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Cañete recalca que los países son soberanos para alargar la vida de sus centrales nucleares aunque Bruselas supervisará las inversiones

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Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló que si hay un nuevo proyecto de inversiones para la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), deberá ser supervisado por Bruselas al tiempo que rechazó pronunciarse sobre si la planta debería reabrir o no ya que recalca quetodos los Estados comunitarios «son soberanos para elegir su mix energético» y alargar la vida útil de sus centrales nucleares «siempre que tengan condiciones de seguridad».

Así ha respondido el exministro sobre el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se muestra favorable a la reapertura de Garoña después de tres años de parón. A su llegada al Congreso de los Diputados, para dar cuentas del nuevo paquete de medidas energéticas proyectadas por la Comisión Juncker, Cañete ha señalado que Garoña es «como cualquier otra central» de las 129 que existen en toda Europa y ha explicado el caso de Bélgica, que paralizó la actividad de sus centrales nucleares y luego decidió volver a tenerlas operativas. «Se notificaron los proyectos a la Comisión Europea y las analizamos en los términos justos», ha señalado.

Y es que, según indicó Cañete, «si hay un proyecto de inversiones» tiene que ser notificado a la Comisión Europea» para comprobar que cumple los nuevos parámetros de seguridad que este organismo europeo endureció desde el accidente de la central japonesa de Fukushima. En este sentido, Cañete ha indicado que la normativa europea en materia de seguridad nuclear es «la más exigente del mundo». «Lo digo porque lo sé. En los intercambios con reguladores japoneses o americanos vemos estándares que ellos manejan y somos los más exigentes», explicó el exministro.

Aún así, Cañete ha recordado que deben ser los reguladores nacionales los que amparándose en estos estándares «analicen y obliguen» a realizar las inversiones a los operadores para «garantizar la seguridad». «Tienen que darse unos mínimos de seguridad y estoy seguro que el CSN lo ha hecho correctamente», ha apuntado el exministro, que reconoce que «es un debate que está habiendo en toda la Unión Europea» en la actualidad, pero insiste en que, cuando finaliza su vida útil prevista, son los países quienes pueden «elegir desmantelar las centrales nucleares, pararlas o alargar su funcionamiento, siempre en condiciones de máxima seguridad».

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Cantó, cuestionó a Cañete sobre la posible falta de independencia del CSN. El diputado se mostró preocupado por la composición del consejo y pidió que sus miembros sean «elegidos de otra forma». «Cuando entran los partidos políticos para favorecer la competencia, es el bolsillo de los españoles el que sufre», denunció. En este sentido, el exministro reconoció «problemas con varios países» porque sus Gobiernos quieren intervenir. A su juicio, la única forma de que esta situación sea igual para todos es que se «aplique la normativa europea» porque, ha recordado, «todos los proyectos tienen que informarse y ser analizados en la Comisión».

Precio elevado y 28 mercados

Precisamente Cañete achacó el elevado precio de la energía en los países europeos a la ausencia de un mercado integrado ya que cada país miembro cuenta con un mercado propio. «No tenemos un mercado integrado de 28 países. Somos 28 mercados no conectados», señaló Cañete, que recordó que el precio de la electricidad es 1,5 veces más cara que la de Estados Unidos y que en el caso del gas es aún más del doble, un 2,5 veces más cara.

«El problema de los precios tiene muchas causas. En primer lugar, una fortísima dependencia del gas», indicó Cañete, que justificó por esta razón el impulso al gas natural licuado por parte de Bruselas. «Cuando el 30% de tu importación depende de un solo proveedor, que puede ser Rusia, y cuando tienes dificultades de abastecimiento con la red europea, pues tienes muchos más problemas de gas», explicó, añadiendo que un competidor como Estados Unidos no tiene problemas para realizar prácticas de extracción como el fracking, más limitadas por la legislación europea.

Para Cañete, la situación «ideal» pasaría por tener «un mercado eléctrico y energético integrado, único, con precios competitivos» y a la vez evitando que se produzcan deslocalizaciones de empresas por costes excesivos frente a otros competidores. Así, Cañete ha reclamado que las empresas que lleven a cabo innovaciones tengan asignados «el número de derechos de emisión suficientes para no verse obligados a deslocalizar sus empresas«.

Arias Cañete ha tenido que encajar críticas y acusaciones de la oposición por haber actuado en favor del «oligopolio» energético, particularmente por parte de la diputada Rosa Martínez Rodríguez, de Unidos Podemos. «La Comisión es absolutamente independiente», ha replicado Cañete, que cree que la reestructuración del mercado energético que supondrán las nuevas medidas impulsadas es «la mejor propuesta para los consumidores europeos». «Queremos energía barata, segura y limpia», indicó el comisario, algo que, ha dicho convencido, «es conciliable«, tras haber aumentado en estos años el PIB de la Unión Europea, al tiempo que las emisiones más contaminantes se han reducido.

Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

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EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

El CSN impone a la central nuclear de Garoña 10 condiciones que deberá cumplir antes de cargar combustible

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear ha acordado por 4 votos a favor y 1 en contra establecer un conjunto de límites y condiciones de imprescindible implantación antes de que la central nuclear de Santa María de Garoña, si el Gobierno le concede una autorización, pueda cargar combustible y empezar a producir electricidad.

