Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, asevera que «no parece que la falta de actividad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAPAMA) pueda verse justificada» tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el parque Natural de Doñana (Huelva), a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía.

Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpeace haya interpuesto una queja formal advirtiendo en este sentido y con el objetivo de «parar esta barbaridad», según ha calificado la ONG. Tras esta queja, Fernández inició una actuación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en relación con la «insuficiencia» de la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos que integran el gaseoducto en Doñana, y que se realizaron de manera independiente para cada uno ellos, y «no conjunta como exige la legislación», según apunta en el documento.

Así, el escrito señala que «no se puede fraccionar el objeto de un proyecto de manera que se altere el resultado de la evaluación». En este sentido, en su respuesta ante la petición del Defensor del Pueblo, la Administración señaló que los 4 proyectos «se diseñaron para ser independientes en su funcionamiento» y, por ello, las evaluaciones están por separado, según el escrito. Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Administración «no aclaró» qué se considera como «independientes en su funcionamiento» y «parece obvio que los proyectos forman parte de un proyecto global como es la infraestructura gasística».

Además, sobre la respuesta oficial, Fernández señala que la institución «esperaba» que la Secretaría de Estado hiciera una «valoración efectuada por los órganos competentes del departamento y no un resumen de los comentarios del promotor sobre la evaluación del riesgo sísmico». Por otro lado, el Defensor del Pueblo también señala en el documento la «incoherencia» que supone que, por un lado, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental elaborase una DIA «sin tener todos los datos necesarios» e «impusiera al promotor que realizase nuevos estudios», y que, sin embargo, después se otorgara autorización «sin un pronunciamiento previo» del órgano competente para «validar correctamente dichos estudios». «Todo parece indicar que la DIA fue incompleta«, señala Fernández.

Informe del CSIC y sismicidad

Por otra parte, el escrito explica que el Defensor del Pueblo andaluz, que también sigue actuaciones en relación con las potenciales afecciones en el espacio natural de Doñana en colaboración con su homólogo nacional, aporta un informe del delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y Extremadura que señala que «no se han evaluado en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero» y pide que se tenga en cuenta. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría alterar el resultado de la evaluación.

Por todo ello, Fernández ha pedido al IGME un informe concluyente sobre sus conclusiones alcanzadas en la evaluación ambiental practicada de los 4 proyectos en relación con el riesgo sísmico y, especialmente, en lo relativo al almacenamiento subterráneo de gas y su impacto sobre el acuífero. También ha solicitado al IGME una copia de los informes emitidos en el procedimiento de la DIA de los 4 proyectos de gas en Doñana; y una copia del informe emitido después de que se diera luz verde a uno de los cuatro proyectos, que es el único que, de momento, cuanta con autorización.

Andalucía exige paralizar los proyectos

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana, confirma que «hay que parar» estos proyectos. Fiscal ha asegurado que la petición del Defensor confirma a su vez que «hay que analizar los riesgos sísmicos» que, según el CSIC, «no están claros».

Por ello, Fiscal comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán porque «confirma», insistió, «lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece». Se trata de la primera acción que se conoce del Defensor del Pueblo después de haber asumido Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando Fiscal al respecto que «se estrena de la mejor manera con Andalucía».