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El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) reclama a las administraciones públicas más implicación en la promoción de la geotermia somera

Europa Press.- El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) reclama una mayor implicación de las administraciones públicas en la promoción de la geotermia. Así, el presidente del ICOG, Manuel Regueiro, indicó que el sector quiere una legislación que haga sencillo el desarrollo del mismo y que no ponga trabas a la geotermia.

El responsable de Industria y Edificación Sostenible del centro tecnológico EnergyLab, Gerardo Rodríguez, ha destacado el papel de la energía geotérmica en la lucha contra el cambio climático y ha apuntado que el 40% del consumo de energía en Unión Europea se relaciona con los edificios y que el 75% del stock de edificaciones es ineficiente desde el punto de vista energético. Asimismo, Rodríguez ha indicado que para 2030 la Unión Europea tiene que conseguir un 27% de energía procedente de fuentes renovables, así como una reducción del 40% de las emisiones de gases invernadero.

Por otra parte, una investigadora del Instituto de Tecnología Cerámica de la Universitat Jaume I de Castellón, ha explicado que en la Comunidad Valenciana hay 1.409 edificios públicos y cerca de 800 establecimientos hoteleros, por lo que considera que existe un «gran potencial» para la aplicación de la geotermia somera. En este sentido, el portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Dávila, reconoció que existe un gran desconocimiento sobre la geotermia en el ámbito político, lo que dificulta su promoción.

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

Ribera agradece a Sánchez su «confianza» para afrontar la descarbonización de España tras ser nombrada ministra para la Transición Ecológica

Europa Press.- Teresa Ribera, la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, regresa al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez como nueva ministra para la Transición Ecológica, un gran ministerio que aglutinará todas las competencias energéticas y medioambientales con el que pretende acelerar la senda de la descarbonización de España para un futuro próximo.

En este sentido, la nueva ministra para la Transición Ecológica ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «confianza» después de que este anunciase la nueva composición de su Ejecutivo. «Gracias Sánchez por la confianza, gracias a los que cada día trabajáis por un mundo más justo, en el que prosperidad no esté reñida con equidad ni límites ambientales. #TransiciónEcológica #ConstruyendoUnFuturoComún», ha sido el mensaje que Ribera ha compartido en la red social Twitter. La nueva ministra de Transición Ecológica fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, además de directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y entre 2008 y 2011.

Ribera, que presidía en el PSOE el Consejo Asesor para la Transición Energética hasta ahora, sentará las bases de acuerdo a las propuestas socialistas en esta materia que pasan por, entre otras cuestiones, abandonar el carbón y cerrar las centrales nucleares a medida que cumplan sus 40 años de vida útil. Recientemente, Ribera ha manifestado que la transición ecológica es un desafío «complejo» puesto que requiere visión de conjunto coherente en «todos los ámbitos» de la vida, tanto en el marco constitucional y financiero como en el sistema fiscal y en las políticas de empleo.

En base a esta concepción, a finales de marzo, hace apenas 2 meses, el Consejo Asesor presentó su esquema a este respecto, que pasa por alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y reducir las emisiones de CO2 según los compromisos del Acuerdo de París.

Además, quiere promover un «gran Pacto de Estado» de la Energía que permita una política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. Para ello, el documento contempla aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización. Además, se prevé modificar la Ley de Contratación Pública para que ésta incluya los nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.

Entre las medidas energéticas más concretas, según la propuesta socialista, también está prohibir el fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos así como el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas vayan cumpliendo 40 años de vida útil. Apuesta igualmente por el autoconsumo energético y reformar el denominado Impuesto al Sol, así como acometer una reforma del mercado eléctrico que incluya una auditoría de los costes regulados que están integrados en la tarifa eléctrica, así como el nuevo mercado gasístico.

Por otro lado, plantea la creación de un Fondo Verde para la transición energética que se alimente con parte del nuevo impuesto al CO2 y que se destine a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. En cuanto a las ciudades, el consejo ve necesaria la aprobación de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos en el sector.

Los geólogos ya ponen deberes

Por su parte, el Ilustre Colegio de Geólogos ha celebrado la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de Transición Energética y Medio Ambiente a cuyos titulares, Pedro Duque y Teresa Ribera, pide que impulsen la descarbonización en España. En este sentido, el colectivo profesional celebra la creación de ambos Ministerios con los que espera que se impulse «con decisión» las energías renovables, la descarbonización y que se apueste por un pacto por la energía. Además, desea al nuevo Gobierno que apoye a la energía geotérmica a la que considera que es «la gran olvidada hasta ahora» por «todos» los responsables políticos.