En una rueda de prensa inusual el pleno, con el presidente, Fernando Martí Scharfhausen, sus consejeros y el director de seguridad técnica y de protección radiológica, indicaron que el CSN evaluó la solicitud formulada por Nuclenor, el titular de Garoña, para establecer las condiciones para operar hasta 2031, cuando llegue a la edad de 60 años, aunque en el dictamen no se establece una fecha máxima, algo que alegan que corresponde, en su caso, al Gobierno. El informe del organismo regulador atómico era preceptivo y vinculante en caso de ser negativo, pero no vinculante en caso de ser favorable, por lo que la decisión corresponde ahora al Ministerio de Energía.

El director de Seguridad Nuclear, Antonio Munuera, ha explicado la propuesta, a la que se opone la consejera Cristina Narbona, y que incluye 8 condiciones relativas a las autorizaciones de explotación genéricas pero otras 2 más específicas como el aislamiento de la contención primaria o la protección de equipos frente a un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado, que están «prácticamente finalizadas», pero también «muchas otras» que, según una estimación inicial de Nuclenor, le podrían llevar «al menos 12 meses de trabajos».

En total, se trata de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificará el cumplimiento de todo ello. Munuera ha precisado además que para su toma de decisión el pleno ha analizado 167 informes, las respuestas de Nuclenor al cumplimiento de la Normativa de Aplicación Condicionada, el estado de cumplimiento de las condiciones sobre seguridad nuclear y protección radiológica de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y de las Instrucciones Técnicas aplicables. Así, los consejeros han evaluado que las propuestas «son aceptables» desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, pero consideran «necesario» que Nuclenor realice acciones adicionales antes de cargar combustible y operar a potencia.

Estas ITC, los 10 límites y condiciones y otras 15 instrucciones complementarias, incluyen, por ejemplo, un programa de organización y factores humanos, adaptar el sistema de protección frente a incendios, implantar las medidas post-Fukushima. Antes de que el reactor de la planta comience a funcionar se deberán inspeccionar las barras de control, verificar el cumplimiento del programa de actuaciones; revisar el plan de envejecimiento y acometer las pruebas de arranque.

Precisamente, Martí ha afirmado que al CSN le da igual si cuesta 100 que si cuesta 300. “No sabemos ni queremos saber lo que no tenemos que saber. Tenemos el derecho a no saber de eso. Somos responsables de seguridad nuclear y la protección radiológica“, aseveró enérgico. Tanto el presidente del CSN, Fernando Martí, como el resto de consejeros, Rosario Velasco (vicepresidenta), Fernando Castelló y Javier Dies, defendieron el rigor y la independencia del cuerpo técnico y han subrayado de que al regulador «únicamente» le corresponde poner las condiciones y «evaluar» pero que la decisión definitiva corresponde «únicamente» al Gobierno.

Revisión de seguridad en 2023

Del mismo modo, se han desvinculado sobre la «capacidad» de marcar la política energética nacional con una decisión que, por primera vez, pondrá a una central nuclear en la operación a largo plazo, los 60 años de edad, si el Gobierno así lo determina. En todo caso, el informe favorable no establece una fecha de autorización pero sí que las Revisiones Periódicas de Seguridad que deberá pasar Garoña serán como mucho cada 10 años «y la próxima le toca en 2023», según Velasco, que ante el Congreso reivindicó previamente que la misión del CSN en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final corresponde al Gobierno, por lo que insistió en que el CSN «no abre ni cierra centrales».

El presidente Martí Scharfhausen insistió en que el CSN «no autoriza ni desautoriza centrales, sino que marca las condiciones para que puedan volver a operar con seguridad» por lo que ha puesto la pelota del futuro de Garoña en el tejado del Ministerio y del Gobierno, que tendrán que marcar «el plazo» que «no es competencia» del regulador, que debe ser «fiel y escrupuloso» en el cumplimiento de la ley.

Asimismo, instó a «los medios de comunicación» a difundir el «prestigio internacional» de los técnicos del CSN a pesar del «pecado original de sus consejeros» para que su trabajo no se mezcle con «batallas ajenas» a su cometido. «El prestigio de los técnicos está basado en la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación técnica porque el CSN es esencial para los ciudadanos aunque se cierren todas las centrales nucleares», indicó.

Por su parte, Narbona explicó los motivos por los que emitió un voto particular. En su opinión, el regulador no debería ni siquiera tomar una decisión sobre la cuestión sin que la planta burgalesa hubiera terminado de implantar «todas las condiciones y modificaciones previas». La consejera basa la necesidad de votar en contra del dictamen no en la falta de criterio de los técnicos, sino en que esta es la «primera vez» desde 1999 que el regulador concede un informe favorable para la renovación de una central «sin establecer un límite temporal» a la misma y considera que esto «contradice» la guía de seguridad 1.10 que es la que está «en vigor en la actualidad», aunque se esté cambiando actualmente.

