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El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

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Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

El Gobierno no ve riesgo de multa de Bruselas por el conflicto por los peajes eléctricos con la CNMC

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Europa Press.- El Gobierno no ve un «riesgo de multa» por parte de la Comisión Europea por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad ya que considera que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que se están trabajando con Bruselas «con textos concretos» al respecto y que existe con la Comisión Europea un «diálogo constructivo». Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo «era correcta», aunque consideró que actualmente existe «una discusión a nivel europeo» respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Se sigue el modelo francés

En concreto, Navia indicó que el conflicto se refiere a los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros del total de 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Por ello, adelantó que se ha presentado un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía señaló que actualmente no existe ninguna «notificación oficial» por parte de Endesa para cerrar sus centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), y destacó que ambas plantas «están realizando una aportación positiva» al sistema eléctrico español en un contexto de sequía y de tensión en Europa. Navia insistió en que el objetivo del Gobierno con el real decreto para el cierre de centrales es que exista «una regulación específica» al respecto y subrayó que esta normativa no está dirigida solamente a las plantas de carbón sino «a cualquier tipo de tecnología».

De esta manera, recordó que la intención del Gobierno es trabajar en la tramitación de este proyecto, para el que quiere contar con «el mayor apoyo», a pesar de que determinados pronunciamientos que se realizan por distintas formaciones políticas «no contribuyen a ello». «Exigen el cierre de las centrales de carbón y creo que eso genera una situación de incertidumbre que no facilita la continuidad de estas centrales», concluyó Navia.

Axa cuadruplica su meta para 2020 en inversiones contra el cambio climático y desinvertirá en la industria del carbón

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Europa Press.- La compañía francesa de seguros Axa anunció que acelerará su compromiso para luchar contra el cambio climático aumentando sus objetivos de inversiones verdes a 12.000 millones de euros, frente a los 3.000 millones de euros que había comprometido en 2015 coincidiendo con la Cumbre del Clima de París, lo que supone multiplicar por cuatro el importe total destinado a estos proyectos.

Al mismo tiempo, Axa asegura que despojaría de más de 3.000 millones de euros a las centrales energéticas intensivas en carbono con más del 30% de su negocio en el carbón, una cifra que multiplicó por 6 respecto a los 500 millones de euros anunciados hace dos años y del 50% de cuota de carbón respecto a la producción total.

«Un mundo que se está calentando a más de 4 grados no es asegurable. Como asegurador e inversor global, tenemos un papel fundamental que desempeñar», afirmó el consejero delegado de Axa, Thomas Buberl, que indicó que, en el marco del Acuerdo de París, la empresa quiere acelerar su compromiso y confirmar su liderazgo en la lucha contra el calentamiento global.

Asimismo, reconoció que sería «inconsciente» apoyar comercialmente a las industrias en las que el grupo está desinvirtiendo, por lo que indicó que dejarán de asegurar nuevas plantas de energía a base de carbón ni ninguna planta de extracción de arenas bituminosas o oleoductos asociados. «Axa eliminará progresivamente la cobertura de seguros para plantas de carbón o de arenas bituminosas», añadió. Por otro lado, Axa ha decidido unirse a Corporación Financiera Internacional mediante la cual respaldarán proyectos de infraestructuras relacionados con la lucha contra el cambio climático en países emergentes por valor de 500 millones de dólares (425 millones de euros).

Rajoy subraya que el futuro del carbón se abordará en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha asegurado que el país cumplirá sus compromisos climáticos para 2020 y ha avanzado que trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar también el cumplimiento de los compromisos adquiridos igualmente para 2030. «Estamos trabajando en una nueva Ley de Cambio Climático que sentará las bases para una transición energética ordenada, eficiente y poco costosa para los consumidores», ha indicado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo español ha apostado por mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar en el uso de energías renovables. Para Rajoy, la necesaria transición energética se ha de llevar a cabo por dos vías: la eficiencia energética y el incremento del parque de renovables. El presidente considera que este objetivo es factible y, a modo de ejemplo, ha recordado que durante el año 2017 se llevaron a cabo dos subastas de renovables, por 8.000 MW, «sin necesidad de primar». Pero ha considerado que es imprescindible mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar.

