EFE / Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una serie de medidas encaminadas a «frenar» las situaciones de fraude que se producen en el sistema eléctrico, cuyo incremento según afirma ha sido «notable» en los últimos años, y proteger así al consumidor. Así lo recoge en un informe que aboga por «homogeneizar» las actuaciones de los distintos agentes, armonizar los criterios estatales y autonómicos, y revisar los incentivos actuales a las distribuidoras eléctricas.

Desde 2009, subraya la Comisión, «la diferencia entre la energía generada en barras de central y la energía demandada por los consumidores ha ido en aumento, lo que se ha traducido en un deterioro progresivo de las pérdidas del sistema». Una parte de estas diferencias tiene su origen en el incremento del fraude en sus diferentes modalidades, principalmente conexiones directas a la red y manipulación de los contadores. La CNMC recuerda que la energía defraudada, debido al régimen económico de la Ley del Sector Eléctrico, supone un mayor coste para los consumidores, que resultan los perjudicados, pues deben sufragar el coste que los efectos del fraude suponen para el sistema.

La normativa actual es imprecisa en los plazos y las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en la detección y el tratamiento de este fenómeno. Además, también recuerda la necesidad de fomentar una acción «conjunta y armonizada» por parte de las administraciones para la lucha contra el fraude, que elimine la «disparidad de criterios a nivel autonómico y estatal a este respecto».

Revisar el incentivo de 2013

La CNMC recuerda que un decreto del año 2013 introdujo un nuevo incentivo a las empresas distribuidoras para lograr una disminución del fraude de energía eléctrica, al ser éstas las titulares de las redes y las encargadas de la lectura. A la vista del incremento de pérdidas experimentado desde 2009, la CNMC considera necesario revisar el incentivo actual a la reducción de pérdidas, con el fin de incrementar su impacto sobre el distribuidor y hacerlo más sensible a su coste.

Por otra parte, con la adopción de las medidas propuestas por la CNMC no sería necesario seguir manteniendo el régimen de incentivos a los distribuidores por la detección del fraude, ya que los objetivos perseguidos quedarían cubiertos con las mismas. Así, el regulador propone con respecto a la responsabilidad sobre las pérdidas dos posibles alternativas, entre las que se encuentra que el distribuidor sea el responsable de la compra de la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares, requiriendo modificaciones en la normativa.

Además, la CNMC aboga por que el comercializador siga siendo responsable de la compra de las pérdidas, pero el distribuidor le financiaría la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares. En ambos casos, asegura, el efecto de la diferencia entre las pérdidas reales y las estándares incidiría de forma inmediata sobre los ingresos de los distribuidores, por lo que se reforzaría el incentivo a la reducción de pérdidas.

En ambas alternativas se plantea un periodo transitorio de tres años, para hacer su aplicación más gradual con respecto a la regulación vigente, hasta alcanzar su repercusión total sobre el distribuidor el cuarto año. Además, plantea que las empresas distribuidoras presenten antes del 1 de diciembre de cada año los planes de verificación para la detección del fraude eléctrico previstos para el año siguiente a las autonomías donde se ubiquen los distintos puntos de suministro, a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.