Al mismo tiempo, ha recordado una carta enviada en 2015 por Munuera a Nuclenor emplazando al titular a acelerar en las modificaciones que se le requerían como requisito previo para estudiar su solicitud de renovación. Por ello, la consejera no entiende que se haya votado un informe sin cumplir estas condiciones. Si bien, reconoce que había obligación del regulador a responder a la Administración, pero que la ley «no prejuzga la respuesta». «El pleno podía haber dicho no», ha advertido.

A continuación los consejeros han explicado los motivos por los que han votado a favor. Por ejemplo, para la vicepresidenta, Rosario Velasco, ha sido «imprescindible» que se incluyera la RPS cada diez años como plazo máximo. A su juicio, disociar la RPS de la autorización supondrá un «incremento importante» de proactividad de los operadores a la hora de garantizar la seguridad de las instalaciones.  Castelló, por su parte, ve también «muy bueno» separar ambas cuestiones y ha recordado también, respecto a la operación a largo plazo, que en el proceso de renovación de 2009 ya se realizó un análisis del envejecimiento hasta los 60 años de operación que se aprobó por unanimidad y que ahora se ha revisado y actualizado.

En la misma línea, Javier Dies apuntó que en la actualidad 117 centrales en todo el mundo tienen permiso para operar más allá de los 40 años de vida útil y ha garantizado que con las condiciones impuestas por el CSN, si el Gobierno decide autorizar la renovación de la planta, Garoña «estará en unos niveles muy competitivos de seguridad».

PSOE, Ciudadanos y PNV critican el aval a Garoña sin acometer las medidas exigidas y piden que no se reabra

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Redacción / Agencias.- El PSOE, Ciudadanos y el PNV critican que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avale la reapertura de Garoña sin que los titulares de esta instalación nuclear hayan acometido ninguna de las medidas que el propio organismo le impuso en 2015 como requisito previo para autorizar una prolongación de su vida útil. Sin embargo, los portavoces de estos partidos creen que el informe del CSN sólo busca sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.

La diputada socialista por Burgos, Esther Peña, definió como «una auténtica infamia» el informe del CSN y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará «jugando con fuego» por lo que pidió a Energía impedir la reapertura. Peña denuncia que «no tiene sentido» hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se acometieron las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto «nunca va a funcionar». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas», añadió Peña.

«No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar», señalo Peña, que acusó al PP de hacer «un traje a medida de las eléctricas» ya que, a su juicio, «Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales». Los socialistas sostienen que con esta decisión del CSN se sienta un precedente y servirá para que «el campo nuclear español aumente su vida útil». Por tanto, Peña ha reclamado el cierre definitivo de Garoña y un plan de reactivación económica para el norte de Burgos, y ha dejado claro que el Gobierno tendrá en frente al PSOE si la mantiene abierta.

Peña manifestó que no es comprensible que se establezca un «precedente» en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, «hasta ahora las licencias a las nucleares se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que actualmente en Garoña no se dan». En este sentido, defendió que el debate nuclear tiene que ser «amplio y público». Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si «van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos».

Ciudadanos pide no avalar reapertura

La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha coincidido en que el informe del CSN pretende sentar un precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares, al que llegarán en los próximos años, por lo que pidió al Gobierno que no avale la reapertura de Garoña ni dé un «visto bueno» a ese informe. Rodríguez insiste en que Garoña no influye «nada» en el suministro energético español ya que es una central “muy pequeña”. En este sentido, según añadió, el CSN comunicó en 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y el presidente del CSN reiteró en noviembre que el informe estaba “congelado” hasta cumplir esas inversiones.

Por tanto, aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Rodríguez pidió al Gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. Pero, además, subrayó que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino «que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales». «Le pedimos al Gobierno y a Nadal que no utilice al CSN para sentar precedente», concluyó Rodríguez, que reclama que el CSN sea un organismo realmente independiente del Gobierno que tome sus decisiones en función de criterios técnicos y no políticos.

País Vasco ve «riesgo innegable»

Por otro lado, el Gobierno autonómico del País Vasco expresó su rechazo a la decisión del CSN y advirtió de que, pese a las mejoras que puedan realizarse en la planta, el reinicio de su actividad nuclear supone un «riesgo innegable para la integridad de las miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente«. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco considera que la decisión es «difícil de entender», y recuerda que Garoña, inaugurada en 1970 y que permanece inactiva desde 2012, «ha superado con holgura su periodo de vida útil». «Además, se trata de una central con una tecnología obsoleta, cuya aportación a la generación de energía es mínima», añadió el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno vasco ha mostrado su «respaldo» al rechazo «mayoritario» de la ciudadanía vasca al reinicio de la actividad de la nuclear de Garoña. Además, se ha adherido a los numerosos pronunciamientos en favor del cierre de la planta realizados por las instituciones vascas. El Ejecutivo autonómico ha afirmado que la opción nuclear «no es en absoluto» su modelo de producción de energía. En su lugar, se ha mostrado partidario del uso de energías procedentes de fuentes renovables, con la utilización «eficiente» del gas natural en el periodo de transición de un modelo a otro.

Por su parte, el PNV apeló a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra Garoña a pesar del informe favorable del CSN. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal manifestó que están «preocupados» por la decisión del CSN y «ocupados» en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura. A Sagastizabal le preocupa también que la decisión del CSN no se haya adoptado «por primera vez» por unanimidad, y ha coincidido en que abre la puerta al alargamiento de la vida útil de otras centrales.

