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“La antigüedad, la falta de seguridad y de evaluación ambiental”, principales alegaciones de los ecologistas contra la continuidad de Garoña

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Europa Press / EFE.- Ecologistas en Acción y Greenpeace, organizaciones ecologistas personadas en la audiencia abierta por el Ministerio de Energía, sobre la posible renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegarán en contra de esa posibilidad “la edad avanzada de la planta, su falta de cultura de seguridad, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental o la tendencia mundial contraria a la energía nuclear”.

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, considera que tanto en España como en el resto del mundo hay «una división en la industria» sobre la energía nuclear y ha recordado que Iberdrola, propietaria al 50% con Endesa de Nuclenor (el titular de Garoña), se ha mostrado partidaria de «desistir» de la continuidad de ese reactor, mientras Endesa espera la decisión del Gobierno.

«Iberdrola lanza muchas señales a favor del cierre nuclear pero el retraso en Garoña tiene que ver con el pulso de las elites industriales, entre los que están a favor y los que están en contra de ir prescindiendo de la nuclear a distintos ritmos. A nivel mundial, las empresas ven el futuro sin energía nuclear, frente al Gobierno, que no es independiente en este pulso y se ha mostrado a favor de la energía nuclear en el futuro», reflexionó.

En este contexto, ha expuesto que alegarán que hay «suficientes indicios» que apuntan a que Garoña «no está en condiciones de continuar, por seguridad y porque Nuclenor tiene una cultura muy baja de seguridad, con bidones de residuos que se corrompen o megafonías clave que no funcionan». «La apertura de Garoña es una temeridad», ha sentenciado Castejón, a su vez físico experto en fusión termonuclear en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Por ese motivo, la organización presentará alegaciones para poner de manifiesto el estado de la central y denunciar la forma en la que se está desarrollando el proceso de estudio de su reapertura. Castejón ha recordado que en el último acta trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se apreciaba la «absoluta dejadez» de la propietaria, Nuclenor, en el mantenimiento de la central. Había piezas caducadas o con fechas de caducidad «falseadas«, y la gestión del almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja intensidad es «pésima», con rotura de bidones y esparcimiento de residuos.

Además, Ecologistas en Acción ha calificado de «irregular» el proceso administrativo que se ha seguido hasta llegar al actual punto, en el que el Gobierno central debe decidir si autoriza o no la renovación del permiso de explotación. A su juicio, el CSN emitió un informe favorable a pesar de que Garoña no ha introducido las mejoras exigidas y sin estar aprobada la última guía de seguridad, ha apuntado Castejón.

Por otro lado, Ecologistas en Acción ha denunciado la «falta de democracia» que en su opinión implica la ausencia de un debate «real» sobre Garoña, comprometido por el Gobierno central y sustituido por un «corto» plazo de alegaciones. Ecologistas en Acción ha insistido en que el Gobierno central anunció un debate público previo a la decisión, pero ese debate «ha sido inexistente». A su juicio, esta situación evidencia una «falta de democracia» en torno a las decisiones sobre energía nuclear, pues el Gobierno y el sector eléctrico desean prologar la vida útil del parque nuclear «sin que se produzca un debate sobre el futuro energético».

En la misma línea, la portavoz de energía de Greenpeace, Raquel Montón, califica de «inédito» este «plazo de 6 meses que se han sacado de la manga», en el que no han podido consultar el expediente técnico completo de Garoña. «Dicen que hemos tenido 5 meses para evaluarlo, pero solo nos han trasladado el informe favorable del CSN que está publicado en su web», criticó.

En todo caso, ha indicado que Greenpeace expresará en sus alegaciones lo que reclama «desde siempre»: la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, algo que considera que es necesario en base a la legislación española e internacional y que, de no haberse modificado el Reglamento de Instalaciones Nucleares (RINI) para permitir que Garoña pudiera solicitar la renovación de su licencia, que expiró en julio de 2013, el titular debería haber «empezado de cero», lo que conllevaría pedir una nueva solicitud de autorización que incluiría una evaluación de impacto ambiental.

