Europa Press.- El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha anunciado este martes que la Generalitat impulsará un expediente sancionador contra Gas Natural si se demuestra que no aplicó correctamente «los protocolos» cuando cortó la luz a la anciana muerta el lunes en un incendio en Reus (Tarragona).

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, ha explicado que por el momento la Generalitat ha presentado un requerimiento a la empresa para que aporte «información» en un máximo de cinco días sobre los procedimientos que siguió antes de cortar la luz.

Baiget ha recordado que la Ley 24/2015 obliga a las empresas a que, antes de cortar un suministro a un cliente, informen a los servicios sociales para saber si el afectado está en riesgo de exclusión, y la Generalitat cree que la compañía «presuntamente» no lo hizo.

Gas Natural ha emitido un comunicado en el que afirma que el Ayuntamiento no le informó de que la fallecida era vulnerable, y Baiget ha lamentado que «no se han leído la ley», que obliga a proceder al revés: no debe ser el consistorio quien informe, sino la empresa quien se interese por la situación del cliente.

Sanciones

El consejero ha citado y leído el artículo 6 de la ley, donde se recoge la forma de proceder, y ha recordado que la ley prevé sanciones por incumplirla: en caso de ser graves, van de los 10.000 a los 100.000 euros de multa para la empresa.

Baiget ha aportado datos sobre las denuncias que se han hecho contra las suministradoras por incumplimiento de esta ley hasta la fecha: 195 denuncias formuladas, de las que 115 se ha abierto expediente sancionador; 74 se ha hecho propuesta de sanción y ya han sido notificadas 18 sanciones.

Las 18 sanciones han sido por valor de 10.000 cada una, ya que, al ser una ley relativamente nueva, las empresas sancionadas no han reincidido en mala praxis, por lo que la suma de la sanción no ha sido más elevada, ha argumentado.

Reproches a empresas

Por un lado, Baiget ha elogiado a las empresas de agua por haber firmado ya 20 convenios con la Generalitat para evitar los cortes de suministros; por el otro, ha criticado que ha sido imposible hasta la fecha firmarlos con las empresas de gas y agua.

Baiget ha explicado que gran parte de este problema se solucionaría si el Gobierno central impulsara un «bono social» en las facturas de las suministradoras, y ha lamentado que la Generalitat no puede hacerlo por carecer de competencias.