Ha recordado que esa reapertura estaba además condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad impuestas por el propio CSN; «no se han adoptado y sin embargo se autoriza la reapertura». El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos pero muy cerca de Álava, «va en contra de la seguridad«. Sagastizabal ha advertido que contra esa reapertura está todo el arco parlamentario, excepto el PP, y ha observado que se trata de una central «muy pequeña» que no aporta «nada» al mix energético, por lo que resulta «absolutamente prescindible» desde el punto de vista de la garantía del suministro.

Facua ve “escandalosa” la decisión

Por su parte, Facua ve «escandaloso» que el CSN se vaya a «saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para Garoña y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. Según la organización de consumidores, la «supuesta» independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y, «lamentablemente», todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse «la voz del Congreso». Facua advierte de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales «mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».

«Facua se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español», sostiene. Así, recomiendan al Gobierno apostar por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

Podemos y los ecologistas creen que se usará la reapertura de Garoña para alargar la vida de todas las nucleares

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Redacción / Agencias.- Las principales organizaciones ecologistas y partidos políticos como Unidos Podemos y Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña y auguran que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político. En este sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, calificó de «absolutamente incomprensible» el informe del CSN.

A su juicio, esta decisión es «la punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido», por lo que Mayoral señaló que «en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente» ya que asegura que «otro camino no tiene sentido». Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo» de la central burgalesa.

La formación recuerda que Garoña es la central nuclear más antigua de España y que ha operado desde 1970 hasta su parada en 2012 con un reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidentada central japonesa de Fukushima. Por ello, llama al Ejecutivo a «asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura». La proposición también pide que se «elabore un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear» y busca que el Gobierno coordine «con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares«.

También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para su diputado y portavoz, Juan López de Uralde, es «inadmisible» que, pese a que está acreditado que Garoña sigue sin «cumplir los requisitos» de seguridad que le exigió previamente el propio CSN, se apruebe su reapertura. «Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha denunciado.

El diputado recuerda que en el Congreso existe una «amplia mayoría» que demanda el cierre definitivo las instalaciones, y ha anunciado que su grupo impulsará las iniciativas parlamentarias necesarias para lograr ese objetivo. «La mayoría parlamentaria se ha mostrado una y otra vez contraria a la reapertura de Garoña, y el Gobierno la está desoyendo. Ahora esa mayoría debe ponerse en acción para evitar la reapertura utilizando todas las vías a su alcance», advirtió. López de Uralde explicó que si el Ministerio de Energía «sigue adelante con este disparate» y concede el permiso para reabrir Garoña, Unidos Podemos propondrá al resto de grupos aprobar una ley para decretar el cierre definitivo de la planta burgalesa.

Alargar vida del parque nuclear

Por otro lado, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por «esperada no es menos grave». En este contexto, el ecologista ha señalado varios motivos: el primero por el riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, “una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas y poblaciones de las comunidades”. Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que «las nucleares son un negocio para sus explotadores».

Castejón ha matizado que existe una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña. Para Castejón esta decisión del CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado “a la medida de Nuclenor” para reabrir Garoña. «Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos».

Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente, ya que no garantiza la seguridad nuclear. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear», ha declarado Montón, que también cree que la «intención última» es ampliar el parque nuclear “por la puerta de atrás, sin contar con la opinión pública y el Parlamento”.

Asimismo, Greenpeace acusó al CSN de actuar con «malas prácticas» en materia de seguridad nuclear porque, según la organización, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos realizados a Garoña en 2015. Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que «juegue limpio» y que se facilite «un tiempo» para evitar materializar la «situación dantesca» que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.

Además, Montón ha señalado que esto tiene «consecuencias» sobre la política energética de España, que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico, y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone «transgredir todas las normas de participación en democracia». «Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada», añadió.

Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia. Del mismo modo, solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.

Diputación de Álava en contra

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que, tras la decisión del CSN, la Diputación alavesa va a seguir trabajando «en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de Garoña. González denunció en el Parlamento europeo que el CSN está «incumpliendo» la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear, con su «oscurantismo» en torno a esta posible reapertura de la central nuclear, muy próxima al territorio alavés.

El CSN subraya que «no cierra ni abre centrales» y que reabrir Garoña es una decisión que corresponde al Gobierno

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Europa Press / EFE.- La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha señalado que el organismo no entrará a debate sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque su misión en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final es política. Así, esgrimió que ningún miembro del CSN «debe expresar su opinión», sino ser «neutral, transparente y eficiente», además de «estar preparado para arrojar informes técnicos que ayuden a quienes tiene que tomar decisiones».

«El CSN no abre ni cierra centrales», ha declarado Velasco a su llegada a la ponencia encargada de las Relaciones con el CSN en el Congreso. Esta comparecencia se produjo a petición de los partidos miembros de la Comisión de Energía. La presencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja ha sido el resultado de un pleno extraordinario del CSN, después de recibir la citación en el Congreso que, en primera instancia, requería al presidente del organismo, Fernando Martí Scharfhausen.

