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Condenan a Gas Natural y a la aseguradora Mapfre a pagar 7 millones por la explosión de gas de Palencia

EFE.- El Juzgado de Instrucción Número 1 de Palencia ha condenado a la empresa Gas Natural Castilla y León y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de indemnizaciones que suman casi 7 millones de euros, en su conjunto, a los afectados por la explosión de gas ocurrida en Palencia el 1 de mayo de 2007.

La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, condena a las empresas demandadas a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los afectados por los daños causados por la explosión de gas en la que murieron 9 personas. Hubo más de una treintena de heridos, se derrumbaron 3 edificios y obligó a más de un centenar de vecinos a vivir fuera de sus casas durante la reconstrucción de las viviendas.

El fallo llega 8 años después del archivado de la causa penal, 11 tras la tragedia y 6 meses después de la celebración del juicio civil en el que se dirimieron las demandas presentadas contra la empresa, 58 individuales, en las que se reclamaban indemnizaciones por 7 millones de euros. La jueza estima en la sentencia que no existen pruebas de que el motivo de la explosión se debiera a una bombona de butano, como defendía Gas Natural, y entiende que la causa principal fue una fuga en la instalación y en concreto en la válvula de acometida al edificio número 4 de Gaspar Arroyo.

De esta forma, la jueza confiere credibilidad a los informes de los peritos de la Policía, del CSIC, del INTA y de la Junta de Castilla y León, que concluyeron que la causa de la explosión estuvo en una fuga de gas natural que formó una bolsa en el interior del edificio número 4 y que la fuga estuvo en la válvula de acometida del edificio. Estos informes señalaban que la válvula no se dañó durante su extracción para hacer las pruebas de estanqueidad que demostraron que no era estanca y fugaba, unas pruebas que, según la sentencia, «tuvieron el claro objetivo de exonerar a la empresa de toda responsabilidad».

«Concretando los hechos que debemos considerar como probados, aunque la válvula no fugara por el vástago y las pruebas del CSIC y el INTA no se tomaran en consideración, se debe tener en cuenta que el punto de fuga se situaba en la unión de la tubería de polietileno con la válvula», señala la sentencia. También tiene en cuenta la jueza los informes de los arquitectos para señalar que «una vez determinada la existencia de fuga en la válvula de acometida, en concreto en la unión con el tubo de polietileno», el gas encontró paso a través del subsuelo por la capacidad de infiltración del terreno arenoso y el hormigón.

El fallo acredita que, una vez en el interior, el gas accedió a la cámara lateral del portal y a través de los registros o de la arqueta general pasó a la caja de escaleras en la que se almacenó y accedió después al interior de las viviendas. Frente a esto, la jueza considera que Gas Natural no pudo demostrar su teoría de que la explosión fue causada por una bombona de butano, ni que tuvo lugar en la planta tercera o cuarta de la letra A del número 4 por el rastro en forma de uve que dejó la explosión en los edificios vecinos.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece indemnizaciones por daños y perjuicios que van desde los 2.000 euros hasta 2,2 millones, siendo las más cuantiosas las que corresponden a los fallecidos, que superan los 120.000 euros, o la del Ayuntamiento de Palencia por 539.239 euros. La indemnización más elevada son los 2,2 millones de euros con los que Gas Natural deberá compensar a la extinguida sociedad de la Junta de Castilla y León, Provilsa, que reclamaba 3,1 millones por la construcción de los 3 edificios derruidos, la reparación de los edificios colindantes y los gastos de realojo de los afectados durante el tiempo que duraron las obras.

Con esta sentencia, el juzgado da la razón en la vía civil a los demandantes, representados en su mayoría por la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, después de que el Juzgado de Instrucción y posteriormente la Audiencia Provincial archivaran la causa penal. Gas Natural ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Palencia.

Ven “ejemplar” la sentencia condenatoria

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa, considera «ejemplar» la sentencia y mostró su «satisfacción» porque les da «la razón porque concluye que la causa de la explosión estuvo en la válvula de acometida y no en una bombona de butano». Además, las indemnizaciones recogidas en el fallo judicial reconocen las cuantías que reclamaban los afectados, incluidos los daños morales de todos aquellos que tuvieron que vivir fuera de sus casas durante el tiempo en que se reconstruyeron o repararon sus viviendas, a razón de 1.000 euros por mes.

