Entradas

El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros la transposición de la directiva europea sobre el registro de emisiones contaminantes para 2021-2030

Europa Press. – El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto ley con el que se transpone una parte de la Directiva Europea de Emisiones relativa a la regulación de algunos aspectos del comercio de derechos de emisiones de gases contaminantes en España para el nuevo periodo 2021-2030.

De este manera, y según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, con este Real Decreto se elabora un registro de emisiones para ver «como se pueden conceder» derechos de emisión a «instituciones, hospitales, escuelas y empresas», entre las 1.000 instalaciones afectadas en España por este sistema.

Como ha manifestado Celaá, esta es «parte» de la transposición de una Directiva y que la Directiva «completa» se aprobará «en breve» en el Consejo de Ministros.

Gracias a la aprobación del Real Decreto, el Gobierno aclara «determinados aspectos» sobre el nuevo periodo e incorpora las cuestiones más urgentes de la Directiva 2018/410/UE, que adapta la regulación al nuevo periodo del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2021 y estará vigente hasta 2030.

Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDEUE) es una de las herramientas principales de la UE para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático y para reducir sus emisiones contaminantes de forma rentable.

Hay que recordar que el objetivo de la UE es reducir al menos un 40% sus emisiones en 2030 respecto a los valores de 1990, en línea con los compromisos asumidos por el Acuerdo Europeo en 2014 y como parte de la contribución europea al Acuerdo de París.

Así, el RDCE-UE, creado en 2005, es el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo y es la herramienta para reducir las emisiones en 31 países, los 28 de la UE junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega.

De este modo, este sistema rige en las instalaciones de gran consumo de energía, sobre todo en las centrales eléctricas y las plantas industriales, así como en las compañías aéreas que operan en estos 31 países. En España, unas 1.000 instalaciones, que suponen un 39% del total de emisiones del país, operan bajo este sistema.

Específicamente, España transpone además los aspectos más urgentes de la Directiva 2018/410/UE del Parlamento y del Consejo de Estado, que introdujo novedades en este régimen de cara a esta cuarta fase. Así, regula el proceso, los plazos, la información y los documentos necesarios para que las instalaciones puedan solicitar la asignación gratuita de derechos de emisión del GEI para el periodo de asignación 2021-2025.

La novedad más importante y que la norma lo exige es la obligación de que los titulares de las instalaciones elaboren un plan metodológico para el seguimiento y notificación de los niveles de actividad a lo largo del periodo 2021-2030, que deberá ser aprobado por la autoridad competente.

En otro sentido, regula algunos puntos sobre el régimen de exclusión de instalaciones que cada año emiten menos de 25.000 toneladas equivalentes de CO2 y de hospitales. Aunque estén excluidas del régimen de comercio, este tipo de instalaciones deben cumplir medidas consideradas equivalentes a la participación en el RCDE, según el Real Decreto 301/2011 de 4 de marzo.

Finalmente, la norma aprobada introduce las novedades que incorpora el Derecho comunitario respecto al mecanismos de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutibles en los precios de la electricidad.

El Gobierno «no dejará solos» ni a automóvil ni a ciudadanos en la transición hacia el coche eléctrico

Europa Press.- La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegura que el Gobierno no «dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos, que contempla que desde 2040 no se podrán vender en España vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2).

Celaá indicó que el Gobierno tiene la obligación, como política de Estado, de impulsar las energías renovables y de apoyar a la industria de la automoción para llevar a cabo una transición ordenada que sustituya «en plazos razonables» los vehículos de combustión por otros más ecológicos que cumplan con los compromisos del cambio climático. El Gobierno trabaja en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otros objetivos, contempla que desde 2040 no se pondrán comercializar vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular.

Celaá se mostró confiada en que el Ejecutivo pueda remitir a las Cortes este anteproyecto de ley «antes de que finalice el año», al tiempo que manifestó su deseo de que se consensue un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas ante un problema como el cambio climático, «urgente, que no puede esperar», que preocupa «seriamente» a la sociedad ya que el cambio climático es un “asunto de Estado”. Celaá reiteró que el Gobierno «no dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en este proceso hacia los vehículos eléctricos, ya que es consciente de su «vital importancia».