Los geólogos piden a Ribera que impulse «decididamente» las energías renovables y aproveche para firmar un pacto por la energía para cumplir con los compromisos ambientales europeos. Además, el Colegio espera de Ribera que muestre su apoyo por la energía geotérmica que en la actualidad se cita «muy de pasada» en el informe de expertos sobre la descarbonización de la economía española. En ese sentido, los geólogos esperan que se revierta esta situación porque la geotermia es además una «energía cuyos costes de implantación son asumibles y no debería dejar de considerarse en ningún proyecto de construcción que requiera de suministro energético limpio y continuado».

El Colegio de Geólogos es favorable a «explorar y explotar» los recursos mineros autóctonos para reducir la dependencia del exterior

EFE / Europa Press.- El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) se ha mostrado favorable a «explorar y explotar» los recursos mineros autóctonos para «reducir la dependencia de suministros del exterior». En este sentido, hace referencia a los datos del Panorama Minero del Instituto Geológico y Minero (IGME), que en 2014 señalan que España importó 68.440 millones de euros en recursos minerales, de los cuales un 80% fueron recursos energéticos y un 20% rocas y minerales industriales y minerales metálicos.

Respecto a los diferentes proyectos extractivos, el Colegio Oficial reconoce que estos proyectos cuentan con «una fuerte contestación social local por el lógico miedo a los posibles efectos ambientales negativos que las futuras explotaciones pudieran generar«. Alrededor de estos proyectos han surgido plataformas ciudadanas que se han movilizado en contra de los mismos con el apoyo de la población, los ayuntamientos y, en el caso de una mina de feldespato, la propia Diputación abulense, cuyo pleno aprobó una moción señalando que la minería no es un «sector estratégico» para Ávila.

Ante esta situación, el Colegio de Geólogos señala que en algunos casos son proyectos mineros que «ya han tenido actividad y que no han planteado ningún problema medioambiental», mientras que en otros son nuevos y su impacto «será razonablemente mínimo si se utilizan las mejores técnicas disponibles y se controlan eficazmente con personal cualificado desde las autoridades mineras y ambientales». Respecto a los diferentes proyectos mineros en España, el ICOG considera «positivo investigar y aprovechar los recursos propios siempre que se respete el medioambiente y los proyectos sean económicamente viables».

Por otra parte, el Colegio recuerda que la decisión de investigar los yacimientos minerales o reabrir una mina depende «en gran medida de las fluctuaciones cíclicas de los precios mundiales de las materias primas y de la investigación y el conocimiento de los yacimientos«. Desde su punto de vista y debido a «la evidente dependencia de las industrias españolas de la importación de minerales foráneos, España debe aprovechar y hacer uso de sus propios recursos».

La geotermia pide una normativa «específica» para su impulso definitivo en España

Europa Press.- La energía geotérmica ha pedido una normativa «específica» para su impulso definitivo en España, ya que el marco actual «es confuso y poco ordenado». En una jornada organizada por el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), el geólogo Albert Pujadas, director técnico de Quali Geotermia, señaló que el marco regulatorio es un «aspecto esencial para la implantación de geotermia de calidad en nuestro país».

Así, Pujadas subrayó que la normativa es «confusa, poco ordenada, lenta y cada comunidad autónoma tiene sus propios criterios», por lo que consideró que es necesario «una normativa específica más concreta, unificada y simple». Por otra parte, el responsable de Geotermia del Colegio de Geólogos, Benito Rivera, destacó que uno de los aspectos fundamentales de las instalaciones geotérmicas es garantizar la disponibilidad del recurso, para lo que sugirió el perímetro de protección, que «permite garantizar el recurso en toda la vida de la instalación geotérmica».

Por su parte, el presidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro, recordó que el conocimiento del terreno permite conseguir «los mejores rendimientos de las instalaciones geotérmicas». Así, el ICOG ha propuesto a los políticos medidas para impulsar la geotermia en España, como la reforma de los documentos básicos del Código Técnico de Edificación (CTE) para introducir la geotermia en la construcción y rehabilitación de edificios.

Al respecto, el director general de APPA, José María González, apostó por ampliar el debate de las renovables «más allá de los usos eléctricos e incluir los térmicos», donde la geotermia juega un papel destacado. González recordó que en España «el 80% de la energía que se utiliza se trae de fuera» y que se gasta 40.000 millones de euros en traer energía del exterior».

Los geólogos denuncian la adjudicación para construir edificios del ATC sin haber acabado los estudios del terreno

Europa Press.- El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) ha denunciado que se ha adjudicado la construcción de los edificios, laboratorios e instalaciones convencionales de la instalación nuclear ATC y su Centro Tecnológico Asociado en Villar de Cañas (Cuenca)«sin que se hayan terminado los estudios geotécnicos y geológicos del terreno».

