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Energía congela los peajes de electricidad y gas a pesar de las advertencias de la CNMC sobre el déficit gasista

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Europa Press / Servimedia.- El Ministerio de Energía publicó en el BOE sendas órdenes ministeriales en las que se adopta la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. El mantenimiento de los peajes se produce tras haber recibido los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que se advierte de que, en el caso del gas, las previsiones de demanda pueden ser demasiado optimistas y provocar un desajuste en el sistema.

Los peajes deberían recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. En los últimos tres años, los peajes, que dependen del Gobierno, se han mantenido constantes para gas natural y descendieron un 2,8% para la electricidad. Según el Ministerio, esta congelación es consecuencia de la reforma de los sistemas energéticos, que ha logrado alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y costes. La otra parte de la factura, correspondiente al coste de la energía y que no depende del Gobierno, varía en función del precio de las materias primas (gas y petróleo principalmente) y la climatología. A los peajes y al coste de la energía hay que sumar los impuestos.

Según los cálculos de Energía, el consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que el del gas experimentó un abaratamiento del 9%. El Gobierno destaca además que «la congelación de la parte regulada del recibo contribuirá de manera significativa a amortiguar el impacto de las recientes subidas de las materias primas sobre las facturas de los consumidores en general».

El sistema eléctrico, si se cumplen las previsiones de Energía, cerrará de nuevo 2017 sin déficit de tarifa, después de haber registrado un superávit de 110 millones en 2016, que se suma a los cerca de 470 millones en 2015 y a los 55 millones de 2014. Para 2017, el coste del transporte y la distribución de electricidad se mantendrá en cifras parecidas, mientras que el de las renovables y la generación aumentará de 6.403 a 6.987 millones. La retribución a las renovables aumentará al haberse acometido la primera revisión trienal de precios de referencia del mercado fijada en la reforma eléctrica. Además de los 6.987 millones, se les reconocen otros 176 millones por importes recibidos de menos en 2015.

Los consumidores eléctricos deberán afrontar además en 2017 una anualidad de 2.838 millones de euros para amortizar la deuda generada por el déficit de tarifa. También se retocan aspectos técnicos de las subastas de interrumpibilidad para mejorar su funcionamiento. La tarifa eléctrica asumirá de nuevo en 2017 un total de 740 millones de euros correspondientes al 50% de los extracostes de la actividad extrapeninsular, mientras que los otros 740 millones recaerán sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los PGE, como ya está establecido, aportarán además a la tarifa 450 millones procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 y lo recaudado con los distintos impuestos eléctricos, por un importe previsto en 2017 de 2.704 millones de euros.

En cuanto a los peajes de gas, Energía asegura que serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La orden ministerial reconoce además un déficit de tarifa del gas acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Los costes totales del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. Así, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto. El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones. También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral acerca de los costes del gas importado desde Argelia, asumiendo 163 millones en cinco años por este concepto.

La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que ya había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros. Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental. Asimismo, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones.

La factura de la luz se abarató un 10,59% en 2016, lo que supuso un ahorro de 89,34 euros

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 754,56 euros en su factura de la luz de todo el año 2016, por lo que esta factura se redujo en un 10,59% respecto a los 843,9 euros de 2015, lo que supuso un ahorro total en el recibo eléctrico de 89,34 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 754,56 euros abonados en los 366 días del 2016, 184,99 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable respecto a 2015. Del resto de la factura de 2016, 408,28 euros obedecen al consumo, 30,33 euros al impuesto eléctrico y 130,96 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras a la baja respecto a los 478,53 euros de consumo de 2015, 33,92 euros de impuesto eléctrico y 146,46 de IVA para sumar los 843,9 euros de la factura del año pasado.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia de un matrimonio con dos hijos. Del mismo modo, la factura media en el mes de diciembre de 2016 fue de 74,77 euros, un 3,98% más que los 71,91 euros registrados en diciembre del 2015. Esta subida ha provocado el anuncio de la CNMC de estudiar las razones de la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool). 

