EFE / Europa Press.- El representante de Iberdrola Generación España negó ante la Audiencia Nacional que la compañía alterara intencionadamente el coste del precio de la luz en el mercado eléctrico en el invierno de 2013, y argumentó que la energética no sólo no se lucró sino que esta situación le provocó pérdidas económicas. Hay que recordar que el Gobierno suspendió el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y creó el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

Según indicaron fuentes jurídicas, la compañía, por medio del directivo del área jurídica Francisco de Borja García, ha asegurado que la sanción de 25 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por dicha variación de los precios se basó en cálculos incorrectos y en un peritaje simplista que obvió diversos factores de un sector complejo. García, secretario del Consejo de Administración de Iberdrola Ingeniería, respondió a las preguntas del Ministerio Público y de la defensa. Ha explicado que la filial nunca obtuvo el supuesto «lucro ilícito» de 20 millones de euros por el que está siendo investigada y ha destacado que los problemas en sus centrales hidráulicas llegaron a acarrearles pérdidas económicas.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno declaró a principios de octubre compleja la causa y, por tanto, la prórroga de la instrucción durante 18 meses más, hasta octubre de 2018, atendiendo la petición de la Fiscalía. El juez admitió a trámite en mayo la denuncia interpuesta por Anticorrupción, que acusa a la compañía eléctrica de cometer presuntamente un delito contra el mercado y los consumidores, cometido en diciembre de 2013. A tenor del documento, Iberdrola Generación habría ideado un sistema para incrementar el precio de la energía «más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda«, por encima del mercado diario y en busca de un «lucro» millonario para la compañía.

Para la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, Iberdrola incurrió en una práctica delictiva al paralizar sus centrales hidráulicas para elevar el coste de la energía comercializada en el pool y, con ello, las tarifas para el usuario final. Unos argumentos que parten del análisis realizado por la CNMC, que en noviembre de 2015 impuso una sanción de 25 millones de euros, suspendida de forma cautelar hasta que se resuelva el recurso. Tras la declaración del directivo, la primera practicada en esta causa, el juez de la Audiencia Nacional queda a la espera de un informe del que podrían derivar nuevas citaciones a propuesta de las partes.