La adjudicación por parte de Enresa del Proyecto de construcción de los edificios, laboratorios e instalaciones convencionales del ATC y CTA señala a Ute Incosa-Tomás Llavador como adjudicataria de las obras. Fuentes de Enresa precisaron que se trata de la contratación de servicios de ingeniería en una zona convencional, indicaron. La adjudicación es por un importe de 718.246,56 (sin IVA). El presupuesto inicial de la licitación ascendía a 1.788.908,00. En este sentido, los geólogos apuntan también que se ha adjudicado el proyecto con una rebaja del 60% del presupuesto inicial.

Los geólogos aseguran que el informe geotécnico del emplazamiento aún está en «fase de ejecución», por lo que no consideran «pertinente» adjudicar un proyecto sin haber acabado los estudios geotécnicos. El Colegio recuerda igualmente que el acta de inspección de caracterización geotécnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) solicita informes geotécnicos a Enresa, sobre sismicidad e inundabilidad del terreno del ATC. En este sentido, el Colegio de Geólogos alerta de que realizar infraestructuras sobre terrenos «yesíferos solubles y arcillas expansivas» puede dar lugar a que el proyecto sea «inviable» o que origine «incrementos presupuestarios considerables».

Castilla-La Mancha (PSOE) quiere ampliar la protección ambiental de la Laguna del Hito para paralizar la construcción del ATC

Redacción / Agencias.- Mientras el PSOE y el Colegio de Geólogos se oponen a su ubicación, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, una ampliación que impediría la construcción del ATC al prohibirse «actos que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno».

El consejero de Agricultura del Gobierno castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, indicó que el inicio de este procedimiento «responde a una petición de más de 50 entidades ecologistas, agrarias, sindicatos, ayuntamientos de la zona y partidos englobados en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear». Arroyo aseguró que este procedimiento es competencia del Gobierno regional y que el Gobierno central no podría «echarlo hacia atrás», añadiendo que la ampliación tiene «el visto bueno de la Comisión Europea».

El consejero reconoció que desde el Gobierno central sí se podría declarar la construcción del ATC como de interés nacional, lo que pondría al proyecto por encima de cualquier otra normativa, aunque afirmó que «lo más razonable sería que esto no sucediera». El titular de Agricultura destacó que de esta forma la Junta castellano-manchega «quiere posicionarse formalmente en contra del cementerio nuclear, que carece de cualquier consenso social». A su juicio, se trata de un proyecto «que está desfasado, no contempla la ampliación de la vida de las centrales nucleares de la región y los técnicos del CSN lo calificaron como desfavorable», tras lo que recordó que Villar de Cañas «quedó en cuarto lugar» como aspirante a albergar la instalación.

«Sorprende que se tome esta decisión cuando se ha encargado a Enresa unos sondeos que tardarían ocho meses en realizarse, y una empresa contratada por el CSN ha dado tres informes negativos sobre la infraestructura», ha aseverado. Arroyo detalló que el proceso «no tiene un plazo determinado», y ahora hay que elaborar el plan de ordenación de los recursos naturales y enviarlo al Ministerio. Arroyo puso de manifiesto que los sobrecostes que se pueden originar «por una mala gestión sobre el emplazamiento» podrían llegar a los 200 millones de euros.

Los geólogos hablan de sobrecostes

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera que la construcción del ATC en Villar de Cañas supondrá «elevadísimos sobrecostes» que se acabarán pagando a través del recibo de la luz y apuesta por un Almacén Geológico Profundo como la opción más fiable. Por ello, cree que es una «mala práctica» dar la autorización de emplazamiento «sin haber solicitado un análisis de coste-beneficio para poder fundamentar la decisión». En ese sentido, el Colegio recuerda que existen «informes geológicos desfavorables» a ubicar una infraestructura como el ATC en esos terrenos. «Este almacén se planificó atendiendo a unos parámetros económicos que estarían cuestionados con la información de la que disponemos ahora», subraya.

Así, apoya la labor de los profesionales geólogos del CSN que «han actuado conforme al código deontológico siguiendo los principios de responsabilidad social, integridad e independencia profesional, veracidad, lealtad y diligencia». Además, el Colegio de Geólogos opina que el ATC no es la verdadera solución para los residuos radiactivos y apuesta, en su lugar, por un Almacén Geológico Profundo (AGP) como la opción «más fiable y duradera ya que plantea una barrera geológica infranqueable para los desechos radiactivos«. «Todo gobierno debería tener como prioridad poner en marcha cuanto antes una línea en I+D destinada a ese almacenamiento geológico de residuos radiactivos, como la que ya existe a nivel europeo», puntualiza.

