EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) planean presentar una denuncia  en las próximas semanas ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que el Gobierno legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop.

Las asociaciones presentarán la denuncia en un plazo de dos o tres semanas, una vez que concluya un proceso de recogida de firmas de apoyo que se abre ahora. Holtrop indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, se cumple en este caso de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora, por lo que instará a la Fiscalía Anticorrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos«.

En concreto, la denuncia se dirige contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías. De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno.

Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demuestran que los «errores» en la normativa, que justifican en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de la aprobación del recorte. Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, señaló que «se ha publicado que el Gobierno llegó a presionar a los consultores», y que afectará al coste de las renovables en el futuro porque los inversores van a exigir «una prima de riesgo».

Otras «contradicciones», según dijo, se basan en que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una serie de contradicciones y falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que considera «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Además, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, insistió en la necesidad de recabar firmas de ciudadanos y asociaciones, así como de los partidos políticos, con el objetivo de «abrir el debate energético». Aunque la denuncia se dirige por un delito de presunta «prevaricación» contra Alberto Nadal» como su autor, fundamentalmente, por ser quien ha tenido el dominio del acto», no descartan que Anticorrupción decida ampliarla a otros representantes de Industria o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), al tiempo que abren la puerta a la presentación de una querella.