Con todo, Ainsua ha asegurado que la sentencia es «ejemplar» y que la asociación está «satisfecha» porque finalmente se ha hecho justicia y se «recompensan» 11 años de «mucho trabajo», aunque, como ha matizado después, «no hay dinero suficiente para pagar una vida humana». Además ha señalado que nunca se había conseguido en España una sentencia de estas características, y que sin duda, el fallo del Juzgado de Palencia sentará «un precedente muy importante» por lo que ha pedido a Gas Natural que asuma este fallo y «no siga haciendo el ridículo» recurriendo esta sentencia.

Gas Natural Fenosa invertirá 34 millones en una planta solar fotovoltaica de 49 MW en la provincia de Ciudad Real

EFE.- Los términos municipales de Almodóvar del Campo y Puertollano contarán con una planta fotovoltaica de 49 megavatios de Unión Fenosa Renovables (Gas Natural Fenosa), que supondrá una inversión de 34 millones de euros y producirá energía para abastecer el consumo eléctrico anual de 40.000 viviendas. Esta planta será la primera que Unión Fenosa Renovables construirá en la provincia de Ciudad Real y la segunda que tendrá en Castilla-La Mancha, según ha explicado el delegado regional de la empresa, David Muñoz.

La planta solar fotovoltaica empezará a construirse en las próximas semanas, contará con 155.520 módulos fotovoltaicos que producirán al año 100 gigavatios hora y contribuirá a reducir 89.495 toneladas de CO2 anualmente. Durante los 9 meses de obras trabajarán unas 90 personas y la planta dará empleo a 5 trabajadores. El alcalde de Almodóvar del Campo, José Lozano, destacó la importancia que tiene la puesta en marcha de esta planta y la apuesta por las energías renovables, en tanto la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández remarcó que las renovables forman parte del nuevo modelo energético por el que apuesta la ciudad industrial, un sector generador de empleo y donde tiene un papel protagonista la investigación.

Por su parte, el director general de Industria, Energía y Minas de Castilla-La Mancha, José Luis Cabezas, destacó que Castilla-La Mancha es la primera región del país en tecnología fotovoltaica instalada y ha precisado que el 73% de la potencia instalada en la región procede de fuentes renovables, mientras que a nivel nacional sólo supone un 51%. Así, ha subrayado que Castilla-La Mancha aspira a consolidar este liderazgo apoyando nuevos proyectos de este tipo que además de generar riqueza son compatibles con el medio natural.

Gas Natural Fenosa invierte 5,5 millones de euros para construir su primer parque eólico en Fuerteventura, de 4,7 MW

EFE.- Gas Natural Fenosa Renovables ha iniciado las obras de construcción del parque eólico Fuerteventura Renovables II, que estará situado en La Oliva y contará con una inversión de 5,5 millones de euros. Gas Fenosa ha indicado que su parque en el norte de Fuerteventura contará con 2 aerogeneradores y una potencia de 4,7 megavatios (MW), y producirá alrededor de 14 Gwh al año, equivalentes al consumo eléctrico anual de 4.000 viviendas.

El parque eólico contribuirá a reducir en 280.000 toneladas la emisión de gases contaminantes en Fuerteventura y supondrá la creación de unos 40 puestos de trabajo. Gas Natural Fenosa Renovables fue la empresa que mayor participación logró en el pasado cupo del Ministerio de Energía, con un total de 13 instalaciones en Gran Canaria y Fuerteventura que suman 65 MW. Adicionalmente, la compañía tiene una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos en tramitación en el archipiélago para presentarlos en los próximos concursos de eólica o fotovoltaica que el Ministerio ha anunciado para 2018 y 2019.

Gas Natural Fenosa Renovables cuenta actualmente en España con una potencia instalada en operación de 1.147 MW consolidables, de los que 979 MW corresponden a parques eólicos, 110 MW a centrales minihidráulicas y 58 MW a cogeneración y fotovoltaica. La compañía construirá en los próximos meses diversos proyectos renovables en distintas comunidades autónomas con los que espera duplicar su tamaño antes de final de 2019.