En cuanto a la situación del carbón, el presidente español ha subrayado que esta cuestión también se abordará en la futura Ley del Cambio Climático y ha apostillado: «nada se hace de un día para otro». En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el compromiso de España con la financiación climática y, en este sentido, recordó que se ha pasado de 205 millones de euros en 2012 a 595 en 2016 y que el Gobierno mantiene el compromiso de llegar a los 900 millones de euros anuales a partir de 2020.

Macron: “Estamos perdiendo la batalla”

Por su parte, en el marco de la One Planet Summit, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado una desoladora afirmación sobre la lucha global contra el cambio climático ante docenas de jefes de Estado y de Gobierno y líderes empresariales. «Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático», ha sentenciado. «No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Todos necesitamos actuar», ha recalcado en su búsqueda de un nuevo aliento para el esfuerzo colectivo que fue debilitado el pasado verano con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que abandonaban el Acuerdo del Clima de París.

En este sentido, ha llamado a los líderes reunidos en Paris en la One Planet Summit a lanzar una nueva fase contra el calentamiento global. Sin embargo, durante el encuentro no se produjeron compromisos internacionales vinculantes. El foco se centró en cómo instituciones financieras públicas y privadas pueden movilizar más dinero y cómo los inversores pueden presionar a las grandes corporaciones a cambiar hacia estrategias más sensibles ecológicamente. Más de 200 inversores institucionales que gestionan más de 26 billones de dólares han afirmado que presionarán ante las principales compañías emisoras de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que Bruselas aplaude los planes para recudir los requisitos a inversiones ambientalmente amigables para impulsar la economía verde. Esta medida podría ser parte de un abanico más amplio de acciones que la Unión Europea planea presentar en marzo para lograr el objetivo de reducir las emisiones de CO2 un 40% en 2030, lo que implica una estimación de 180.000 millones de euros al año en inversiones bajas en carbono. Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado inversiones por valor de 9.000 millones de euros destinadas a ciudades sostenibles, energía sostenible y agricultura sostenible para África y los países vecinos de la Unión Europea.

Teresa Ribera ve a España «muy atrasada» en acción climática y avisa de que hay que descarbonizarse antes de 2050

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Europa Press.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDSRI) y exsecretaria de Estado de Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Ribera, cree que España está «muy atrasada» respecto a otros países en el debate y acción sobre el cambio climático y recuerda que existe el compromiso de transformar la economía y la sociedad antes de 2050. En este sentido, Ribera cree que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería tener «unos cuantos elementos sistémicos».

Así, ha precisado que se requiere una reforma fiscal en la dirección verde, en la reducción de emisiones e incentivos para el cambio del modelo industrial y energético, un mecanismo de transparencia sobre los riesgos climáticos existentes y un conjunto de estrategias para evitar estos riesgos en toda la economía española. Además, considera que esta ley debería marcar también objetivos de reducción de emisiones tanto para el conjunto de la economía como por sectores y disponer de sistemas para evaluar la adaptación a los cambios que «en todo caso van a ocurrir». «Eso sería el mínimo: cómo abordar los riesgos y convertir nuestra economía en una economía baja en carbono y preparada para lo que significa el siglo XXI», resumió.

En ese contexto, opina que España podría «perfectamente» ir cerrando sus centrales de carbón de forma ordenada en esta próxima década y abrir paso a un modelo eléctrico diferente que pueda absorber otras necesidades para usos térmicos y domésticos. Por ello, cree que «el acento más importante en el que debería empeñarse el Gobierno» es ofrecer alternativas para esas regiones o comunidades de trabajadores en las que toda la riqueza está concentrada en torno a esa mina o central de carbón. Por ello asevera que la sociedad española tiene que demostrar que está «con las personas» y con esos territorios que «necesitan cambiar su planteamiento» para tener un futuro «próspero”.

«Los líderes de los países, de las empresas, del mundo financiero han de abordar con convicción, ambición y realismo un futuro, prácticamente inmediato, que es el futuro en el que debemos salvar nuestro sistema climático. No es un asunto tecnocrático ni que se deba limitar a la voluntad de los activistas. Necesitamos transformar muestro modelo económico, social y de desarrollo y eso no se hace solo», ha reclamado. Precisamente, ve al presidente de Francia, Emmanuel Macron, como un ejemplo a seguir porque ha hecho del cambio climático su «principal bandera».

