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Gas Natural Fenosa negocia la venta del 20% de su sociedad de distribución en España

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Servimedia.- Gas Natural Fenosa reveló este martes que está en fase de negociación de una operación consistente en la venta de una participación del 20% en la sociedad titular de los activos de distribución de gas natural en España.

Así lo ha comunicado la gasista a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la publicación, por parte de Bloomberg, de que estaría negociando esta operación con la alemana Allianz.

A este respecto, Gas Natural asegura que su Consejo de Administración no ha tomado hasta la fecha una decisión de venta.

Gas Natural Fenosa gana 550 millones en el primer semestre, un 14,7% menos que en 2016 por su negocio eléctrico

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Redacción / Agencias.- La multinacional energética Gas Natural Fenosa ganó 550 millones de euros en el primer semestre del año, un 14,7% menos que en el mismo período de 2016, debido en parte a la evolución negativa del negocio de electricidad en España.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) de la multinacional alcanzó hasta junio un total de 2.176 millones, un 11,4% menos que hace un año por el mencionado descenso del negocio de electricidad en España, aunque sin considerar la filial colombiana Electricaribe, el descenso habría sido menor, del 6,6%, aclara la compañía. El negocio de electricidad en España se vio condicionado por la climatología, que hizo que la producción hidráulica cayera un 77,3% en comparación con el primer semestre de 2016.

No obstante, la multinacional mantiene su objetivo de ganar este año entre 1.300 y 1.400 millones de euros, como en 2016, y para alcanzarlo ha lanzado un nuevo plan de eficiencias para el período 2018-2020, el cuarto desde 2009, que contempla un ahorro adicional de 275 millones. En este sentido, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha admitido que lograr el objetivo de ganancias para 2017 es un reto «complicado», pero se puede conseguir. Para ello se ha aferrado al «buen comportamiento de las inversiones en redes», la subida de tarifas de distribución en algunos países o bien la mejora del negocio de electricidad en España en la segunda mitad del año.

Villaseca reconoció que la compañía prevé tomar «en breve» una decisión sobre sus redes de distribución de gas, en alusión a la hipótesis de segregación de su red en una nueva sociedad para dar entrada a un socio, y negó que esté «negociando con EDP ninguna operación«. Por negocios, la distribución de gas aportó el 40,5% del beneficio bruto de explotación; la distribución de electricidad, un 25,1%; la actividad de electricidad, un 19,5% y la actividad de gas, un 15,5%.

El Ebitda de las actividades internacionales de la compañía alcanzó los 1.119 millones de euros y representó un 51,4% del total consolidado, y las inversiones fuera de España aumentaron un 41,7% y representaron un 60,4% del total. En total, la compañía realizó inversiones de 737 millones de euros, lo que implica un incremento del 17,2% respecto al mismo periodo de 2016, fundamentalmente por el aumento de las inversiones tanto en distribución de gas como de electricidad en Latinoamérica, así como en el negocio de electricidad.

Dividendo: 0,33 euros en septiembre

Por otra parte, el consejo de administración de Gas Natural aprobó el dividendo a cuenta de 2017, que supondrá el pago en efectivo de 0,33 euros por acción el 27 de septiembre, lo que supondrá un desembolso de 330,2 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pese a la caída del beneficio bruto de explotación y del margen bruto, la multinacional facturó un 7,66% más que hace un año y sumó una cifra de negocio de 12.283 millones de euros hasta junio frente a los 11.409 de 2016.

Villaseca ha asegurado que las conversaciones con el Gobierno colombiano sobre su filial Electricaribe «no avanzan a la velocidad que gustaría» a la compañía, y ha reiterado su disposición al diálogo. A finales de marzo, Gas Natural decidió demandar a Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por el conflicto con Electricaribe. «No hemos podido avanzar lo que hubiéramos deseado en el capítulo negociador. La situación preelectoral que vive Colombia puede haber ralentizado esto, no lo sabemos, pero ciertamente esto no avanza a la velocidad que nos habría gustado», ha comentado.

