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Pola confía en que el PSOE asuma la posición del Gobierno de Asturias sobre el carbón

EFE. – El consejero de Industria, Isaac Pola, piensa que la dirección del PSOE asuma la postura del Gobierno asturiano sobre el futuro del carbón y de las centrales térmicas y no la reflejada en el documento encargado a un consejo de expertos sobre la transición ecológica de la economía.

En el nombrado borrador de recomendaciones, elaborado tras siete meses de trabajos, plantea el cierre del carbón en 2025 e incide en que, para cumplir con el Acuerdo de París, se requiere del cierre ordenado de las centrales térmicas en esa fecha y de las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, con alternativas para las zonas en las que se encuentran.

Así, el consejero ha recordado que en el Principado las dos terceras partes de la energía que se genera procede del carbón; exporta entre un 15 y un 20 por ciento de la electricidad que produce y casi el 50 del consumo se realiza en la industria, circunstancias que se no producen en otras comunidades autónomas.

De esta forma, ha asegurado, una transición energética no adecuada «tendría consecuencias particularmente importantes», en especial sobre la industria electrointensiva por el incremento del precio de la energía, lo que hace imprescindible que el proceso hacia la descarbonización sea «inteligente, planificado y ordenado» y que se lleve a cabo de forma «justa» con los territorios afectados.

El criterio de respetar la singularidad de cada territorio coincide con el expresado por la Unión Europea, ha apuntalado Pola tras incidir en que el Gobierno ya ha hecho constar a la dirección del PSOE su desacuerdo con el documento elaborado por el comité de expertos y que confía en que asuma sus planteamientos

Los profesores de la Universidad de Oviedo usarán vehículos eléctricos en un proyecto piloto para optimizar la movilidad sostenible

EFE.- Profesores de la Universidad de Oviedo utilizarán vehículos eléctricos para sus desplazamientos entre los distintos campus de la región, en un proyecto piloto destinado a obtener información para optimizar este tipo de movilidad sostenible. La Universidad asturiana se suma así a las de Madrid, Barcelona, Málaga y Granada, en las que se está desarrollando la prueba y recopilando los primeros datos.

Al cabo de tres meses, los usuarios deberán contestar un cuestionario tipo encuesta del que los organizadores obtendrán «valiosa información» sobre las «bondades y defectos» que han detectado, según explicó la consejera delegada de Alphabet España, Rocío Carrascosa. El proyecto también ha sido presentado por el rector de la Universidad, Santiago García Granda, y el consejero de Industria del Principado de Asturias, Isaac Pola. El rector considera que el proyecto «encaja perfectamente en la estrategia de la Universidad» que apuesta por una movilidad sostenible y la preservación del medio ambiente.

Los 5 automóviles que participarán en la prueba tendrán como base Gijón y podrán abastecerse de energía en un punto de recarga que se instalará en las instalaciones universitarias de Mieres. Pola ha destacado que este proyecto complementa al desarrollado por el Gobierno regional, que impulsa la instalación de 11 puestos de recarga, y anunció que el Principado firmará un convenio de colaboración con la Universidad para que el punto de recarga de Mieres pueda tener también un «uso público».

Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con el carbón mientras Castilla y León pide ayudas a las cuencas

EFE.- Mientras la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió que se «reprogramen» los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón para revitalizar su economía, el consejero de Empleo e Industria de Asturias, Isaac Pola, reivindicó en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con «el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico».

Pola participó en Bruselas en la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición celebrada en la Eurocámara. «La postura de Asturias es completamente equiparable a la de Castilla y León. Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera; así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea», explicó. Pola afirmó que aunque esta visión no es «la corriente principal» en la Unión Europea, es algo «perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos»

Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. «Hemos planteado a los miembros de la Comisión Europea y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma«, expuso. El consejero aseguró que la Comisión Europea ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar «más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras». «Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación«, concluyó.

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la Unión Europea donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró su primera ronda de trabajo en Bruselas. La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de 12 estados miembros de la Unión Europea. En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.