Montón ha detallado que en sus alegaciones añadirán «todos» los requisitos que se han dejado de pedir a Garoña por los cambios de normativa, los últimos sucesos de «la central más vieja de Europa» y, sobre todo, insistirá en que aumentar la actividad de la central por la mitad de su vida útil inicial es aumentar por un 50% los riesgos asociados a una planta nuclear, así como sus residuos. «Son argumentos como para plantearse tanto los estudios económicos como de impacto ambiental», ha comentado.

A su juicio, ni el Gobierno ni las empresas saben «como salir del entuerto en el que se han metido» porque considera que si estas claramente no quisieran poner en marcha la central no se habrían esforzado en cambiar la normativa y que ahora que cuenta con los parabienes del CSN están «estirando y alargando la decisión» con un ficticio proceso de participación pública. «Esto es una evidencia de que no hay una auténtica voluntad ni participación pública. No tiene lógica que se dilate el proceso todo este tiempo», opina Montón, que sin embargo, no ve sentido dar una autorización y dejar a criterio de la empresa la decisión final, porque abriría la puerta a una indemnización por lucro cesante.

Entre las entidades con posibilidad de alegar está también el Gobierno autonómico de La Rioja, que ha adelantado que no va a presentar ninguna pero sí que trasladará al Ministerio que dirige Álvaro Nadal el mandato del Parlamento de La Rioja que votó por que se instara al Gobierno central al desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.

Más de 120 organizaciones antinucleares se manifiestan en Madrid para pedir que no se renueven las licencias de las centrales

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Europa Press.- Un total de 123 organizaciones españolas y portuguesas se manifestaron en Madrid para pedir al Gobierno que no proceda a la renovación de los permisos de explotación de las centrales nucleares en España, que caducan a partir de 2020 y hasta ahora debían pedirse 3 años antes de que expire la licencia en vigor. La convocatoria fue del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), plataforma que engloba a más de 80 organizaciones.

En principio la primera central en tener que solicitar renovación de licencia sería Almaraz, en Cáceres, y cerca ya de territorio portugués, cuya fecha límite era el 8 de junio. Posteriormente, le tocaba a Vandellós II, en Tarragona, en julio. Las centrales de Cofrentes y Ascó tenían que pedir la renovación en 2018 ya que sus autorizaciones caducan en 2021, mientras que la de Trillo lo haría en 2021 (expiración en 2024). Sin embargo, el Gobierno recibió recientemente el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para modificar una orden ministerial con el fin de retrasar precisamente el plazo en el que una planta tiene que solicitar su renovación.

«Con el nuevo proyecto de orden ministerial, el gobierno del Partido Popular apuesta claramente por la prolongación de la vida de las centrales nucleares ignorando la necesidad de un debate público sobre los riesgos de esta energía», subraya Ecologistas en Acción. En cualquier caso, las más de 120 organizaciones que se manifestaron han firmado un manifiesto para pedir que no se renueven los permisos de las centrales nucleares y se proceda al cierre nuclear, texto al que se han sumado 1.200 personas a título individual.

«Estamos dando la batalla para que la energía nuclear se jubile, porque si se aprueban los permisos, las centrales nucleares, en nuestro mix eléctrico, van a mediatizar absolutamente el modelo energético de nuestro país en las próximas décadas», ha afirmado el coordinador de la plataforma y miembro de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que ha estado acompañado de representantes de organizaciones antinucleares y de partidos políticos como Izquierda Unida (Sira Rego) y Podemos (el diputado Alberto Rodríguez). Según ha señalado Castejón, se sienten «alarmados» por los últimos acontecimientos que han tenido lugar en España con respecto a la energía nuclear. Por ello, se manifiestan bajo el lema Cerrar Almaraz y todas las demás. 100% Renovables. 

Podemos pide que no se renueven las licencias de las centrales nucleares para lograr su cierre en España en 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos exigió al Gobierno en el Congreso que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

«Es una energía peligrosa y cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas«, ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha asegurado que es «inadmisible» que estas centrales puedan continuar funcionando «más allá de los permisos que tienen».

