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Las cementeras auguran más cierres de fábricas en España tras Cemex ante el «disparado» coste de la electricidad

Europa Press.- Los fabricantes de cemento instalados en España auguran nuevos cierres de plantas en el país, tras las 2 recientemente clausuradas por Cemex,en el caso de que la actividad del sector no se recupere. «No es descartable que otras compañías se planteen medidas de reestructuración industrial similares a las de Cemex«, indicó el presidente de la patronal del ramo Oficemen, Jesús Ortiz.

La asociación atribuye los eventuales nuevos cierres al hecho de que a la industria cementera le está «tocando todo lo malo». Así, indicó que al frenazo en la demanda de cemento por la «paralización» de la obra pública se suma la caída de las exportaciones, derivada de la pérdida de competitividad que supone el «disparado» coste de la electricidad, y también la nueva normativa de derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea. Por ello, la patronal cementera considera que un eventual cierre de nuevas plantas sería una «decisión lógica» en el caso de que «no se recupere el nivel de actividad» en España.

Consumo de cemento se frena

El principal riesgo para el mantenimiento de las fábricas de cemento es la ralentización que la demanda de este material de construcción muestra de nuevo. Oficemen calcula que el consumo crecerá entre un 3% y un 6% este año, frente al incremento de 8% de 2018 y el del 11% de 2017. Según sus datos, la demanda actual de 13,4 millones de toneladas anuales es similar a la de los sesenta y un 40% inferior a la de 22 millones de toneladas estimadas para España.

La causa de este frenazo es, según el sector, la «paralización» que presenta la ejecución de obra pública, que no se compensa con el repunte en la construcción de viviendas y que, además, se mantendrá dado el calendario electoral. A ello se suma al desplome del 12% contabilizado en las exportaciones de cemento. En este caso, lo achaca a la pérdida de competitividad que les supone la factura de la luz de sus fábricas, «hasta un 30% superior a otros países del entorno», y el incremento de los costes de emisión de CO2, además pendientes de una nueva normativa europea.

Ante esta coyuntura, la industria de cemento asegura necesitar «como el oxígeno» medidas concretas más allá del anuncio de planes para empresas electrointensivas y el diseño de estrategias para el sector, que consideran «positivas». No obstante, la patronal asegura que el sector no se recuperará hasta que no se reactive la «ejecución» de obras públicas, el principal motor del consumo de cemento, dado que tradicionalmente ha supuesto más de la mitad de la demanda total.

Ferroatlántica pacta un ERTE de 2 años para toda su plantilla en España y culpa a la subasta de interrumpibilidad

Europa Press.- Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de 2 años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores que suma entre sus 3 fábricas y en las oficinas con que cuenta en España. La compañía, que forma parte de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, atribuye este ajuste al precio de la energía y al resultado de la subasta de interrumpibilidad.

La compañía acordó el ERE con UGT, CC.OO y USO, mientras que el otro sindicato con representación, CIG, se descolgó del acuerdo. El ajuste afectará a todos los trabajadores que la firma tiene repartidos en sus 2 fábricas de La Coruña, la planta que tiene en Cantabria y las oficinas centrales de Madrid. En virtud del acuerdo, el ERE temporal se extenderá durante 2 años, hasta febrero de 2021, y se aplicará con carácter rotatorio a toda la plantilla, con un promedio máximo de afectación del 35% en cada fábrica y de un 40% de la jornada de cada trabajador.

Ferroatlántica pacta este ERTE justo cuando el Gobierno central está diseñando medidas para las empresas que registran un alto consumo de electricidad para acometer su producción, con la voluntad de aprobar estas medidas, que conformarán un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a través del procedimiento de urgencia. De su lado, el sindicato CIG atribuyó su decisión de descolgarse de la firma al considerar que se trata de un mal pacto, «sin garantías de empleo y de producción industrial, que deja a las fábricas de Ferroatlántica en el mismo escenario en el que estaban, con los hornos parados y una enorme incertidumbre».

La OCU alerta de que un coche con etiqueta Eco o Cero puede contaminar más que un vehículo de gasolina

Europa Press.- Mientras la Unión Europea se fija el objetivo de reducir un 30% las emisiones contaminantes de camiones a partir de 2030, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que hay vehículos que pese a no contar con el distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) Eco o Cero emisiones contaminan menos que otros con la etiqueta.

OCU denuncia que para la concesión de la etiqueta solo se tiene en cuenta la tecnología que usan los automóviles y no el impacto real de las emisiones que producen. Así, la organización considera que el actual sistema de concesión de etiquetas es «injusto» porque los nuevos motores de gasolina de vehículos de pequeña potencia contaminan «igual o menos» que muchos coches híbridos no enchufables de alta potencia. Y también porque incluso contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada, cuando estos agotan su batería, pasados unos 40 kilómetros.