Por actividades, la distribución de gas en España generó 439 millones hasta junio, un 3,5% más que en el mismo período de 2016, mientras que ese mismo negocio en Latinoamérica creció un 9,8%, hasta aportar 414 millones al beneficio bruto de explotación, favorecido por la mejoría de algunas monedas latinoamericanas. La distribución de electricidad en España reportó 302 millones de euros en el primer semestre del año a la multinacional, un 0,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que esa actividad, en Latinoamérica, que incluye Argentina, Chile, Panamá y la transmisión de electricidad en Chile, alcanzó los 228 millones de euros en el primer semestre de este año, un 32,9% menos.

En cuanto a la actividad de infraestructuras de gas, que incluye la operación del gasoducto Magreb-Europa y la exploración, producción, almacenamiento y regasificación de gas, aumentó un 4,8% hasta los 153 millones de euros, mientras que la actividad mundial de aprovisionamiento y comercialización de gas mayorista y minorista contribuyó con 272 millones de euros al Ebitda, igual que en 2016.

En cuanto al beneficio bruto de explotación generado por la actividad de electricidad en España, esto es, por la generación, comercialización y suministro a PVPC, la antigua tarifa TUR, aportó 190 millones, frente a los 376 millones generados en el primer semestre de 2016, un 49,46% menos. En cambio, ese mismo negocio en el extranjero alcanzó los 148 millones, un 19,4% más. A 30 de junio, la deuda financiera neta alcanzó los 15.818 millones de euros y situó el ratio de endeudamiento en el 46,4%. El 91,5% de la deuda neta tiene vencimiento a largo plazo y la vida media se sitúa en 5,6 años.

Cobra (ACS) se hace con 1.550 MW en la subasta mientras Endesa, Forestalia y Gas Natural se reparten 900 MW

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Redacción / Agencias.- Cobra, filial del grupo ACS, ha sido la gran vencedora de la nueva subasta de renovables lanzada por el Gobierno con la adjudicación de 1.550 megavatios (MW) fotovoltaicos de los más de 5.000 MW verdes que finalmente ha subastado el Ministerio de Energía; una puja en la que la solar fotovoltaica ha logrado resarcirse después de no haber podido concurrir a la celebrada en enero de 2016 y haber obtenido sólo un megavatio en la del pasado mes de mayo.

La subasta, que se convocaba por un cupo de 3.000 megavatios (MW) que podía ser ampliado si había ofertas con el mismo sobrecoste que la última adjudicada cuyo valor fuera nulo o inferior al fijado en una cláusula confidencial, ha asignado al final 5.037 MW (3.909 MW para instalaciones fotovoltaicas y 1.128 MW para eólicas), según indicó el Ministerio de Energía, que así aprovechó la puerta que había dejado abierta a ampliar la potencia subastada por encima de los MW previstos. Al igual que en las dos subastas anteriores, los descuentos ofertados por los adjudicatarios han sido máximos, con lo que no percibirán prima, tan sólo la retribución del mercado, lo que hará que no haya coste para el consumidor.

En la subasta, la tercera que se celebra después de la moratoria renovable de 2012 y la segunda en este año, los megavatios se han repartido entre 40 empresas y ACS, a través de su filial Cobra, ha sido a la que más potencia se le ha asignado, 1.550 MW. El grupo de energía fotovoltaica X-Elio, grupo resultante de la alianza entre Gestamp Solar y KKR, compañía que desarrolla, construye y opera plantas solares, y cuyo consejero delegado, Jorge Barredo, preside la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha entrado también con fuerza en la subasta y ha sido la segunda compañía que más megavatios fotovoltaicos se ha adjudicado, 455 MW, todo lo que había solicitado.

Entre las grandes compañías de energía, Endesa y Gas Natural Fenosa se han hecho con 339 MW y 250 MW fotovoltaicos, todos los solicitados. Gas Natural Fenosa, que en la anterior subasta se adjudicó 667 MW eólicos en los que invertirá 700 millones de euros, apuntó que invertirá hasta 165 millones en el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos. Endesa, que ya consiguió 540 MW eólicos en la anterior subasta, anunció que invertirá aproximadamente 270 millones de euros en construir la capacidad solar adjudicada en la subasta, proyectos que se desarrollarán en Murcia y Badajoz, generando 640 gigavatios por hora al año y evitando «la emisión de alrededor de 348.000 toneladas de CO2 a la atmósfera».

