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Galán (Iberdrola) advierte a Nadal de que la ley deja claro que el Estado es responsable de los residuos nucleares

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EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha indicado que, salvo que se encontraran oportunidades como la de Avangrid, en Estados Unidos, o la fusión de Elektro y Neoenergia en Brasil, el grupo no tiene previstas grandes operaciones corporativas. Más contundente fue al apuntar que la ley en España «deja muy claro que los residuos nucleares son responsabilidad del Estado», en contra del anuncio del Gobierno de hacer recaer el coste del desmantelamiento de las centrales nucleares en las empresas propietarias.

Galán reivindicó que las compañías eléctricas han pagado en los últimos 30 años «muchísimo dinero» a una empresa nacional (Enresa), que se creó para llevar a cabo esa actividad. Añadió que ese traspaso de la responsabilidad del desmantelamiento de las centrales nucleares es como si alguien mañana tuviera la «gran idea» de que, para solucionar el déficit de las pensiones, hiciera recaer la responsabilidad en los ciudadanos después de recoger el dinero durante 40 años.

En enero, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció que plantearía en el Parlamento un cambio normativo para traspasar el desmantelamiento de las centrales que se cierren de Enresa a la compañías propietarias, ya que la rentabilidad del fondo de la empresa pública, que se nutre con las aportaciones de esas empresas, se había visto perjudicada por los bajos tipos de interés. De esa manera, el cierre de cualquier central nuclear, como ocurre ahora con la de Santa María de Garoña (Burgos), de la que son propietarios Iberdrola y Endesa, supondrá, según el ministro, una aportación adicional del sector público.

«La ley lo deja muy claro, y dice que tenemos que pagar y estamos pagando muchísimo dinero» en aportaciones al fondo de Enresa para desmantelar nucleares, ha reiterado Galán, que ha señalado que la situación es «como cuando se lleva el dinero al banco, si éste no lo gestiona bien, tendrá que responder ante el cliente«. Galán ha subrayado que España es una democracia y un país en el que se respeta la ley, y ha sentenciado que está seguro de que en este caso también se va a respetar.

En cuanto al futuro de las nucleares en España, ha indicado que, si se extrapolan las cifras que ya se manejaron para decidir sobre la continuidad de Garoña o su cierre al resto de la flota, la inversión para dar continuidad a la actividad y poder conseguir un nuevo permiso está entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Ha añadido que para poder afrontarlo el retorno debería estar de acuerdo con la inversión que tendríamos que hacer y, si no es así, no tiene sentido solicitar una licencia para «seguir perdiendo dinero», como ha asegurado que ocurre hoy en día.

Galán subrayó que el planteamiento de Iberdrola es «muy claro», si el sistema requiere de nucleares y así lo piensa la comisión de expertos que se ha creado para analizar las necesidades energéticas del país de cara al futuro, «lo que habría que hacer es analizar, en un diálogo continuo con el regulador, cómo se van a poder pagar» las plantas que sean necesarias y que los propietarios puedan conseguir el retorno de la inversión.

El presidente de Iberdrola ha apuntado que el mecanismo podría ser similar al que palia el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares: los 1.500 millones de euros que supone la diferencia entre el coste de la tecnología para suministrar electricidad en Canarias y Baleares, donde es más costoso, y los precios que el ciudadano de allí paga, en línea con los de la península. En opinión de Galán, si es necesaria que sigua funcionando la tecnología más económica, habría que ver de qué manera «se puede pagar para que la inversión sea atractiva» para las compañías.

Descarta grandes operaciones de expansión

Respecto a las perspectivas de Iberdrola para el período 2018-2022, Galán ha señalado que si se ve una oportunidad, la obligación será «echarle un vistazo». No obstante, ha indicado que es algo que Iberdrola «no contempla para nada de momento» y añadió que, «salvo que aparezca alguna oportunidad como sucedió hace dos años con Avangrid o hace un año con la fusión de Elektro y Neoenergia, que no incluya caja o capital social», no habrá grandes operaciones. En este sentido, aseguró que el plan que se ha presentado para 5 años no contempla la búsqueda de algo que «cambie drásticamente el tamaño de la empresa».