Castilla y León pide ayudas

Del Olmo también participó en Bruselas en la primera reunión de trabajo de la Plataforma. La consejera incidió en la necesidad de crear instrumentos financieros en el próximo presupuesto de la Unión Europea que ayuden a las zonas mineras en su transición energética y palien los costes socioeconómicos. La consejera advirtió durante su intervención en la Eurocámara de las «dificultades» que sufren los municipios que integran las zonas mineras de Castilla y León debido a las condiciones orográficas, procesos de despoblación y falta de inversiones.

«Es muy difícil atraer nuevas empresas a los municipios mineros, porque la intensidad de las ayudas en esa zona es la misma que en otras áreas de Castilla y León. La aplicación de una discriminación positiva haría posible atraer compañías tractoras a las zonas mineras», incidió en referencia a la necesidad de un enfoque particular para estas regiones. Además, la consejera pidió que se permitan «excepcionalmente» las ayudas a grandes empresas que cubran una amplia tipología de sectores. Finalmente, también señaló la importancia de mantener un 5% de carbón dentro del «mix» energético y aseguró que esto «no afectaría al medio ambiente» porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón «sea más limpio».

Los colegisladores de la Unión Europea están inmersos actualmente en la negociación final sobre energías renovables para 2030, donde el Consejo defiende una tasa mínima del 27% de energías limpias y el Parlamento Europeo del 35%. Además, se espera que el acuerdo final avale los «mecanismos de capacidad», que permiten mantener centrales convencionales «de guardia» para que entren en funcionamiento en caso de que las renovables no sean capaces de abastecer la red por sí solas. Sin embargo, organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática consideran que el carbón debe desaparecer de la generación energética de la Unión Europea.

El Gobierno se compromete ante Asturias a que un nuevo mecanismo de subasta de interrumpibilidad entrará en vigor en 2018

EFE.- El Gobierno central tiene previsto aprobar un nuevo mecanismo para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, según la normativa que demanda la Unión Europea, que sustituirá al actual, cuya vigencia finaliza el próximo mes de mayo, y que entrará en vigor en el segundo semestre de 2018. Así se lo trasladó en una reunión el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola.

Navia ha expuesto que la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) respecto a las modificaciones previstas para mecanismos de asignación de retribuciones para el servicio de gestión y demanda de interrumpibilidad es «transitoria y su vigencia acaba en el próximo mes de mayo». «Hay que ser cautos y mandar una mensaje de tranquilidad. Es un mecanismo transitorio el que se ha planteado recientemente. A lo largo del mes de diciembre se implementará una subasta hasta el mes de mayo y a partir de ahí tendremos un mecanismo alternativo y compensatorio que incida en que nuestra industria tenga un precio final competitivo de la energía eléctrica «, ha precisado.

El consejero ha querido trasladar un mensaje de «tranquilidad» a las grandes empresas consumidoras de energía eléctrica y a sus trabajadores ante el diseño de esta nueva normativa. Además, ha subrayado que se implantará alguna otra medida para la mejora de la competitividad de las empresas electrointensivas a través de otros factores que configuran el precio final de la electricidad, «como los peajes o determinados aspectos fiscales«. Por otra parte, el consejero ha indicado que pronto se podrá fijar una fecha para la firma del convenio marco del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras, dependiente del Ministerio, con el Gobierno regional.

En relación a la regasificadora de Gijón, ha apuntado que espera que en este ejercicio el mecanismo administrativo de la planta regasificadora de El Musel reciba la autorización definitiva por el Consejo de Estado. «Confiamos que antes de finales de este ejercicio podamos tener ya este primer punto para este otro gran objetivo como es la autorización definitiva y puesta en servicio de la planta regasificadora de El Musel», indicó.

Una oportunidad para el Gobierno

Del mismo partido que el Gobierno autonómico, el portavoz de Industria y Energía del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, Jesús Gutiérrez, ha transmitido un mensaje de «prudencia» ante el borrador de la orden ministerial que modifica las condiciones de la subasta de interrumpibilidad, ante el que se ha mostrado escéptico. «Entendemos la preocupación de la industria electrointensiva y de sus trabajadores ante los cambios anunciados por el Ministerio de Energía, que generan inestabilidad en un sector fundamental para la economía asturiana por los empleos y las inversiones que genera», ha indicado Gutiérrez.

