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La Justicia de Honduras declara culpables a 7 personas por el asesinato de Berta Cáceres, activista contra una presa hidroeléctrica

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Europa Press.- Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables a 7 de los 8 acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena. Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los 7 condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. 4 podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión. Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.

El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019. La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona. Entre los condenados por el crimen se encuentra un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, empleado de la compañía. Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno de Juan Orlando Hernández alienta la inversión.

«La justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes», ha señalado Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres. La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado. Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

Greenpeace corta el suministro de agua en la sede de ACS en por la obra de una hidroeléctrica en Guatemala

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EFE.- Greenpeace ha cortado el suministro de agua a la sede de la empresa ACS en Madrid para denunciar las obras que se están llevando a cabo en el río Cahabón, en Guatemala, por la construcción de una hidroeléctrica que afecta a más de 29.000 indígenas.

Cerca de una veintena de miembros de Greenpeace se han concentrado a las puertas de la sede de la constructora ACS, presidida por Florentino Pérez, en el barrio de Chamartín, para reflejar la situación actual de la población indígena quekchís, según indicó el portavoz de la organización ecologista, Miguel Ángel Soto. «Hemos cortado el agua de esta compañía para demostrar lo que significa vivir sin este recurso natural«, apuntó Soto.

El Grupo Cobra participa como subcontrata del grupo ACS en varias de las 5 fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura que ha alterado el curso del río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros en el departamento de Alta Verapaz. Según Soto, las obras no están respetando las directrices de Naciones Unidas sobre las Empresas y Derechos Humanos, ya que están dañando los intereses del pueblo quekchí al dejar a casi 30.000 personas con un uso restringido del agua. El portavoz ha denunciado que Greenpeace ha recibido recientemente varias negativas a las propuestas de reunirse con los directivos de Cobra para acordar soluciones que no perjudiquen al pueblo indígena.

«Cobra, con el proyecto Renace, que actualmente se encuentra en su penúltima fase, la cuarta de cinco, no ha respetado el derecho a consulta de los indígenas» recogido por la ONU, ha detallado Almudena Moreno, portavoz de la ONG Alianza por la Solidaridad. Moreno también ha denunciado el «acoso y coacción» al pueblo quekchís, y ha recordado el encarcelamiento del dirigente Bernardo Caal, retenido desde enero pasado, y que lidera el movimiento de rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos en Guatemala. La empresa de Florentino Pérez niega su responsabilidad al delegar el respeto de los derechos humanos y medioambientales a la empresa subcontratada Grupo Cobra, por ser ésta la que construye la obra, ha subrayado Moreno.

La portavoz de Alianza por la Solidaridad coincide con Soto al señalar que «ACS es una empresa cómplice al prestar asistencia práctica a sabiendas de que se están vulnerando los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos». ACS declinó hacer ningún comentario. El caso del Grupo Cobra/ Grupo ACS en Guatemala fue incluido por Greenpeace en el informe Justicia para las personas y el planeta por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos en enero.

Hallan metales perjudiciales en comunidades indígenas de la Amazonia que viven próximos al oleoducto Norperuano, el más grande de Perú

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Europa Press.– Científicos españoles han hallado niveles corporales de mercurio, cadmio y plomo, perjudiciales para la salud, en los integrantes de dos comunidades indígenas de la Amazonia peruana que viven próximas al oleoducto más grande del país y están expuestas a vertidos de petróleo. Estos científicos detectaron mercurio en la orina del 64% de los niños menores de 10 años y plomo en la sangre en el 19%, ha publicado Environmental Health.

Los investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) han considerado «preocupantes» estos resultados porque la exposición al mercurio se asocia a problemas neurológicos, renales, respiratorios, cardiovasculares y psicológicos, y la del plomo tiene riesgos neurológicos y reducción de la capacidad intelectual. Ha realizado el estudio este centro barcelonés con apoyo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud de Perú, con apoyo del Ministerio de Salud peruano.