La factura de luz ha bajado un 11% en 2016 y la del gas, un 9%, según Energía

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Europa Press / Servimedia.- El consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que en el caso del gas el descenso es del 9%, anunció el Ministerio de Energía, que confirmó que, una vez recibido el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aprobará la congelación de los peajes de electricidad y gas para 2017.

En los últimos años, señala el Ministerio, la parte regulada del recibo, es decir los peajes que dependen de lo fijado por el Gobierno, se ha mantenido constante para el gas natural e incluso ha descendido un 2,8% para la electricidad. «Es la primera vez que se acumulan tres años seguidos de congelación o bajada de peajes como consecuencia de la reforma de los sistemas energéticos, que ha logrado alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y costes y eliminar definitivamente el déficit de tarifa», presume.

Energía recuerda que la otra parte de la factura, correspondiente al coste de la energía y que no depende del Gobierno, varía en función del precio de las materias primas, especialmente del gas y del petróleo, así como de la meteorología. El Gobierno asegura ser «consciente» de que el precio de la energía es “clave” para la competitividad y la creación de empleo», por lo que «esta congelación contribuirá a amortiguar el impacto de las subidas de las materias primas».

Comunicación y electricidad

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La evolución de los precios de la electricidad en el mercado mayorista durante la primera quincena de diciembre ha desatado un proceso comunicativo que suele ser bastante virulento, intenso y previsible cuando su resultado anticipa una posible evolución al alza de los mismos (por las circunstancias que sean y que en el caso que nos ocupa, esbozaremos) y que podemos describir de acuerdo al histórico anterior de procesos semejantes, cumpliendo los siguientes pasos, con los matices lógicos.

En primer lugar, este proceso comunicativo, como se puede apreciar, se produce con mucha mayor intensidad en el ámbito del suministro eléctrico con respecto a otras energías finales, sea al suministro gasista o incluso los hidrocarburos, dónde los consumidores parece que son más precio aceptantes. Por una parte, existen más agentes opinando, con un grado más grueso en su expresión así como en sus demandas y pretensiones (pueden llegar a solicitar la estatalización del suministro).  Por otra parte, existe una maquinaria muy engrasada y entrenada al respecto que lo ceba.

En segundo lugar, se produce en términos catastrofistas de forma que se extrapolan las posibles variaciones de precios por la mayor que resulte de las comparaciones que se barajen o sea posible realizar con la calculadora. Por tanto, se emiten comparaciones con el mes anterior, en un sistema que sólo admite comparaciones homogéneas respecto al año anterior. Aún así, no dudan en aislar la evolución del mercado o incluir los peajes, según convenga para que el porcentaje resultante resulte mayor. El objetivo, lógicamente, es amplificar sus posibles resultados para que los efectos comunicativos sean mayores.

En segundo lugar, se produce de forma adánica, omitiendo los períodos en que por razones concretas se producen abaratamientos o descensos del precio de la electricidad: por razones meteorológicas, de estacionalidad o de circunstancias de mercado. También se produce de forma adánica respecto a las decisiones en torno al modelo de fijación de precios horarios o de los costes de acceso. En consecuencia, la electricidad, en este desarrollo discursivo que disimula las evoluciones negativas, ha de ser un suministro cuyo precio sólo podría descender y los más condescendientes, otorgándole el título de precio político, admitirían una evolución ajustada al IPC.

Seguidamente, se involucra a la CNMC, para que valore si la evolución de los precios al por mayor es «mucha o poca», haya razones meteorológicas o incluso, como ocurre actualmente, porque se esté exportando energía (a mercados que por circunstancias de producción de la electricidad nuclear tienen la energía más cara en generación, como es actualmente el caso francés). La CNMC, organismo cuyo supuesto correlato en otros países debe ser el de regulador independiente, supervisión y control de los mercados en su conjunto, se convierte en una especie de Junta Superior de Precios. Las declaraciones de los portavoces del organismo en las que responden a las preguntas de la evolución del precio del mercado mayorista supone la asunción del marco.