Iberdrola, Gas Natural, EDP, Enagás, Unesa y Sedigas se unen en una plataforma para mejorar la calidad del aire urbano

EFE.- Organizaciones públicas y empresas privadas han lanzado la Plataforma X Aire Limpio, que tratará de identificar, adaptar e impulsar las mejores prácticas y políticas para mejorar la calidad del aire de las ciudades, junto con las administraciones locales. Dentro del sector energético destaca la presencia en la plataforma de compañías como EDP España, Enagás, Gas Natural, Iberdrola, Sedigas y Unesa, que se unen para generar debate sobre la urgente necesidad de mejorar la calidad del aire de las ciudades españolas.

La Plataforma X el Aire Limpio tratará de implementar medidas eficientes junto a las administraciones locales que se adapten a las circunstancias concretas de cada ciudad. Para sus fines, la entidad ha formado un comité asesor liderado por el científico e investigador del CSIC, Xavier Querol, y que cuenta con la participación de la Fundación ECODES, el SEPAR y el CIEMAT. El presidente de la Plataforma X Aire Limpio, José María Arceluz, señaló que es «una responsabilidad compartida entre todas las partes» para dar respuesta a la demanda que la sociedad civil «exige cada vez con mayor fuerza e insistencia por un aire más limpio«.

Asimismo, Querol ha explicado los 5 pilares básicos y eficaces sobre los que actuar para la mejora de la calidad del aire: impulsar el transporte público, actuar sobre el tráfico, el establecimiento de zonas de bajas emisiones, abordar la distribución urbana de mercancías y dar lugar a un cambio urbanístico. El reto de la calidad del aire ya representa un eje propio dentro de las políticas de las grandes urbes europeas y lo está siendo de forma incipiente en España.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha destacado que es «fundamental la colaboración institucional entre todas las partes para afrontar el reto de manera efectiva». En este sentido, señala que la Unión Europea ya ha urgido España para que acometa las medidas necesarias para reducir los niveles de contaminación, con el condicionante de la imposición de multas si no se logra mejorar la calidad del aire. El reto pasa por encontrar las políticas más eficaces para que el consumo energético en los entornos urbanos sea eficiente, la movilidad transite hacia un escenario de bajas emisiones o se sensibilice sobre los usos y consumos con una perspectiva de sostenibilidad del entorno.

Los integrantes de la plataforma ven necesario un espacio de conversación que permita a todos los implicados encontrar palancas comunes de impulso con la clara orientación de servicio a las entidades locales españolas y como punto de encuentro para otras entidades sociales y científicas. La Plataforma x Aire Limpio tratará de identificar, divulgar e impulsar las políticas más eficientes y las mejores prácticas para la mejora de la calidad del aire, ya sean nacionales como también de otras ciudades del planeta a la vanguardia de la reducción de la contaminación.

El Comité Asesor desempeñará un rol clave a la hora de aportar criterios científicos que conduzcan a la adopción de aquellas medidas necesarias y adaptadas a cada municipio. El comité estará presidido por Querol y estará integrado por el catedrático y coordinador de programa de doctorado en Ingeniería Ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao-UPV/EHU, Lucio Alonso; el doctor en Ciencias Físicas y científico titular del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz Jiménez; la directora de conversaciones de la Fundación ECODES, Cristina Monge; la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

La OCU celebra que la CNMC estudie obligar a las compañías eléctricas a usar marcas diferentes en sus actividades

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició un procedimiento jurídicamente vinculante que, si se resuelve de forma favorable, supondrá que las compañías energéticas verticalmente integradas tendrán que diferenciar las marcas comerciales que cada grupo empresarial tiene en el sector, según la OCU.

Este procedimiento se inicia a raíz de la denuncia presentada por OCU ante la CNMC en 2016, acompañada de un informe que acreditaba que, en contra de la legislación vigente, las compañías energéticas de gas y electricidad estaban utilizando marcas, logos, web e incluso teléfonos de atención al cliente idénticos, independientemente de que se tratara de la distribuidora, de la comercializadora en el mercado regulado o de la comercializadora en el marcado libre. OCU recuerda que, en la actualidad, cada grupo empresarial (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo) tiene al menos 3 compañías que se relacionan con el consumidor y todas utilizan marcas, logos, prácticamente idénticos. Eso sí, la distribuidora gasista de Gas Natural ya pasó a llamarse Nedgia.