En concreto, analizaron los niveles corporales de cuatro metales, mercurio, cadmio, plomo y arsénico, en un grupo de 130 personas de las poblaciones de San Pedro y Cuninico, de etnia Kukama, 13 y 16 meses después de dos vertidos «importantes» de petróleo que les afectaron en 2014, procedentes del oleoducto Norperuano. El 50% de la población tenía niveles de mercurio en la orina superiores a los recomendados por el Ministerio de Salud del país, y en el caso de los niños menores de 10 años, este porcentaje aumentaba al 64%.

Sobre el plomo, han indicado que «ningún valor en sangre se considera seguro», y hallaron que el 19% de los niños tenía concentraciones en sangre con un riesgo alto para la salud, según los baremos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. El 17% de la población también presentó niveles de cadmio en orina superiores a los recomendados: este metal aumenta el riesgo de daño renal, incluyendo la insuficiencia renal crónica, y puede causar cáncer de pulmón, próstata y riñón; no detectaron niveles de arsénico superiores a los perjudiciales para la salud.

«A pesar de que hay muchas personas potencialmente expuestas a la contaminación causada por la extracción de petróleo, prácticamente no hay estudios que evalúen los efectos en la salud de las poblaciones que viven cerca de las zonas de extracción y que se ven afectadas con frecuencia por vertidos«, ha explicado la primera autora del artículo, Cristina O’Callaghan, del ISGlobal. El petróleo crudo puede contener mercurio y otros metales, y se encuentran niveles elevados en el medio ambiente y organismos acuáticos alrededor de los sitios de extracción de petróleo y en áreas afectadas por vertidos.

Un grupo de indígenas paraliza durante la última semana la extracción de petróleo en el mayor yacimiento de Perú

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EFE.- Un grupo de indígenas mantiene paralizada la producción de petróleo en el mayor yacimiento de Perú para exigir al Gobierno un proceso de consulta previa antes de que la estatal Petroperú asuma junto a la canadiense Frontera la explotación de esos pozos los próximos 30 años.

La Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del río Corrientes (Feconaco) anunció que se hizo con el control de 5 baterías y la planta eléctrica que suministra energía a todo el lote, además de mantener una carretera bloqueada. Feconaco explicó que la toma de las instalaciones, en la región de Loreto, se realizó de manera pacífica y con respeto a la integridad de los trabajadores y de la infraestructura.

Piden más medidas de seguridad

La paralización del lote se produce después de que se agotara el plazo otorgado al Gobierno para que aceptara el pedido de consulta previa, en el que los nativos buscan que se garantice el respeto al medioambiente y la descontaminación de las zonas afectadas por los derrames de crudo ocurridos en los 45 años de explotación del lote. «No permitiremos que sigan extrayendo recursos de nuestros territorio si el Estado no nos garantiza un proceso de consulta previa donde se arribe a medidas de seguridad ambiental y social», señaló Feconaco.

Feconaco aseguró que la explotación petrolera ha dañado el agua, los suelos y los recursos de los territorios indígenas durante décadas. Denunció además la sucesión de dos derrames ocurridos en el último mes que vertieron al medioambiente alrededor de 5.000 barriles de crudo, sustancia que contaminó una laguna y una planta potabilizadora instalada por los nativos, además de llegar hasta el río Corrientes. La federación de indígenas responsabilizó al Estado o a la empresa Frontera, actual operadora del yacimiento, de cualquier perjuicio o atentado a la integridad de los participantes en la protesta. El Lote 192 se encuentra en la zona de frontera de Perú con Ecuador. Tiene una producción diaria de unos 11.000 barriles de crudo en condiciones normales.

Supervisan 2 derrames de crudo en la Amazonía de Perú en el yacimiento más grande y más polémico del país

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EFE.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha iniciado la supervisión de 2 derrames de crudo en el yacimiento Capahuari Sur del lote 192, el de mayor producción del país, operado por la empresa canadiense Pacific Stratus Energy. Los derrames ocurrieron cerca de la comunidad nativa Los Jardines, en la provincia de Datem del Marañón, región amazónica de Loreto.