Con los 879 MW que se ha adjudicado en esta subasta y en la de mayo, Endesa aumentará un 52,4% su parque de renovables en España. José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha afirmado que Enel Green Power España se confirma así «como uno de los principales operadores en el ámbito de las energías renovables del mercado español». «Supone un paso muy relevante en el propósito de Endesa de ser un agente decisivo en el proceso de transición energética hacia un sistema plenamente descarbonizado en el año 2050», ha subrayado.

Los 270 millones en fotovoltaica vienen a sumarse a los 600 millones de euros ya anunciados como desembolso por la adjudicación de mayo pasado, «lo que supone superar incluso la inversión contemplada en el terreno de las renovables en el actual plan industrial de la compañía». Endesa prevé materializar esta nueva potencia desde 2019 con proyectos que comercializarán su energía en el mercado de España.

Otras grandes compañías, como Acciona, que no se presentó a la subasta de mayo, e Iberdrola, que sí lo hizo pero que no obtuvo ningún megavatio, no acudieron a la puja. Por su parte, Forestalia, la empresa aragonesa que fue la gran vencedora en las dos anteriores subastas, se ha adjudicado 316 MW, con los que irrumpe en el sector fotovoltaico y suma ya 1.924,5 MW de energías renovables con 1.500 MW eólicos y 108,5 MW de biomasa. También a Solaria se le han asignado 250 MW en esta subasta, en la que el grupo OPDE, que invierte en activos renovables y gestiona los de terceros, ha logrado 200 MW; Prodiel, 182 MW, Greenalia, 133 MW y Alter, 50 MW.

En lo que se refiere a la eólica, Capital Energy, grupo creado en 2002 y dedicado a la promoción, construcción, explotación y mantenimiento de instalaciones para la producción de energía renovable, ha salvado los muebles de esta tecnología en esta subasta con la adjudicación de más de 700 MW. Por su parte Iberdrola, que es la primera empresa por potencia eólica en España con más de 5.500 MW y que fue pionera en el desarrollo de esta tecnología en el país, apuesta actualmente como una de sus claves para el futuro por la energía eólica marina, donde está desarrollando el parque de Wikinger, en aguas alemanas del mar Báltico, así como en países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

El resultado de la primera subasta, en la que se registró una demanda de casi 10.000 MW, de los que casi 8.000 MW fueron al precio mínimo, hizo que el Ejecutivo se apresurara para lanzar una nueva convocatoria que permitiera dar cabida a ese hambre por proyectos que se quedaron fuera en mayo, gran parte de ellos fotovoltaicos, que ha sido en esta ocasión la tecnología vencedora. Al igual que la subasta de mayo, esta puja era tecnológicamente neutra y podían participar instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica en concurrencia competitiva, siendo adjudicatarias las que fueran más eficientes en costes.

Ahora la fotovoltaica ha conseguido resarcirse de la decepción que sufrió en la anterior subasta, cuando sólo obtuvo un megavatio frente a los 2.979 MW de los 3.000 que se adjudicó la eólica, después de no poder concurrir a la primera, en la que no se adjudicaban megavatios para esta tecnología. La puja se ha celebrado con los mismos criterios establecidos para la de mayo, que fueron recurridos por UNEF y por los que para deshacer los empates en los descuentos ofrecidos en primer lugar se tendría en cuenta el mayor número de horas de producción y, en segundo, el mayor tamaño de las instalaciones.

UNEF ha indicado que el resultado de la subasta supondrá una importante reactivación para el sector, con unas inversiones estimadas de 3.500 millones de euros y la creación de nuevos puestos de trabajo. Con la adjudicación de esta nueva subasta, el Gobierno prevé prácticamente alcanzar el objetivo del 20% en materia de renovables en el horizonte de 2020, que actualmente se sitúa en el 17,3%, y seguir avanzando en el camino de la transición energética.