Confusión para el consumidor doméstico

A juicio de la OCU, esta «confusión interesada» provoca grandes problemas en el sector: por un lado, una barrera de entrada para nuevos comercializadores en el mercado libre que compiten contra marcas consolidadas y herederas de la actividad de la distribución; por otro lado, «más grave aún», la confusión de los usuarios que son expulsados del mercado regulado al mercado libre sin su conocimiento, ya que la filial en el mercado libre puede fácilmente atraer a los clientes del mercado regulado que no perciben el cambio de compañía ante la similitud de nombres y marcas.

OCU recuerda que la normativa del sector eléctrico califica como grave esta infracción y establece sanciones que van de 600.000 euros a 6 millones de euros, por lo que pide a la CNMC que, con este procedimiento, además de obligar a una clara separación de marcas y logos entre ellas, se estudie la aplicación de las sanciones que desincentiven nuevas prácticas perjudiciales para los consumidores.

CVC gana tiempo para su desembarco en Gas Natural Fenosa al renunciar de momento al pacto con los principales accionistas

EFE.- CVC ha renunciado a la condición de tener que firmar un acuerdo con Criteria Caixa y GIP para cerrar la compra del 20,07% de Gas Natural Fenosa propiedad de Repsol y que, según el acuerdo de compraventa que alcanzó con la petrolera, debería haberse alcanzado antes del 22 de marzo. Según aseguraron fuentes cercanas a la operación, las negociaciones entre la gestora de fondos y los otros dos máximos accionistas de Gas Natural van bien.

Repsol alcanzó un acuerdo para vender a Rioja Bidco Shareholdings, sociedad controlada por fondos de CVC, el 20,07% de Gas Natural por 3.816,3 millones. El cierre de la venta quedó condicionado a que Rioja firmara un contrato con Criteria Caixa, dueña del 24,4% de Gas Natural, y GIP (20%) «no más tarde del 22 de marzo», condición a la que el fondo decidió renunciar, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se mantiene la condición de que se logren, en un plazo máximo de 6 meses desde la firma del contrato, los permisos preceptivos por parte de las autoridades competentes de México, Corea del Sur, Japón y Alemania. Además, la operación está sujeta a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services, también en el plazo máximo de 6 meses.

El Parlamento Europeo enviará una misión este año para investigar el proyecto gasista en Doñana pero no pedirá su paralización

EFE / Europa Press.- El Parlamento Europeo aceptó una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre del año para «examinar con sumo cuidado» todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán «muy de cerca» todas las medidas que se tomen al respecto. «Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea para que nos aclare mejor lo expuesto. También a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar preocupación sobre el deterioro de la zona en relación con los acuíferos, y al Ministerio de Medio Ambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto», agregó Wikstrom.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que no considera viable intervenir, habida cuenta de que el caso ya se encuentra sub iudice ya quela Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró «muy satisfecho» por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, «ver y reconocer» los peligros del proyecto. «Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan in situ los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo», afirmó. Por su parte, el representante de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, afirmó que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron «ninguna infracción de las normas europeas».

Gas Natural ejecuta desde 2016 el proyecto de Marismas Occidental en Almonte, una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y ecologistas. Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora. «El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas», advirtió Maíllo en este sentido.

Ecologistas lamentan la no paralización

Asimismo, los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción destacaron la visita al espacio natural de Doñana anunciada por el Parlamento Europeo a cuenta de la petición de Izquierda Unida para que se instara a la paralización del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de este enclave, reclamación que ha sido desestimada por la Eurocámara, algo que lamentaron estas asociaciones.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, considera «importante» que desde Europa haya interés en involucrarse en la situación de Doñana, en que se les explique el proyecto y se remitan cartas, «especialmente a la Junta, que entendemos volverá a reiterar su oposición y podrá explicar el por qué a la Comisión Europea«. «Es una de las opciones para que el proyecto de gas natural pueda enterrarse definitivamente. Se trata de una vulneración clara de la normativa europea y quien mejor puede comprobarlo e iniciar acciones contundentes para poner fin al proyecto», asevera Carmona.