La supervisión permitirá determinar «la eventual responsabilidad de Pacific Stratus Energy en los hechos, así como la implementación del Plan de Contingencia que involucran las acciones de contención y limpieza de la zona afectada». Por su parte, la firma canadiense inició la implementación del Plan de Contingencia y explicó que afectó 32 metros cuadrados de suelo ubicado en área industrial.

El lote 192, situado en la frontera de Perú con Ecuador, representa el 17% del total de producción de petróleo del país, con una extracción diaria de unos 11.000 barriles de crudo de alrededor de 16 pozos. En 2015, Pacific tomó la operación del lote por dos años, después de que concluyera el contrato con la argentina Pluspetrol en medio de protestas y movilizaciones por la contaminación generada en los ríos. Las comunidades indígenas anunciaron en agosto que intentarán paralizar las actividades en el yacimiento si el Gobierno no acepta someter a consulta previa entre su población el nuevo contrato de explotación de los pozos para los próximos 30 años.

Indígenas de la Amazonía paralizarán el mayor yacimiento petrolero de Perú si el Gobierno no somete a consulta su explotación

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EFE.- Los indígenas de 4 federaciones de nativos de la Amazonía peruana paralizarán la actividad del mayor yacimiento petrolífero de Perú si el Gobierno no acepta someter a consulta previa entre su población el nuevo contrato de explotación de los pozos para los próximos 30 años.

La ONG Red de Vigilancia Amazónica para los Conflictos Socioambientales señaló que la reunión que mantuvieron los líderes indígenas con funcionarios del Gobierno terminó sin acuerdo por la negativa de las autoridades públicas a garantizar la realización de una consulta previa. El yacimiento que origina la discusión es el Lote 192, el más grande del país, situado en la frontera de Perú con Ecuador, con una producción diaria de unos 11.000 barriles de crudo normalmente.

El Lote 192 se encuentra explotado actualmente por la compañía canadiense Frontera con un contrato temporal que finalizará en los próximos meses para que pase a ser operado en principio por la estatal Petroperú, en cumplimiento de una ley emitida por el Congresoen 2015 entre fuertes protestas. La ministra peruana de Energía y Minas (MEM), Cayetana Aljovín, confirmó que la agencia Perúpetro calificó a la empresa Petroperú para que opere el Lote 192 en consorcio con Frontera. Respecto a remediar la contaminación causada por la extracción petrolera, el Gobierno y los líderes indígenas acordaron iniciar un Estudio Técnico Independiente que establecerá recomendaciones sobre los más de 2.000 puntos contaminados.

También en 30 días habrá una nueva legislación en hidrocarburos para solucionar el actual vacío legal que hace que aún no exista un Plan de Abandono aprobado para el Lote 192 tras varias y reiteradas observaciones hechas por el Ministerio de Energía y Minas a los planes presentados por la argentina Pluspetrol, anterior operadora. Las cuatro organizaciones en protesta son la Federación Indígena Quechua del río Pastaza (Fediquep), la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), la Organización de Pueblos Indígenas Kichuas del Perú y Ecuador (Opikafpe) y Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).

La tribu sioux presenta un último recurso contra la construcción autorizada por Trump del polémico oleoducto Dakota Access

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Europa Press.- La tribu nativoamericana sioux de la reserva de Standing Rock, en el Estado de Dakota del Norte, presentó un último recurso para impedir la construcción del oleoducto Dakota Access, después de que la nueva Administración de Estados Unidos diera luz verde al proyecto. «La Administración Trump ha mostrado una completa falta de respeto no sólo hacia nuestros derechos sino también hacia el medio ambiente», indicó la tribu. El oleoducto, que atravesará el río Misuri, correrá a cargo de Energy Transfer Partners (LP).

