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El Parlamento catalán cita a Florentino Pérez y a varios exministros por el proyecto Castor

Europa Press. – El Parlament ha aprobado la citación del presidente de ACS, Florentino Pérez, para que comparezca en la comisión de investigación de la Cámara que abordará si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor.

De esta manera, se ha aprobado en una reunión de esta comisión, que también ha aprobado citar a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal (PP), Miguel Sebastián, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez (PSOE).

De la misma manera, se ha citado al exministro y expresidente de la Generalitat José Montilla; al exministro y exalcalde de Barcelona Joan Clos, ambos del PSC, y a la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En este sentido, la Cámara catalana también ha citado al director del proyecto Castor, Carlos Barat; el alcalde de Alcanar (Tarragona) Alfons Montserrat, y los exalcaldes de Vinaròs (Castelló) Javier Balada y Jordi Romeu.

Poniéndolo en contexto, el proyecto Castor fue polémico en todas sus fases: desde el procedimiento de adjudicación, pasando por los terremotos que originó mientras funcionó y acabando por la indemnización a los promotores que aprobó el Gobierno, que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Siguiendo la lista de citaciones del Parlament también consta el exsecretario general de Energía, Ignacio Nieto; el exconseller valenciano Juan Gabriel Cotino, el exconseller de la Generalitat Josep Huguet y el presidente del Banco Europeo de Inversiones Werner Hoyer. Además, se han aprobado las comparecencias del consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, y el presidente del Instituto Geológico y Minero de España, Marco Aparicio, entre otros.

 

Comparecencias de testigos y expertos

Todos los nombres citados  serán llamados a comparecer en el Parlament en calidad de ‘testigos’, pero también se han citado a otras personas como ‘expertos’ en lo que sucedió, como por ejemplo el periodista Jordi Évole, que realizó un programa sobre la problemática.

Además, se han aprobado las comparecencias de unos de los responsables del informe MIT-Harvard sobre el proyecto Castor David Castiñeira; la activista Simona Levi; el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad; el eurodiputado Ernest Urtasun, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entre otros.

Archivada una investigación

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, ha estimado la petición de las defensas y de Fiscalía y ha acordado el sobreseimiento libre de la causa respecto de seis investigados, miembros del consejo de administración de la mercantil Escal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

En su resolución, el magistrado considera que de las investigaciones efectuadas «no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del consejo de administración» de Escal, que «tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo tomado ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica».

El instructor mantiene la causa abierta por supuestos delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del consejo de administración de Escal, el consejero delegado y el coordinador y director general de la compañía, sobre cuya responsabilidad no se pronuncia en este auto.

Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2013, cuando en la fase final de puesta en funcionamiento de la plataforma Castor se produjo un incremento de la actividad sismológica de la zona, pasando, en cuestión de un mes, incluso de días, de una zona de baja actividad sismológica a ser considerada una zona de alta actividad sismológica.

La Guardia Civil investiga un nuevo vertido presuntamente desde la planta de biodiésel en el puerto de Carboneras (Almería)

Europa Press.- Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido que se produjo el pasado 20 de octubre desde una planta de producción de biodiésel al mar en el entorno del puerto de Carboneras (Almería); el segundo que da lugar a una investigación desde el pasado mes de abril.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar. En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar.

La presencia del vertido, que fue grabado y difundido a través de las redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según indicó el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, a través de su perfil en Facebook, donde aseguró que acudió hasta la zona para comprobar los daños, si bien a su llegada «ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia».

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. «El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder», detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en el pasado mes de abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. La jueza Mónica Villena citó a declarar en calidad de investigado al representante legal de la mercantil F.J. Sánchez Sucesores SAU como titular de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel en la causa penal que se sigue por un supuesto delito medioambiental.

“Emanaba un residuo líquido viscoso”

El procedimiento, según indicaron fuentes judiciales, se incoó a raíz de que, el 11 de abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les comunicó que, probablemente, «provenía» de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.

La Guardia Civil procedió entonces a realizar una inspección ocular, fotografías y también a la toma de muestras de vertido para su estudio y el gerente de Acuamed a interponer una denuncia por un delito medioambiental «nuevamente producido por biodiesel, razón por la que ya había presentado varias denuncias anteriormente». Paralelamente, un camión cisterna extrajo por succión el residuo que se estaba vertiendo y que se estaba embalsando en una canalización lateral de la instalación, concretamente en la acequia perimetral de recogida de pluviales, para así evitar que este llegase a desembocar en el mar.

En su declaración como denunciante y perjudicado ante la Guardia Civil, el jefe de la planta señaló que, de no haberse evitado el vertido de este fluido, hubiera desembocado en el mar justo en la zona de captación de agua por la desaladora, «pudiendo ocasionar no solo medioambientales sino también materiales en el sistema de filtración y membranas de ósmosis inversa y el resto de instalaciones donde se trata el agua captada en el mar«.