En cuanto a los activos que puedan salir en la rotación prevista, el presidente de Iberdrola ha indicado que «no hay ninguna preferencia» y que los 3.000 millones de euros previstos se sacarán de dónde se piense que es más conveniente para conseguir mejoras. Ha precisado que la rotación es una rotación de todos los activos, de todas las actividades que existen y las potenciales, y respecto a la continuidad en Siemens Gamesa, en la que Iberdrola tiene un 8% y sobre cuya evolución en Bolsa mostró su descontento hace unos meses, ha dicho que es algo por ver al igual que otros muchos activos.

País Vasco pide a Nadal «seriedad y seguridad» en el marco regulatorio, sin «sobresaltos» retributivos, y materializar ya el euskopeaje

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Europa Press.- La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno autonómico del País Vasco, Arantxa Tapia, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía para que haya «seguridad, seriedad y estabilidad» en el marco regulatorio porque, según ha indicado, «no podemos estar sobresalto sobre sobresalto». Asimismo, le instó a «trabajar conjuntamente» para que el acuerdo sobre peajes eléctricos «sea una realidad«.

La consejera vasca se ha pronunciado de este modo durante el acto de firma del protocolo de colaboración del proyecto de digitalización de la red eléctrica en Euskadi Bidelek 4.0, en el que participan el Gobierno del País Vasco, la Diputación de Vizcaya e Iberdrola, en la sede de la compañía eléctrica en Bilbao. Este proyecto supondrá una inversión conjunta de 30,5 millones en los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la red de distribución eléctrica de Euskadi.

Tapia ha destacado la necesidad de continuar «modernizando» la red eléctrica de Euskadi, que ha sido «un lujo» a lo largo de años, con «actuaciones tecnológicas e inversiones importantes». «Eso requiere un uso racional de las tecnologías que tenemos y un ámbito regulatorio que nos acompañe», ha reivindicado. En este sentido, ha advertido de la importancia de los «escenarios regulatorios» para que las nuevas inversiones en este campo «tengan una seguridad». Según ha indicado, «la regulación, la retribución de redes, tiene que ser un elemento que nos permita mejorar nuestro tejido productivo y hacer esas inversiones, esa clave de éxito de la transformación que tenemos que llevar a cabo, y debe ser estable en el tiempo y permitir tener seguridad».

Por tanto, ha pedido al Ministerio que se asuman «con seriedad y rigor todos los aspectos relacionados con la regulación». «No podemos estar sobresalto sobre sobresalto, y con sorpresas como la dada recientemente por el ministro, aunque definitivamente retiró las enmiendas», ha afirmado la consejera sobre la propuesta de posibles ajustes en la retribución de las redes. Según la consejera vasca, «tenemos que conseguir llegar a hacer una transición energética seria en un marco serio y bien trabajado. No podemos permitirnos trabajar de esta forma».

En este marco, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía a «trabajar conjuntamente» para que «sea una realidad esa seguridad, seriedad y estabilidad que requiere un marco regulatorio para llevar adelante muchísimos proyectos y en el que nos estamos jugando el futuro». Asimismo, ha defendido que es «momento» de que «sea una realidad» el euskopeaje, el acuerdo alcanzado en materia de peajes eléctricos para reducir el precio de la energía a la industria vasca.

Retribución “adecuada” a la inversión

También el director del Negocio de Redes de Iberdrola, Armando Martínez, ha incidido en que «la planificación, la regulación y la retribución de las redes eléctricas es clave» y ha subrayado que el modelo regulatorio debe ser «estable y predecible». «Tenemos un periodo regulatorio en la distribución de España, 2020-2025, donde esperamos que se haga una retribución adecuada al nivel de inversiones para afrontar los retos que tenemos«, ha añadido.

Martínez ha destacado la colaboración público-privada del proyecto Bidelek 4.0 en Euskadi, una «tierra donde todos vamos de la mano», que ha contrapuesto a «las noticias que llegan desde la administración central sobre nuevos recortes en la retribución de la distribución, una actividad eficiente, con enormes oportunidades de futuro«. Martínez ha confiado en que «juntos seamos capaces de reenfocar este debate» para garantizar las inversiones.