El portavoz socialista ha querido trasladar un mensaje de prudencia ante el periodo temporal de adaptación a la normativa europea que se abre hasta junio de 2018. «El Gobierno tiene desde ahora la oportunidad de ir introduciendo mejoras para ir avanzando a un marco estable de la industria electrointensiva, tanto para ampliar la vigencia de la subasta de los paquetes de interrumpibilidad como en lo relativo a los peajes de acceso a la red, como en la fiscalidad que redunde en un precio final de la energía competitivo», ha señalado. El PSOE asturiano espera «con un escepticismo positivo» que el Ministerio recoja todas sus demandas».

El Principado de Asturias destina 925.000 euros a incentivar el uso de las energías renovables e impulsar la eficiencia energética

EFE.- El Gobierno de Asturias destinará 925.000 euros a la convocatoria de ayudas dirigidas a favorecer el uso de energías renovables y acciones que faciliten el ahorro y la eficiencia por parte de empresas privadas. El director general de Minería y Energía, Isaac Pola, ha explicado que esta convocatoria subvencionará por primera vez la instalación de puntos de recarga, tanto de vehículos eléctricos como de combustibles alternativos (gas natural, por ejemplo).

El Gobierno calcula que estas ayudas subvencionarán unas 80 actuaciones que beneficiarán a 45 empresas y a 35 comunidades de vecinos. En relación con las renovables, se apoyarán los proyectos que apliquen las tecnologías de biomasa, solar fotovoltaica aislada, geotermia, minihidráulica y minieólica y biogás. En materia deahorro y eficiencia energética, se apoyará el programa de ayudas públicas para industrias y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de edificios existentes.

También se beneficiará a los puntos de recarga accesibles al público y los de repostaje accesibles al público y los de recarga para flotas de vehículos. Podrán solicitar estas ayudas las empresas privadas, incluidas las proveedoras de servicios energéticos que presten servicios en industrias o comunidades de vecinos. También las gestoras de cargas del sistema que promuevan el uso de renovables o acciones de ahorro y eficiencia energética. De igual forma se pueden beneficiar las uniones temporales de empresas que ejecuten este tipo de proyectos.

La subasta del servicio de interrumpibilidad amplía de 8 a 10 los bloques de 90 MW para satisfacción de Asturias

EFE.- El director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola, considera que es «prematuro todavía» pero que el aumento a 10 bloques de 90 megavatios de la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico «apunta bien» y le parece «un dato positivo» después de conocer la decisión de Red Eléctrica ante la subasta de la próxima semana, Estos bloques son los que más interesan a Alcoa, según indicó el comité de empresa de la aluminera.

La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa. A falta de saber cuántas empresas están certificadas para la próxima subasta, la ampliación del número de bloques de 90 MW, demandada recientemente por organizaciones sindicales y políticas, abre un escenario en principio mejor que el del pasado año, aunque con dudas por despejar.

La primera es si en la puja están certificadas el mismo número de empresas, en cuyo caso Alcoa tendría más opciones en la subasta, pero la plantilla de trabajadores de Avilés pide en ese supuesto a la compañía que tenga en cuenta la fábrica asturiana en el reparto de esos paquetes. El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CCOO), indicó que, en caso de que sean las mismas empresas, habría más opciones de lograr un bloque de 90 MW, «que no es del todo suficiente, pero sí sería lo mínimo para ser rentables». El año pasado Alcoa obtuvo 3 bloques de 90 MW y fueron a su factoría de San Ciprián (Lugo).

Asturias: “La subasta apunta bien»

Por su parte, Isaac Pola afirmó que «las valoraciones en este caso hay que hacerlas a posteriori, pero apunta bien que haya dos bloques más de 90 megavatios, aunque es preciso tener en cuenta que hay muchos parámetros que no se conocen hasta el momento de su celebración precisamente para mantener la tensión competitiva». El director general recalcó que la interrumpibilidad es una variable que permite a las industrias electrointensivas rebajar el precio final de la energía, pero entiende que debería de articularse alguna medida regulatoria en los otros componentes. «Es preciso hacer una revisión de los peajes eléctricos, hacer también una revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía, e incluso de la configuración del precio», subrayó.