Sea como fuere, una vez caldeado el ambiente de forma suficiente, el proceso enfrenta dos alternativas. Si se conocen los resultados definitivos y no coinciden con las previsiones alarmistas preventivas, se produce un decoroso mutis por el foro de estas voces. Y si coinciden, la presión ejercida sobre el Gobierno puede llevar a hacer ajustes contables, tocar magnitudes de costes de acceso, dependiendo del escenario político y electoral del momento. En todo caso, se renuncia a la revisión de los componentes de los costes de acceso y a una reflexión seria de dónde se producen las variaciones en los precios de la electricidad, según su proceso de formación y componentes.  Nada nuevo, esta vez tampoco.

Podemos exige que la CNMC investigue lo que considera “irregularidades” en los recibos de la luz

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Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley para que el pleno del Congreso debata sobre la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica.

En la iniciativa, Unidos Podemos denuncia que España presenta uno de los precios más elevados de los países de su entorno, ya que la electricidad para sus hogares es la cuarta más cara de toda Europa, según Eurostat. En este sentido, señala que el incremento desde el segundo semestre de 2013 al de 2014 ha sido del 4,1%, frente a un incremento del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro, debido a factores como el déficit de tarifa, los elevados costes de distribución o las prácticas «oligopólicas» de las eléctricas, entre otros.

Respecto a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el real decreto de 2011 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, estipula que los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno tendrán el carácter de máximos. Por ello, según Unidos Podemos son importes «únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad«.

Además, desde Podemos añaden que «de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno». En este mismo sentido asegura que se pronunciaron las instancias judiciales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó en sentencia de mayo de 2012 que no cabía estimar recurso contencioso-administrativo de una empresa comercializadora a una resolución de la sección de Atención a las Personas Usuarias de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat.

La facturación del término de potencia es un coste regulado de forma que su aplicación, o no aplicación, «no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes, sino que es de aplicación obligatoria». Igualmente, la citada resolución añade que la aplicación y traslado a la facturación de las modificaciones de la cuantía de este coste regulado tampoco puede ser objeto de acuerdos contractuales sino que las sucesivas variaciones deben trasladarse a la facturación de la totalidad de los clientes eléctricos, incluidos en el mercado libre, puesto que se trata de unos porcentajes fijados reglamentariamente.

Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el maxímetro, estas vienen de nuevo por un «exceso de facturación», apunta Unidos Podemos. Según reguló el real decreto de 2001, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación. Existiendo ya el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un «incumplimiento claro» de la normativa.

De igual forma, Unidos Podemos pide que la CNMC investigue también las «posibles trampas» que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando «en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos».

Energía remite a la CNMC su propuesta para congelar la parte regulada del recibo de electricidad y gas en 2017

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las propuestas de órdenes por las que se congelan los peajes de acceso de gas y electricidad para 2017, como viene ocurriendo desde la aprobación de las reformas energéticas, que suponen alrededor de la mitad de los recibos de luz y gas y con los que se pagan los distintos costes reconocidos al sistema.

El resto del recibo, tanto en el mercado libre como en las opciones reguladas (PVPC en electricidad y TUR en gas), lo conforman impuestos y el coste del componente energético, muy vinculado a la evolución de las materias primas, que viven un repunte en las últimas jornadas. Así, Energía reconoce que con esta decisión de congelar los peajes «los hogares verán amortiguado» el impacto de las fluctuaciones alcistas en el coste del gas y el petróleo en los mercados internacionales.

