Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no tiene ya competencias en relación con los procedimientos administrativos para la autorización de los 4 grandes proyectos de almacenamiento de gas en Doñana porque las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron tramitadas entre 2010 y 2013. La petición de evaluación conjunta afecta a los proyectos Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar, donde se prevé la explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Así respondieron fuentes ministeriales después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya pedido al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana. Además, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la citada evaluación ambiental conjunta. En un escrito, el Defensor solicita a Energía que aclare la situación del proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía, y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.

En este sentido, el departamento que dirige Isabel García Tejerina recuerda que los cuatro proyectos fueron sometidos, desde su presentación por parte del promotor, a diversos procedimientos de evaluación ambiental previstos en la legislación española y comunitaria. A ese respecto, estas fuentes subrayan que el Ministerio cumplió con su labor y tramitó las Declaraciones de Impacto Ambiental según lo que establece la normativa estatal y las directivas comunitarias y que en ese proceso tuvo en cuenta los informes favorables de 2008 aportados en los procedimientos por la Junta de Andalucía.

En todo caso, garantiza que en la tramitación que le competía los 4 proyectos no se fracturaron sino que, precisamente, se agruparon en 4 para considerar los efectos acumulativos que se producen puesto que constituyen zonas homogéneas para estudiarse mejor o con más precisión, lo que no constituía ninguna vulneración de derecho. A ese respecto, afirman que ahora ministerialmente le corresponde a Energía  autorizar estos proyectos y recuerdan que la Junta de Andalucía tiene capacidad en este momento para otorgar o denegar las preceptivas Autorizaciones Ambientales Unificadas. Si bien, insiste en que esto se debe en todo caso a pleno sometimiento a las condiciones de las Declaraciones y a la normativa ambiental que se aplique.

Analizar conjuntamente los 4 proyectos

La cuestión es que el Defensor considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) genera «dudas» sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. En este sentido, el Defensor quiere que se valoren «distintas alternativas» de almacenamiento de gas y garantizar «con un grado de certeza acorde» con su «importante relevancia ecológica» que el espacio no se verá «negativamente afectado» por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan «al mínimo posible».

La institución pidió información adicional al IGME en julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado». Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a Doñana.