Esta es la tercera subasta para asignar retribución a proyectos de nuestras instalaciones renovables desde la moratoria de 2012. En las subastas de 2017 se han adjudicado 8.037 megavatios de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 fotovoltaicos, 4.107 eólicos y 20 de otras tecnologías. Para asegurar la solvencia de las ofertas recibidas se ha fijado un sistema de garantías que se irán devolviendo a los promotores según cumplan hitos en la ejecución de los proyectos.

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

Facua denuncia a Gas Natural ante la CNMC por presuntas irregularidades en el uso de datos de usuarios

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Europa Press.- Facua denunció a Gas Natural Fenosa ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Catalana de Consumo por presuntas irregularidades en el uso de los datos de los usuarios de su comercializadora de tarifa regulada para el trasvase al mercado libre.

Facua señala que, a través de una carta, la energética comunica a sus clientes que les hará el cambio de tarifa, a otra que «en realidad es un 15% más cara», e indica que si no quieren este trasvase de tarifa al mercado libre deberán comunicárselo a la compañía. Así, Facua pide a la CNMC que abra expediente sancionador a Gas Natural Fenosa por haberse usado ilícitamente la base de datos de clientes con tarifa regulada para publicitar las tarifas de otra comercializadora del grupo.

La cara oculta de las subastas

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Se ha celebrado la tercera subasta de potencia renovable en un corto período de tiempo. Subastas que han introducido una cierta sensación de aceleración artificial en el sector renovable español, lo que podría llamar a equívoco a cualquier observador externo. El resultado, como se conoce, es una adjudicación de 3.909 MW de nueva potencia fotovoltaica y 1.128 MW eólicos. Hasta aquí, se cumplen las previsiones de esta nueva subasta de suelo móvil retributivo. Más allá de lo publicado, el envés de la trama, la cara oculta de estas subastas merece una atención más contextualizada.

Es de reconocer la utilidad de la combinación de subastas sucesivas para el propio tacticismo del Ministerio de Energía. En primer lugar, muestra de forma repentina una posición ferviente en pos de las energías renovables, urgidos como estamos a la vez por el cumplimiento de los objetivos españoles para 2020 tras el parón de la primera legislatura prolongada de Mariano Rajoy y de los efectos la reforma eléctrica. Eso, y la situación de los proyectos resultantes de la primera subasta, ha inducido a la técnica del más madera para que los proyectos, por acumulación, vayan entrando en funcionamiento. En todo caso, adjudicar nueva potencia renovable era ya algo obligado, con lo que el Ejecutivo ha hecho de la necesidad, virtud.

En segundo lugar, de forma no menos sibilina, el Ministerio busca un elemento justificativo para promover un recorte adicional de la rentabilidad razonable a partir de 2020, lo que ya se ha expresado como voluntad inquebrantable en círculos públicos y privados. Sería ejecutar otro tajo para volver a una nueva espiral de inseguridad jurídica, arbitrajes y conflictos jurisdiccionales. Esquemáticamente, esta construcción argumental se resume así: Si convocamos subastas y su resultado es que la retribución es a mercado puro y duro, sin incentivos: ¿Qué necesidad hay de retribuir la potencia instalada en el pasado, aunque ya hayamos realizado un recorte hasta el 7,39%? Por tanto, hasta el cero incentivos todavía es posible aplicar una segunda ronda de pasar el cepillo.

En tercer lugar, no menos importante, el Gobierno se aprovecha de la encarnizada lucha entre tecnologías por la nueva potencia. Así se contextualiza el hecho de cebar la bomba de la confrontación intertecnologías de forma que el resultado de las primeras subastas fue predominantemente eólica y esta última fotovoltaica, lo que permite presentarse al Ejecutivo de una forma salomónica y calculadamente equidistante, mientras la artillería retórica se entrecruza. Pero es más, en este contexto de sobrecapacidad, esta confrontación se extiende al resto de tecnologías, que el Ejecutivo quiere mantener pese a los propios titulares de las instalaciones, dado que todos tienen incentivos a que de una u otra forma se trate de retirar potencia, por motivos ideológicos, medioambientales o económicos.

Empresarialmente, su resultado ha supuesto la irrupción con fuerza en el sector renovable de Forestalia con la nueva potencia adjudicada enlas tres subastas y, por orden de magnitud,tanto de Enel Green Power (Endesa) y de Gas Natural Fenosa, reforzando su mix de generación renovable, así como en esta última subasta de los grupos ACS y el grupo X-Elio.

