Europa Press.- Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables a 7 de los 8 acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena. Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los 7 condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. 4 podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión. Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.

El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019. La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona. Entre los condenados por el crimen se encuentra un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, empleado de la compañía. Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno de Juan Orlando Hernández alienta la inversión.

«La justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes», ha señalado Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres. La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado. Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.