Una vez calculados los costes regulados previstos de los sistemas y el escenario de demanda estimado por el Ministerio para 2017, se tomó la decisión de mantener los peajes en los mismos niveles que en 2016, anunció el Ministerio. Según Energía, las previsiones a futuro apuntan a una “situación equilibrada” entre los ingresos y gastos «que permite la contención de la parte regulada de los precios de electricidad y gas».

Sube remuneración a las renovables

En el caso del sector eléctrico, la propuesta de orden refleja una previsión “moderada” de incremento de demanda eléctrica, en el entorno del 0,7% respecto a 2016. La remuneración del régimen retributivo específico para las instalaciones de producción a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos se incrementa en casi 600 millones de euros respecto de la del año anterior, como consecuencia de la revisión de parámetros retributivos que se llevará a cabo para el segundo semiperiodo retributivos 2017-2019. Además de mantener los peajes de acceso, se congelan los precios unitarios de aplicación a los consumidores eléctricos para la financiación de los pagos por capacidad, es decir, lo que cobran determinadas centrales por estar disponibles.

Incertidumbre en la demanda gasista

En lo que se refiere al sector del gas natural, “a pesar de la incertidumbre en la previsión de la demanda, fuertemente condicionada por la temperatura, se prevé un ligero superávit gracias al mantenimiento de los peajes para 2017”, señala Energía. Además, se proponen nuevos peajes de recarga de buques con gas natural licuado, con objeto de “incentivar el cambio hacia combustibles alternativos con menores emisiones de gases invernadero, así como para incrementar la utilización de las plantas de regasificación”.

Los consumidores europeos piden a la Comisión Europea simplificar las facturas eléctricas

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EFE.- La Organización de Consumidores Europeos (BEUC) pidió hoy a la Comisión Europea (CE) que simplifique y aclare las tarifas eléctricas para que los usuarios reciban información comprensible y concisa sobre su gasto energético.

El organismo realizó la exigencia durante una rueda de prensa sobre las nuevas propuestas del Ejecutivo comunitario en el ámbito de la electricidad, cuyo anuncio está previsto para el próximo 30 de noviembre.

«La Comisión debería presentar una serie de requisitos mínimos sobre información que debería aparecer en la factura, de modo que los consumidores entiendan realmente por qué están pagando«, explicó la encargada de economía en BEUC, Monika Stajnarova.

En ese sentido, la asociación manifestó su confianza en que Bruselas reduzca la extensión de las facturas, precise la estructura del precio, su cálculo y la duración del contrato, y obligue a indicar los datos de contacto para transmitir quejas al proveedor y obtener información adicional sobre el consumo.

La Organización de Consumidores Europeos también exigió a las autoridades comunitarias reducir el plazo de tres semanas necesario para cambiar de proveedor de electricidad y eliminar las tasas impuestas a los clientes que se decantan por esa opción.

De acuerdo con la institución, la Comisión propondrá abolir las tasas a los contratos indefinidos, pero no a los de plazo fijo.

La BEUC también indicó que las compañías eléctricas deberían demostrar sus pérdidas cuando los clientes escogen los servicios de otra empresa y, por tanto, justificar la imposición de la tasa.

«Algunos clientes creen que si cambian de proveedor perderán el suministro de electricidad», comentó Stajnarova sobre la firma de contratos con otras empresas, práctica que, en su opinión, evidencia la competencia del mercado y permite ahorrar.

Sobre los contadores inteligentes, la encargada de economía del BEUC puso el acento en el «creciente riesgo» para la privacidad, pues estos dispositivos recopilan hasta 3.000 veces más información que los medidores analógicos y podrían dar cuenta de lo que ocurre en los hogares a partir del consumo energético.

«Todos estos datos deben permanecer dentro de la casa, bajo el control de los consumidores», comentó Stajnarova, para quien los contadores inteligentes deben proporcionar facturas más exactas, facilidades para cambiar de proveedor e información en tiempo real sobre el consumo energético, de modo que el cliente pueda adaptar el gasto.