Además, ha explicado que la energía tiene tres vertientes fundamentales, la primera de las cuales es el precio que marca la competitividad del sector industrial y de la economía. Una segunda vertiente de la energía es que se trata de un sector productivo en sí mismo, de modo que las oscilaciones en la generación de energía en Asturias influyen decisivamente sobre los parámetros estadísticos como, por ejemplo, la participación en el PIB del sector industrial.

Para el director general de Minería y Energía, la tercera vertiente, especialmente importante para Avilés, es la energía como «sector inductor» para otras actividades industriales. «Avilés es un ejemplo paradigmático en el que tenemos una multitud de empresas industriales que trabajan para el sector energético, para el gas y el petróleo, y para las renovables como las eólicas marinas», expuso el director general. Para Isaac Pola, es necesario ir a un pacto de estado en materia energética, porque la actual regulación del sector, con la última reforma, planteó «muchas incertidumbres, cuando la energía es un elemento clave para la competitividad».

Un “parche” para Unidos Podemos

Sin embargo, el diputado nacional de Podemos, Segundo González, calificó de «buena noticia» la decisión de Red Eléctrica pero ha remarcado que tan sólo se trata de un «parche que no resuelve estructuralmente el problema de la tarifa eléctrica para las empresas electrointensivas». Por ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de servicio de interrumpibilidad «sostenible y predecible, y que esté condicionado también a la inversión y al mantenimiento de los puestos de trabajo», dentro de un pacto de la energía que implique a las empresas, los sindicatos, las empresas y los sectores energético e industrial.

Avilés demanda una estrategia industrial

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, exigió una estrategia industrial «real y ambiciosa» que comprometa al territorio y que esté conectada con los planteamientos de la Unión Europea en este sector. En este sentido, Monteserín también pide contar con un sistema de tarifa eléctrica sostenible y duradero en el tiempo que permita a las empresas consolidar estrategias productivas a largo plazo y con inversiones e infraestructuras que faciliten la consolidación de sistemas que basen la competitividad en la mejora constante de la productividad y en políticas anticíclicas».

Por ello, la alcaldesa plantea una nueva tarifa eléctrica para la industria, que supere la temporalidad de las subastas anuales de interrumpibilidad, y otorgue seguridad y garantía a las grandes industrias avilesinas. «Incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, son los adjetivos que acompañan al actual sistema de subasta a la baja para la renovación de las retribuciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad», indicó. La alcaldesa recordó que se elevaron mociones al pleno municipal en apoyo a la industria, se convocaron movilizaciones lideradas por los agentes sociales, se trasladaron peticiones de reunión al Ministerio de Industria, y se organizaron jornadas de apoyo al sector industrial.

El PP muestra su satisfacción

Por otro lado, el portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, considera que el aumento de bloques de 90 megavatios en la subasta para el servicio de interrumpibilidad debería hacer callar «a los agoreros que utilizan políticamente esta situación». En su opinión, el Ministerio de Energía ha atendido las peticiones de las empresas y es un síntoma de que el nuevo responsable de Energía, el ministro Álvaro Nadal, «es buen conocedor de la problemática asturiana y de la ciudad». «Parece que algunos partidos salen enseguida a maltratar políticamente al nuevo gobierno pero callan cuando hay este tipo de noticias tan positivas», declaró el portavoz de PP.

CCOO y UGT denuncian a nivel internacional que el Gobierno pacte «la muerte» del carbón nacional

Europa Press / EFE.- CCOO y UGT han trasladado a la Conferencia Mundial de la Minería, formada por sindicatos de todo el mundo, el malestar de los trabajadores del sector del carbón por la decisión del Gobierno de pactar «a sus espaldas» con la Comisión Europea. CCOO califica de «traición» la postura del Gobierno y señala que ha expresado este malestar en una reunión en Leipzig de la IndustriALL Global Union, federación sindical internacional que representa los derechos e intereses de millones de empleados de todo el mundo.