En la misma línea, el presidente de Velatia, Javier Ormazabal, ha señalado que contar con un marco estable es «muy importante» y no «gusta» esa «cierta incertidumbre, esa sensación de no entendimiento con el Gobierno en un sector tan importante como el de las utilities«. No obstante, explicó que «no notamos un frenazo» de inversiones aún, pero «preocupa encontrarnos ante un recorrido inseguro, después de los periodos que hemos pasado«.

Con este protocolo se pone en marcha la segunda fase del proyecto Bidelek, con el que se pretende «seguir innovando» en el desarrollo de tecnologías en redes de distribución eléctrica para poder tener «los productos más innovadores» e implantar «una red más vanguardista», ha explicado el responsable del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola. La inversión de 30,5 millones que requerirá este nuevo despliegue de redes inteligentes será ejecutada por una nueva sociedad conjunta entre Iberdrola y el EVE, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria local a través de la innovación y el diseño de equipos.

Las soluciones que se desarrollen en Bidelek 4.0 serán utilizadas por Iberdrola en su apuesta por «implantar más redes y más inteligentes» como camino para avanzar en la transición energética hacia una economía descarbonizada. Según Armando Martínez, la compañía ha invertido en España 1.400 millones en los últimos años en este ámbito. La consejera Tapia ha resaltado que, además de la oportunidad que supone para las empresas, «toda la ciudadanía va a ver mejorado el servicio y la forma en que se gestiona la energía».

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Vizcaya, Imanol Pradales, ha destacado la importancia del sector de la energía, «estratégico para Vizcaya por múltiples razones». Según ha recordado, supone el 7,5% del PIB, unos 12.000 millones de euros de facturación al año y 13.400 puestos de trabajo directos.  Todos los participantes resaltaron el «éxito» de la primera fase de Bidelek. Entre los resultados de las inversiones en redes inteligentes de los últimos años, Iberdrola destacó que se redujo a la mitad el tiempo necesario para recuperar el servicio ante incidencias y la mayor parte de las operaciones con clientes se realizan «de forma automática e inmediata».

El fondo BlackRock eleva al 5% su participación en Iberdrola y se convierte en el tercer máximo accionista

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Europa Press.– El gestor de fondos internacionales BlackRock se ha erigido en el tercer máximo accionista de Iberdrola tras elevar su participación en la petrolera hasta el 5%. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BlackRock se hizo con casi un 2% del capital de Iberdrola, para controlar el 5,006%, desde la participación del 3,023% que poseía.

En concreto, la mayor gestora de fondos del mundo posee 322,34 millones de títulos de la energética, con un valor de más de 1.960 millones de euros. De esta manera, BlackRock se convierte en el tercer principal accionista de Iberdrola, tan sólo por detrás de Qatar Investment, que posee un 8,5% del capital de la energética, y Capital Research, que cuenta con el 5,11%. El cuarto principal accionista de Iberdrola es Norges Bank, el fondo soberano noruego, que elevó su presencia en el capital de la compañía hasta el 3%.

BlackRock también apostó recientemente por otra de las compañías energéticas del Ibex 35, Repsol, en la que aumentó su participación hasta el 5%, erigiéndose en su tercer máximo accionista, tan solo por detrás de Caixabank, que cuenta con una participación del 9,6%, y de Sacyr (8%). La gestora de fondos estadounidense está también presente en el capital de otras empresas del Ibex, como Telefónica, donde posee una participación de más del 6%, Red Eléctrica (3,1%) o Enagás (3,2%), entre otras.

Moody’s advierte que los ajustes retributivos para el sector eléctrico y gasista afectarán negativamente a los ratings

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Europa Press.– Moody’s ha advertido que de convertirse en leyes las medidas anunciadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para ajustar la retribución de las redes tanto de electricidad como de gas, así como de incrementar los requisitos para el cierre de plantas de carbón y nucleares, «tendrán implicaciones crediticias negativas para el sector«.

En un informe sobre la calidad crediticia de las compañías financieras en España para 2018, la agencia de calificación subraya que estas decisiones impactarían «en especial» en REE (Baa1 estable), el operador de la red eléctrica, así como en los principales operadores de plantas nucleares, que son Endesa (Baa2 estable) e Iberdrola (Baa1 positiva). Para Moody’s, «las inquietudes del Gobierno en torno a la asequibilidad de la energía han propiciado una posible carga regulatoria adicional».