Mayoral compartió esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear, que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas, con quienes se reunió. El coordinador de esta organización, Paco Castejón, destacó el «momento importantísimo» en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que «marcan el modelo energético» del país. «Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos», auguró Castejón.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de 6 meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

«Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros 10, que es la pretensión de la industria nuclear», augura el ecologista. En este sentido, Castejón ha señalado que «las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable», porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. Es decir, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque tarda un día.

La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

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EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

Foro Nuclear advierte de que sin nucleares España no podrá cumplir los compromisos climáticos adquiridos en la Cumbre de París

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Europa Press.- El nuevo presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido la presencia de la energía nuclear en España como elemento clave para cumplir con los acuerdos internacionales del clima a los que se ha adherido España pues, según ha explicado, el país no podría afrontar los compromisos adquiridos en la Cumbre de París si ahora mismo se cierran las centrales.

En un debate en el Congreso, Araluce ha señalado que las centrales nucleares «tienen futuro» en España, al menos un periodo que es necesario «guste o no guste» el uso de esta energía. El motivo, según ha señalado, es que hay «un mix energético determinado» en la actualidad que, si se desmantela, requeriría un «esfuerzo de inversión gigantesco». En concreto, el presidente de Foro Nuclear ha señalado que toda la generación eléctrica española produce 260 terawatios/hora, de los que 100 son térmicos (con emisiones de CO2), 40 hidráulicos, 60 nucleares y 60 renovables. De modo que, si se plantea el hecho de suprimir las nucleares y reducir las emisiones, habría que buscar alternativas para 160 terawatios/horas en el mix español.

«Si en España se consiguen 60 terawatios de renovables con una instalación de 30 gigawatios, habría que instalar otros 30 gigawatios para sustituir a las nucleares por otra energía limpia, más otros tantos si se quiere llegar a cumplir las cifras acordadas a las que España se ha comprometido como país y reducir las emisiones de CO2«, apuntó Araluce, para recordar que las instalaciones actuales de energías renovables «han costado mucho» en tiempo e inversión.

Además, señaló que estas energías tienen una gran variabilidad porque dependen de agentes externos y, en caso de excesiva producción, habría que invertir en modelos de almacenamiento. «Estos significa una instalación masiva de bombeos y de baterías; se podrían usar acumuladores en todas las casas, que costarían 3.000 euros por vivienda», indicó Araluce. A su juicio, el debate actual debería ser sobre «cuánto acotar el periodo de vida de las nucleares» pero no su desmantelamiento porque, según estima, no se podría cumplir con la demanda de energía de los españoles.

Con este último planteamiento coincide el portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, que ha reconocido que no se podrían desmantelar las energías nucleares inmediatamente porque, ahora mismo, la sustitución se realizaría con gas y carbón, energías muy contaminantes. Por ello plantea a las autoridades «un calendario de cierre aceptable» que se trabaje entre todos los actores, expertos y políticos, con el fin de que el desmantelamiento de nucleares se realice con la seguridad de que hay una energía renovable preparada para cubrir la demanda.

En este sentido, Castejón criticó que durante años se hayan hecho grandes inversiones en renovables en España y ahora parezca que se «hayan olvidado» de este sector. Además, pidió la derogación del conocido como impuesto al Sol y ha recordado a las autoridades que los costes de las fotovoltaicas «no son los mismos que hace 10 años» y ha asegurado que esta energía «puede competir en el mercado energético actual sin problemas». En referencia al gasto comentado por Araluce en baterías y bombeos, Castejón destacó la existencia de «nuevas tecnologías de almacenamiento» y de baterías más modernas que «no son el futuro, sino el presente».

También participó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Portugal, Pedro Soares, en la que es su segunda visita al Congreso en lo que va de año. El país vecino se encuentra inmerso en el debate nuclear, pero no por lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) que se va a construir en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a 140 kilómetros de la frontera portuguesa y en las cercanías del Tajo, que abastece de agua a una parte del país.