Para CCOO, el Gobierno en funciones «ha traicionado» a los trabajadores de la minería del carbón al negociar con Bruselas «a sus espaldas» un plan que «sentencia a muerte a un sector que es imprescindible para la economía de las comarcas mineras«. El responsable de industrias extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, aseguró ante la federación que el Ejecutivo español ha acordado con Bruselas que las empresas mineras empiecen a cerrar de forma inmediata para que, cuando llegue el 31 de diciembre de 2018, el cierre sea total.

Por su parte, UGT explica que su representante en el foro de Leipzig, Víctor Fernández, ha abogado por la defensa del sector minero en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como mundial. Durante su intervención, Fernández ha abordado «la crítica situación por la que atraviesa el sector en España por el incumplimiento sistemático por parte del gobierno del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las comarcas Mineras 2013/2018, pactado por la Administración con patronal y sindicatos».

UGT-FICA ha hecho hincapié en la «falta de voluntad política del ejecutivo español para dotar de futuro al sector», lo que recientemente «se ha traducido en el acuerdo alcanzado con Bruselas, de espaldas a patronal y sindicatos con premeditación y alevosía, en el que ha pactado el cierre de las minas de carbón y la obligación de devolver las ayudas recibidas a las empresas competitivas que quieran proseguir con su actividad más allá de 2018″.

«Desde UGT-FICA vamos a combatir con todos nuestros recursos las pretensiones del Gobierno para que no se lleven a cabo», indica el sindicato, antes de explicar que los asistentes al encuentro han suscrito una resolución de apoyo. «Con el respaldo recibido en esta conferencia mundial de IndustriALL, confiamos en que el gobierno rectifique y dé marcha atrás a un acuerdo que, a cambio de un puñado de euros, condenará a las comarcas mineras», añade UGT.

Críticas de Asturias al PP

Por su parte, el director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola, ha criticado la «opacidad» con la que el PP ha negociado el plan de cierre de la minería que la semana pasada aprobó la Comisión Europea y que, en su opinión, supone la «sentencia definitiva» de las explotaciones de carbón. Según denuncia Pola, de la información transmitida por la Comisión Europea se concluye que el proyecto supondrá el fin del conjunto del sector, ya que afecta a las 26 explotaciones existentes.

Además, el director general lamenta que el Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy no haya avanzado en la posibilidad de eximir a las empresas de la obligación de devolver, a finales de 2018, las ayudas a la explotación recibidas durante estos años. «Aunque las explotaciones resultasen competitivas, la devolución de las ayudas recibidas constituiría su sentencia», recalcó. Pola también denuncia la «opacidad» con la que se ha negociado desde Madrid con la Unión Europea y cuestiona que el Gobierno de España «haya tomado una decisión de forma unilateral, mostrando el mínimo compromiso con el sector y los agentes implicados».

Pola instó también al PP a que explique la distribución de los 2.130 millones de euros en ayudas públicas que contempla el documento y «que parecen corresponderse con el conjunto de las ayudas de carácter social y ambiental para atenuar el impacto del cierre de las minas, tales como las ayudas a la restauración, las jubilaciones y las ayudas hasta 2018». No obstante, Pola subrayó que la reducción de las ayudas a la explotación fue superior a lo establecido por Europa, que contemplaba una disminución progresiva de 2011 a 2018.

Asturias reclama incentivos inmediatos al consumo de carbón nacional mientras Castilla y León cree que la minería “todavía es viable”

EFE.- La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, asegura que sigue considerando que la producción de carbón autóctono puede ser «todavía viable» al tiempo que el director general de Minería y Energía de Asturias, Isaac Pola, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que «articule de inmediato un mecanismo que de prioridad al consumo de carbón autóctono».

En este sentido, Pola acusó al Ejecutivo en funciones de incumplir el documento Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el período 2013-2018. Según Pola, este incumplimiento se produce por no haber habilitado un dispositivo alternativo al de restricciones por garantía de suministro, vigente hasta 2015. Así lo indicó tras reunirse con representantes de la Compañía Minera Astur Leonesa (CMAL) y miembros del comité de empresa, tras la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a toda la plantilla. La compañía optó por esta medida ante la previsión del descenso o incluso la anulación de la compra de carbón por parte de las eléctricas.