Para el sector de petróleo y gas, la agencia considera que la recuperación de los precios del petróleo y los ahorros en los costes mejorarán las condiciones crediticias. Así, destaca que Repsol (Baa2 estable) se beneficiará del crecimiento de sus operaciones de exploración y producción (upstream) y de las operaciones de refinería y comercialización (downstream) «históricamente sólidas«. Asimismo, Moody’s pronostica un crecimiento real del PIB del 2,3% en España, lo que «respaldará la calidad crediticia de las empresas este año».

«Una mayor recuperación económica generalizada en sus principales mercados finales, Europa y América Latina, también beneficiará a las empresas españolas con presencia internacional», destaca la vicepresidente-senior analista de la agencia, Laura Pérez. No obstante, considera que las tensiones políticas y la normalización de la política monetaria seguirán siendo «factores relevantes» desde el punto de vista del crédito que afectarán a la mayoría de sectores corporativos.

A este respecto, el escenario central de Moody’s es que Cataluña seguirá formando parte de España. No obstante, las tensiones políticas y la incertidumbre «probablemente pesarán en el sentimiento económico y el gasto del consumidor y, por tanto, limitarán la demanda, lo cual conlleva implicaciones crediticias negativas para las empresas españolas», añade la agencia. Por otra parte, señala que la política monetaria seguirá siendo favorable y los bajos spreads de crédito respaldarán el coste de financiación y refinanciación de las empresas en 2018. Por ello, cree que la subida de los tipos de interés producirá un aumento inmediato del coste marginal de la deuda en el momento de la emisión.

Nadal asegura que los nuevos ajustes en el sistema eléctrico compensarán lo ganado por las empresas en las sentencias judiciales

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EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los ajustes que el Gobierno plantea en la retribución de algunos activos energéticos permitirán compensar lo que han ganado las empresas dedicadas al transporte y la distribución por sentencias en los tribunales contra la reforma eléctrica.

Nadal ha recalcado que las empresas «no están perdiendo dinero» sino que lo están ganando «a base de pelear cada línea de la reforma eléctrica en los tribunales a costa de los contribuyentes y la industria«. El titular de Energía indicó que el coste total de esos ajustes para las empresas será de entre 150 y 200 millones de euros.

Nadal ha asegurado que las empresas dedicadas al transporte y la distribución están «bien retribuidas para el riesgo que asumen», con 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y que, por eso, prácticamente agotan sus cupos de inversión. Según el ministro, Iberdrola invierte el 93% de su cupo; Gas Natural Fenosa, el 100%; Viesgo y EDP, «por encima del 90%»; y sólo Endesa «no invierte los suficiente», el 59%, «por su política de dividendos«. Nadal subrayó que, cuando el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que hay «sobrerretribución», «hay que hacerle caso».

Asimismo, aplicar la rentabilidad razonable supondrá ahorrar al sistema 1.500 millones de euros a partir de 2020. Eso sí, respecto a esta revisión de la retribución, el ministro subrayó que «no se sabe lo que va a ocurrir» y que al igual que la prima de riesgo ha bajado y se han podido abaratar los costes financieros, en la actualidad Estados Unidos vive una «tormenta financiera» por la que están subiendo «mucho» los bonos del Tesoro. La clave, según Nadal, es que España tenga un buen sistema de financiación, porque «de la misma manera que bajan los tipos, pueden subir».

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión «negativa» de los planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y distribución eléctrica a partir de 2020, Nadal ha señalado que comparte la necesidad de que haya inversión y de que se den «los mejores precios posibles de la energía para los consumidores«. «Hemos pactado la necesidad de mejorar las tarifas industriales», le ha recordado Nadal al senador vasco José María Cazalis, que también ha asegurado que es «importante» que se lleguen a acuerdos.

