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Ecova ve un «problema muy serio» en el cierre de Garoña y augura un reflejo en la factura eléctrica

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Europa Press.- Mientras el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, considera que el impuesto anunciado por la Junta para Endesa e Iberdrola asociado al cierre de la central nuclear de Garoña es una «cortina de humo» de la Junta, el decano y presidente del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova), Juan Carlos de Margarida, considera un «problema muy serio» para Castilla y León que desaparezca Garoña y destaca su importancia en el empleo ya que es una empresa «consolidada».

De Margarida ha evitado valorar la posibilidad de que la Junta grave con un impuesto a las compañías Iberdrola y Endesa, copropietarias de la planta burgalesa, si optan finalmente por el cierre de Garoña, pero se ha mostrado comprensivo con que la comunidad quiera poner «todos sus medios encima de la mesa» para evitar el desmantelamiento de la central. En este contexto, ha lamentado también el anuncio de clausura de la central térmica de Compostilla (León) por parte de la italiana Enel y ha augurado que, de confirmarse ambos cierres, esto tendría su reflejo en la factura de la luz.

Impuesto: “una cortina de humo”

Por su parte, Luis Tudanca ha acusado al Ejecutivo regional de plantear una política fiscal propia “de los hermanos Marx”. «Desde hace muchos años se ha opuesto a que se pusiera un impuesto a la actividad de Garoña que permitiera obtener recursos suficientes para hacer un tejido industrial alternativo cuando lo proponía el PSOE en los Presupuestos», ha reseñado Garoña.Así, ha considerado que «no tiene mucho sentido» que desde la Junta se plantee ahora gravar el cierre de una empresa que ya no va a generar beneficio económico. «Es una cortina de humo ante su incapacidad de cumplir promesas y para responder ante los trabajadores y ante las comarcas que van a sufrir el cierre de Garoña», ha manifestado.

De este modo, Luis Tudanca ha insistido que en el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, «volvieron con las manos vacías» de su reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y «soltaron este anuncio absurdo y sin sentido«.»Como con todo lo que hace la Junta se demuestra su irrelevancia con el Gobierno central», ha manifestado, tras lo que se ha referido al pacto sobre el cupo vasco, sobre el que ha reiterado que es «lamentable» que los diputados del PP, 18 de Castilla y León, consigan «menos para los suyos» que los cinco diputados del PNV para España.

Manifestación en Miranda de Ebro

Ante la situación actual de posible reinicio de la central nuclear, la Coordinadora contra Garoña convocó una manifestación en Miranda de Ebro (Burgos) por la reindustrialización y desmantelamiento de Garoña y el resto de centrales nucleares. Acudieron las diferentes coordinadoras de Burgos, Cantabria, Euskadi, Aragón y Rioja. El objetivo de la manifestación fue “dejar clara la oposición social a la reapertura e impedir que el Gobierno del Partido Popular firme la reapertura a 20 años, después del incomprensible voto favorable del Consejo de Seguridad Nuclear».

A su juicio, esta decisión «afecta a toda la población, dejando la gestión de la vieja central en manos de las empresas, que sólo tienen en cuenta la rentabilidad económica, y no la salud y el riesgo a los que someten a la población y el medio ambiente». Además remarcan “la actual división del consejo de administración de Nuclenor, donde Iberdrola (propietaria junto a Endesa) reconoció que no tienen ninguna intención de reabrirla, apelando a la inviabilidad económica, dadas las reformas a acometer». Por ello, consideran que la central “carece de viabilidad alguna por mucho que lo pretendan el CSN y el Gobierno del PP«.

“Garoña lleva años cerrada y no se ha conocido problema alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal, salvo la del negocio para sus propietarios a costa de la seguridad de los habitantes de la zona, de las provincias limítrofes y del claro riesgo para el medioambiente», denunciaron. La Coordinadora contra Garoña recuerda que la movilización social contra ésta y todas las centrales nucleares «siempre ha estado y seguirá en la calle mientras no den pasos efectivos cerrando y desmantelando las centrales nucleares, dejando de producir peligrosos residuos y trabajando en el nuevo modelo energético sin combustibles fósiles ni centrales nucleares».