Es en ese ámbito donde tiene la «impresión» de que España está «muy atrasada» con el nivel de debate respecto de otros países europeos. Ribera insiste en poner a Francia de ejemplo por tener un debate «serio y sofisticado» y forma parte de las conversaciones todos los consejos de administración de las grandes empresas, de todos los departamentos ministeriales, de los municipios y en general de la sociedad civil. «Está muy avanzado en el proceso de interiorización de una forma natural de estos desafíos», subrayó.

Ribera ha puesto de ejemplo que en Francia existen los contratos de transición para aquellas zonas donde el foco industrial está muy concentrado en sectores que se ve claramente que van a transformarse, como el tipo de automóviles o el tipo de agricultura. «Esto en España sigue siendo anecdótico en el panel informativo, en el debate económico, financiero, fiscal. Me parece que es un inmenso error y el reflejo de todo esto es que no hay una política energética pensada para la transición», ha criticado.

A su juicio, en España no se ha entendido que también se tiene que llegar a cero emisiones lo antes posible y que en 2050 se debería haber transformado «completamente» la economía y considera que hay «muy poco tiempo» y que el reto es «muy exigente, aunque lleno de oportunidades». Por eso, ha insistido en que lo inteligente es anticiparse y construir un proceso serio y que el Gobierno pierde una oportunidad si no aprovecha esta transformación para construir un debate en torno al proyecto de sociedad y economía para los próximos años. «Es un debate imprescindible, pero la gente lo entiende porque no le gusta respirar aire contaminado», sentenció.

El compromiso mundial en la lucha contra el cambio climático se refuerza en París con la One Planet Summit

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistió en París a la Cumbre Un Planeta (One Planet Summit), en la que se calcula que hubo 2.000 participantes aproximadamente con el objetivo de reforzar el compromiso mundial con la lucha contra el cambio climático y con el Acuerdo de París. La cumbre fue auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, dos años después de la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Convocada por el presidente francés en calidad de antigua sede de la COP21, la ONU y el Grupo del Banco Mundial, participaron más de 100 Estados, organizaciones internacionales, instituciones financieras y bancos internacionales y regionales y administraciones locales. El encuentro es también una respuesta al anuncio del presidente Trump de Estados Unidos de que su país saldrá del Acuerdo del Clima de París, a lo que el mandatario francés respondió con el eslogan Make our planet great again. El Acuerdo de París entró en vigor en noviembre de 2016. El asunto principal abordado fue la financiación destinada a la lucha contra el cambio climático, así como a la adaptación a sus efectos, especialmente por parte de los países en desarrollo.

De manera particular, en París se abordaron las iniciativas vinculadas a la financiación climática, es decir, la transferencia de recursos de países desarrollados a países en desarrollo para la financiación de proyectos y actuaciones en los ámbitos de lucha contra el cambio climático y de adaptación al cambio climático. En este marco, España ha incrementado anualmente sus contribuciones a la financiación climática desde 205 millones de euros en 2012 a 595 millones en 2016, en línea con el compromiso adoptado hace dos años en la COP de Paris de alcanzar los 900 millones de euros anuales a partir de 2020.

A otro nivel, España también mantiene su firme compromiso con los esfuerzos internacionales de lucha contra el cambio climático. Así, ha asumido compromisos de reducción de emisiones, uso de energías renovables y aumento de la eficiencia energética, lo que le ha permitido tener una tasa de emisiones per cápita inferior a la media de la Unión Europea y situarse en la senda para cumplir con sus objetivos en 2020. Además, y con vistas a asegurar el cumplimiento de los nuevos objetivos europeos para 2030, el Gobierno está trabajando en la elaboración de una Ley de cambio Climático y Transición Energética, que permita abordar estas cuestiones desde una perspectiva amplia y fomentando la implicación y participación de todos los actores involucrados.

Cumbre de interconexiones en 2018

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo español, el presidente de Francia, el primer ministro de Portugal y el vicepresidente de la Comisión para la Unión Energética, Maros Sefcovic, han anunciado además la celebración de una nueva Cumbre de interconexiones en Portugal en el primer semestre de 2018, como continuación de la celebrada en Madrid en marzo de 2015. Estas interconexiones entre los tres países (España, Francia y Portugal) permitirán aumentar su contribución a la seguridad energética y cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables y de reducción de los gases de efecto invernadero.