Cazalis ha puesto en duda que reducir la retribución de la actividad de distribución permita atraer la inversión necesaria y que se traduzca en una rebaja de tarifas. En su opinión, la senda elegida por el Ejecutivo pone en riesgo a las empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento. Cazalis ha abogado por una «reforma completa» y ha pedido al Gobierno que huya «del parche y el cortoplacismo», que, bajo su punto de vista, es «lo que ha hecho que esté en este punto». En este sentido, señaló que lo que se puede ahorrar debería ser considerado «como un superávit del sistema y dedicarse a reducir la deuda» del mismo.

Previamente, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas, había pedido al Gobierno que no se produzca un recorte retributivo a los productores de energía solar fotovoltaica por el efecto negativo que tendría en los pequeños inversores. Según Yanguas, a la fotovoltaica se le ha cargado «el San Benito del déficit». «Están en el purgatorio y si hay un recorte más, quienes invirtieron en esta energía se van al infierno«, señaló.

El senador de UPN critica al Gobierno por cambiar las normas «a mitad del partido» y con efecto retroactivo. Por esto, el senador ha pedido que el Gobierno actúe antes de 2020, que escuche a las asociaciones y las familias. Además, desveló que cree que finalmente el Ejecutivo hará algo para reconocer el esfuerzo que han hecho «las familias fotovoltaicas».

Nadal ha reiterado que, sin la reforma energética, el recibo de la luz habría subido un 42%, un incremento que, a su juicio, «habría sacado del mercado» a las empresas. El ministro ha repetido que tanto las renovables como las actividades reguladas del sector han mantenido aún su retribución aunque los costes financieros han bajado. Finalmente, Nadal apuntó que «le preocupan» las familias que invirtieron «en un sector tan complicado» como el de la energía solar fotovoltaica, ya que, según cree, «este no es un producto para inversores pequeños, sino para gente conocedora del sistema».

Las nuevas comercializadoras eléctricas elevaron al 6,7% su cuota de mercado en 2017, según Fintonic, frente al 4,8% de 2016

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Europa Press.- Las nuevas compañías comercializadoras cerraron 2017 con una cuota del 6,7% del mercado eléctrico, lo que supone un incremento de 1,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior, según concluye un estudio de Fintonic sobre el consumo de energía en España durante el último año. El informe, elaborado a partir de datos anónimos de 40.000 usuarios de la aplicación, también recoge que estas comercializadoras facturaron un 5,2% del mercado eléctrico, frente al 3,9% del 2016.

Holaluz y Podo, con aumentos de 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, fueron las que más crecieron. Iberdrola, Endesa y Gas Natural se mantienen como líderes, con una cuota de mercado del 84,5%. No obstante, estas registraron un descenso respecto al año anterior de 2,3 puntos porcentuales. En el caso de las nuevas comercializadoras de energía, su presencia fue especialmente significativa en regiones como Navarra, donde alcanzaron una cuota de mercado de hasta el 10%. Cataluña y Galicia registraron una presencia con cuotas cercanas al 7%. Finalmente, según datos de los usuarios de Fintonic, el consumo de electricidad en 2017 supuso de media 1.262 euros.

Las energéticas se dejan 9.000 millones entre las últimas 7 sesiones bursátiles lastradas por el recorte que prepara el Gobierno

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Redacción / Europa Press.- Las empresas energéticas dedicadas al negocio eléctrico y gasista se han dejado aproximadamente 9.000 millones de euros en las últimas 7 sesiones de Bolsa, con lo que acumulan unas pérdidas en su capitalización próximas al 10% de media desde su cierre de la semana que culminó el viernes 26 de enero, lastradas por el ajuste en el que trabaja el Gobierno sobre los ingresos regulados del sistema eléctrico y gasista.

En concreto, Endesa está siendo el valor más castigado tras dejarse un 10,98%, para caer hasta los 16,69 euros. También sufrieron importantes descensos Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, que cayó un 10,04%, hasta los 20,78 euros; Iberdrola, que cayó un 9,45%, hasta los 6,058 euros; Gas Natural Fenosa, que perdió un 8,29%, hasta los 17,69 euros; y REE, que cedió un 7,32%, hasta los 16,325 euros. Enagás y Gas Natural Fenosa son las dos compañías que más afectadas se verían por la modificación en el marco retributivo de las actividades de transporte y distribución de gas natural en la que trabaja el Gobierno.