Castilla y León, defensora de la continuidad de Garoña, se plantea ahora crear un impuesto a Nuclenor si hay desmantelamiento

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Europa Press.- La Junta de Castilla y León podría imponer un impuesto que gravase a las empresas energéticas Endesa e Iberdrola en compensación por el posible desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, (Burgos), tal y como aseguró la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras mantener una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

La consejera ha defendido la energía nuclear y el carbón, una defensa que ha afirmado que comparte con el Gobierno ya que «abarata» el recibo de la luz de los españoles. «Tanto el Ministerio como la Junta defendemos que tiene que haber una participación en el mix energético nacional; tiene que entrar el carbón y por supuesto la nuclear, ya que en ambos casos son las energías más baratas«, aseguró.

«De no existir el carbón o la energía nuclear, el recibo de la luz se dispararía más del 30%», indicó Del Olmo, reiterando la defensa del Gobierno castellano y leonés al sector minero. Por ello, la Junta se plantea impulsar una figura impositiva que, «de una u otra manera», grave el desmantelamiento de Garoña ya que «supone la pérdida de un millar de empleos». El impuesto iría dirigido a las empresas titulares de la central, Endesa e Iberdrola: «si les sale mucho más barato cerrar que continuar con la producción, con este impuesto a lo mejor se lo piensan», subrayó.

Por su parte, la Dirección de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña, no tiene «conocimiento oficial» del impuesto que le plantea imponer la Junta de Castilla y León en «compensación» por el posible desmantelamiento del reactor y la pérdida de empleo que conllevaría. Fuentes de la empresa han confirmado que no tiene «conocimiento oficial de esta iniciativa» pero que, en todo caso, «Nuclenor no hará valoraciones sobre las declaraciones» de Del Olmo.

Críticas a planes de Enel

Tanto el Ministerio como la presidencia de Castilla y León han mostrado su «preocupación» por el anuncio de Enel respecto al futuro de las centrales térmicas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), del que Del Olmo ha confesado que el ministro no tiene «constancia oficial«. La pasada semana Enel, principal accionista de Endesa, confirmó el cierre de sus centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) el 30 de junio de 2020 durante la junta general de accionistas celebrada en Roma.

«No tiene ningún sentido, hay que englobar la producción de las centrales térmicas y las centrales nucleares en la política energética nacional, y no puede depender del anuncio de una empresa», ha señalado. «La política energética nacional depende del Gobierno y de los grupos con representación en el Congreso de los Diputados», sentenció Del Olmo. Así, en la reunión se ha planteado la necesidad de lograr un pacto por la energía entre todas las fuerzas parlamentarias, donde tanto carbón como las energías nucleares tengan cabida.

Ecologistas pide a las compañías eléctricas que abandonen los proyectos hidroeléctricos de América en los que «se atenta contra activistas»

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Europa Press.– Ecologistas en Acción ha escrito a los presidentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa y al de la CEOE para que abandonen los proyectos hidroeléctricos en los que «se usa la violencia contra activistas que defienden el medio ambiente«, de modo que «sean coherentes con la resolución aprobada en el Consejo Nacional del Agua, el pasado 16 de marzo».

La organización denuncia en esta misiva que en los últimos años «han aumentado los asesinatos a defensores del medio ambiente, especialmente de los ríos, porque se oponían a grandes proyectos hidroeléctricos, sobre todo en países como Honduras, Guatemala, Brasil y Colombia». Por ello Ecologistas en Acción presentó en el Consejo Nacional del Agua (CNA) celebrado el pasado 16 de marzo una resolución de condena de estos hechos que, según apunta, fue aprobada por unanimidad. Por ello, insta a los responsables de la CEOE como de las eléctricas a que, «por coherencia» con el pronunciamiento del CNA, se comprometan a su «inmediata salida» de aquellos proyectos hidroeléctricos «en lo que se genere en el futuro algún tipo de violencia contra activistas«.