Con todo, el portavoz de WWF apunta a que hubiera sido deseable que directamente se apostara por instar a la paralización, al menos hasta las comprobaciones pertinentes, si bien, «es un buen paso que desde Europa se preste atención a un proyecto que no tiene ningún sentido», apostando al respecto por energías renovables ante las consecuencias de los combustibles fósiles de cara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que el gasífero es un modelo energético que Europa «no ha desestimado», dadas las «presiones de determinados grupos o lobbys«, y pretenden «no entrar en contradicciones«. «Hubiese sido más acertado solicitar la paralización cautelar», apunta Romero, que ve que el Parlamento podía haber apelado a «argumentos legales» en el sentido de una legislación europea «contundente» relativa a las directivas hábitat o de aves, «al menos para analizar minuciosamente la documentación».

A juicio del portavoz de Ecologistas, «se les ve el plumero». Añade que «aún no se enteran de que el cambio climático es una realidad y que las renovables son el presente y el futuro del empleo y del planeta», para culminar haciendo hincapié en que el colectivo ha recurrido el asunto «con todas las esperanzas de que la legislación española tumbe un proyecto obsoleto, inútil y que pondría en solfa el futuro del parque».

Gas Natural vende el 20% de su red de distribución gasista en España e invierte en proyectos fotovoltaicos en Brasil

EFE.- Gas Natural invertirá, a través de su filial GPG (Global Power Generation), unos 95 millones de euros en 2 proyectos fotovoltaicos en Brasil que empezarán a funcionar en el último trimestre de 2018. Asimismo, Gas Natural Fenosa ha completado la venta del 20% de su red de distribución de gas en España a un consorcio de inversores en infraestructuras formado por Allianz Capital Partners y Canada Pension Plan Investment Board por un importe de 1.500 millones de euros en efectivo.

Según comunicó a la CNMV, el regulador bursátil, la multinacional energética ha precisado que la operación, anunciada en agosto, generará «reservas positivas en el patrimonio neto de Gas Natural por aproximadamente 1.000 millones de euros». Tras recibir la aprobación de las autoridades de la competencia, Gas Natural ha vendido una participación del 20% en la compañía Holding de Negocios de Gas (HNG), que posee sus activos de redes de gas en España. No obstante, Gas Natural ha aclarado que mantiene una participación del 80% en esa compañía y que la continuará consolidando por integración global.

El consejo de administración de HNG queda compuesto por 7 consejeros, 5 designados por Gas Natural Fenosa y los otros dos por este consorcio. El precio de venta implica valorar el 100% de esta filial de distribución en 13.935 millones de euros. Gas Natural Fenosa aseguró que utilizaría los recursos obtenidos para «respaldar futuras necesidades de inversión en proyectos existentes«, mientras cualquier excedente será destinado a futuras inversiones, optimización de la deuda o remuneración al accionista, según determine el consejo.

El nuevo presidente ejecutivo de Gas Natural Fenosa, Francisco Reynés, está inmerso en la elaboración del nuevo plan estratégico de Gas Natural, que marcará la hoja de ruta de Gas Natural para los próximos años. Gas Natural tiene la mayor red de distribución de gas de España, con una infraestructura de más de 53.000 kilómetros que da servicio a 5,3 millones de puntos de suministro en cerca de 1.100 municipios.

Gas Natural también ha anunciado que invertirá, a través de su filial GPG (Global Power Generation), unos 95 millones de euros en dos proyectos fotovoltaicos en Brasil que generarán cada año 165 GWh (gigavatios hora), una decisión que ya se ha tomado con Francisco Reynés al mando. Con este proyecto, la filial de la multinacional energética duplicará su generación de energía en el mercado brasileño tras su entrada en 2017.

La compañía detalla que se abrirán dos parques fotovoltaicos denominados Guimarania I y Guimarania II, de 83 MWp. Los parques proyectados llevan asociados un acuerdo con el sistema público de Brasil de venta de la energía generada durante 20 años, a un precio medio aproximado de 97,5 euros/MWh. GPG, con una plantilla de unos 800 profesionales, es la sociedad de Gas Natural dedicada a generación internacional, que cuenta con un 25% de participación de Kuwait Investment Authority (KIA), el fondo soberano más antiguo del mundo.

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la electricidad e insiste en cuestionar los proyectos gasistas en Doñana

EFE.- El Defensor del Pueblo considera que en España la electricidad está regulada más como un producto que como base «indispensable» de derechos fundamentales y ha recomendado que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen los alimentos básicos.