Tanto PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado esta ausencia cuando Martí está «obligado por ley» a comparecer «tantas veces como los diputados le requieran» para informar sobre los temas que interesen. En este sentido, la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha recordado las evasivas de Martí a asistir a dar cuenta de los informes de su actividad en 2014 y 2015 a la Cámara Baja. Sin embargo, Velasco ha defendido la decisión del CSN y ha indicado que es un «honor» ser la elegida para informar a los diputados. «No hay cosa que más nos guste que venir a contar el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos para ganar la confianza en nuestra actividad regulatoria», afirmó.

Sin embargo, para Ciudadanos la actitud que están teniendo los representantes del consejo no hacen más que «incrementar la sensación de desconfianza» hacia el organismo. «Rechazamos que no haya venido el presidente y ponemos en tela de juicio el informe de Garoña alargando la vida de una central que apagó voluntariamente y que supone una parte pequeña del mix energético», afirmó la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez. Para la diputada, el debate sobre Garoña no es tanto su reapertura, como que el Gobierno utilice este caso como precedente para un futuro alargamiento de otras centrales españolas y que la central arranque «sin las inversiones que el CSN le dijo en 2015 que eran imprescindibles para funcionar».

Sobre la falta de inversión en la central también habló el portavoz de Equo en esta comisión, Juan López de Uralde, quien denunció que la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto para la reapertura. Por ello considera que así se invalida la línea argumental del CSN de que cualquier decisión del organismo es técnica y se basa en criterios técnicos ya que las condiciones impuestas no se han ejecutado.

Además, López de Uralde subrayó que con Garoña se está abriendo una puerta trasera para que los reactores nucleares en operación puedan solicitar seguir operando por encima del horizonte de su vida útil y que esta autorización ya no tenga que pedirse cada 10 años como ocurría hasta ahora. Por ello, este diputado reivindicó un debate social sobre la energía y sobre el futuro de las nucleares que funcionan en España, aunque también hizo un llamamiento a los partidos para unirse y redactar una ley de cierre de la central.

En este sentido, Lucio señaló que los grupos están «pidiendo que Garoña no se reabra, y el CSN está actuando al dictado de lo que le pide el Gobierno». «El grupo socialista lleva años solicitando al Gobierno que esta reapertura no se lleve a cabo«, recordó la portavoz, que vuelve a solicitar la comparecencia del presidente del CSN “para que venga a comparecer para explicar el procedimiento». Un procedimiento, ha añadido, «a todas luces irregular y no suficientemente claro con las exigencias de la ley».

Por su parte, el portavoz del PP en esta materia, Guillermo Mariscal ha acusado a la oposición de estar «presionando a un organismo regulador» y recordó a los diputados que su misión es «legislar y controlar al Gobierno» y no para interceder en los informes del CSN. En este sentido, indicó que el Gobierno actual es «respetuoso» con estos organismos y que los populares creen en el trabajo realizado por los técnicos sobre este caso.

Nadal tendrá en cuenta a las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las empresas en la decisión final sobre Garoña

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró en el Senado, en referencia a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas implicadas, las organizaciones ecologistas y las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, antes de tomar la decisión definitiva. Así lo explicó Nadal al responder una pregunta sobre qué pasará con Garoña del senador de Podemos, Ignacio Bernal, durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aceptó con condiciones la solicitud de autorización de reapertura de la central burgalesa hasta 2031, una promesa electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011. Ahora la decisión definitiva recaerá en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que debe aprobar en el plazo de seis meses una orden ministerial. El ministro aseveró que “la seguridad es lo prioritario cuando hablamos de energía nuclear». En todo caso, afirmó que el Gobierno basará su decisión en «el interés general» y «teniendo en cuenta lo que tengan que decir las partes implicadas». Además, añadió que «quiere que el precio de la luz baje ante todo y sobre todo».

«Hay que tener mucho cuidado con las decisiones irresponsables porque salen muy caras y les sube el precio de la electricidad a los ciudadanos y lo que este Gobierno quiere es que ese precio baje. Ustedes están en otra cosa, hacer apuestas ideológicas que en el pasado a este país le han costado 10.000 millones de euros de sobrecoste al año en el recibo de la luz», ha puntualizado Nadal. En este sentido, ha apostado por un sistema suficientemente diversificado que cumpla con los compromisos medioambientales y «salga lo más barato posible» para el ciudadano.

Lo cierto es que tanto el actual ministro, Álvaro Nadal, como su predecesor en el cargo, José Manuel Soria, han asegurado en reiteradas ocasiones que la decisión del Ministerio seguirá lo establecido por los técnicos del organismo regulador CSN. Por su parte, Bernal pidió al ministro «cerrar todas las centrales nucleares y Garoña la primera» y expresó su temor de que pueda suponer una indemnización «en diferido» a Iberdrola y Endesa por lo que le exigió «no repetir la operación Castor».Además, acusó al Ejecutivo de «haber montado este teatro con Garoña para abrir la puerta a la ampliación de la vida útil de todas las centrales nucleares del país».