Mientras, el responsable de la organización WWF en Francia, Pascal Canfin, ha señalado que se podrá considerar que la Cumbre es un éxito si se logra una hoja de ruta para cambiar las reglas no solo del sistema financiero global, sino también de los sectores del transporte y la energía. «En los países ricos y con el acuerdo de París, estamos comprometidos a lograr la neutralidad de carbono para 2050. Esto significa que tenemos 33 años para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la lucha de toda una generación», subraya.

En este sentido, Margaret Kuhlow, líder del Programa sobre financiación de WWF, pide a las empresas que adopten las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) que establece la conexión entre los problemas ambientales y la estabilidad financiera. «Hacemos un llamamiento a los miembros del G20 para que apoyen la implementación de TCFD y consideren su integración en las políticas de forma obligatoria», añade. Para la organización, iniciativas como esta Cumbre auspiciada por Macron son importantes para mantener a los líderes comprometidos y para impulsar nuevas acciones climáticas entre todos los actores. «Es vital si queremos mantener el calentamiento por debajo de los 1,5°C y evitar los peores impactos del cambio climático», subraya WWF.

Unidos Podemos denuncia ayudas encubiertas a la industria con la interrumpibilidad y pide abaratar su coste y limitar la potencia

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Europa Press.- Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso limitar el valor máximo de las retribuciones de la interrumpibilidad, fórmula por la cual las grandes industrias detienen su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, así como reducir el volumen de potencia interrumpible. En este sentido, la portavoz de Podemos En Marea, Yolanda Díaz, destaca que el coste de la interrumpibilidad en España es «a todas luces exagerado» y con un volumen de potencia «innecesario».

Durante toda la iniciativa, Díaz realiza una comparativa entre la gestión que realizan de este recurso países europeos por cuyo tamaño España debe compararse, como Francia, Alemania e Italia, concluyendo que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que el resto de países de su entorno.

Díaz señala que si en 2016 en España se adjudicaron 2.895 megavatios (MW), con un coste de medio de 173.920 euros/MW, y un coste total de 503,5 millones de euros, los consumidores españoles pagaron por este recurso más que los abonados por Alemania, Francia e Italia juntas. Así, señala que la máxima retribución en Alemania en 2016 hubiera supuesto 39 millones de euros, en Francia 96 millones y en Italia 297 millones. Sumados todos juntos contabilizan 432 millones de euros, casi 100 millones menos que los 503,5 millones que España desembolsó en concepto de interrumpibilidad.

Todo ello a pesar de que, según sostiene en la iniciativa Yolanda Díaz, España contrate un mayor volumen de potencia que todos los países, menos Italia, a pesar de registrar puntas de demanda inferiores (40,5 GW frente a los 87 GW en Alemania, los 88 GW en Francia o los 54 GW en Italia). «Resulta sorprendente que el sistema eléctrico español necesite el doble de potencia interrumpible que Francia o Alemania, con puntas de demanda muy superiores, y solo algo menos que Italia, con una punta de demanda superior», destaca.

Realizando una comparativa entre la punta de demanda anual y la potencia instalada, aunque sin tener en cuenta la disponibilidad de las diferentes tecnologías, se «da una idea de la probabilidad de tener que recurrir» a la desconexión por la falta de energía, España ocupa el último puesto en este coeficiente de riesgo. Todo ello lleva a la diputada a concluir que el sistema de interrumpibilidad no deja de ser una forma de compensar a las industrias electrointensivas. «La causa última de estas distorsiones está en que es, en realidad, una mezcla de herramienta técnica y de ayuda a la industria general, pero de forma particular a la electrointensiva», argumenta.

Unas ayudas de las que, si bien Díaz no rechaza su existencia, critica que se carguen sobre los consumidores. Por ello, aboga por que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter trienal, al amparo de las directivas europeas sobre ayudas a la protección medioambiental, y con el fin de compensar el apoyo a la energía renovable y a la colaboración con la transición energética condicionadas, eso sí, en determinados supuestos.

