Álvaro Nadal. Para Tejerina «no es incompatible poner la energía a precios competitivos, una vez satisfechas las necesidades medioambientales» del país. «El mix energético es determinante, pero una vez que vamos por delante de nuestras obligaciones y con garantías de cumplimiento», apuntó. «Al menos, a nuestro Gobierno le interesan los ciudadanos y las familias a las que les cuesta pagar la tarifa eléctrica cada mes», añadió.

También se enfrentó a las críticas ante la ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la COP23 y que lo comparen con la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron, que sí acudieron. «Merkel estaba porque era en Alemania y Macron para convocar otra cumbre. Con este contexto sus acusaciones se debilitan un poquito», ha recriminado.

Emisiones y el sector eléctrico

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se dispararon un 17,8% en 2017 toda vez que las fuentes renovables cubrieron el 33,3% de la producción eléctrica peninsular, frente al 40,8% del año anterior, registrando así su peor dato anual en el último lustro, según el avance del informe del sistema eléctrico español de Red Eléctrica de España (REE). Esta caída en la contribución de las renovables se debió principalmente al impacto de la sequía sobre la producción hidráulica, que registró una caída del 48,4% frente al año anterior. Además, estuvo acompañado de una menor generación eólica, que fue un 1,6% inferior respecto al año anterior.

En concreto, la hidráulica solo cubrió el 7% de la demanda en 2017, frente al 14,2% del ejercicio anterior, viéndose así sustituida por una mayor aportación del carbón, que representó el 17%, frente al 13,9% de 2016, y de los ciclos combinados, con un 13,9%, frente al 10,2% de hace un año. En cuanto a las tecnologías que más han contribuido a cubrir la demanda, la nuclear se situó nuevamente en primer lugar, con una aportación del 21,5%, seguida de la eólica, con el 18,2%. Además, las importaciones de energía eléctrica cubrieron en 2017 cerca del 4% de la demanda peninsular, según los datos del operador de la red eléctrica.

Con datos estimados a cierre del año, la demanda de energía eléctrica peninsular en este ejercicio se sitúa en 253.082 gigavatios hora (GWh), con un crecimiento del 1,2% con respecto al año anterior. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda aumentó un 1,7% respecto a 2016. De esta forma, la demanda peninsular mantuvo la tendencia de crecimiento iniciada en 2015 tras cuatro años consecutivos de descensos.

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

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Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

El Consejo Nacional del Clima conocerá un primer borrador de la Ley de Cambio Climático en este primer trimestre

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que se ha dado a conocer que el Gobierno trabaja en la preparación de un borrador de anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, que se prevé que esté listo en el primer trimestre de 2018 y se presentará en el Consejo Nacional del Clima.

Durante el Consejo, la ministra ha puesto el acento en la «clara voluntad» del Ejecutivo por dialogar con todas las partes y conseguir que sea «una ley de todos«, por lo que se está elaborando tras lanzar un proceso abierto y participativo con numerosos hitos para asentar las bases de este consenso y asegurar la máxima participación social, según indicó el Ministerio de Medio Ambiente.

García Tejerina ha detallado estos hitos desde la creación de un grupo de trabajo interministerial que asegure la coherencia de las actuaciones contempladas en la futura Ley, la creación de una Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética a una economía baja en carbono, las jornadas de debate en las que más de 400 expertos aportaron su conocimiento, o la consulta pública llevada a cabo. Se trabaja, además, para implicar a todos los grupos políticos en la elaboración de la Ley para que se elabore con el máximo consenso.

Medio Ambiente anticipa a la oposición los ejes de la nueva Ley de Cambio Climático, que prevé aprobar en primavera

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Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha presentado ante diputados y senadores los principales bloques de los que constará la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según explicaron fuentes parlamentarias, el departamento que dirige Isabel García Tejerina espera tener lista para el primer semestre de 2018.

Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio tiene perfilados estos bloques atendiendo a los principales temas que se han aportado en el concurso de participación, que se abrió el pasado 18 de julio. En total, se han recibido más de 300 aportaciones; la participación de España en las cumbres del clima, los objetivos que se va a poner en cuanto a emisiones, la adaptación a las políticas europeas en materia climática, la financiación o el modelo de transición energética que llevará el país son algunos de los puntos más comentados que el Ministerio deberá desarrollar en los próximos meses.