Finalmente, estas rondas de subastas no han quedado exentas de cuestionamientos y polémicas por varios motivos. La complejidad de las mismas, que requirió que el propio Ministro advirtiera a los posibles pequeños concurrentes, después del florecimiento de los operadores maverick, sobre el margen de riesgo regulatorio que el Gobierno se da a sí mismo, para que se hicieran a la idea de la discrecionalidad regulatoria a la que se pueden exponer. Para esa discrecionalidad el Gobierno prefiere un sector empresarializado en lugar de afrontar un escenario de agitación como la ocurrida en el pasado con los pequeños productores fotovoltaicos, además de evitarse los riesgos existentes de que los proyectos no llegasen a entrar en funcionamiento por falta de músculo financiero.

También abonó la polémica la estrambótica falta de neutralidad de cada subasta como evidencian los resultados extremos y maniqueos de cada una. Y, finalmente, la propia controversia que se ha transparentado allende nuestras fronteras en referencia a los “retrasos” y ausencias en la (in)comunicación y notificación de las subastas a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Atentos.

Izquierda Unida pide la comparecencia del presidente del CSIC para explicar los «riesgos» del proyecto de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras Podemos pide desde Andalucía la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y que el organismo aclare su postura «oficial» sobre el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana, la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente de la agencia estatal para que explique los posibles «riesgos», tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto.

García Sempere solicita que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso todos los datos de que disponga en relación a ese «proyecto de gaseoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial del proyecto y sobre el riesgo de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana«, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.

La parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, encuadrada en Unidos Podemos, considera «muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar en sede parlamentaria, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado al frente del organismo científico en relación a este delicado asunto«. Así, ha recordado que «ante las reiteradas exigencias de asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos como CCOO y formaciones políticas para que el CSIC tomara cartas en el asunto y se implicara en la protección de este patrimonio natural», la respuesta «ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento al trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica».

García Sempere hace referencia a un informe, sin autoría definida, emitido por investigadores del CSIC a petición del Defensor del Pueblo andaluz y que es «contundente», según la diputada de Izquierda Unida, en contra del proyecto de Gas Natural al señalar, entre otras cuestiones, que «debido a que los 4 proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, se considera que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar».

Para García Sempere, «quizás algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, implicada en multimillonarios y peligrosos proyectos; nosotras no lo hacemos«. Así, la diputada espera «oír las explicaciones que dé el presidente del CSIC para comprobar de primera mano si su labor está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos».

Podemos Andalucía pide su dimisión

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, a través de su diputada autonómica Mercedes Barranco, reclamó la «dimisión» de Emilio Lora-Tamayo por el «grave escándalo del que está siendo protagonista» en relación al polémico informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre el proyecto que promueve Gas Natural Fenosa en Doñana, al tiempo que ha solicitado al propio CSIC que aclare su posición «oficial» al respecto de dicho proyecto, que la formación morada rechaza. Así lo ha pedido la diputada Mercedes Barranco en el Parlamento andaluz, que ha criticado la actuación del presidente del CSIC respecto al referido informe que contiene unas «conclusiones contundentes sobre los grandes riesgos sísmicos» que acarrea el proyecto.

Barranco ha relatado que el referido informe está realizado «en base a otro informe que hizo el investigador Miguel de las Doblas», científico cuya relevancia ha destacado porque «fue el que alertó de los peligros de la plataforma Castor», proyecto que está siendo objeto de una investigación «por presunta prevaricación contra el medio ambiente«, de forma que tanto «el Estado como la empresa están siendo investigados y que nos está costando a todos los españoles 1.350 millones en concepto de indemnización por la paralización del proyecto». Además, también ha indicado que entre los investigados figuran miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), porque dicho proyecto contaba con un «informe favorable» de dicho organismo.