El Defensor del Pueblo recuerda que la energía eléctrica es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte en el incendio de su vivienda de una anciana en Reus (Tarragona) que se iluminaba con velas puso de manifiesto «las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y la necesidad de mejorarlo». A juicio del Defensor del Pueblo, «la electricidad en España aún dista de estar considerada como base material indispensable de los derechos fundamentales» y «su regulación se asemeja más a la de un producto o un servicio del que se pueda prescindir, o accesible únicamente a quien pueda pagarlo».

El Defensor del Pueblo considera que se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro eléctrico, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido «un diseño técnicamente defectuoso«, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema «a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan».

La institución señala también que ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro dentro de la Unión Europea para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura eléctrica se esté empleando «para distribuir el coste de decisiones regulatorias que no tienen relación con la lógica de mercado», por lo que demanda implantar criterios de equidad en la distribución de costes.

Recuerda, asimismo, que la electricidad está gravada con un IVA del 21% y con un impuesto especial, similar al que existe sobre productos como el alcohol o el tabaco, «a pesar de ser un bien esencial para la vida», y reclama que se aplique un tipo reducido de IVA a la electricidad. El Defensor señala que seguirá reclamando que se reduzca la parte fija de la factura eléctrica no sólo por su incidencia en el precio, sino porque también incide en el ahorro de energía, para lo que también pide a la Secretaría de Estado de Energía que transponga la directiva que obliga a instalar en las viviendas sistemas de contabilización individualizada del consumo energético.

También reclama a ese departamento que modifique la norma por la que un consumidor sólo puede modificar la potencia que tiene contratada una vez al año y que sólo se cobre el alquiler de los nuevos contadores eléctricos si verdaderamente están integrados en el sistema de telegestión. Además, insta a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y al Ministerio de Energía a dar solución a la desinformación que tienen la mayoría de los consumidores acerca de si están en el mercado libre o en el regulado.

Revisar impacto ambiental en Doñana

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha alertado de que un año más la actividad más contaminante reflejada en las más de 700 quejas relacionadas con el medio ambiente es promovida o amparada «en muchas ocasiones» por las administraciones públicas, aplicando la legislación ambiental de manera formal, limitándose a tramitar los procedimientos, pero sin hacer un verdadero análisis de las repercusiones reales de proyectos, cuya afección al medio ambiente «puede ser muy significativa«. Así consta en el Informe anual de la actividad de 2017 del Defensor del Pueblo que en términos generales constata también una mayor preocupación ciudadana por la protección y defensa del medio ambiente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

El Defensor destaca como «caso paradigmático» el de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana, un caso en el que se considera que la evaluación efectuada «no es concluyente» por lo que ha sugerido al Ministerio de Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero. Además, solicita al Ministerio de Energía que suspenda los trabajos de Marismas Occidental, en tanto se realiza la evaluación.

El número de comercializadoras de gas natural en España alcanza las 171 empresas frente a las 40 del año 2009

Europa Press.- El número de empresas comercializadoras de gas natural en España alcanzó las 171 en 2017, tras registrar un incremento neto de 21 a lo largo del ejercicio, con lo que se ha cuatriplicado su número desde 2009, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El número de comercializadoras de gas inscritas ha aumentado desde 2009, ejercicio en el que había 40 empresas. Así durante el año 2010 se incorporaron 9 nuevas empresas, en 2011 un total de 12, otras 15 nuevas incorporaciones netas en 2012 y 12 en 2013. No obstante, los crecimientos se aceleraron a partir del año 2014, cuando se registraron 32 nuevas incorporaciones netas, mientras que en 2015 y 2016 ascendieron a 15 en cada año.

En 2017, se registró un crecimiento del 14% con respecto a las 150 compañías comercializadoras de gas natural que existía en 2016. En concreto, en 2017 se han inscrito en el listado 30 nuevas empresas comercializadoras de gas natural, pero se han dado de baja un total de 8 y se inhabilitó a una. Entre las comercializadoras incorporadas durante 2017 figuran Gas Natural Europe, filial de Gas Natural Fenosa, las suizas Rock Trading World y Trafigura Trading Europe y la británica Glencore Energy UK. Además, también se han dado de alta otras comercializadoras como Cox Energía Comercializadora, Unieléctrica Energía, Antea Energía Comercializadora o A-Dos Energía.