El PSOE quiere abrir debate

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, reclamó al Ministerio de Industria que reconsidere la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas ya que no hay «garantías absolutas de seguridad» en ese emplazamiento, a la vista de los informes «contradictorios» sobre la idoneidad del emplazamiento y que podría terminar en «enormes sobrecostes». «Están tomando decisiones en un mes que no han tomado durante cuatro años y los informes no son favorables a instalar el ATC en Cuenca. Hay informes contradictorios y consideramos que tiene que haber más información, transparencia y claridad en el proceso, especialmente a la hora de tomar la decisión», criticó Lucio.

Así, el Grupo Socialista exigió las comparecencias del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso de los Diputados para que explique qué perspectivas hay con el ATC, así como del presidente de ENRESA, para que informe de los informes técnicos elaborados por los distintos departamentos relativos al suelo y los estudios hidrogeológicos que se hayan encargado a consultoras externas, entre otros. «Nos parece intuir, sin estar en condiciones de afirmarlo con rotundidad que los informes de evaluación del suelo elaborados por distintos departamentos del área de Ciencias de la Tierra podrían llevarnos a considerar como desfavorables o no idóneas las características del terreno de cimentación elegido», considera el portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, José Segura.

Por otro lado, el Grupo Socialista registró en la Cámara Baja la solicitud de comparecencia del secretario de Estado de Energía con el objetivo de que informe de los contenidos que deberían integrar el nuevo Plan General de Residuos Radioactivos, ya que el vigente data de 2006 y ahora se pone en marcha el ATC. Según explica Segura, el plan se aprobó «en un ambiente de decisiones políticas en el que, entre otras cuestiones, se preveía que las centrales nucleares tendrían una vida útil de 40 años, es decir, el periodo de tiempo por el cual se les concedió la autorización de instalación y explotación».

La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca considera que los resultados electorales dejan «fuera de juego» al ATC

Europa Press.- La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca asegura que los resultados de las elecciones autonómicas dejan «fuera de juego» al ATC de Villar de Cañas, ya que «los programas electorales de los partidos con capacidad de gobierno y anti-cementerio así lo recogen». Mientras, el Colegio de Geólogos exige estudios de «máxima fiabilidad» antes de construirlo.

En este sentido, la portavoz de la Plataforma, María Andrés, hizo «una llamada al entendimiento entre PSOE y Podemos para poder cumplir lo prometido a todas y todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha: El cementerio nuclear, no se pone», según destacó la propia Plataforma. Además, recordó que «el 9 de marzo, todos los partidos menos Ciudadanos y el Partido Popular firmaron su compromiso contra el cementerio nuclear, comprometiéndose a frenarlo si tenían capacidad de gobierno».

Por ello, la Plataforma ha asegurado que está «de enhorabuena, porque después de casi seis años, la lucha cada vez tiene más cerca su fin». Sin embargo, mantuvo que seguirá su trabajo «contra el basurero nuclear» y se mostró confiada en que «pronto se paralice definitivamente«. «Las últimas adjudicaciones, concedidas cerca de las elecciones pusieron de manifiesto de forma descarada, que lo que menos le importa al nuevo presidente de Enresa es el futuro del ATC, pero sí el reparto de su presupuesto entre varias empresas muy concretas», ha finalizado.

Piden estudios de «máxima fiabilidad»

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) reclamó que se lleven a cabo estudios geológicos «de máxima fiabilidad» antes de decidir la construcción del ATC de Villar de Cañas. La institución recuerda a las «deficiencias e incertidumbres» que, a su juicio, señala el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre los estudios realizados hasta ahora en la zona. Según explicó el presidente del ICOG, Luis Suárez, el emplazamiento elegido para construir las instalaciones del ATC «se ubica en terrenos yesíferos y lutíticos que son solubles y expansivos respectivamente, lo que dificulta una correcta cimentación y va a disparar las inversión económica».

Asimismo, señala que el acta de inspección realizada por el CSN indica que, hasta ahora, no se dispone de procedimientos generales de ejecución de los trabajos de caracterización del emplazamiento; no se completaron actividades del plan de caracterización. Además, «la interpretación de los datos de campo difiere según su uso posterior sea para estudios geológicos o para estudios geotécnicos». Por todo ello, Suárez incidió en que «hay que hacer muchos más estudios» o «replantearse si merece la pena la ubicación elegida». «La ausencia de estudios geológicos contrastados condicionará la decisión final de ubicación del ATC desde el punto de vista económico y de seguridad», resaltaron.