El Tribunal Supremo admite recursos de Cepsa y Galp contra las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2017

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Europa Press.– El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por las petroleras Cepsa y Galp en contra de la orden ministerial que desglosa por empresas energéticas la cuantía de la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para 2017. En concreto, los recursos fueron admitidos el pasado 27 de abril por la Sala Tercera, Sección Tercera del Alto Tribunal, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las empresas energéticas aportarán este año más de 205 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderá a Repsol, Endesa y Gas Natural Fenosa, las tres compañías que mayor volumen de energía venden en España. Concretamente, Repsol aportará más de 42 millones al fondo, mientras que Endesa contribuirá con más de 29 millones y Gas Natural Fenosa con casi 27 millones. Además destaca la aportación al fondo por parte de Cepsa, con más de 23,6 millones, e Iberdrola, con casi 15 millones.

La aportación obligatoria al fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por Industria, en proporción al volumen de ventas de energía. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales durante 2015.

Iberdrola construirá un parque eólico de 200 MW para Apple en Estados Unidos

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EFE.- Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, ha firmado un acuerdo con Apple para la puesta en marcha de un parque eólico en Montague (Oregón) de 200 MW megavatios (MW) y con una inversión prevista de 300 millones de dólares (275 millones de euros). El parque se construirá entre 2018 y 2020 y la energía que genere se venderá a la empresa tecnológica durante los próximos 20 años a través de un tipo de contrato Power Purchase Agreements (PPA), que garantiza la rentabilidad de las instalaciones.

Iberdrola ya desarrolla proyectos similares en Estados Unidos como el Amazon Wind Farm US East (Carolina del Norte), que suministra a Amazon, o los de Leaning Jupiter (Oregón) y Jupiter Canyon (Washington), que dan energía a Nike. En estos casos, Iberdrola se queda como propietaria y operadora del parque eólico y la electricidad generada se adquiere por la empresa que lo encarga, en este caso, la multinacional estadounidense con sede en Cupertino (California). La eléctrica española opera en Estados Unidos a través de Avangrid que es el segundo operador eólico del país, con cerca de 6.000 MW en potencia instalada.

Greenpeace lamenta que Iberdrola y Endesa no sepan aún qué hacer con Garoña mientras el alcalde de Vitoria pide desmantelar

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Europa Press / EFE.- El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), está convencido de que a Endesa «no le importa nada» la seguridad y ha pedido al Gobierno central que «desmantele» de manera «definitiva» la central nuclear de Garoña. Por su parte Greenpeace ha lamentado que Iberdrola y Endesa, que comparten al 50% la planta, no hayan llegado a una postura común respecto a su solicitud de renovación hasta 2031, cinco años después de que ésta parase por motivos económicos, en diciembre de 2012.

«Parece mentira que estas decisiones no se tomen con mayor claridad y transparencia», señaló la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que recomienda a ambas empresas, «una vez creado el cisma», que sean capaces de llegar a un acuerdo después de que el consejo de administración y la junta de accionistas de Nuclenor no consiguieron acordar si seguir adelante con la solicitud de renovación o bien desistir de la misma, pues Endesa tiene voluntad de seguir adelante frente a Iberdrola, que quiere echar el cierre al reactor.

«Respecto a la central nuclear más vieja de Europa es inaceptable que la empresa no llegue a un acuerdo ni tenga claro lo que quieren hacer cuando está cerrada por razones económicas desde hace cinco años y antes de reabrir debería acometer inversiones superiores a 200 millones de euros», ha valorado. Montón ha reiterado su petición a ambas empresas de «respeto» a los ciudadanos y al medio ambiente por considerar que «están jugando» y, por ello, extiende su petición al Gobierno para que «ponga orden».

El alcalde Urtaran contra Endesa

Por su parte, el alcalde de Vitoria considera que el «riesgo» para la población y el medio ambiente de reabrir Garoña es «inasumible para el Estado» y por ello ha lamentado la postura de Endesa. «Ya conocemos la postura de Endesa y sabemos que no le importa nada nuestra seguridad», aseveró respecto a las explicaciones del presidente de la compañía eléctrica, Borja Prado. Por ello, indicó que «ahora la decisión» sobre la continuidad de la central burgalesa «la tendrá que tomar el Gobierno español». «Esperemos que desmantele de manera definitiva la central de Garoña», concluyó.