García Tejerina anunció en la Cumbre del Clima de Marrakech (COP22) la elaboración de este texto. También hubo una proposición no de ley por la que los principales grupos en el Congreso, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, solicitaban al Gobierno que impulsara esta norma. La iniciativa planteaba la necesidad de «integrar y armonizar» en una ley todas las estrategias y protocolos existentes en materia de cambio climático, para que España pudiera cumplir los compromisos asumidos en esta materia. Además, llamaban a introducir objetivos concretos y a largo plazo en materia de reducción de emisiones.

Esta reunión de Medio Ambiente con los representantes parlamentarios llega después de una temporada de críticas por parte de algunos partidos de la oposición. El PSOE, aprovechando una moción con medidas para la lucha contra los incendios forestales, apremiaba al Gobierno a poner en marcha la ley de Cambio Climático, al que culpaban, en gran parte, del aumento de fuegos durante este año. Por su parte, Unidos Podemos ha anunciado que presentará su propio texto y esperan llevarlo al Pleno para su aceptación a trámite.

Tejerina se compromete con las organizaciones ecologistas a facilitar una reunión con Nadal sobre el carbón y la transición energética

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha comprometido con las ONG ambientales a tratar de facilitar una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para conversar sobre el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales de carbón y sobre la transición energética y el cambio climático.

El compromiso surgió en el encuentro periódico de la ministra con las ONG ambientales. Según ha explicado el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, se ha tratado de una reunión de seguimiento de temas en la que se han abordado cuestiones como cambio climático y energía y a este respecto le pidieron a la ministra «más participación» en el proceso de elaboración de la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador inicial se espera para el primer tercio de 2018.

González ha señalado el compromiso de la ministra para que la futura norma sea un texto «consensuado» y para «ajustarse» a los compromisos asumidos por España, no para ir más allá. En todo caso, instaron a la ministra a que después de las reuniones del Gobierno con los grupos políticos el texto se analice en el Consejo Nacional del Clima.

Alianza climática contra el carbón

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha añadido que se valoró la Cumbre del Clima que concluyó en Bonn (Alemania). A este respecto, la ministra les ha explicado que España no se ha sumado a la alianza contra el carbón en tanto en cuanto no se conozcan las conclusiones del grupo de expertos que está elaborando la Ley de Cambio climático y Energía, que está valorando varios escenarios en el mix energético. «Hasta que España no tenga claro su escenario no van a hacer público ningún compromiso, pero le hemos pedido un mensaje muy claro y fechas concretas para una transición a una energía y economía bajas en carbono», ha apostillado.

Así, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha añadido que han hablado con la ministra sobre el borrador de Real Decreto que busca evitar el cierre de las centrales térmicas. Ha sido en ese contexto en el que le han pedido a la ministra una reunión con su homólogo de Energía, Turismo y Agenda Digital para que escuche los argumentos de las ONG ecologistas. «La visión de Nadal choca con los objetivos de la Unión Europea y de la lucha contra el cambio climático», ha afirmado Del Olmo que ha destacado el compromiso de la ministra para facilitar una reunión con Nadal.

Tejerina asegura que «la decisión futura» sobre el proyecto de almacenamiento gasista en Doñana «dependerá de la Junta de Andalucía»

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que su departamento ya realizó la valoración que le correspondía respecto al proyecto de almacenamiento y explotación de gas natural en el espacio natural de Doñana, por lo que ha apuntado que «la decisión futura» sobre el mismo «dependerá de la Junta de Andalucía» que es la que tiene que conceder o no la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

García Tejerina ha recordado que el Ministerio entre los años 2010-2013 efectuó «la declaración de impacto ambiental de manera agrupada y no en 4 proyectos». Así, ha precisado que «se hace de manera fraccionada para poder evaluar el efecto conjunto», incidiendo en la valoración agrupada para ver el impacto global. Por ello, ha dejado claro que la evaluación que se ha realizado es «importante» y contó con «informes favorables de la Junta emitidos en 2008», por lo que se ha trabajado «agrupando los proyectos para valorar los efectos conjuntos» y en esa línea van a responder al Defensor del Pueblo.