Así, Endesa se ha dejado más de 2.180 millones de euros en estas 7 sesiones, pasando a valer 17.675,87 millones de euros, frente a los 19.856,89 millones de euros que capitalizaba el viernes 26 de enero; mientras que Gas Natural Fenosa perdió más de 1.600 millones de euros, REE casi 700 millones de euros y Enagás unos 550 millones de euros. En el caso de Iberdrola, la compañía que más capitaliza en Bolsa del sector energético, las pérdidas le restaron casi 4.000 millones de euros a su capitalización, pasando a valer 38.271,51 millones de euros, frente a los 42.264,17 que capitalizaba el 26 de enero.

El Ministerio de Energía trabaja en un borrador que prevé introducir ajustes en los costes regulados del sistema energético, especialmente centrados en la retribución de la actividad de distribución y transporte. Concretamente, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal trabaja en este documento con los grupos políticos con el fin de que pueda ser incluido dentro del proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, que se está tramitando actualmente en el Senado. El cambio podría suponer adelantar a 2019 la opción de revisar la retribución.

El pasado mes de septiembre, un informe del banco estadounidense Goldman Sachs en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución y en la rentabilidad del sector eléctrico español para la próxima revisión para el periodo 2020-2025 ya provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

Esta modificación se enmarcaría dentro de los esfuerzos del Gobierno por reducir los costes regulados de electricidad y gas «en la medida que sea posible y ajustarlos en cuanto sea posible», según fuentes parlamentarias. El Gobierno ya mantuvo congelados los peajes de electricidad y gas para el 2018. En los últimos cinco años, la parte regulada de la factura (peajes), la única que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad, mientras que en el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.

Iberdrola refinancia 5.300 millones de euros en la mayor operación del mundo supeditada a criterios de sostenibilidad y descarbonización

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Europa Press.- Iberdrola cerró con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad, según indicó la compañía. En concreto, el acuerdo mejora las condiciones previas, de forma que se recuperan niveles anteriores al comienzo de la crisis, en 2007.

El diferencial obtenido puede ser de hasta 27,5 puntos básicos sobre Ibor, frente a los 30 puntos básicos de la última línea de crédito, firmada en junio de 2016. El vencimiento es a 5 años, con la posibilidad de ampliarlo en 2 años, hasta febrero de 2025. Las buenas condiciones del crédito están ligadas al cumplimiento de un indicador sostenible validado por la agencia Vigeo Eiris y relacionado con la reducción de la intensidad de emisiones por parte de Iberdrola.

Tiene 9.000 millones de liquidez

La operación supone la extensión de las dos líneas por importe de 4.400 millones de euros y su ampliación en 900 millones de euros adicionales. Así, la empresa señaló que continúa adecuando su liquidez a las inversiones de 25.000 millones de euros previstas para el periodo 2016-2020 y cumple su compromiso de mantener su liquidez por encima de los 9.000 millones de euros. La ampliación y extensión de los dos créditos ha contado con BBVA como banco agente y ha recibido el respaldo del 100% de las entidades financieras participantes.

Iberdrola continúa avanzando de este modo en su estrategia de financiación socialmente responsable. La compañía fue el mayor emisor de bonos verdes a nivel de empresa durante 2016 y realizó todas sus emisiones públicas en este formato a lo largo de 2017, entre las que destaca el bono verde híbrido cerrado el pasado noviembre, con el que la empresa inauguró este mercado en España. Durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

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Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

La CNMC se opone al decreto que dificulta el cierre de centrales eléctricas porque introduce excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de decreto del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica al considerar que introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios adicionales al de seguridad de suministro para denegar el cierre de las centrales como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

Propone ayudas de Estado ilegales

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio, la CNMC cree que es «muy complejo» y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, «lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea«.

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario. Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente. Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (el 50% del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar 3.000 MW de potencia interrumpible. En el caso de las dos centrales térmicas para las que Iberdrola ha solicitado su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo, en el horizonte 2020-2030, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual. Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales, en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón, y el crecimiento de la demanda. Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual, excepto la mitad de las centrales de carbón, se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.