Bernal asegura que a su grupo le consta que hay un dictamen técnico preliminar que refleja que no se han cumplido las medidas de seguridad exigidas a la empresa gestora de Garoña en abril de 2015. Por ello, cree que ahora se plantean «dos mapas». El primero, que se reabra Garoña sin cumplir los requisitos de seguridad, con el “riesgo” que supone para la población civil y el medio ambiente; por ello, ha pedido al titular de Energía que le diga mirándole a la cara, «no voy a abrir un Fukushima en la provincia de Burgos». Y el segundo, el pago de una millonaria indemnización.

“Oposición radical” del gobierno vasco

Por su parte, el Gobierno autonómico del País Vasco confía en que el Ejecutivo de Rajoy «tome nota» de la «oposición radical, rotunda y claramente contraria» de las instituciones de Euskadi a la reapertura de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero cerca del límite con el País Vasco. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, indicó que estudiará las «opciones» a su alcance para defender que la central permanezca cerrada. Resaltó que al rechazo social a la central expresado en diversas movilizaciones en Euskadi se suma la postura contraria de la instituciones de Álava, del Parlamento Vasco y del propio Gobierno autonómico. «Nadie en Euskadi comprendería la reapertura de Garoña», aseveró Erkoreka.

Garoña es la central nuclear más antigua de España y lleva parada desde finales de 2012. Su propietaria, Nuclenor, integrada por Iberdrola y Endesa, ha solicitado poder operarla hasta 2031, cuando cumpla 60 años, aunque para ello el CSN le ha exigido una serie de requisitos de seguridad. En este sentido, la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica desveló que las mejoras de seguridad exigidas a Nuclenor en 2015 no se han llevado a cabo y alertó de que el dictamen favorable del CSN «supone un cambio de criterio» y «de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Técnicos del CSN alertan sobre una posible rebaja «encubierta» de los requisitos de seguridad para la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.- La Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) denuncia que los propietarios de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos, no han adoptado las medidas necesarias para «mejorar la seguridad» de la planta, por lo que ha advertido de que el CSN ha dado su visto bueno a la reapertura de la central sin que previamente se lleven a cabo dichas mejoras, lo que a su juicio es una «exención encubierta» del cumplimiento de dichos requisitos.

Los técnicos de seguridad nuclear adscritos a la ASTECSN recuerdan que el CSN ya reclamó a los propietarios de la central nuclear una revisión del diseño de la planta, así como la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad. Entre las medidas que pidió que adoptaran se encuentra la creación de nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de la turbina, y el aislamiento de la contención primaria.

La ASTECSN asegura que el CSN advirtió de que dichas modificaciones deberían estar implantadas «como condición previa» para la emisión del preceptivo informe favorable a la renovación del permiso de actividad para la central, según se indicó a los propietarios de Garoña en abril de 2015. Estos técnicos denuncian que «esta instalación no ha realizado estas modificaciones necesarias requeridas para mejorar su nivel de seguridad». En estas circunstancias consideran que el dictamen favorable a la explotación «supone un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos y supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Los técnicos han advertido de que el dictamen sobre la continuidad de explotación de una central nuclear «debe necesariamente tener en cuenta el resultado final de la implantación de unas mejoras de naturaleza compleja y que, por tanto, pueden conllevar desviaciones respecto a lo inicialmente previsto». La ASTECSN considera que dictaminar sobre el nivel de seguridad de Garoña en las condiciones actuales «supone hacerlo sin disponer de la información necesaria».

Por otra parte, ha recordado que en la actualidad todas las centrales españolas «están obligadas» a realizar cada 10 años una ‘Revisión Periódica de Seguridad’ (RPS), siguiendo las pautas establecidas en la Guía de Seguridad 1.10 (GS-1.10) del CSN. Esta guía contiene normativa compartida a nivel europeo y avalada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). En ella, se asocia la RPS con las solicitudes de renovación de las licencias de explotación, como garantía previa para la emisión de informe favorable sobre la renovación, para que el diseño de las plantas nucleares se actualice a la «mejor tecnología disponible», adecuándose a los avances de conocimiento, tecnológicos y normativos.

Por todo ello, la ASTECSN esgrime que la aplicación de la GS-1.10 «supone una salvaguarda de que las inversiones económicas para actualizar las plantas nucleares son acordes al nivel de riesgo que se considera aceptable en cada momento». Esta asociación denuncia que el CSN está preparando una revisión de la GS-1.10 a petición de UNESA, la patronal de las eléctricas, desvinculando los plazos de la RPS con los del propio permiso, «eliminando así la condición previa» de realizar una RPS para el informe favorable a un permiso de explotación, que forzaba a concederlos por un máximo de 10 años, y que con la modificación podrán ser establecido por el Gobierno.

Los técnicos han indicado que esta revisión de la GS-1.10 no está aprobada todavía, pero han advertido de que «podría ser aplicada por el CSN para la emisión de su informe favorable sobre Garoña, sin conocerse los fundamentos de este cambio de criterio». La ASTECSN ha asegurado que emitir un dictamen técnico sin aplicar la mencionada Guía de Seguridad, ni conocer el resultado de la implantación de las modificaciones de diseño requeridas, «supone asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad».

Frente a esta «falta de transparencia», ha reclamado un debate en el que «el regulador explique públicamente su posición y justifique, en su caso, la necesidad de modificar estos requisitos». La asociación ha lamentado que el trabajo realizado en el CSN se ha desarrollado internamente a través de un expediente de evaluación «de acceso restringido incluso para los propios evaluadores, que impide la discusión necesaria para alcanzar el mejor resultado».