A juicio del director general, esta situación es extrapolable a otras firmas del sector como Unión Minera del Norte (Uminsa), que también comunicó a sus trabajadores el inicio de un ERTE que también afectará a sus empleados. «Las dificultades son parecidas para el conjunto de las empresas privadas como consecuencia de la ausencia de un mecanismo que priorice el consumo de carbón nacional», subrayó Pola.

La falta de este mecanismo, a la que se suma el abaratamiento del carbón de importación, ha provocado que las compañías eléctricas hayan dejado de adquirir este mineral. «Además, los pedidos que realizan se suceden de forma discontinua y se negocian mes a mes, conduciendo al sector a una situación de incertidumbre que se concreta en un riesgo de colapso inminente», añadió el director general.

También ha incidido en la falta de compromiso con la minería por parte del Gobierno de España, al que ha instado a cumplir los acuerdos firmados y poner en marcha un hueco térmico para el carbón equivalente al 7,5% del mix de generación eléctrica nacional. En este sentido, ha asegurado que cualquier iniciativa encaminada a aproximar el precio de la tonelada de carbón nacional a la de importación, en condiciones equivalentes de capacidad calorífica, será apoyada por el Principado. Según Asturias, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se comprometió a poner en marcha un mecanismo alternativo al de pagos por capacidad, rechazado por la Unión Europea, para incentivar la quema de carbón autóctono.

El carbón «todavía es viable»

Por su parte, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, considera que la producción de carbón autóctono en la comunidad puede ser «todavía viable» y recordó que la situación «difícil» por la que atraviesa la minería en Castilla y León se debe a circunstancias que se «extralimitan» de las competencias autonómicas. Aún así, la vicepresidenta cree que aún «hay posibilidades» para el sector, si bien «hay pérdidas que ya no son recuperables» y cualquier reactivación no sería «al mismo nivel que antes».

Valdeón recordó el compromiso de la Junta para elaborar, en este primer semestre del año, un plan de dinamización de los municipios mineros. El objetivo de ese plan de dinamización es desarrollar medidas «específicas» para complementar la actividad económica de los municipios con otro tipo de sectores, asesorando y ayudando a empresas e industrias que quieran instalarse en la zona minera. La viceconsejera recordó que la iniciativa se completa con el plan de empleo local, dotado con 2,5 millones de euros, y destinado a los 31 municipios más afectados por la crisis del carbón, como una medida paliativa a corto plazo ante la desaparición de los empleos de la principal actividad de los municipios mineros.

Asturias denuncia que los peajes eléctricos propuestos por el Gobierno benefician a País Vasco y Navarra

Redacción / EFE.- El director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola, aseguró que la nueva orden de peajes eléctricos propuesta por el Gobierno central para 2016 «tiene efectos muy negativos» para la competitividad de la industria asturiana, especialmente para las empresas electrointensivas. Por ello, la Consejería de Empleo e Industria ya ha presentado alegaciones al documento y ha solicitado la anulación de dos de las medidas planteadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al considerar que son lesivas y contradictorias para Asturias.

La primera propuesta que rechaza el Principado asturiano es la división en dos tramos de la estructura de los peajes de acceso para la media tensión, una medida que el Gobierno central ya introdujo para 2015. A juicio de Pola, esta división parece responder únicamente a la intención política del Gobierno central de beneficiar a la industria ubicada en País Vasco y Navarra, donde mayoritariamente existen redes de distribución de energía eléctrica de 33 kilovoltios, algo propio de estos territorios. En Asturias, salvo algunos suministros industriales a 30 kilovoltios en la red de Viesgo, la mayor parte del territorio se encuentra alimentada a tensiones de entre 20 y 24 kilovoltios.