Soares expresó la preocupación que existe por el posible alargamiento de la vida útil de Almaraz y ha destacado que los ciudadanos portugueses «no quieren producción eléctrica a partir de energía nuclear por razones económicas y por estrategia energética. «Existe la percepción de que la energía nuclear no es segura, no es inagotable y no es medioambientalmente responsable«, señaló Soares, para explicar que el 53% de la energía producida en el país vecino es de origen renovable. Además, se han comprometido a que este porcentaje suba al 60% en 2020 y a eliminar toda energía de origen fósil en 2050.

El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

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Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.

Las instituciones vascas y ecologistas creen que el futuro de la central nuclear de Garoña está más cerca del cierre

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EFE / Europa Press.- Al igual que la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria, Greenpeace o Ecologistas en Acción, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, cree que las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a que su compañía eléctrica, copropietaria del 50% de Nuclenor junto a Endesa, no tiene interés en volver a operar la nuclear burgalesa, es algo que constata que «el futuro de Garoña está más cerca del cierre«.

Garoña es la central nuclear más antigua de España. Tapia asevera que la sociedad y las instituciones vascas «estaban demandando este paso que ha dado Iberdrola», aunque ha recordado que todavía queda por conocer las decisiones que tomarán “tanto Endesa como Nuclenor». La consejera ha señalado además que «en este momento el posicionamiento del Ministerio de Energía es crucial y, aunque hasta ahora podía haberse posicionado en contra de la continuidad, este nuevo escenario se lo pone aún más fácil».

Tras reclamar a todas las partes implicadas en el futuro de la central burgalesa que actúen de «manera rigurosa y responsable», la consejera ha concluido que «aunque hay gente que no lo quiera ver, Iberdrola es una empresa vasca que hace una clara apuesta por las energías renovables, que además se alinea perfectamente con la estrategia vasca 2030». En definitiva, el Gobierno del País Vasco ha acogido de forma «muy positiva» las palabras de Galán porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo de que la central burgalesa está “obsoleta” y constituyen una «buena noticia».

Diputación: todo apunta al cierre

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), asegura que todo apunta al cierre definitivo de Garoña tras las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que la planta «no es viable«. González ha recordado que la postura de Iberdrola «era más o menos conocida», pero ha subrayado que «la confirmación» de la posición de la eléctrica «es una buena noticia».

«Todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ha defendido el diputado general, quien ha opinado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central». Así, ha indicado que «el camino que se va viendo» es el del cierre definitivo, por lo que ha advertido de que sería «incomprensible» que el Gobierno central concediese la licencia de reapertura. «El siguiente paso debe ser la toma de posición de Endesa. Pero lo realmente importante es que el Gobierno español no prorrogue la vida útil de la central», ha concluido.

El alcalde habla con Rajoy

Por otro lado, ubicado a 40 kilómetros de la central burgalesa, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), le ha indicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si le quedaba «alguna duda» sobre el desmantelamiento de Garoña la tiene «resuelta» después de las palabras de Galán. Se ha pronunciado así en las redes sociales tras esas afirmaciones de Sánchez Galán, que también ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de solicitar el permiso para reabrir Garoña.

La central de Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, cuando se desconectó de la red por la nueva fiscalidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió recientemente un informe favorable para que pueda reanudar su actividad y ahora el Gobierno tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que no tomará una decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa hasta que haya escuchado a todas las partes.

Ecologistas ven «el fin definitivo»

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que el desinterés de Iberdrola en volver a operar Garoña supone «el fin definitivo de Garoña» y deja al Gobierno y a Endesa «sin coartada» ahora que la pelota está «en su tejado».»Es lo que esperábamos. Iberdrola había manifestado su desinterés por reiniciar la central, pero esta vez lo ha hecho de una forma más evidente», según considera el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. A su juicio, esto «pone muy difícil y hace casi imposible» que Garoña vuelva a funcionar porque no cree que Endesa compre la otra mitad de Nuclenor.