Además, han destacado la «gran incertidumbre» causada por los mensajes «contradictorios» de los sucesivos gobiernos y de la empresa propietaria de la central sobre su continuidad. «Antes de evaluar con escenarios inciertos, dedicando recursos que se detraen de otras actividades de supervisión, debería producirse un muy necesario debate técnico público sobre la extensión de vida de nuestras plantas nucleares», han manifestado. La asociación ha denunciado que «la toma de decisiones precipitadas, sin haber implantado todas las modificaciones solicitadas, sin un debate previo sobre la extensión de vida de las centrales nucleares, pone en entredicho la credibilidad del CSN como institución responsable de la defensa de los principios de la seguridad nuclear y la protección radiológica».

El aval a la reapertura de Garoña, punta de lanza para operar las nucleares hasta los 60 años de funcionamiento

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló la reapertura de la central de Garoña (Burgos) si cumple con ciertas condiciones, dando vía libre al Gobierno para que pueda autorizar a la planta a operar hasta los 60 años, hecho sin precedentes hasta ahora en España.

Garoña es una planta nuclear sin clausurar, actualmente en situación de parada segura, y es la más antigua de España. Opera desde 1970 con un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric, similar al de la central de Fukushima, accidentada tras el tsunami que devastó la costa de Japón, y está operada por la empresa Nuclenor (participada por las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola). El accidente ocurrido en Fukushima en 2011 motivó una exhaustiva revisión de las medidas de seguridad en las plantas europeas que concluyó con exigentes requerimientos para Garoña por parte del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España, el CSN.

Ante la fiscalidad introducida por el Gobierno, Nuclenor decidió parar la central en diciembre de 2012, para a continuación solicitar poder operarla hasta el año 2031, de manera que le compensase la inversión requerida en seguridad, que cifran en varios cientos de millones de euros varios expertos consultados. A raíz de esa petición para conectar Garoña a la red hasta 2031, el Ministerio de Industria encargó al CSN que dictaminara si la central estaba en condiciones de abrir, y en caso afirmativo qué inversiones en medidas adicionales de seguridad tendría que ejecutar para hacerlo. 167 informes técnicos mediante, el dictamen del CSN avaló la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor lleve a cabo las inversiones que se le exigen.

No obstante, la resolución favorable del CSN es preceptiva, pero no vinculante y, por tanto, no supone la autorización, que es un trámite que corresponderá al Ministerio de Energía. De producirse esa autorización la decisión final sobre la reapertura de Garoña estará en manos de Endesa e Iberdrola, pero el Ejecutivo habría sentado precedente, ya que sería la primera vez que se diera el visto bueno para que un reactor nuclear siga conectado a la red hasta los 60 años. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado sus dudas respecto a la continuidad de las operaciones de Garoña mientras que los responsables de Endesa serían favorables a reabrirla.

Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969, siendo la primera que funcionó en España, y 2006. Una autorización para Garoña implicaría, también por primera vez, desligar las revisiones integrales de seguridad que ejecuta el CSN cada 10 años de las autorizaciones, lo cual supone que la autorización no está condicionada a ella, como ocurría hasta ahora.

El dictamen favorable a la reapertura de Garoña ha abierto un debate político a varios frentes. Por un lado entre comunidades autónomas, ya que mientras el Gobierno de Castilla y León está a favor de reabrir, el del País Vasco ha reclamado al Gobierno que no dé la autorización. Una mayoría parlamentaria, entre la que se encuentran PSOE, Podemos y Ciudadanos pidió por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no autorizara la reanudación de operaciones de Garoña hasta que no hubiera un debate de fondo sobre el alargamiento de la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción exigen a esos partidos que hagan valer su compromiso y no permitan la reapertura de Garoña. Atentos a la resolución definitiva sobre Garoña  aguardan atentamente otras cinco centrales nucleares que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de los 40 años. La siguiente en hacerlo sería la de Almaraz, en Cáceres.

El CSN volverá a abordar este miércoles la decisión sobre la reapertura de Garoña tras el aplazamiento pedido por Narbona

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Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó aplazar a este miércoles la «toma de decisión» respecto a la viabilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pudiera volver a conectarse a la red eléctrica y su licencia se renueve hasta el año 2031, cuando cumpla 60 años de funcionamiento, según solicitó su titular, Nuclenor (empresa participada por Endesa e Iberdrola). El aplazamiento fue pedido por la consejera Cristina Narbona, según fuentes del regulador atómico.

El asunto estaba en el orden del día para «toma de decisión» pero, según el artículo 34 del Estatuto del CSN, cualquier consejero podrá solicitar aplazar la deliberación sobre algún asunto concreto hasta la próxima sesión. El presidente puede denegar la petición cuando el asunto haya sido tratado ya en dos sesiones anteriores por lo que, como mucho, la decisión definitiva puede darse esta semana o la próxima, pues el pleno puede pedir un máximo de dos aplazamientos. Así, el CSN indicó que aún «no ha adoptado decisión alguna» respecto a estos expedientes pues se aplazó «el debate y toma de decisión», de modo que el pleno proseguirá este miércoles con el estudio y toma en consideración de estos expedientes.