Barranco ha incidido en que el informe del CSIC en relación a Doñana «advierte de que, aunque el proyecto se haya troceado en 4 subproyectos, los cuatro afectan a un único acuífero, el acuífero Almonte-Marismas, y a una misma zona sísmica, placa o falla», de forma que «alerta de que si el proyecto se pone en marcha sería sumamente peligroso por los riesgos sísmicos» y «pide que se paralice el proyecto en virtud del principio de precaución que establece la Unión Europea, y que se haga una investigación por un equipo multidisciplinar e independiente de los riesgos sísmicos del proyecto«.

La diputada de Podemos ha criticado que «lo más inaudito» tras conocerse dicho informe son las «declaraciones inadmisibles» que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose «de lado de las grandes empresas del Íbex 35; en este caso de Gas Natural Fenosa«, además de que «deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de los científicos del CSIC». Tras insistir en que «es sumamente grave que el presidente del CSIC se dirija a Gas Natural para rendirle pleitesía», Mercedes Barranco ha reclamado «su dimisión» y ha recordado que el presidente del CSIC «es nombrado por el Consejo de Ministros».

Asimismo, ha anunciado que Podemos va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, «para que aclare esta situación y explique las medidas legales que la Junta va a llevar a cabo para paralizar el proyecto de gas». En ese sentido, Barranco está convencida de que «ya ha llegado el momento» de pasar a la acción para paralizar el citado proyecto de Gas Natural. Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha considerado también «fundamental» que el CSIC aclare la «propia posición oficial del organismo sobre Doñana».

Barranco ha criticado que «esta maraña pueda servir al final para lavar la cara del PSOE respecto al proyecto de almacenamiento y extracción de gas», cuando éste, según apostilló, «no sería posible sin la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que emitió el Gobierno andaluz aun sabiendo que incumplía directivas europeas, que había sido troceado y que no cumplía la legislación básica».

No obstante, la diputada de Podemos agradece la «rectificación» que, a su juicio, está protagonizando el PSOE «en los últimos tiempos», y le ha dado la «bienvenida a la defensa de Doñana», de la que Podemos Andalucía nunca se ha salido desde su llegada al Parlamento autonómico, según reivindicó Barranco. En esa línea, garantizó que Podemos mantendrá una actitud de «oposición leal» y «apoyará» al Gobierno de Susana Díaz «si está realmente interesado en paralizar el proyecto», para lo cual le ha exigido que «vaya de una vez a los tribunales, actúe de una vez por todas y se deje de la política de anuncios«.

El Defensor del Pueblo no ve «justificada» la «falta de actividad» de Medio Ambiente ante el almacén gasista en Doñana

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, asevera que «no parece que la falta de actividad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAPAMA) pueda verse justificada» tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el parque Natural de Doñana (Huelva), a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía.

Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpeace haya interpuesto una queja formal advirtiendo en este sentido y con el objetivo de «parar esta barbaridad», según ha calificado la ONG. Tras esta queja, Fernández inició una actuación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en relación con la «insuficiencia» de la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos que integran el gaseoducto en Doñana, y que se realizaron de manera independiente para cada uno ellos, y «no conjunta como exige la legislación», según apunta en el documento.

Así, el escrito señala que «no se puede fraccionar el objeto de un proyecto de manera que se altere el resultado de la evaluación». En este sentido, en su respuesta ante la petición del Defensor del Pueblo, la Administración señaló que los 4 proyectos «se diseñaron para ser independientes en su funcionamiento» y, por ello, las evaluaciones están por separado, según el escrito. Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Administración «no aclaró» qué se considera como «independientes en su funcionamiento» y «parece obvio que los proyectos forman parte de un proyecto global como es la infraestructura gasística».

Además, sobre la respuesta oficial, Fernández señala que la institución «esperaba» que la Secretaría de Estado hiciera una «valoración efectuada por los órganos competentes del departamento y no un resumen de los comentarios del promotor sobre la evaluación del riesgo sísmico». Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala en el documento la «incoherencia» que supone que, por un lado, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental elaborase una DIA «sin tener todos los datos necesarios» e «impusiera al promotor que realizase nuevos estudios», y que, sin embargo, después se otorgara autorización «sin un pronunciamiento previo» del órgano competente para «validar correctamente dichos estudios». «Todo parece indicar que la DIA fue incompleta«, señala Fernández.