Además, respecto a la posibilidad de que el Estado tenga que indemnizar por lucro cesante, Castejón ha señalado que si Nuclenor por sí misma no acepta un posible permiso y decide no reabrir, entonces no habría lugar a lucro cesante. Sin embargo, si el Gobierno otorga permiso para volver a operar y después lo retira, entonces la empresa sí podría reclamar, por lo que para evitar esa situación, «que rayaría la prevaricación y el servilismo completo a Iberdrola», recomienda al Ejecutivo no autorizar la reapertura.

En ese sentido, insiste finalmente en que no lo haga porque «quedaría fatal», después de lo mal que ha salido ya parado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en su opinión, ha demostrado «ir más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica y se ha situado más allá de los intereses de Nuclenor, puesto que ha autorizado un permiso a una central que está tan mal que ni siquiera a sus propietarios les merece la pena abrir».

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, estima que las palabras de Sánchez Galán dejan al Gobierno y a Endesa «sin coartada» y les pide que ahora que «la pelota está en su tejado», el Ejecutivo «no puede ignorar» al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ecologistas y ahora también a Iberdrola que «ya se han posicionado contra Garoña». Por su parte, apunta a Endesa que «no puede delegar en Nuclenor el reto que le ha planteado su socio» porque Endesa e Iberdrola mandan «al 50%», por lo que les pide que retiren «definitivamente» su solicitud de reapertura» del reactor de Burgos.

«Es la primera vez que Sánchez Galán afirma públicamente que ha pedido a Endesa desistimiento de la solicitud de licencia», ha subrayado. Finalmente, destaca que en la acción de protesta realizada ante la sede de Endesa, Greenpeace asegura que la empresa confirmó su intención de no reabrir en ningún caso la central de Garoña, pero que se resistía a hacerlo público. «Tras el pronunciamiento por parte de Iberdrola, a Endesa solo le cabe hacer pública la decisión que ya tiene tomada, de manera que Nuclenor retire definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña», concluye Montón.

Ecologistas en Acción lamenta que Portugal ceda ante las presiones y retire su denuncia por el ATI nuclear de Almaraz

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Europa Press.- Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de Portugal haya retirado y no haya sido «capaz de mantenerse firme en su denuncia» sobre las «irregularidades» cometidas en el proceso de licenciamiento del almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y que ceda a las “presiones, parece que demasiado fuertes, del Gobierno de España y de la Comisión Europea, con su oferta de acelerar las interconexiones energéticas”.

Ecologistas, como integrante del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), interpuso en enero un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español de autorizar el ATI en Almaraz porque considera que se ha ignorado el impacto transfronterizo de la obra. En su recurso advertían de que una hipotética fuga radiactiva del ATI podría afectar al embalse de Arrocampo y acabar en el río Tajo, con lo que la contaminación afectaría muy probablemente a Portugal, como recuerdan que ya sucedió en 1970, cuando se produjo un escape de agua radiactiva de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que llegó hasta Lisboa.

En este contexto, el Gobierno de Portugal denunció el pasado 16 de enero a España ante la Unión Europea para que las autoridades comunitarias se posicionaran ante el proceso de autorización del ATI de Almaraz. Ecologistas en Acción sostiene que España contravino los protocolos internacionales de Kiev, Aarhus y Espoo, así como varias directivas europeas, al autorizar el ATI sin consultar al Gobierno portugués. Por ello, Portugal no pudo abrir un periodo de consulta en el que interponer alegaciones al almacén de residuos, tal y como pudieron hacer las personas y organizaciones interesadas en España.

Por ello, la asociación advierte a Portugal de que con la aceptación del ATI está «aceptando de facto la prolongación del funcionamiento de la central nuclear hasta los 60 años» y desoye la voz de la mayor parte de la ciudadanía portuguesa (las encuestas muestran que más del 90% de la población lusa muestra su oposición a la central) y del Parlamento portugués, que se posicionó en contra del ATI y del alargamiento de la vida de Almaraz. Para el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que los reactores nucleares pasen los 40 años de diseño supone un «riesgo inaceptable» porque las condiciones de seguridad se degradan con el envejecimiento.