En cuanto a las energías renovables, el colectivo resaltó que para el 80 % de los hogares europeos, incluidos los españoles, sería más barato producir energía solar mediante paneles que comprarla de la red eléctrica.

Por ese motivo, pidió a Bruselas mayores facilidades para fabricar y vender la energía renovable obtenida en las propias viviendas.

Asimismo, exigió promover la eficiencia energética y fomentar los electrodomésticos y aparatos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente.

En general, la Organización de Consumidores Europeos subrayó la importancia de que las propuestas del Ejecutivo comunitario otorguen «beneficios concretos» a los usuarios.

«En un mercado con una baja confianza de los consumidores resulta esencial que la Unión Europea ponga a los usuarios en el centro de sus políticas», comentó la directora general de la BEUC, Monique Goyens.

Política de ‘Black Friday’ en energía

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Los primeros anuncios de Álvaro Nadal vienen a determinar cuál será la línea política del nuevo y flamante Ministerio de Energía, algo que se puede resumir en el aserto de habrá «política en la energía» en lugar de «políticas energéticas». En el fondo, el modelo que propone Nadal es una versión acelerada y desinhibida de la acción de José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El nuevo/viejo departamento ha comenzado con hiperactividad: anuncio de las subastas «competitivas» de nueva potencia renovable con el mantra (liberador de responsabilidad) de la competencia intertecnologías, resolución de las subastas de interrumpibilidad (edición incrementada en 22 millones este año, 525 millones en total con cargo al suministro de los consumidores dentro de los costes de acceso) y atribución del bono social a las empresas en general (para evitar la designación selectiva de agentes empresariales, revocada lógicamente por el Tribunal Supremo).

La interrumpibilidad, a todo trapo

El servicio de interrumpibilidad establece un flujo de financiación del sector eléctrico al sector industrial mediante descuentos en sus costes eléctricos, a través de estos pagos, por mor de un supuesto derecho de interrupción del suministro de escasa utilización. La última subasta se ha instrumentado aumentando los volúmenes de la misma para satisfacer a más demandantes del servicio. Si además atendemos al formato de las mismas, en el que cuando ha sido necesario repetirse la subasta o ampliarse se ha hecho, tenemos calificado el diseño. Un servicio cada vez más a todo trapo, diseñado en el concepto más vale que sobre, que no que falte, y que evite la amenaza industrial de cierres o deslocalizaciones.

Bono social sí, pero empresarial

En el caso del bono social, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el selectivo mecanismo de financiación, el ministro ha aseverado que este mecanismo debe ser financiado por las empresas del sector. La ortodoxia dice que cualquier política de redistribución social se debería abordar desde los Presupuestos Generales del Estado, pero parece tarea harto imposible. Y, todo ello, con la controversia acerca de la pobreza energética abierta. La mejor ortodoxia debería ser la revisión de la composición de los costes del suministro y abaratar la energía para todos los consumidores, industriales y domésticos, por evasión de los costes que no pertenecen al mismo. Así se evitarían los problemas de ambos mecanismos.

En definitiva, el papel de la Administración y de las políticas energéticas se reduce a actuar como gran árbitro del sistema de subsidios cruzados en el suministro eléctrico, con la ordenación, si procede, de un nihilista sistema de subastas (al parecer lo único liberal del asunto) que distribuye rentas y atribuye potencia o servicios del sistema discrecionalmente, según se considere. El Gobierno organiza así sus peculiares Black Friday en energía.

Todo ello es posible por varios motivos. En primer lugar, el modelo de interacción política-economía en nuestro país tiene asumido como normal la articulación de un sistema de subsidios cruzados entre los distintos agentes y algunos consumidores, en una suerte de franquismo económico, light pero vigente, que actúa sobre las cuentas de resultados de las empresas  incrustando todo aquello que se considere. Algo que los españoles ven bien en su modelo de cultura económica. Segundo, pero no menos importante, las autoridades españolas han perdido el temor hacia las instituciones europeas respecto a los defectos en la ortodoxia, la consideración de Ayudas de Estado de estos mecanismos y a la absorción de reveses en estos ámbitos.