De este modo, en cuanto al informe del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que pide al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los 4 proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana, y sugiere que se suspenda el proyecto Marismas Occidental hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta, la ministra ha explicado que la evaluación se realizó «de manera agrupada» para poder evaluar el proyecto en conjunto e incluso «se evaluaron proyectos que no van a tener una realidad». Por ello, ha ensalzado «la importante» valoración efectuada por su departamento ministerial.

De otro lado, la titular de Medio Ambiente ha indicado que para emitir la Declaración de Impacto Ambiental se tienen en cuenta muchos parámetros, entre ellos, el informe favorable de la Junta, que es un acto administrativo y no político y por tanto, «no se puede modificar». Así las cosas, respecto a la carta que le remitió la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la paralización del proyecto, García Tejerina ha indicado que la Junta de Andalucía es «la responsable» de conceder o no la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto. Por su parte, «el Ministerio ha actuado conforme a la legislación española y la legislación ambiental europea», ha proseguido.

La Fundación Renovables considera «inadmisible» que el Gobierno ponga trabas a las compañías eléctricas para no cerrar centrales de carbón

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Europa Press.- La Fundación Renovables rechaza la decisión del Gobierno de endurecer las condiciones para el cierre de plantas eléctricas y tachó de «inadmisible» que el Ejecutivo trate de evitar el cierre de las centrales de carbón en lugar de comprometerse a eliminar este combustible de la generación energética antes de 2030, en el marco de la Cumbre del Clima (COP23) que acogió Bonn (Alemania) y la solicitud de Iberdrola de cerrar sus centrales térmicas en España.

«Es inadmisible que, lejos de formar parte de la lista de países que han sellado la alianza global por la que se comprometen a eliminar el carbón de la generación energética antes de 2030, el Gobierno español esté poniendo todo tipo trabas para evitar el cierre del carbón», ha lamentado. En este sentido, la Fundación Renovables ha reclamado al Gobierno «coherencia y responsabilidad» ante el desafío climático y que adopte una política energética sostenible «con la mirada puesta en el horizonte de un 2050 100% renovable y con emisiones cero». La Fundación Renovables considera que con las nuevas condiciones para el cierre que se pretende establecer se «vuelve a dar la espalda a cualquier planificación de un futuro sin emisiones».

Según la Fundación, Bonn envió una «clara señal» de que las dinámicas globales se están alejando del carbón. «Nuestro país no puede seguir desoyendo esas señales, por oportunidad y conveniencia para el clima y también para nuestra economía», ha afirmado. Así, ha destacado que España cuenta con la tecnología, el conocimiento y la experiencia para estar en la vanguardia del cambio hacia una sociedad descarbonizada, por lo que apunta que solo falta «la voluntad política».

Por ello, la organización manifiesta su «total rechazo» al borrador de real decreto lanzado por el Ministerio de Energía, que hace retroactiva la ley de clausura del carbón «con el fin de vetar los planes de las eléctricas». Con esta postura, la Fundación Renovables cree que el Gobierno, «en vez de planificar un futuro sin emisiones, eficiente y renovable, se reafirma en su fósil postura y decide intervenir contra natura para mantener un parque de generación que ni los propietarios de las centrales quieren, estableciendo mecanismos de subasta carentes de cualquier tipo de sentido o planificación y abriendo la puerta a un esquema de compensación si nadie adquiere las centrales».

Nadal quiere mantener el carbón

Así, la organización ve «inadmisible que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegure que España está en la senda de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones a 2020, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, mantiene un pulso con las eléctricas por mantener activas las centrales más contaminantes». Además, pide al Gobierno que lleve a cabo «una verdadera reforma» en la que se establezcan los precios reales para cada tecnología de acuerdo a los criterios de «no dependencia, sostenibilidad y eficiencia».

Iberdrola solicitó el 10 de noviembre al Ministerio de Energía el cierre de las plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW), una decisión con la que completará el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo. La compañía enmarcó esta decisión dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007.

Tres días después, el Ministerio de Energía activó el decreto por el que regula el cierre de centrales eléctricas en España, con el que pretende asegurar que las decisiones de cierre sean «coherentes con los instrumentos de planificación energética». A diferencia del régimen anterior, que sólo contempla la seguridad del suministro, este reglamento también valorará la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos, así como su efecto sobre los precios y la competencia del mercado eléctrico. De esta manera, el Gobierno denegará el cierre de una instalación cuando considere que amenaza a la seguridad de suministro energético o del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad.