Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, confía en que las incógnitas políticas sobre los permisos de las administraciones «se despejen» y que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita finalmente la autorizaciones necesarias para la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca), porque la instalación «siempre va a ser necesaria».
Así, ha insistido en que el ATC facilitará en su momento el desmantelamiento del parque nuclear español pero, según admite, se trata de una política de Estado y de una decisión del Gobierno central. «El ATC siempre va a ser necesario porque cumple la función de desacoplar el futuro desmantelamiento de las centrales de lo que es la gestión definitiva del combustible gastado de la misma, que irá a un almacenamiento geológico profundo«, ha manifestado Gago, que ha defendido que concentrar los residuos nucleares «a la larga abaratará su gestión».
Por otro lado, el representante de la SNE ha reflexionado sobre la situación de las centrales nucleares situadas en Cataluña. Al respecto, ha señalado que desde hace un año en Cataluña se reinstauró un impuesto que ya había sido considerado como doble imposición por el Tribunal Constitucional «en la primera intentona»; y ha añadido que desde el 1 de abril las plantas catalanas soporta «un nuevo impuesto» al combustible. Además, ha añadido que la ley de cambio climático aprobada por el parlamento catalán en agosto de 2017 establece el fin de la producción eléctrica nuclear en 2027. Si bien, matizó que esta ley fue recurrida por el Gobierno y anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, en el contexto de sequía que ha afectado al conjunto de España durante el 2017 y 2018, el presidente de la SNE asegura que la escasez hídrica «demuestra la importancia» de la nuclear en situaciones climatológicas adversas, como cuando hay sequía y no sopla el viento, como el año pasado cuando se incrementó el uso de las centrales de ciclo combinado y de carbón, lo que aumenta a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero.
El año pasado, según ha recordado, la producción hidroeléctrica obtuvo su peor resultado de los últimos 30 años, con una caída del 49% entre 2016 y 2017. «Tendríamos que remontarnos a 1989 para encontrar un dato con menor energía hidráulica en la serie histórica, frente a una producción nuclear estable», ha precisado. En este sentido, Gago lamenta que cuando la nuclear funciona bien «nadie lo reconoce» ni «es noticia», pero en las ocasiones en que «pasa lo más mínimo sí lo es». Entre otras cosas, achaca este hecho a que las nucleares tienen obligación de comunicar «todo», cosa que no ocurre con una central de gas o carbón, ha insistido.
Respecto a Fukushima, ha asegurado que la situación en la zona tardará «muchos años» en volver a la normalidad, no solo por el accidente nuclear sino por lo que supuso el tsunam. Como lado positivo, ha subrayado las importantes «lecciones» que ha dejado. Entre las repercusiones para España expuso que, tras una inversión de unos 35 a 40 millones de euros por reactor, se han completado la mayor parte de las acciones comprometidas tras las pruebas de resistencia y ahora el parque atómico español está «infinitamente» mejor preparado, el personal más capacitado y las centrales más preparadas para afrontar accidentes que van «mucho más allá» de su base de diseño.
Por último, el presidente de la SNE ha opinado sobre la «intención apuntada» por el actual Ministerio de Energía de trasladar la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares a los titulares de las mismas en vez de a Enresa. En ese sentido, recordó que Enresa se constituyó en 1985 para la gestión del combustible radiactivo y el gastado de todas las centrales y para el desmantelamiento de las mismas, con un fondo que se nutriría de la financiación de las centrales nucleares. Antes, este fondo se nutría con la tarifa y desde hace años, por una tasa cargada al kilowatio/hora de generación nuclear, es decir que lo soportan las centrales en explotación para el desmantelamiento.
De este modo, observa que la propuesta del Gobierno pasaría por que Enresa transfiriera lo acumulado a los titulares para que acometan este desmantelamiento. «Hay que conocer el esquema en su conjunto», admite Gago quien asegura que, en todo caso tanto si es Enresa quien desmantela como si son los titulares «las reglas son las mismas para unos que para otros y todas las actuaciones de desmantelamiento serían supervisadas por el CSN«, como lo está haciendo con las plantas de José Cabrera y de Garoña.
Esta alternativa «no necesariamente» sería más barata que el sistema actualmente vigente, aunque admite que sí podría haber «algo de eficiencia». En todo caso, ha subrayado el conocimiento y la experiencia de años de Enresa, aplicado primero con Vandellós I y después en José Cabrera y, posiblemente, en Santa María de Garoña. «Es muy prematuro concluir que el desmantelamiento por los titulares va a ser más barato que si lo hace Enresa, pero las reglas serán siempre las mismas para todos», ha concluido Gago que ha elogiado la capacidad y experiencia de Enresa, de la que «tendrían que empaparse» los titulares en caso de que se produjera ese cambio regulador.