Coda. El nuevo ministro acaba de afirmar que se revisará la regulación del autoconsumo (última medida del anterior Gobierno en su ejecutoria) , recogiendo a tal efecto además el compromiso político con Ciudadanos, de forma que se rebajen las cargas del mismo (el mal llamado impuesto al sol). Así, ha señalado que la reforma que se instrumente no deberá perjudicar al resto de consumidores. La pregunta entonces es: ¿Quién se hará cargo de esta cuenta?

El Gobierno revisa el margen de comercialización y eleva 2 céntimos mensuales, un 0,04%, la tarifa regulada de la luz

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Redacción / Agencias.- El Gobierno revisó al alza el margen de comercialización reconocido a las empresas encargadas de realizar el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de la electricidad, lo que encarecerá el recibo eléctrico en un 0,04% al año. La nueva metodología para el cálculo de este margen de comercialización se aprueba con el objeto de cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo en la que se obliga al Gobierno a reconocer una retribución suficiente a las comercializadoras de PVPC.

«Va a representar una subida del 0,04% al año, una subida mínima», y con ello «estimamos cumplir el requerimiento de la sentencia del Supremo», afirmó el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que explicó que el Gobierno había fijado un coste de comercialización del PVPC «netamente favorable al consumidor», pero que el Supremo lo anuló, de modo que ahora se presenta, «en cumplimiento» de la resolución judicial, una nueva metodología.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expuso que la nueva metodología permite cumplir tres sentencias del Supremo que le obligaban a modificarla tras anular la metodología anterior. Al mismo tiempo, señala, el coste de comercialización resultante de la nueva metodología es similar al establecido anteriormente, por lo que el impacto sobre la factura será «reducido». Según las sentencias del Tribunal Supremo, es necesario regularizar la facturación realizada desde el 1 de abril de 2014 conforme a los nuevos precios que resultan de la metodología, lo que supone de media 1,76 euros por consumidor. 12 millones de usuarios están acogidos a la tarifa regulada, mientras que otros 13 millones están en el mercado libre.

En el futuro, indica el Ministerio, la nueva metodología incrementará la factura media doméstica de forma «muy moderada». De mantenerse las condiciones vigentes en 2016, el impacto para una factura media sería de 25 céntimos de euro al año, es decir, unos 2 céntimos al mes. Esta norma sólo afecta a los consumidores que hayan estado acogidos al PVPC en algún momento entre 2014 y la actualidad, por lo que no incidirá sobre los que hubieran tenido contratado el suministro en el mercado libre. Energía asegura que, para elaborar la metodología, ha utilizado como referencia la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha tenido en cuenta las valoraciones de todos los agentes afectados.

Según el Ministerio, la modificación cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. Una vez que entre en vigor, las compañías eléctricas tendrán 9 meses para realizar las regularizaciones. El consumidor recibirá una carta en la que se le informará de los efectos de la aplicación de la nueva metodología y en su factura se establecerá de forma separada este concepto. En su propuesta de real decreto, el Ministerio ya reconocía un impacto de más de 26,11 millones de euros en los ingresos de las comercializadoras de referencia de electricidad por la regularización del margen de comercialización del PVPC en los últimos tres años.

En concreto, cifraba en 4,48 millones de euros el impacto por la regularización de los ingresos en 2014, de 12,71 millones de euros en 2015 y de 8,91 millones de euros en 2016, estimando en este ejercicio una potencia facturada igual que en 2015. Según la propuesta, el impacto en facturación PVPC vigente sería para 2014 del 0,08% más, del 0,23% para 2015 y del 0,17% para el presente año. Así, el margen de comercialización para 2014 sería de unos 4,08 euros por kilovatio, 4,24 euros por kW para 2015 y unos 4,17 euros por kW para el presente año.

