EFE.- El portavoz de Industria del PP en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana, Vicente Casanova, ha señalado que el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), provocaría a corto plazo incrementos de coste de la tarifa e impactos ambientales «inasumibles» después de que las Cortes valencianas aprobaran, con los únicos votos en contra del PP, pedir al Gobierno central «el cierre y desmantelamiento» de Cofrentes cuando finalice el actual período de prórroga de funcionamiento, en marzo de 2021.
También reclaman que no se autorice la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear «por ser innecesario», ya que esta infraestructura dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021. Así lo recoge una iniciativa presentada conjuntamente por el PSOE, Compromís y Podemos, en la que Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra, y que también propone instar al Gobierno a modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables.
El PP se ha opuesto al cierre al asegurar que la Comunidad Valenciana «no dispone de un parque de renovables suficiente» para cubrir la energía producida por Cofrentes, y Ciudadanos ha criticado que se plantee el cierre sin un plan energético alternativo ni un plan económico para los trabajadores y la región. El diputado de Compromís, Juan Ponce, encargado de defender la iniciativa, se ha alegrado de que «por fin» la mayoría de la Cámara diga «sí al cierre definitivo de Cofrentes» por responsabilidad, solidaridad, economía y porque hay que luchar contra el cambio climático.
Compromís ve Fukushima en Cofrentes
Ponce ha advertido de que las centrales nucleares «son peligrosas, y más las viejas», y ha considerado que «no es tan complicado» ni «tan imposible» que en Cofrentes se pudiera producir «la gran catástrofe» sucedida en Fukushima en 2011, que «nadie pensó que pudiera pasar y pasó». Además, ha recordado que Alemania cerrará todas sus centrales nucleares en 2022, con menos horas de sol que España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar que el 20% de la energía total consumida sea renovable.
La parlamentaria de Ciudadanos, Rosa García, ha acusado al Gobierno de la Comunidad Valenciana de hacer en este caso lo mismo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las políticas medioambientales impulsadas por Barack Obama, que ha decidido «eliminar de un plumazo» sin tener un plan de contingencia ni justificar los motivos. «Ustedes han hecho lo mismo. Atacan Cofrentes por sectarismo», según García, quien pidió que antes de cerrar esta central nuclear en 2021 «traigan informes sobre el grado de impacto energético y el impacto sobre el empleo y la economía de la zona», al tiempo que abogó por un Pacto de Estado en esta materia.
El socialista, David Cerdán, ha dicho que no están pidiendo el cierre de Cofrentes, sino que no se prolongue vida útil en 2021, con el fin de «acabar con el oligopolio y con la estafa eléctrica de este país», y ha asegurado que la iniciativa planteada es «de responsabilidad y sentido común». «Nada hay más irresponsable, sectario y demagógico e ideológico que la defensa infame y vergonzosa que hacen de un sistema eléctrico que es una estafa», ha criticado Cerdán, mientras que, desde Podemos, Beatriz Gascó acusó al PP de convertir en «chantaje» cualquier decisión.
PP contrario a cerrar Cofrentes
El diputado del PP, Vicente Casanova, asegura que el cierre de Cofrentes tendría «graves consecuencias», como ha ocurrido en Alemania, con el incremento de la tarifa eléctrica un 25%, al tener que recurrir en gran medida al gas natural (ciclos combinados), y de las emisiones de dióxido de carbono un 50%, y sustituirla por energías renovables en 2021 implicaría la construcción de 2.040 aerogeneradores o 26.000 hectáreas de paneles solares. Para Casanova eso «no es razonable», sobre todo teniendo en cuenta que en dos años no se construyó ningún aerogenerador y se instalaron muy pocos paneles solares, y ha señalado que «no hay necesidad de retirar» estas instalaciones, sino que hay que garantizar, con informes y controles, que sean fiables.
Además, la utilización de ciclos combinados llevaría, según ha dicho, a «fuertes» incrementos de las emisiones de CO2 y, por tanto, al «incumplimiento de los compromisos ambientales, que obligan a nuestro país a reducciones del 20% en 2020 y del 30% en 2030». Casanova ha incidido en que las energías renovables todavía no están en disposición de suplir la aportación de Cofrentes y el resto de nucleares al sistema eléctrico nacional y ha señalado como responsable a la «paralización» del Plan Eólico por parte de la Generalitat, que ha provocado que en los dos últimos años no se haya instalado «ni un solo megavatio renovable«, por lo que planteó mediante una enmienda reactivar este programa.
Para el portavoz popular «esta propuesta sería ambientalmente un desastre» y ha añadido que, aunque hay que seguir incrementado el parque de renovables, el cierre de Cofrentes u otras centrales nucleares en 2021 crearía un «colapso del sistema eléctrico». Según el portavoz popular, «la posición del PP es ir incrementando la aportación de las renovables, tanto como se pueda, e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y garantizar el funcionamiento fiable del sistema eléctrico, clave para el desarrollo del país». Casanova concluyó que le tranquiliza que sea el Gobierno central el que, «a la luz de los oportunos informes», debe tomar la decisión final de prorrogar la autorización.
También propone que el Gobierno central solo conceda una nueva autorización de explotación de la central a partir de marzo de 2021 si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que se cumplen todos los requisitos de seguridad y del estado de la instalación, que se autorice la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radioactivos como solución temporal hasta que no se disponga del centralizado y que se incentive la instalación de energías renovables. Según Casanova, se trata de una propuesta «realista y viable».
«Hay que apostar por las renovables de modo que con el tiempo se pueda plantear seriamente la sustitución de las nucleares, y la Comunidad Valenciana debe velar para ir incrementando la aportación de las renovables e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y que se garantice la fiabilidad del sistema eléctrico sin incrementos inasumibles de la tarifa«, manifestó.