En este sentido, subrayó que desde el Ejecutivo están trabajando «muy activamente» con la industria del motor, que calificó como «ejemplar», al tiempo que expresó su convicción en que ésta favorecerá la movilidad del futuro, lejos de la contaminación actual. «El Gobierno estará a su lado permanentemente. Este proceso de transformación es parte sustancial de la nueva ley de Cambio Climático, que tiene el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos y la calidad del aire urbano», añadió Celaá.

Además, Celaá apuntó que la industria automovilística ya estaba haciendo cambios, aunque señaló que el marco temporal que baraja el Gobierno es 2040 para dejar de vender coches que emitan CO2 y 2050 para vetar su circulación, en línea con lo que hacen los países en los que están las matrices de los fabricantes de coches. «Son periodos temporales muy largos y muy razonables para que la empresa automovilística se haya reconvertido, aunque, al mismo tiempo, habrá las ayudas que se acuerden entre la industria automovilística y el Gobierno», finalizó.

Las dudas de los ciudadanos

Por su parte, el director General de Tráfico, Pere Navarro, asegura que los ciudadanos le trasladan que «no saben qué coche comprar en estos momentos», en referencia al borrador de la Ley de Cambio Climático que fija 2040 como fecha límite para comprar un vehículo diesel, gasolina o híbrido. «El que se quiera comprar un coche hoy en día tiene un escenario de confusión. La gente no sabe qué coche comprarse en estos momentos y con este escenario», señaló Navarro.

Se afean las formas ministeriales

Por otro lado, las asociaciones que han participado en la reunión con el Ministerio de Industria, junto con el de Transición Ecológica, han valorado de forma positiva dicho encuentro, aunque han criticado las formas del Ejecutivo a la hora de anunciar sus planes de prohibir la venta de modelos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. Así, la directora general de Faconauto, Marta Blázquez, indicó que el encuentro ha sido positivo ya que el Gobierno se ha comprometido a trabajar con el sector para dar forma al borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«Si no estamos todos, no tiene sentido. La hoja de ruta tiene que englobar a todo el sector, eso lo tiene claro el Gobierno», aseguró Blázquez, al tiempo que subrayó que le ha trasladado la preocupación de los empresarios del sector por los recientes anuncios y por la incertidumbre generada. Además, comunicó a los representantes de la Administración que las prioridades son el compromiso de inversiones públicas, ante lo que se han mostrado favorables, así como la puesta en marcha de medidas de rejuvenecimiento del parque, el excluir a los híbridos en un primer momento del veto a la matriculación de 2040 y también el garantizar la unidad de mercado.

Por su parte, la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, destacó la voluntad de «mantener espacios de diálogo que permitan a todo el sector trabajar de manera coordinada y con un objetivo común, el futuro de la movilidad en nuestro país». «Todo ello nos va a permitir posicionar a España como uno de los países de referencia en movilidad cero y de bajas emisiones», añadió.

Desde Ganvam señalaron que durante la reunión se acordó seguir trabajando sobre el Acuerdo Estratégico para una Movilidad Sostenible y Eficiente del sector de la Automoción y que también sirvió para fijar las medidas que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos planteados en el borrador del Anteproyecto de Ley. Sánchez aseguró que la ministra trasladó a los representantes de Ganvam, Faconauto y Aniacam su voluntad de fomentar y mantener espacios de diálogo con toda la cadena de valor del sector de la automoción.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria explicaron que el encuentro fue «bien», con una cadena de valor alineada con el Gobierno, al tiempo que señalaron que sirvió como una reunión para seguir trabajando. Este encuentro fue convocado por parte del departamento de Industria con el fin de dar «certidumbre» al sector del automóvil español, después de que se conociera la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040.