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el PVPC, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, esto es, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Este margen de comercialización, que estaba fijado por el Gobierno en 4 euros anuales por kW, ronda el 3% del recibo final y había sido denunciado por las compañías eléctricas por ser insuficiente y abocar a sus comercializadoras a operar en pérdidas. Así, el fallo del Supremo obligaba a revisar desde el momento de implantación del PVPC, esto es, desde abril de 2014, el margen de comercialización a los cerca de 13 millones de consumidores acogidos a esta opción.

La CNMC presentó un informe en el que advertía de que el margen actual de la tarifa regulada PVPC no cubría los costes de comercialización en que incurren las empresas, y que para hacerlo debería subir al menos un 31%. De este modo, estimaba que el margen de comercialización debería subir al menos a 5,24 euros por kW contratado y año. Esto supondría para una familia media una subida de 5 euros anuales. No obstante, la CNMC también consideraba que debía incluirse un margen de retribución de la actividad, para lo cual se habían analizado distintos escenarios y se determinaron los costes de captación y retención de los clientes por si fuera procedente su inclusión.

Viesgo lanza una app que ofrece la posibilidad de conocer en euros el consumo de luz diario, semanal o mensual

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Europa Press / EFE.- Viesgo ha lanzado una aplicación que permite a sus clientes conocer en cualquier momento del mes su consumo de luz diario, semanal o mensual en euros, dentro de la política de la energética de «poner al consumidor en el centro de sus actividades». A través de Tu Oficina Online, el nombre de esta aplicación para teléfonos móviles, Viesgo busca «que la tecnología permita plasmar lo que los clientes quieren», señaló el director de Negocios Liberalizados de la compañía, Javier Anzola.

Anzola asegura que ser una compañía «pionera» en la implantación de los contadores inteligentes, donde Viesgo cuenta con prácticamente el 100% de su parque de contadores ya integrado, «y haber escuchado a los clientes, que demandan constantemente que hablemos su idioma«, ha permitido el desarrollo de la herramienta para traducir “al lenguaje más cercano posible la compleja factura eléctrica”: saber cuántos euros llevo gastados en luz y evitar así «sorpresas». Así, la aplicación, la primera en el mercado que ofrece con este detalle el consumo eléctrico en euros, permite conocer las puntas de consumo y «cuánto nos cuestan», indicó Anzola, quien destacó su valor como herramienta para que los clientes realicen «un consumo más eficiente y logren un mayor ahorro«.

Gratuita y disponible en las tiendas de Apple y Android tanto para los 95.000 usuarios dados de alta en la oficina online de la compañía como para el resto de los más de 680.000 clientes de luz y gas natural del grupo, la aplicación ya acumula 24.000 descargas y más de 1.500 usuarios la utilizan a diario. Asimismo, la herramienta, que al acceder por primera vez facilita al cliente tantos sus datos actuales como el histórico desde el momento de la instalación del contador inteligente, permite crear perfiles para poder desglosar los consumos por contratos (casa, segunda residencia, oficina), así como acceder al histórico de facturas de luz y gas.

Por su parte, para los clientes con discriminación horaria, desglosa el consumo en las franjas horarias económica y normal, contribuyendo así a una mejor gestión del gasto por parte del propio cliente. Además, Anzola subrayó que la compañía trabaja en el desarrollo de la aplicación de forma que se puedan ofrecer más servicios en función de la información. La idea de la eléctrica es ir ampliando servicios en esta herramienta como nuevas formas de pago, comparadores de tarifa o estimaciones de consumo por electrodomésticos. El objetivo no es solo hacer «totalmente transparente» el recibo eléctrico, sino “estar siempre a la vanguardia de la innovación para que cada según cada tecnología que salga dar ese servicio al cliente», añadió al respecto.