Por lo tanto, una industria de iguales características en cuanto a actividad, equipamiento productivo y perfil de consumo eléctrico, «se beneficiaría de un precio de la energía eléctrica sustancialmente inferior por el simple hecho de situarse en una u otra parte del territorio español, en función de la tensión de la red de distribución». Isaac Pola señala que esta división artificial de peajes carece de soporte técnico y añade que no se atisba argumento alguno para su mantenimiento salvo el ya citado, de carácter político.

Pola explicó que la otra de estas propuestas es la disposición adicional tercera, denominada Autorización excepcional de aplicación de una única tarifa de acceso. Este apartado plantea que los puntos de suministro o instalaciones deban cumplir el requisito de que ninguno de sus puntos de conexión asociados disponga de capacidad suficiente para efectuar el suministro con la potencia que figure en el contrato de acceso de terceros a las redes.

Las empresas necesitan dos líneas para garantizar el suministro eléctrico al proceso productivo en caso de que una falle. Hasta ahora, ambas líneas podían garantizar el 100% del suministro disponiendo de una única tarifa de acceso. Así, con esta propuesta, sólo dispondrán de una única tarifa única de acceso las industrias con acometidas duplicadas cuya capacidad de suministro unitario no sea del 100%. El director general indica que, si la propuesta prospera, los peajes de acceso se duplicarían para una parte de la industria asturiana.

Asturias critica que Industria desatienda sus reivindicaciones en materia de transporte de energía

EFE.- El director general de Energía del Principado, Isaac Pola, lamenta que el documento de planificación de redes de transporte de energía eléctrica 2015-2020, aprobado por el Consejo de Ministros, «desatienda» las prioridades presentadas por el Gobierno regional, incluida la línea Sama-Velilla. Asegura que el Ejecutivo central «vuelva a actuar de espaldas» a la comunidad autónoma después de que el plan del Ministerio de Industria, Energía y Turismo no recoja la línea Sama-Velilla e incorpore una parte del anillo central sin consulta previa.

Pola recuerda que el Gobierno asturiano, con un planteamiento «responsable, coherente y solidario», ha reiterado en varias ocasiones una serie de prioridades que considera «irrenunciables», que no han sido atendidas en el caso de la autorización y ejecución de la línea de doble circuito 400 kilovatios Sama-Velilla. La infraestructura entre la localidad asturiana y la palentina está considerada «estratégica y clave», indicó, para la interconexión con el sistema eléctrico peninsular. Además, Pola lamenta que tampoco haya sido atendida la petición sobre la finalización de la ejecución de la línea Soto-Tabiella en la subestación de Grado.

Para Pola, el documento de planificación de redes de transporte de energía eléctrica aprobado por el Gobierno central atiende con «mayor o menor grado de adaptación» las otras dos prioridades que el Principado reivindica como irrenunciables. Estas reclamaciones se centran en la ejecución de la línea de 400 kilovatios Salas-Grado y de la subestación en esta última localidad como infraestructura final del eje ASGA (Asturias-Galicia) y la conexión con el anillo central de transporte, junto a la autorización y ejecución de la compactación de líneas asociadas al desarrollo del ASGA en la subestación de Soto.

El documento también prevé el desarrollo de la línea Boimente-Pesoz para el año 2016, sin incluir la demandada Sama-Velilla, que se incluye en el anexo que contempla actuaciones necesarias y de posible ejecución a partir de 2020. De este modo, para Pola, se «contraviene de forma injustificable» la reiterada propuesta del Principado, favoreciendo la entrada de un importante contingente de generación eólica gallega en el sistema eléctrico asturiano, y planteando «posibles restricciones» a la generación propia, sin que se habilite una salida de energía hacia la meseta con capacidad ampliada.

Pola ha señalado que el plan aprobado incorpora «sorprendentemente» la parte del anillo central de 400 kilovatios comprendida entre las subestaciones de Gozón, Reboria y Sama, que hace «caso omiso» al planteamiento autonómico de posponer más allá de 2020 el desarrollo de esa infraestructura, en función de la evolución de generación y demanda en el entorno. Por último, incidió en que las prioridades irrenunciables exigidas por el Principado de Asturias son propuestas «fundamentadas, no sobredimensionadas».