Varios grupos de activistas indios norteamericanos se manifestaron en reiteradas ocasiones contra el oleoducto, que tendrá 1.885 kilómetros de largo y un coste de 3.800 millones de dólares (8.300 millones de euros). La construcción del oleoducto, que según LP constituirá la ruta más rápida de suministro energético desde Dakota del Norte hasta las refinerías de la costa del golfo de Estados Unidos, podría iniciarse en junio. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos confirmó que el presidente del país, Donald Trump, emitió una orden para otorgar a la compañía el permiso necesario para la realización de las obras.

Trump relanza la construcción de dos polémicos oleoductos en Estados Unidos

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EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una buena noticia a la industria petrolera y una mala a los ecologistas al posibilitar la construcción de dos grandes proyectos de oleoducto que su predecesor, Barack Obama, había paralizado debido a su posible impacto en el medio ambiente. Con la firma de dos acciones ejecutivas, Trump dio luz verde a la continuación de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, siempre que las empresas encargadas de construirlos estén dispuestas a «negociar» una serie de «términos y condiciones» con su Gobierno.

«Veremos si podemos construir el oleoducto Keystone. Creará muchos trabajos, 28.000 trabajos. Muy buenos trabajos en el sector de la construcción», declaró Trump en el Despacho Oval. Trump acompañó esas medidas con otro memorando que requiere que el acero necesario para construir esos oleoductos se fabrique en Estados Unidos. Trump prometió revitalizar la industria del acero y de los combustibles fósiles durante su campaña electoral, y con sus medidas pretende «hacer que el país avance hacia la independencia energética y crear empleos para los estadounidenses», según su portavoz, Sean Spicer.

El oleoducto Keystone XL, prohibido por Obama en 2015 tras una larga revisión sobre su impacto medioambiental, seguida finalmente de un veto presidencial tras aprobarlo el Congreso, pretende transportar unos 830.000 barriles diarios de petróleo procedente de las arenas bituminosas de la provincia canadiense de Alberta a diferentes lugares de Estados Unidos, incluidas refinerías de Texas. El Gobierno de Obama también suspendió en diciembre la construcción de Dakota Access, un proyecto de 3.800 millones de dólares que llevaría medio millón de barriles de petróleo diarios desde los yacimientos bituminosos de Dakota del Norte a una infraestructura ya existente en Illinois.

La medida firmada por Trump «invita» a la empresa encargada de Keystone XL, la canadiense Transcanada, a solicitar un permiso para completar la construcción del oleoducto y promete tomar una decisión sobre ello en un plazo de 60 días tras recibir la petición. En el caso de Dakota Access, pide a las autoridades que se «revise y apruebe» las peticiones de la empresa Energy Transfer Partners, que ya ha construido el 90% del recorrido de 1.770 kilómetros del oleoducto y quiere completar el tramo final, que pasa bajo el Lago Oahe, en Dakota del Norte.

Protestas de indígenas y ecologistas

La tribu indígena Standing Rock Sioux lleva meses protestando contra el proyecto en Dakota del Norte con el apoyo de activistas medioambientales y políticos progresistas, al denunciar que el oleoducto echará a perder tierras que consideran sagradas y contaminará el río Misuri, del que depende su modo de vida. A la tribu indígena le queda la opción de volver a los tribunales para tratar de bloquear el proyecto y la esperanza en que alguna acción legislativa pueda entorpecer su construcción.

«Voy a hacer todo lo posible para detener la construcción de estos oleoductos», prometió el senador y ex aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders, quien acusó al presidente Trump de «ignorar las voces de millones de personas y poner los intereses de la industria fósil por delante del futuro del planeta«. Grupos ecologistas como Greenpeace y Sierra Club condenaron también la decisión de Trump y prometieron seguir luchando para evitar que se construyan esos dos oleoductos.

Mientras, la industria del petróleo y muchos líderes republicanos aplaudieron las medidas al considerar que «potenciarán la economía y crearán miles de empleos bien pagados», en palabras del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. «Estos oleoductos fortalecerán el suministro energético de nuestro país y ayudarán a mantener bajos los costes energéticos para las familias estadounidenses», afirmó Ryan. El presidente del Instituto Estadounidense del Petróleo, Jack Gerard, se mostró «complacido» de que Trump haya decidido «reconocer la importancia de la infraestructura energética del país».