La reunión, según dichas fuentes, contó con la presencia de representantes de Aniacam, Ganvam y Faconauto, mientras que señalaron que desde UGT, CC.OO. y Sernauto se excusaron por no poder asistir alegando «problemas de agenda». No obstante, desde la asociación de fabricantes Anfac aseguraron que no acudirían a esta, alegando que necesitaban más tiempo que 24 horas para analizar y reflexionar sobre los temas de importancia que afectan al sector del automóvil, aunque se mostraron dispuestos a trabajar con el Ejecutivo en favor del sector.

El Gobierno crea una comisión de expertos para estudiar si es relevante el ahorro energético que aporta el cambio horario

EFE.- El Consejo de Ministros ha creado una «comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial», tras el anuncio hecho en agosto por la Comisión Europea de proponer el fin del movimiento estacional horario, según indicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La comisión se encargará de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central, ha informado el Gobierno.

El informe se remitirá a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La comisión estará formada por un máximo de 14 personas, y tiene como objetivo la presentación de propuestas orientadas la protección y mejora de la salud, sobre todo de las personas más vulnerables, potenciar la sostenibilidad social, ambiental y económica, y favorecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, la comisión evaluará los costes y beneficios en relación a diferentes actividades.

En relación con los costes hará una evaluación sobre la eficiencia energética y económica de las distintas actividades productivas.

En cuanto beneficios, se valorarán especialmente los posibles impactos positivos sobre la salud de las personas y sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Esta modificación se hará en el marco del proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE solicitada por el Parlamento Europeo a la Comisión.

Los Estados miembros están distribuidos en tres husos horarios diferentes, que comprenden la hora de Europa occidental (UTC), hora de Europa central (UTC +1) y hora de Europa oriental (UTC+2).

Aunque geográficamente España se halla en el área correspondiente a la hora de Europa occidental, nuestro país adoptó el huso horario correspondiente a Europa central mediante una Orden de Presidencia del Gobierno de 7 de marzo de 1940.

Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó en su sesión de 13 de septiembre de 2012 la creación, en la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.

La propuesta de acabar con el cambio de hora reaviva el debate sobre el huso horario y el ahorro energético

EFE.– El anuncio de que se podrían eliminar los cambios de hora ha suscitado el apoyo general de Gobierno, consumidores, sindicatos o empresarios, aunque aún no esté claro si seguiría el horario de verano o el de invierno, y ha reavivado el debate del huso horario de España. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se constituirá una comisión de expertos encargada de evaluar la conveniencia de cambiar el huso horario ya que precisa de un «gran consenso».

Desde que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciara que millones de ciudadanos europeos manifestaron, en una encuesta, no querer cambiar los relojes, el debate en España se ha trasladado, en parte, al huso horario que ocupa: por su geografía debería tener la misma hora que Londres o Lisboa, pero desde la II Guerra Mundial tiene la de París o la de Berlín.

En la Unión Europea hay tres zonas horarias en las que los países han escogido diferentes husos y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no descarta que España pueda tener “otro huso horario” más acorde con su posición geográfica: «Demos la oportunidad al Parlamento Europeo a ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes«, manifestó. Borrell incidió en que se trata de una propuesta que tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo donde «todos los países tendrán que explicar su punto de vista y cómo se adaptan los horarios a las horas de luz y consumos de energía«.

Unos 4,6 millones de europeos de los 28 países de la Unión hicieron sus aportaciones a través de un cuestionario en línea. Ahora los parlamentarios de cada país tendrán que explicar cómo afecta a los ciudadanos de cada país; esa es la gran virtud que tiene la asamblea parlamentaria, que a veces dicen que tiene poca utilidad, esta es la prueba de que tendrá que decidir sobre un problema que afecta a la vida de la gente, la economía y el consumo energético», defendió Borrell.