Informe del CSIC y sismicidad

Por otra parte, el escrito explica que el Defensor del Pueblo andaluz, que también sigue actuaciones en relación con las potenciales afecciones en el espacio natural de Doñana en colaboración con su homólogo nacional, aporta un informe del delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y Extremadura que señala que «no se han evaluado en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero» y pide que se tenga en cuenta. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría alterar el resultado de la evaluación.

Por todo ello, Fernández ha pedido al IGME un informe concluyente sobre sus conclusiones alcanzadas en la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos en relación con el riesgo sísmico y, especialmente, en lo relativo al almacenamiento subterráneo de gas y su impacto sobre el acuífero. También ha solicitado al IGME una copia de los informes emitidos en el procedimiento de la DIA de los 4 proyectos de gas en Doñana; y una copia del informe emitido después de que se diera luz verde a uno de los cuatro proyectos, que es el único que, de momento, cuanta con autorización.

Andalucía exige paralizar los proyectos

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana, confirma que «hay que parar» estos proyectos. Fiscal ha asegurado que la petición del Defensor confirma a su vez que «hay que analizar los riesgos sísmicos» que, según el CSIC, «no están claros».

Por ello, Fiscal comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán porque «confirma», insistió, «lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece». Se trata de la primera acción que se conoce del Defensor del Pueblo después de haber asumido Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando Fiscal al respecto que «se estrena de la mejor manera con Andalucía».

El Gobierno confirma a los sindicatos mineros que aprobará un decreto para impedir el cierre de las térmicas consideradas “estratégicas”

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Europa Press.– El Gobierno aprobará próximamente un real decreto “para impedir el cierre de las centrales térmicas que considere estratégicas”, según aseguró el secretario de Minería de UGT FICA, Víctor Fernández tras reunirse para abordar el futuro del carbón con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que confirmó este extremo.

«Estamos en contra del cierre de las centrales térmicas porque son necesarias para el país», subrayó Fernández, quien aseguró que, de todas maneras, «el tema prioritario es que se compre carbón autóctono«, ya que apenas se han vendido 2,4 millones de toneladas carbón nacional frente a los 17 millones de toneladas de carbón de importación. «Es inadmisible, debe reequilibrarse», aseveró.

Enel, principal accionista de Endesa, confirmaba en mayo que, en base a la vigente normativa ambiental y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, cerraría sus centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) antes del 30 de junio de 2020. Asimismo, Gas Natural Fenosa también anunció que acometería un «cese paulatino» de la actividad de su central térmica de Anllares hasta 2019.

Por su parte, el secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Jesús Crespo, indicó que hay que «dejar al Ministerio que actúe, ya sea a través de un real decreto o de los mecanismos que tenga», para que las justificaciones para el cierre de las centrales «sean mayores de las que se están diciendo«. Asimismo, Energía y los sindicatos han acordado retomar las reuniones, «ya sea como Comisión de Seguimiento o como se quiera», a partir de septiembre, con el objetivo de trabajar por el futuro del sector, indicó Fernández, que mostró su deseo de que estas reuniones tengan carácter mensual.

A este respecto, los sindicatos piden abordar la situación del sector con Europa para que el carbón «siga teniendo futuro» y trabajar en un dictamen para dar a conocer el marco de actuación de la minería del carbón dentro de la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, han propuesto al Ministerio analizar la situación del sector para 2017-2018 y llevar a cabo a partir de 2019 un nuevo plan social. Mientras, Crespo, que valoró que el diálogo con el Ministerio de Energía «se mantenga abierto», insistió en la necesidad de que el carbón nacional siga «siendo parte del mix energético«.

El Defensor del Pueblo pide información sobre el posible riesgo sísmico del proyecto de almacén de gas natural en Doñana

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, exige información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana. Es la primera acción que se conoce después de asumir el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril.

Según indicó la institución, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta lo que, a juicio del Defensor, podría alterar el resultado de la evaluación.

Según los informes recibidos, las declaraciones de impacto ambiental no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero. Por ello, considera necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión. La Institución añade que mantiene una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el Espacio Natural de Doñana.