El alcalde de Vitoria se ha mostrado «indignado» por la postura del presidente de Endesa de esperar a que se pronuncie el Gobierno sobre la reapertura de la central burgalesa. Ha considerado que con este asunto ha habido un juego de pasarse «la patata caliente» del Consejo de Seguridad Nuclear a las empresas y ahora éstas al Gobierno, al que ha pedido que sea «valiente», no espere a agosto y anuncie el cierre definitivo de Garoña. Por ello insiste en reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que anuncie el desmantelamiento de la central nuclear.

Urtaran ha reconocido que el objetivo legítimo de cualquier empresa, como Endesa, es obtener el «mayor rendimiento» a su actividad, pero ha aclarado que esto no puede estar «por encima del interés general, de la seguridad de la ciudadanía y del respeto al medio ambiente». Por último, ha considerado que la postura de Endesa «desprecia» la opinión de la mayoría de los vascos, así como de otros ciudadanos, que han exigido en innumerables ocasiones el cierre de esta central nuclear.

La Diputación de Álava pide al Gobierno decidir ya sobre Garoña y el PP quiere que prevalezcan los informes técnicos

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Europa Press / EFE.- La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, es partidaria de «depositar y residenciar la base de las decisiones» en torno al futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos) «en aquellos informes que emitan los técnicos». Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha manifestado su «profunda decepción» tras la decisión de Endesa de rechazar la propuesta de Iberdrola de cerrar Garoña, e instó al Gobierno central a «resolver de una vez por todas esta cuestión».

Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta general en las que Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, según indicó la sociedad. Sin embargo, los consejeros de Endesa, socios de la eléctrica vasca en la central nuclear, rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Al respecto, González ha asegurado que mantenía la «esperanza» o el «deseo» de que, finalmente, Iberdrola y Endesa «se pusieran de acuerdo para no optar a la reapertura de la central nuclear». «Yo creo que era más deseo que otra cosa», ha dicho. El diputado general señaló que «lo que plantea» ahora Endesa es que «se debe esperar» a que, «finalmente», el Gobierno central «tome su decisión». Según explicó, él mismo defiende «desde hace tiempo» que es el Ejecutivo de España el que «tiene que resolver esta cuestión de una vez por todas«. «La verdad es que es una profunda decepción, tengo que reconocerlo», sentenció.

Tomar decisiones sobre informes técnicos

Amaya Fernández considera que los partidos no han de inmiscuirse en las decisiones empresariales, sobre las que deben ser «absolutamente respetuosos», en alusión a los propietarios de la central, Iberdrola y Endesa. La dirigente popular piensa que la decisión de la reapertura de la central corresponde a las empresas y ha abogado por que en asuntos de «indudable complejidad» como éste las decisiones se apoyen en informes técnicos. A su juicio, el Gobierno central «apoyará su decisión en lo que determinen» los técnicos que estén elaborando los correspondientes informes. «Supongo que adoptará una postura en función de los informes», indicó.

Diputación de Burgos descarta subvenciones

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, expresó sus dudas respecto a la posible concesión de ayudas a la propietaria de Garoña, Nuclenor, para mejorar las condiciones económicas de la planta nuclear. En este sentido, Rico recordó que hay limitaciones europeas para conceder este tipo de ayudas del Estado, tanto en forma de mejora del tratamiento fiscal como en subvenciones de otro tipo. No obstante, ha reconocido que vería bien alguna medida de este tipo, aunque la rentabilidad económica de las empresas debe basarse en el momento actual y no en subvenciones, que pueden abocar al fracaso tarde o temprano.

Para el presidente de la Diputación de Burgos, el futuro de Garoña «tiene la puerta medio abierta» tras la reunión de de Nuclenor en la que no se tomó una decisión definitiva respecto al futuro de la planta. En este sentido, recordó que el Gobierno ha evitado el «cierre político» de Garoña que había decidido el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha dejado la decisión en el plano empresarial. En todo caso, demandó que esa decisión se adopte «lo antes posible» para dar certidumbre a los trabajadores de la planta y marcar el escenario posterior.