Tal y como apunta Sandalio Gómez, profesor del IESE, ahora sería un buen momento para reflexionar sobre el huso horario español y sería muy oportuno modificarlo. También para Pedro Aznar, de Esade, para quien «seguramente sería positivo», especialmente si «va acompañado de horarios de trabajo más racionales». Desde Facua-Consumidores se pide al Gobierno que adapte el huso de Londres y, en este sentido, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señaló que todos estos temas están en la agenda del Ejecutivo.

Terminar con el cambio de hora, además del huso horario, también pone encima de la mesa el debate sobre la conciliación, ya que expertos sostienen que un cambio de huso horario ayudaría a racionalizar horarios, y sobre los beneficios que para la salud podría tener no mover los relojes y el supuesto ahorro energético. Precisamente, la Comisión Europea decidió plantear esta propuesta dado que los beneficios del cambio horario son «marginales y no hay ningún estudio que diga lo contrario».

Pero, ¿y ahora qué va a pasar? La Comisión Europea presentará «en su debido momento» una propuesta legislativa para poner fin al cambio horario, según el portavoz comunitario Alexander Winterstein, quien precisó que el establecimiento del horario en cada Estado miembro «será siempre una competencia nacional«. El portavoz puntualizó las palabras de Juncker, quien había dejado entrever que se mantendría el horario de verano. Desde el Gobierno español, Celaá afirmó que el Ejecutivo está de acuerdo con la línea europea, aunque no entró en detalles sobre si apoya el de verano o el de invierno.

Las organizaciones ecologistas prefirieron no hacer una valoración sobre esta medida porque aún no es definitiva, si bien coincidieron en que si se elimina el cambio de horario es necesario hacer una evaluación sobre la demanda energética y las emisiones. Además, y en cuanto al supuesto ahorro energético, lo que se deberían hacer son cambios de calado que ahorren un 20-30%, pero el cambio horario no tiene un gran significado ni para la economía ni para la energía porque no hay estudios que lo avalen.

El Gobierno fija un nuevo techo a las emisiones de gases contaminantes de España para los horizontes 2020 y 2030

Europa Press.– El Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas para reducir las emisiones contaminantes de España a la atmósfera, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, según anunció la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Así, se establecen nuevos compromisos nacionales con nuevos techos a las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), amoniaco (NH3) y partículas finas PM 2,5.

Además, el Real Decreto prevé la elaboración de un Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica con medidas aplicables a sectores como la agricultura, la generación de energía, la industria o el transporte, entre otros. También se establecerá una red de seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica en los ecosistemas. Con esta decisión, el Gobierno establece nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones, que deben cumplirse para 2020 y 2030. Con la aprobación de esta norma se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2016, que establece los compromisos de reducción de emisiones de los Estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas (más conocida como Directiva de Techos).

La reducción de las emisiones de estos contaminantes acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono contribuirá a reforzar la protección de la salud y del medioambiente y a mejorar la calidad del aire. Para ello, será importante que los sectores afectados integren la variable medioambiental en sus actividades, de manera que la inversión se desplace hacia tecnologías más limpias y eficientes.

El Real Decreto establece la obligación estatal de aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación para establecer medidas aplicables a todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes. El programa contendrá medidas que impulsen un comportamiento más sostenible de los sectores mencionados y que permita garantizar el cumplimento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones. En todo caso, el programa tendrá que ser aprobado y presentado a la Comisión Europea, como muy tarde en abril del 2019, y deberá ser revisado de manera periódica.

Por otro lado, el Decreto establece que se creará una red de seguimiento del impacto de la contaminación atmosférica para realizar un seguimiento de sus efectos negativos en los ecosistemas. La red, que permitirá seguir la contaminación en ecosistemas naturales y seminaturales, ya se está constituyendo y cubre tres regiones biogeográficas de la Península Ibérica. En concreto, tanto los emplazamientos de las estaciones como los parámetros medidos deberán comunicarse a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente. El Ministerio para la Transición Ecológica fijará los puntos que conformen esta red utilizando, cuando sea posible, emplazamientos y datos recabados según otros programas de medida ya en marcha.