Trasladó, asimismo, que había hablado con el representante legal de la refinería de Biodiesel y que le había asegurado que no tenía localizado «el punto de rotura ya que la arqueta por donde habitualmente fugaba había sido revisada y no perdía». El líquido vertido se trata de agua con mezcla de aceite tratado. En el auto de apertura de diligencias, que han sido declaradas complejas, la jueza ofició al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remitiese informe de los hechos denunciados y citó, al margen de al representante legal de la refinería en calidad de investigado, al jefe de la planta y a una segunda trabajadora como testigos.

Piden 6 años de cárcel para los 2 acusados de estafar 1,2 millones en la construcción de 11 plantas fotovoltaicas

Europa Press.- El Ministerio Público pide 6 años de cárcel para cada uno de los acusados de estafar presuntamente 1,2 millones de euros en la construcción de 11 plantas fotovoltaicas. Según el escrito de acusaciones del fiscal, ambos procesados se pusieron de acuerdo durante los años 2007, 2008 y 2009 para pedir a las mercantiles con las que pactaron las obras distintas cantidades de dinero «por importes superiores» a los materiales que iban adquiriendo para las obras.

Facturas falsas sobre las originales

Ante lo elevado de los costes, la Fiscalía indica que el administrador de las mercantiles pidió a los acusados que rindiesen cuentas del coste de la obra, por lo que los acusados enviaron un correo electrónico con distintas facturas que resultaron ser falsificaciones de las originales emitidas por los proveedores y en las que los acusados elevaron el coste real de los materiales adquiridos. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa. Pide además que los procesados indemnicen a las mercantiles con 1,2 millones.

Una plataforma pide a la Fiscalía de Medio Ambiente paralizar las obras de Gas Natural Fenosa en Doñana

Europa Press.- La plataforma Doñana Lives presentó una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla para que investigue «exhaustivamente» las causas del incendio originado en el término municipal de Moguer (Huelva) y que alcanzó el Espacio Natural de Doñana, y «si ha habido negligencia o atentado», así como que «se actúe con el mayor rigor posible contra los responsables, sean quienes sean».

Según reza la denuncia, solicitan que se paralicen cautelarmente las obras de la empresa Gas Natural en el entorno de Doñana, «al menos hasta que por técnicos independientes y desconocidos de la empresa promotora se pueda probar la imposibilidad de consecuencias en caso de algún otro accidente futuro». De igual modo, insisten en que «si no se probara, se prohíba absolutamente la referida obra y cualquier otra que pueda poner en peligro la supervivencia del parque y la afección de cualquiera de los acuíferos citados».

No obstante, aseguran que, aunque «nadie puede acusar a Gas Natural de responsabilidad alguna» en este suceso, «deja clara una circunstancia que ya hemos denunciado anteriormente: la instalación de un gigantesco almacén de gas en la marisma puede convertirse en un gravísimo desastre, ante una desgracia fortuita como esta, más aún ante la posibilidad, nunca remota, de un ataque terrorista».

A su juicio, «la acción beneficiosa de los Parques Nacional y Natural de Doñana está fuera de dudas», indicando además que «queda claro que la posible pérdida de este pulmón mundial sería una catástrofe irreversible para el mundo y, en especial para Andalucía, la zona más cercana y, por tanto, la más beneficiada actualmente y la que corre mayor peligro«. Por último, entienden que es función de esta Fiscalía de Medio Ambiente investigar lo ocurrido.

La Fiscalía italiana pide juzgar a Claudio Descalzi, consejero delegado de Eni, por entregar sobornos en Nigeria

EFE.- La Fiscalía de Milán solicitó juzgar al consejero delegado de la petrolera italiana Eni, Claudio Descalzi, por un supuesto delito de sobornos cometido en 2011 por la compañía para adjudicarse la explotación de un rico yacimiento petrolífero en Nigeria. Junto a Descalzi, la Fiscalía también ha pedido sentar en el banquillo al expresidente de la petrolera, Paolo Scaroni, a otras diez personas, entre ellas diversos directivos, y a las propias petroleras Eni y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell.

La Fiscalía milanesa considera que estos acusados incurrieron en un supuesto delito de corrupción internacional al realizar sobornos con el objetivo de obtener los derechos exclusivos de explotación del yacimiento petrolífero Opl 245, uno de los más grandes de África. Según la acusación, la petrolera Eni y su socia Royal Dutch Shell entregaron sumas de dinero que rondarían 1.206 millones de euros a altos funcionarios del gobierno nigeriano en 2011, 1.019 millones de euros los habría dado Eni, mientras que 187 millones vendrían de Shell.

Descalzi, consejero delegado de Eni desde 2014 y uno de los directivos de la compañía italiana en aquel momento, ya ha sido interrogado por este asunto y siempre negó las acusaciones. El juez en primera instancia de Milán deberá ahora estudiar y pronunciarse sobre la petición presentada por la Fiscalía de Milán. La petrolera transmitió su plena confianza en el consejero delegado y rechazó las acusaciones de la fiscalía italiana.