Respecto a la necesidad de un plan de reindustrialización para el entorno de la planta nuclear, Rico considera que sería «bienvenido» para las comarcas afectadas (La Bureba, Merindades y Miranda de Ebro) aunque confía en que no sea un plan alternativo a Garoña sino complementario. Ha recordado que, aunque se decida el cierre de la instalación atómica, «no se trata de dar un clavijazo, sino que conllevará un periodo de actividad importante para el desmantelamiento».

La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

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EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

Galán pide reducir de 3 a 1 año el plazo de antelación requerido para solicitar la prórroga de las nucleares

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Servimedia / EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al Gobierno que reduzca de 3 a 1 año el plazo de antelación con que se debe pedir la ampliación de explotación de las centrales nucleares, ante la situación de incertidumbre que vive este energía en España. Sánchez Galán considera que antes de tomar este tipo de decisiones se necesita que el Ejecutivo defina claramente cuál será el papel que deben jugar las nucleares en el mix energético de los próximos años.

Esta demanda de Iberdrola no se relaciona con Garoña, ya que aboga por desistir de su solicitud de reapertura, y sí por las de Almaraz y Vandellós II, de las que debe solicitar su renovación este verano, tres años antes de 2020, cuando vencen los 40 años de concesión. En cuanto a las nucleares en su conjunto, Galán dijo que su filial en España sufre pérdidas desde hace varios años como consecuencia de los impuestos que gravan la energía nuclear y las obligaciones aplicadas a estas instalaciones. Ha indicado que «esto ha modificado el plan de negocio original», y considera que, al no saber cuándo desaparecerán las pérdidas, es complicado pedir permisos que se dan para plazos largos de tiempo.

Disposición a ampliar sus renovables

Por ello, en referencia a Almaraz y Vandellós II, Galán sostiene que es necesario que se defina la política energética para poder tomar una decisión que puede tener un impacto importante en la cuenta de resultados. «Hay que saber cómo se va a pagar para ver si se pueden cubrir costes y obtener algunos beneficios», apuntó. Por otro lado, mostró la disposición de la compañía a participar en la próxima subasta de renovables en España si las condiciones «son interesantes», ya que tiene «más que suficientes» proyectos en el país.

Posible fusión de participadas brasileñas

Por otro lado, Sánchez Galán ha indicado que la fusión de las empresas brasileñas Elektro y Neoenergía, en las que participa, es solo una de las alternativas que está analizando Iberdrola dentro de su estrategia en Brasil, pero «solo es una posibilidad«. Sánchez Galán ha confirmado que hay conversaciones, como ha habido en el pasado, pero «no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha firmado ningún documento vinculante».

«Es una de las posibilidades que venimos debatiendo desde hace tiempo con nuestros compañeros en Brasil», ha añadido Sánchez Galán, quien ha afirmado que el interés de Iberdrola por ese país «sigue estando vivo» y ha recordado que la compañía ha resultado adjudicataria, a través de su filial Elektro, de proyectos por valor de alrededor de 250 millones de euros.

Iberdrola gana 827,6 millones de euros en el primer trimestre, un 4,7% menos, manteniendo su calificación crediticia con perspectiva estable

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Redacción / Agencias.- La agencia de medición de riesgos Standard&Poor’s (S&P) ha decidido mantener en BBB+, equivalente a un aprobado alto, la calificación crediticia de Iberdrola por su menor exposición a las actividades liberalizadas y el mayor peso de los negocios regulados en Estados Unidos y Reino Unido. La compañía registró un beneficio neto de 827,6 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al mismo periodo del 2016.

La compañía ha explicado que los resultados se han visto afectados por las condiciones meteorológicas, con una baja pluviosidad que ha supuesto una menor producción hidroeléctrica y con una menor producción eólica, así como por el cierre de la central térmica de Longannet en Reino Unido en marzo de 2016 que afecta a la comparativa del trimestre, y por la situación competitiva en el mercado de clientes en este país.

