EFE.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó a los dueños del grupo Petromiralles, José María y Pedro Torrens, por el supuesto fraude del IVA en gasolineras de Cataluña, valorado en 147 millones de euros, entre 2011 y 2013.

En un auto, el magistrado pone fin a la instrucción, iniciada en 2013, y propone juzgar a otras 24 personas por varios delitos contra la Hacienda Pública y el mercado, así como por la presunta alteración del precio de los carburantes, una conducta que al parecer causó un perjuicio al resto de empresas del sector de los hidrocarburos. A todos ellos les imputa blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsificación de documentación mercantil.

El juez califica la mecánica del fraude supuestamente cometido de «carrusel», y señala que, debido al sistema utilizado, las empresas implicadas en la trama dejaron de soportar cualquier tipo de carga fiscal, lo que les hizo disponer de la mercancía a un precio «mucho menor» al normal del mercado. Según Velasco, esta circunstancia permitió a los procesados «comerciar con un amplio margen de beneficios», y con ello, «acaparar el mercado, llegando a corromper el mismo» con una competencia que obligó al resto de operadores a cerrar, disminuir su volumen de ventas o realizar fraudes similares.

Al frente de la trama, Velasco sitúa a los hermanos Torrens, ayudados por Antonio Rodríguez Estepa y Eloy Vila Moroso, quien gestionaba las sociedades y mantenía relaciones con las empresas y personas implicadas. En el caso de José María y Pedro Torrens, el auto considera que se sirvieron de Petromiralles, Petromiralles 3 y la sociedad suiza Willoil, principales beneficiarias de un entramado empresarial con el que lograron la obtención de productos petroleros a un precio sensiblemente inferior al del mercado.

La actividad, explica Velasco, responde a una estrategia comercial «plenamente consciente, diseñada y llevada a cabo por los responsables de Petromiralles». De tal modo, concluye que la organización se valía para hacerse con las «ilícitas ganancias» mediante retiradas de dinero en efectivo realizadas por los testaferros con una periodicidad de «2 ó 3 veces por semana», y desviando estos fondos a cuentas en Hong Kong y Andorra. Velasco requirió a las autoridades chinas la repatriación de los 15 millones de euros embargados judicialmente por las supuestas irregularidades cometidas por Petromiralles.