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El Gobierno aprueba el pago de 84 millones en ayudas a la industria para la compensación de costes de CO2

Europa Press.- El Ministerio de Industria ha firmado las autorizaciones para el abono de 83,7 millones de euros a las empresas industriales por las ayudas para la compensación de costes de CO2 correspondientes a 2016 y 2017. Estas ayudas se dividen en las correspondientes a la convocatoria ordinaria de concesión de 5,99 millones de euros para costes de 2017 y en la concesión directa de 77,7 millones para complementar hasta el 100% de la ayuda máxima establecida de los costes del 2016.

El objeto de estas ayudas es la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, que soporta el consumidor industrial. Están dirigidas a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea.

Ayudas a Galicia, Asturias, Cataluña

Los 151 beneficiarios de las ayudas de la convocatoria ordinaria desarrollan su actividad mayoritariamente en Galicia, con el 25% del total de las ayudas concedidas, seguida de Asturias con el 18% y de Cataluña con el 16%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector siderúrgico del acero, con el 38% de las ayudas recibido, seguido del aluminio con el 22%, el sector químico con el 16% y el papel con el 11%, según el gabinete dirigido por Reyes Maroto.

Con respecto a la concesión directa de 77,7 millones de euros, los 136 beneficiarios de las ayudas se encuentran de nuevo mayoritariamente en Galicia, con un porcentaje del 26% del total de las ayudas, seguida de Asturias con el 18% y Cataluña con el 16%. Por sectores, el sector del acero recibe el 32% del total, seguido del aluminio con un 23% y el sector químico con un 18%. A estas ayudas se han acogido sociedades mercantiles del sector privado, incluidas o no en régimen de comercio de emisiones, que realizan una o varias actividades.

Energía aumenta en 72 millones las ayudas a las grandes industrias para compensar sus costes de reducción de emisiones

Europa Press.- El Ministerio de Energía aportará 78 millones de euros al Ministerio de Economía para que lance una nueva convocatoria de ayudas a las grandes empresas industriales destinada a compensar los costes indirectos de la reducción en la emisión de dióxido de carbono (CO2), lo que supone un importe superior en 72 millones de euros respecto a los 6 millones que venían otorgándose hasta ahora, alcanzando niveles más próximos a los de los países de nuestro entorno.

Energía considera que, debido a la política energética y medioambiental de la Unión Europea se centra en la lucha contra el cambio climático, a través de la utilización de tecnologías limpias que elevan los costes energéticos frente a terceros países, las empresas han tenido que elevar los costes en esta materia frente a terceros países. Esta situación, según el Gobierno, supone que las industrias comunitarias tengan que competir con las de otros países en donde las empresas no tienen que afrontar los costes derivados de los compromisos medioambientales que las radicadas en los países europeos sí tienen que afrontar, por lo que están expuestas a un mayor riesgo de deslocalización.

Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea ha autorizado un mecanismo de ayudas que permite compensar a las industrias pertenecientes a los sectores más expuestos, por los costes imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. Por ello, Energía aportará 78 millones de euros al Ministerio de Economía para que tramite ahora la convocatoria de ayudas. Según el Gobierno, las ayudas por compensación de costes de CO2 permitirán mejorar la competitividad de las empresas industriales.

Entre el resto de medidas de Energía orientadas a mejorar la competitividad de los precios energéticos están el lanzamiento de diversas líneas de ayudas para mejorar la eficiencia energética de las empresas o el mantener, por quinto año consecutivo, la parte regulada de la factura. Todas estas medidas, según el Gobierno, también evitarán la deslocalización de la industria a otros países donde el coste energético es menor, lo que podría incidir negativamente en el crecimiento económico y en la creación de empleo. El Ministerio también ha anunciado que está impulsando medidas fiscales en aras de mejorar la competitividad del tejido empresarial español a medida que la recuperación económica lo permita.

La Eurocámara respalda la reforma para reducir las emisiones industriales de la Unión Europea a partir de 2021

Europa Press.- El Parlamento Europeo ha respaldado la reforma del sistema de comercio de emisiones de CO2 (ETS), que se aplicará a partir de 2021 y que tienen el objetivo de reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales. Los eurodiputados han avalado con 555 votos a favor, 104 en contra y 39 abstenciones el acuerdo alcanzado en noviembre con el Consejo de la Unión Europea, que son los Estados miembros y que ahora deben formalizar la reforma.

El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce cada año y abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Ahora se incrementará el recorte que se aplica todos los años a la cuota anual de derechos de emisión colocados en el mercado, hasta el 2,2% a partir de 2021 frente al 1,74% que se aplica actualmente. Este porcentaje será revisado con la intención de aumentarlo en 2024.

Además, se duplicará la capacidad de la reserva de estabilidad del sistema ETS para absorber el exceso de derechos de emisión en el mercado. Una vez activada, esta reserva absorbería hasta un 24% de los derechos de emisión en exceso en cada ejercicio durante los cuatro primeros años, con lo que aumentaría el precio de los derechos y se incentivaría el recorte de las emisiones.

Por otro lado, el texto prevé la creación de un fondo de modernización para ayudar a actualizar los sistemas energéticos, así como un fondo de innovación para apoyar las energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación de baja emisión de carbono. Asimismo, para evitar que las empresas trasladen su producción fuera de la Unión Europea por las exigencias de reducción de emisiones, las llamadas fugas de carbono, los sectores con mayor riesgo recibirán sus derechos gratuitamente, mientras que otros menos afectados recibirán gratis el 30% de los créditos.

El Gobierno modifica la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 para 2015-2020

Europa Press.- El Consejo de Ministros modificó la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2015-2020 para los sectores y subsectores que se consideran expuestos a riesgo significativo de fuga de carbono. El acuerdo incluye un anexo con las nuevas asignaciones de las 32 instalaciones que realizan actividades que desde el 1 de enero de 2015 pasan a estar consideradas en riesgo de fuga de carbono o que dejan de estarlo.

En el periodo 2013-2020 la asignación gratuita de derechos en Europa se rige por reglas comunes a todos los Estados miembros. En estas reglas juega un papel fundamental el concepto de «fugas de carbono», que significa que una actividad tiene un riesgo significativo de fuga de carbono cuando los costes que afectan a esa actividad por su inclusión en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión pueden provocar la deslocalización a otros países donde la emisión por unidad de producto puede ser mayor.

Para evitar las fugas de carbono, la normativa establece que las instalaciones que realicen actividades en riesgo tendrán un nivel de asignación gratuita mayor. Los sectores que se consideran expuestos a riesgo de fuga de carbono son determinados por la Comisión Europea. Se configura así una lista de sectores en riesgo que debe renovarse cada cinco años. La primera estuvo en vigor en 2013-2014. La segunda, adoptada a finales de 2014, será válida en 2015-2019.