El beneficio neto del grupo en el periodo se vio así salvado por los resultados de activos no corrientes en el periodo, que se dispararon a 256,2 millones de euros, frente a los 29,1 millones de euros en el primer trimestre del año pasado, gracias a la operación de fusión de Gamesa con Siemens Wind, que ha aportado a la energética 255 millones de euros, tras la dilución de su participación del 20% al 8% en la compañía fusionada, incluidos los 198 millones de euros correspondientes al dividendo extraordinario cobrado el 11 de abril por el cierre de la fusión.

No obstante, Iberdrola prevé que las cifras se recuperen a lo largo del año y mantiene sus previsiones de crecimiento para el final del ejercicio. A este respecto, señaló que a lo largo del año varios de los efectos que lastraron los resultados del trimestre, como el cierre de Longannet o la comparativa con un primer trimestre eólico «excepcionalmente fuerte» en 2016, se irán laminando y, además, se producirán otros impactos, como la subida de tarifas en Reino Unido a partir de abril y la nueva capacidad que se pondrá en operación tanto en renovables (1.393 MW) como en generación regulada en México (129 MW).

La filial americana Avangrid, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y de la que Iberdrola controla el 81,5%, registró un beneficio neto de 239 millones de dólares (218,4 millones de euros), un 13% más. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.862 millones de euros, un 8,2% menos, impulsado por la contribución del negocio de redes, principalmente de Estados Unidos. Asimismo, las inversiones de Iberdrola en el primer trimestre totalizaron 1.016,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,4%, y se concentraron en los negocios de redes y renovables, que representan el 81,4% de la inversión total en el trimestre.

La deuda financiera neta del grupo a cierre del pasado marzo se situaba en 29.760 millones de euros, con un incremento de 346 millones de euros respecto a diciembre de 2016, como consecuencia del proceso inversor. La compañía cuenta con cerca de 6.500 megavatios (MW) en construcción en energías renovables y generación contratada, lo que permitirá poner en marcha más de 2.000 MW durante 2017. En España, el periodo se caracterizó para el grupo por la fuerte disminución de la producción hidroeléctrica (-44%) y por una menor producción del resto de tecnologías renovables (-12%) derivadas de las condiciones climatológicas. La producción de centrales de carbón y gas cubrió la caída de estas, con aumentos del 70% y del 27%, respectivamente.

La cifra de negocios del grupo creció un 1,3% con respecto al primer trimestre de 2016 y alcanzó los 8.289,5 millones de euros. Por áreas de actividad, redes obtuvo un ebitda de 1.020,9 millones, un 9,1% más, y las ventas se incrementaron un 5,2%, hasta los 2.522,4 millones de euros. En el negocio de generación y clientes, el ebitda cayó un 32%, hasta los 436,3 millones de euros, y las ventas un 0,4%, hasta los 5.329,1 millones, debido al débil comportamiento del negocio británico. El ebitda del área de renovables, que estuvo afectado por las condiciones climatológicas, también cayó un 5% y fue de 434 millones, mientras que las ventas se incrementaron un 0,8%, hasta los 719,5 millones de euros.

Por otro lado, el consejo de administración de Iberdrola ha aprobado la ejecución el próximo mes de julio de una nueva edición del programa Iberdrola Dividendo Flexible, con un precio de compra garantizado de, al menos, 0,145 euros brutos por acción, un 16,9% más que en julio de 2016, más 0,03 euros brutos en efectivo. Este importe, sumado a los 0,135 euros brutos por acción ya abonados el pasado enero, supone que la retribución anual alcance los 0,31 euros brutos por acción, casi un 11% más que el año anterior.

S&P mantiene nota a Iberdrola

S&P, que subió la nota a Iberdrola desde BBB a BBB+ en 2016, mantiene en estable su perspectiva sobre la eléctrica. Según la agencia de calificación, Iberdrola continúa mejorando su perfil de riesgo mediante la reducción de su exposición a las actividades liberalizadas y al mercado español. En contrapartida, la eléctrica aumenta la contribución de las actividades reguladas y a largo plazo en Reino Unido y Estados Unidos. A juicio de S&P, la perspectiva estable es reflejo de un negocio altamente diversificado, con un peso mayoritario de las actividades reguladas.