También llama a reformar la gestión de la interrumpibilidad con el fin de que «responda estrictamente» a necesidades derivadas de la seguridad del sistema, flexibilice las condiciones de ejecución para que, además de cubrir situaciones de emergencia, «sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda», y habilitar mecanismos de recompra para que los adjudicatarios de potencia puedan cancelar sus obligaciones de reducir la demanda.

Por otro lado, pide que la adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, se garantice la retribución y volumen de potencia máxima por un período de 3 años, y que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos. Aunque el resto de países también cuentan con un mecanismo de subasta, España es el único donde esta subasta es presencial, sin que esta circunstancia se justifique en la normativa que regula estas subastas, gravándose su coste, con el consiguiente despliegue de instalaciones, equipos y desplazamiento a la sede de la subasta, a la factura de los consumidores.

Arias Cañete pide una cumbre europea para relanzar las interconexiones ante la predisposición de Francia

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, considera que «sería necesaria» una nueva cumbre de España y Portugal, los países que conforman la Península Ibérica, con Francia y la Comisión Europea para «relanzar» las interconexiones eléctricas, vista la «predisposición» actual que hay en esta materia por parte del Ejecutivo francés desde la llegada a la presidencia de Emmanuel Macron, lo que calificó de «una gran oportunidad» para «impulsarlas y hacer posible los objetivos» establecidos.

Cañete señaló que la Península Ibérica se encuentra en una situación de interconexión «absolutamente crítica» y afirmó que mientras no se avance en esta materia entre los países europeos «ninguna medida será efectiva«. En 2015 ya tuvo lugar en Madrid una cumbre entre España, Francia, Portugal y la Comisión Europea en la que se plasmó el compromiso de impulsar las interconexiones energéticas con el objetivo de lograr un mercado interior de la energía en Europa.

A este respecto, España y Francia han dado recientemente un impulso a la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya, la primera submarina entre los dos países, que permitirá aumentar la capacidad de intercambio desde los 2.800 megavatios (MW) actuales hasta los 5.000 MW, y que cuenta con un presupuesto de 1.750 millones de euros y finalización prevista para 2025. No obstante, y a pesar de este proyecto, España cuenta actualmente con un nivel de interconexión con Europa muy alejado del mínimo establecido por la Unión Europea para 2020: el 10% de la capacidad de producción instalada, que en el caso de España tendría que alcanzar los 10.000 MW frente a los actuales 2.800 MW.

Además, el comisario advirtió de la necesidad de abordar el problema de la reducción de emisiones en un sector como el del transporte, «que es dinámico y con una expansión que incrementa sus emisiones». A este respecto, Cañete consideró que Europa «está perdiendo el liderazgo» en el vehículo eléctrico, ante el crecimiento existente en países como India y China, por lo que vio necesario «favorecer la innovación» para su impulso.

Así, apuntó la necesidad de abordar el «doble desafío» de ser líderes en baterías, «con baterías de nueva generación», y en desarrollar gamas de vehículos eléctricos, para lo que «hay que establecer sistemas de recargas». «Estamos en el problema de que los fabricantes no producen coches eléctricos porque no hay sitios de recarga y los que pueden poner recargas no lo hacen porque no hay coches eléctricos«, subrayó al respecto. Finalmente, Arias Cañete advirtió que la transición energética hacia la descarbonización de las economías es «imparable», aunque aseguró que «hay que saber gestionarlo», ya que es un proceso que «cambiará el futuro y los que lo lideren ganarán la batalla».

Bruselas evita polémicas con España

Por otro lado, Cañete ha reconocido que la Comisión Europea está «analizando» si el borrador de real decreto para el cierre de centrales eléctricas que pretende sacar adelante España es «compatible con la legislación comunitaria», pero ha subrayado que Bruselas no está para «entrar en polémicas entre un país y una empresa«. En este sentido, Cañete señaló que la Comisión está empezando a analizar «cuál es la compatibilidad o no» de la normativa española para cambiar las reglas del juego en la clausura de centrales eléctricas con el derecho comunitario.