Trump mencionó, sin embargo, la necesidad de «negociar» varios términos con las empresas encargadas de los proyectos, algo que, según Spicer, significa «conseguir el mejor acuerdo posible para los contribuyentes estadounidenses», dado que esas compañías «van a recaudar mucho dinero» con los oleoductos. El presidente también firmó una orden que busca «simplificar» la burocracia para aprobar proyectos de manufacturas y otra que acelera el proceso de revisión sobre el impacto ambiental de las nuevas infraestructuras. «No podemos estar en un proceso de evaluación medioambiental durante quince años si un puente se está cayendo», subrayó Trump.

Canadá aplaude decisiones de Trump

Por su parte, el Gobierno de Canadá aplaudió la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de aprobar la construcción del polémico oleoducto Keystone XL que transportará petróleo canadiense hasta refinerías en Estados Unidos. El ministro de Recursos Naturales de Canadá, Jim Carr, afirmó que la construcción del oleoducto «es un buen proyecto tanto para Canadá como para Estados Unidos». Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, declaró que es «esencial» que las políticas sobre cambio climático del Gobierno de Canadá se complementen con su obligación de «llevar los recursos naturales al mercado».

Organizaciones ecologistas de los dos países se han opuesto al proyecto de construcción del oleoducto, que conectará los yacimientos de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta, que contienen una de las mayores reservas de petróleo del mundo, con refinerías en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos. El proyecto fue rechazado por Obama porque supondría el aumento de las emisiones de gases invernadero de Estados Unidos.

La organización Environmental Defence de Canadá solicitó al Gobierno canadiense que reconsidere «la aprobación de 2010 del oleoducto» porque fue hecha «sin ninguna consideración con los compromisos climáticos de Canadá». Según el grupo, la exportación a Estados Unidos de hasta 830.000 barriles de petróleo al día, la capacidad que tendrá Keystone XL, supondrá añadir «22 megatoneladas de emisiones», el equivalente a «6,3 plantas de carbón o más de 4,6 millones de automóviles». Las organizaciones medioambientales también han denunciado que Keystone XL permitirá alcanzar el objetivo de triplicar la producción de los yacimientos de las arenas bituminosas de 1,8 a 5,2 millones de barriles al día.

La Corte de Nueva York falla de nuevo a favor de la petrolera estadounidense Chevron en su batalla contra Ecuador

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EFE.- Una corte federal de apelaciones en Nueva York confirmó el rechazo de la Justicia de Estados Unidos a que Chevron tenga que hacer efectivo el pago de 9.500 millones de dólares en Estados Unidos a Ecuador por daño forestal. De esta forma se confirma una decisión de un tribunal estadounidense de marzo de 2014 que rechazaba la multa impuesta por parte de un tribunal ecuatoriano contra la petrolera en 2011.

Tanto aquella decisión como esta última se fundamentan en que a su juicio la corte ecuatoriana dictó ese fallo de multa a Chevron de forma corrupta para beneficiar a una de las partes. Chevron, con sede en California, defiende que un acuerdo que Texaco firmó en 1998 con Ecuador les absuelve de responsabilidad. La petrolera había sido demandada por alrededor de 30.000 indígenas de la región amazónica, que querían embargar sus activos en Estados Unidos para recuperar los 9.500 millones dictados por la justicia ecuatoriana.

Tras conocerse la decisión, el vicepresidente de Chevron, Hewitt Pate, señaló que el fallo «no deja duda que la sentencia contra Chevron de la corte ecuatoriana el producto ilegítimo e inaplicable de una mala conducta». «Chevron está satisfecha con que la verdad haya prevalecido sobre el fraude y la corrupción», añadió. Los daños en la selva amazónica sobre los que gira el caso se remontan a la actuación de Texaco, adquirida en 2001 por Chevron.