Podemos y los ecologistas creen que se usará la reapertura de Garoña para alargar la vida de todas las nucleares

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Redacción / Agencias.- Las principales organizaciones ecologistas y partidos políticos como Unidos Podemos y Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña y auguran que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político. En este sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, calificó de «absolutamente incomprensible» el informe del CSN.

A su juicio, esta decisión es «la punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido», por lo que Mayoral señaló que «en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente» ya que asegura que «otro camino no tiene sentido». Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo» de la central burgalesa.

La formación recuerda que Garoña es la central nuclear más antigua de España y que ha operado desde 1970 hasta su parada en 2012 con un reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidentada central japonesa de Fukushima. Por ello, llama al Ejecutivo a «asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura». La proposición también pide que se «elabore un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear» y busca que el Gobierno coordine «con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares«.

También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para su diputado y portavoz, Juan López de Uralde, es «inadmisible» que, pese a que está acreditado que Garoña sigue sin «cumplir los requisitos» de seguridad que le exigió previamente el propio CSN, se apruebe su reapertura. «Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha denunciado.

El diputado recuerda que en el Congreso existe una «amplia mayoría» que demanda el cierre definitivo las instalaciones, y ha anunciado que su grupo impulsará las iniciativas parlamentarias necesarias para lograr ese objetivo. «La mayoría parlamentaria se ha mostrado una y otra vez contraria a la reapertura de Garoña, y el Gobierno la está desoyendo. Ahora esa mayoría debe ponerse en acción para evitar la reapertura utilizando todas las vías a su alcance», advirtió. López de Uralde explicó que si el Ministerio de Energía «sigue adelante con este disparate» y concede el permiso para reabrir Garoña, Unidos Podemos propondrá al resto de grupos aprobar una ley para decretar el cierre definitivo de la planta burgalesa.

Alargar vida del parque nuclear

Por otro lado, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por «esperada no es menos grave». En este contexto, el ecologista ha señalado varios motivos: el primero por el riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, “una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas y poblaciones de las comunidades”. Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que «las nucleares son un negocio para sus explotadores».

Castejón ha matizado que existe una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña. Para Castejón esta decisión del CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado “a la medida de Nuclenor” para reabrir Garoña. «Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos».

Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente, ya que no garantiza la seguridad nuclear. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear», ha declarado Montón, que también cree que la «intención última» es ampliar el parque nuclear “por la puerta de atrás, sin contar con la opinión pública y el Parlamento”.

Asimismo, Greenpeace acusó al CSN de actuar con «malas prácticas» en materia de seguridad nuclear porque, según la organización, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos realizados a Garoña en 2015. Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que «juegue limpio» y que se facilite «un tiempo» para evitar materializar la «situación dantesca» que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.

Además, Montón ha señalado que esto tiene «consecuencias» sobre la política energética de España, que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico, y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone «transgredir todas las normas de participación en democracia». «Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada», añadió.

Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia. Del mismo modo, solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.

Diputación de Álava en contra

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que, tras la decisión del CSN, la Diputación alavesa va a seguir trabajando «en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de Garoña. González denunció en el Parlamento europeo que el CSN está «incumpliendo» la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear, con su «oscurantismo» en torno a esta posible reapertura de la central nuclear, muy próxima al territorio alavés.

Los técnicos del CSN dedican 30.000 horas y 167 informes para evaluar la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- Ecologistas en Acción considera que sería una «acción insensata» reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que es una «antigualla» y cuya solicitud para renovar su licencia de explotación hasta 2031 ha comenzado a estudiar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos consejeros han recibido «todos» los documentos técnicos elaborados durante 30.000 horas por 16 áreas del organismo regulador para que decidan sobre la renovación de la licencia de operación solicitada por Nuclenor, su titular, en 2014.

En total, el material que tendrán que estudiar se compone por 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de 7 meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013. El informe del CSN es preceptivo, vinculante en caso de ser desfavorable, y en caso de ser favorable correspondería decidir al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). Fuentes del CSN estiman que el estudio y análisis de la documentación se prolongará algunas semanas.

