Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital relanzará el proyecto de interconexión gasista con Francia a través de Cataluña, conocido como programa Midcat, que se encontraba paralizado desde 5 años. En 2012, el Gobierno aprobó un real decreto ley de medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista que suponía la paralización preventiva del proyecto.
El gabinete dirigido por Álvaro Nadal prepara un real decreto ley que recoge el procedimiento de restablecimiento de la tramitación del proyecto de las instalaciones vinculadas a la interconexión con Francia, así como de las plantas de regasificación en la Península que fueron hibernadas. Según consta en la memoria del proyecto, se procede al restablecimiento de la tramitación de las instalaciones de la interconexión para cumplir con los compromisos internacionales con el objeto de disponer de las instalaciones necesarias para garantizar el suministro, profundizar en el mercado interior de la energía y fomentar el aplanamiento de precios en el mercado mayorista con el resto de países de la Unión Europea.
El proyecto consiste, concretamente, en un gasoducto de 224 kilómetros, unos 120 kilómetros a cada lado de la frontera y una estación de compresión en el lado español. La inversión estimada del proyecto asciende a 472 millones de euros, de los cuales 152 millones de euros corresponde a inversiones del lado español y 320 millones de euros al lado francés. Incluye los gasoductos Martorell-Figueras, tramo norte (Hostalric-Figueras), Figueras-Frontera Francesa y de la estación de comprensión de Martorell, que se vieron paralizados por el real decreto ley 13/2012, de 30 marzo.
Asimismo, el real decreto incluye diversas modificaciones del decreto 1434/2002, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, relativas a la baja del sistema retributivo de instalaciones en extensión de vida útil, ya amortizadas, que no son necesarias para garantizar el suministro a medio y largo plazo. En este sentido, se reconoce que, cuando una instalación ha finalizado su vida útil regulatoria, pasa a cobrar un incentivo por extensión de vida útil, así como una retribución por costes de operación y mantenimiento, a pesar de que la demanda evidencie que ya no es necesaria para el sistema.
De hecho, Energía señala que la capacidad de vaporización disponible en plantas de gasificación, con plantas de GNL en la actualidad que son capaces de gasificar 1.830 gigavatios hora (GWh) diarios (sin contar la capacidad de El Musel), hace que haya 1.550 GWh/día en extensión de vida útil, cuando parte de esta capacidad no ha sido necesaria durante los últimos años ni parece que lo vaya a ser en el medio/largo plazo. Así, el Ministerio señala que algunos de estos vaporizadores están operativos desde 1982, por lo que considerando que tienen una vida útil regulatoria de 10 años, llevan más de 25 años de extensión de vida con un coste aproximado anual de 1,2 millones.
Por otra parte, el proyecto de real decreto, remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para informe y para que se realice trámite de audiencia a través del Consejo Consultivo de Hidrocarburo, desarrolla otros aspectos como el procedimiento de inhabilitación de las empresas comercializadoras y el traspaso de clientes a una empresa comercializadora de último recurso. Además, desarrolla también la estructura de algunos peajes de acceso de terceros a las instalaciones gasistas, para permitir la realización de ciertas operaciones e incrementar los ingresos del sistema.