No obstante, el comisario dejó claro que Bruselas no está para «analizar posicionamientos de gobiernos y empresas», en referencia a la batalla entre el Ministerio de Energía e Iberdrola por la petición de cierre de sus centrales térmicas de Lada y Velilla. Respecto al servicio de interrumpibilidad, por el que las empresas electrointensivas reducen o suspenden su consumo de energía cuando el sistema no logra atender la demanda, sostuvo también que Bruselas está en «diálogo» con España para ver qué «ayudas son de Estado y compatibles» con las reglas comunitarias.

La francesa Total vende dos yacimientos petrolíferos noruegos a Statoil por 1.215 millones por 1.215 millones de euros

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Europa Press.- La petrolera francesa Total anunció la venta de su participación en dos yacimientos petrolíferos en Noruega a la compañía Statoil por 1.450 millones de dólares (1.215 millones de euros). En concreto, Total se deshará de su participación del 51% en el yacimiento Martin Linge y del 40% en Garantiana, en una operación que implica además la transferencia de empleados, aunque aún está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades pertinentes.

«La próxima adquisición de los activos de Maersk Oil, que convertirá a Total en el segundo mayor operador en el Mar del Norte, nos ha llevado a revisar nuestra cartera en esta área para centrarnos en aquello que pueda generar sinergias», señaló el presidente de exploración y producción de Total, Arnaud Breuillac. En este sentido, el directivo explicó que la posición operativa de Statoil en la plataforma continental le permitirá optimizar estos activos. No obstante, Breuillac aseguró que Noruega sigue siendo un enclave «estratégico» para Total como uno de los mayores contribuyentes a la producción del grupo y que, por supuesto, tienen la intención de continuar operando en el país.

Bruselas incluye 6 interconexiones, 4 eléctricas y 2 gasistas, de España con Francia y Portugal en su lista de prioridades

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Europa Press.- La Comisión Europea ha incluido 6 interconexiones de España con Francia y Portugal en su lista de proyectos prioritarios para completar la Unión de la Energía, de las cuales 4 son eléctricas y 2 gasistas, al tiempo que ha advertido de que el nivel de conexión eléctrica del país, que es del 5,8%, es «insuficiente» frente al objetivo del 10%.

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha presentado el tercer informe sobre el estado de la Unión de la Energía y una nueva actualización de la lista de Proyectos de Interés Común (PIC), que son aquellas infraestructuras «clave» para que la Unión Europea cumpla sus objetivos climáticos y energéticos y que son susceptibles de recibir fondos comunitarios. En este sentido, el comisario español ha afirmado que «se necesitan esfuerzos adicionales» para integrar la Península Ibérica en el mercado energético europeo. En concreto, la nueva lista de Bruselas incluye seis interconexiones de España con Francia y Portugal.

En cuanto a las interconexiones eléctricas, el Ejecutivo comunitario sigue incluyendo en esta lista a la interconexión entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya, las interconexiones con Francia desde Navarra y Aragón y la conexión entre Galicia y Portugal. Con respecto a las conexiones gasísticas, la nueva lista incluye el gaseoducto Midcat, que debe unir España y Francia a través de Cataluña, con la primera fase de este proyecto (STEP), y la tercera interconexión entre España y Portugal.

El Ejecutivo comunitario señaló en su análisis sobre los avances energéticos en España que su nivel de interconexión eléctrica en 2017 es del 5,8%, una cifra que es «insuficiente» porque está «muy por debajo» del objetivo fijado para 2020, que es del 10%. «España sigue estando conectada de forma insuficiente con la Unión Europea en el mercado eléctrico y no puede recoger todos los beneficios de un verdadero y efectivo mercado interior comunitario», afirma Bruselas en el documento, en el que añade que este hecho tiene «consecuencias negativas» para Portugal.

En este sentido, la Comisión Europea ha apuntado que el proyecto del Golfo de Vizcaya para conectar Francia y España, cuya finalización está prevista para 2025, elevará la capacidad de interconexión entre los dos países hasta los 5.000 megavatios (MW), y llevará a España «cerca» del objetivo del 10%. Además, Bruselas calcula que las otras 2 interconexiones eléctricas con Francia a través de los Pirineos, desde Navarra y Aragón, cuya puesta en marcha se estima en 2026, incrementará esta cifra hasta los 8.000 MW. Asimismo, el comisario Arias Cañete ha subrayado también los avances conseguidos con respecto al proyecto Midcat.