Además, añade que los miembros del pleno han recibido información «detallada» sobre el proceso de evaluación que se ha realizado en el marco del expediente de renovación de la autorización de explotación, así como del estado actual de la central. En concreto, esto incluye las evaluaciones realizadas para la prórroga de la autorización de protección física y la correspondiente revisión del Plan de Protección Física; la autorización de modificación de diseño correspondiente al funcionamiento de un nuevo sistema de reserva de tratamiento de gases y la aprobación de las propuestas de revisión, de los documentos oficiales de la licencia, el Estudio de Seguridad (ES) y las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la central.

También incluye las evaluaciones relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos; los programas de implantación de los requisitos de las Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el CSN. Estos requisitos no se incluyeron en la instrucción técnica complementaria (ITC) que se emitió para la adaptación de la central a su actual situación de cese de explotación. El 30 de julio de 2014, pocos meses después de la solicitud presentada por Nuclenor para que la central nuclear vuelva a operar hasta 2031, 17 años más, el pleno del CSN acordó emitir una ITC complementaria, la documentación y los requisitos adicionales respecto a la solicitud de renovar Garoña hasta los 60 años de edad.

«Acción insensata» reabrir esa «antigualla»

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, señaló que «previsiblemente» el organismo regulador emitirá un informe «favorable» sobre la reapertura de la central, algo que para la ONG muestra la «falta de rigor» en el CSN que, en su opinión, «nunca debió aceptar» una solicitud de reapertura por 17 años, hasta que la planta llegue a los 60 años de edad. Además, indicó que se calcula que el periodo antes de que tomen una decisión puede pasar «ampliamente de un mes o incluso más del doble».

Garoña comenzó a funcionar en 1971 y dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, cuando descargó su combustible por motivos económicos. Para Ecologistas en Acción, la central tiene un «largo historial de incidentes graves para la seguridad», entre los que ha destacado la corrosión de elementos clave del circuito primario, como el barrilete o las penetraciones de las barras de control. Asimismo, advierte de las «condiciones de seguridad deplorables» que presenta la central pero denuncia que el Gobierno del PP junto con la «falta de rigor» del CSN han convertido la continuidad de la central en una «cuestión política», más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50% de Nuclenor, la propietaria de la central nuclear.

La ONG denuncia que para «facilitar» la cuestión, primero el CSN abrió un periodo de prórroga que Nuclenor dejó pasar y que después modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) «a la medida de Garoña». Por otro lado, Ecologistas calcula que para poner a punto la central se necesitarán inversiones que pueden pasar de 150 millones, sin que supongan garantizar la seguridad y recuerda que el presidente de Iberdrola manifestó su «nulo interés» en reabrirla. «El Gobierno del PP y el CSN quedarían en evidencia por haber retorcido los reglamentos para reabrir una central en la que sus propietarios no están interesados», advierte.

Permiso hasta los 60 años

Castejón da por hecho que el informe del CSN sobre la renovación de la licencia de operación de Garoña será favorable pero con numerosas condiciones y esto sentará «dos graves precedentes válidos» para el resto del parque nuclear español. Se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España y supondrá una autorización para operar hasta los 60 años y considera que el actual mercado eléctrico español las centrales nucleares son un enorme negocio para sus explotadores, que cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales.

«El riesgo de mantener Garoña en funcionamiento es inaceptable. Se trata de una peligrosa antigualla situada en la cabecera del río Ebro y un accidente con fuga al río afectaría a numerosos ecosistemas, huertas, industrias y poblaciones de las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Además, la nube radiactiva llegaría con toda probabilidad al País Vasco. Lo más sensato es proceder al cese de explotación definitivo«, ha sentenciado. En este contexto, ha apuntado también a la falta de transparencia del organismo regulador tanto en este expediente como en otras cuestiones, como por ejemplo en la decisión del ATC. «Tendremos que pedirlos a través del portal de la Transparencia», señaló Castejón.