La petición de Nuclenor es de operar la central hasta 2031 y, por tanto, no lo condiciona a que la planta supere la revisión correspondiente cada 10 años, hecho hasta ahora sin precedentes. No obstante, el visto bueno del CSN no implicará la autorización para operar, que tendrá que determinar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una vez reciba la resolución del CSN. De conseguir esa autorización, Endesa e Iberdrola deberán decidir si les compensa ejecutar las inversiones requeridas para reabrir la planta.

Los consejeros han «analizado en detalle» los «diferentes» expedientes administrativos asociados al proceso de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña. La renovación de la central nuclear de Garoña comenzó a ser debatida el 25 de enero en el pleno del CSN. Si bien, los consejeros tenían ya a su disposición para estudiar la documentación relativa al expediente de la central desde el pasado diciembre.

Se trata de 167 informes realizados por técnicos de 16 áreas del regulador en los que se han empleado 30.000 horas. Todo indica que la conclusión será favorable a la reapertura siempre y cuando Nuclenor ejecute un buen número de costosas inversiones para que la planta burgalesa funcione de manera segura. La documentación incluye también 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de siete meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013.

En concreto, el trabajo de los técnicos a lo largo de 30.000 horas ha incluido el análisis de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS), relativa al intervalo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. En ella se revisó la experiencia operativa propia y ajena, la experiencia relativa al impacto radiológico, los cambios en reglamentación y normativa, el análisis del comportamiento de equipos, las modificaciones de la instalación, el análisis Probabilista de la Seguridad (APS), los programas de evaluación y mejora de la seguridad, el control de la configuración de la central y el programa de vigilancia y control hidrogeológico.

De acuerdo con la nueva normativa, el CSN tiene que analizar el cumplimiento del titular en la RPS y la que esté condicionada a una selección previa por parte del regulador. También apunta que Nuclenor debe realizar un estudio de las mejoras que podría tener que realizar, lo que se conoce como Normativa de Aplicación Condicionada (NAC), para actualizar el conjunto de normas que constituyen la base de licencia de Garoña. En ese contexto, el CSN identificó en el proceso de evaluación varios ejemplos en la normativa internacional en materia de guías de seguimiento para evaluar interferencias en evaluaciones electromagnéticas y de radiofrecuencia relacionadas con la seguridad; la cualificación de la seguridad del cableado o los residuos radiactivos, entre otras.

El 2 de junio de 2014, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó un informe preceptivo al CSN según lo previsto en el artículo 28.1 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que había sido modificado el año anterior. El 30 de julio de 2014, el CSN acordó remitir al titular de la central la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de referencia CSN/ITC/SG/SMG/14/01, sobre la documentación y requisitos adicionales para la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña.

Asimismo, el regulador destaca que en la evaluación se han analizado las propuestas de los Documentos Oficiales de Explotación, que acompañan a la solicitud de la renovación de la Autorización de explotación y las posteriores revisiones remitidas por el titular, como resultado del proceso evaluador realizado. En concreto se trata del Estudio de Seguridad, las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, el Plan de Emergencia Interior, el Manual de Garantía de Calidad, el Manual de Protección Radiológica, el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, y el Plan de Protección Física de la central.

Respecto a la autorización de protección física, el CSN señala que la autorización se otorgará «en su caso, por el mismo plazo de validez» por el que se conceda la autorización de explotación. En cuanto a la evaluación de la revisión del Plan de Protección Física, se presentó como soporte a la solicitud de renovación de la autorización de protección física e incluye la incorporación del Almacén Temporal Individualizado (ATI).

El pleno ha examinado también las evaluaciones realizadas sobre modificaciones de diseño de la central para las que se ha establecido un proceso de licencia específico, como un nuevo Sistema de Tratamiento de Gases de Reserva (SBGTS), que fue requerida como una condición derivada del proceso de la revisión de la normativa de aplicación condicionada (NAC) en el informe que emitió el CSN en 2009 y que figura en el punto 20 de la ITC/14.01.

En este expediente, el CSN evaluó también las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) y del Estudio de Seguridad (ES) asociadas a esta modificación de diseño. En concreto, Garoña deberá construir un nuevo edificio con muros de hormigón armado de clase sísmica 1 que alberga este sistema de tratamiento de gases y un montaje del sistema de reserva de tratamiento de gases. Del mismo modo, Nuclenor tendrá que instalar un sistema de ventilación clasificado como «no relacionado con la seguridad» e instalar los servicios auxiliares.

También se abordó «como expediente específico», la sustitución del cableado eléctrico y la reubicación en un nuevo edifico de un centro de control de motores y panel de control del sistema de inyección al reactor de agua a alta presión (HPCI). Entre otros asuntos relativos a Garoña figuraba también la apreciación favorable a la puesta en servicio parcial de las modificaciones de diseño sobre la división eléctrica y del programa favorable de las modificaciones post-Fukushima, que incluye implantar el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), de un Sistema de Venteo Filtrado de Contención (SVFC) y la implantación de los Recombinadores pasivos autocatalíticos de Hidrógeno (PAR). El CSN requirió que este programa deberá completarse “antes de la carga de combustible».