Además, destaca que ocurre lo mismo con los modelos de gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC). «Una vez en la carretera no existe forma de comprobar si están usando estos combustibles o están funcionando con gasolina y, por tanto, su impacto es el mismo, o más elevado, en función de la cilindrada«, señala. No obstante, para OCU el sistema de etiquetas ambientales supone un «avance» puesto que, como ventaja, contribuyen a impulsar la compra de automóviles con motores «más limpios», como los eléctricos o los híbridos.

Por otro lado, la organización de defensa del consumidor pone de manifiesto que un coche eléctrico cuesta de media 2.000 euros más que un híbrido enchufable, 10.000 euros más que un híbrido no enchufable y hasta 12.500 euros más que un modelo de gasolina. «Aunque se aprobaron unas ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables, no siempre están disponibles, y con frecuencia se agotan rápidamente», añade. En definitiva, OCU considera que debe revisarse el sistema de concesión de etiquetas medioambientales para que puedan cumplir su objetivo, «que no es otro que clasificar a los vehículos de acuerdo con su impacto ambiental real».

Reducir emisiones de los camiones                                                                                

Por su parte, las instituciones de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo de reducción de emisiones contaminantes de nuevos camiones del 30% a partir de 2030, con una meta intermedia del 15% en 2025, en comparación con los niveles registrados en 2019. Es la primera vez que la Unión Europea se marca un objetivo de recorte de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para este tipo de vehículos. Además, se trata de una meta vinculante, de forma que los fabricantes de camiones que la incumplan tendrán que hacer frente a una sanción financiera, señaló el Consejo de la Unión Europea.

El acuerdo también incluye un refuerzo de los incentivos para impulsar la fabricación de vehículos pesados con bajas emisiones o emisiones cero. Sin embargo, los autobuses y autocares quedan excluidos de este mecanismo porque ya existe un sistema distinto de incentivos para estos vehículos. La ministra de Medio Ambiente de Rumanía, Gratiela Leocadia Gavrilescu, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, ha destacado que el acuerdo cierra una «brecha» en la legislación medioambiental europea y garantiza que el sector de vehículos pesados «empieza a poner de su parte» para cumplir con los objetivos climáticos del bloque comunitario.

«Los nuevos objetivos e incentivos ayudarán a atajar las emisiones y a conseguir ahorros de combustible para los operadores de transporte y un aire limpio para todos los europeos. Para la industria europea, es una oportunidad para abrazar la innovación hacia una movilidad de emisiones cero y fortalecer su liderazgo global en vehículos limpios», subrayó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Las emisiones de vehículos pesados como camiones, autobuses y autocares representan el 6% de las emisiones totales de CO2 del bloque comunitario y el 27% de las emisiones del sector del transporte. El acuerdo alcanzado por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea todavía debe adoptarse formalmente por ambas instituciones antes de entrar en vigor.

La Unión Europea acuerda reducir las emisiones de los coches en un 37,5% y de furgonetas un 31% para 2030

Europa Press.- Los Gobiernos de la Unión Europea han confirmado el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo para fijar un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para coches del 37,5% y del 31% para furgonetas en 2030, en ambos casos con respecto al nivel registrado en 2021.

El pacto incluye un objetivo intermedio de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2025 del 15% tanto para coches como para furgonetas, así como una cláusula para una posible revisión de los objetivos y para la introducción de metas vinculantes para 2035 y 2040. Estos objetivos, no obstante, se establecen para el conjunto de coches y furgonetas europeas y ahora debe distribuirse el esfuerzo entre los distintos fabricantes en función de la masa media de su flota.

Flexibilidad si venden más eléctricos

El Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara pactaron, de la misma forma, un mecanismo para incentivar la venta en el bloque comunitario de vehículos con cero o bajas emisiones, como coches eléctricos o vehículos híbridos enchufables. En concreto, los fabricantes podrán beneficiarse de objetivos de reducción de emisiones menos estrictos si cumplen una serie de niveles de referencia, que se sitúan en el 15% para coches y furgonetas en 2030 y en el 35% y 30%, respectivamente, en 2035. Ahora el pleno del Parlamento Europeo debe aprobar el reglamento, previsiblemente antes del verano, para que quede aprobado formalmente.

Unilever reduce con medidas de eficiencia energética el consumo de agua en un 32% en su planta de Leioa (Vizcaya)

Europa Press.- Unilever ha logrado reducir un 32% el consumo de agua en los últimos cuatro años en su planta del País Vasco, especializada en la elaboración de mayonesas y salsas para las marcas Calvé y Hellmann’s. Este avance se ha conseguido gracias a la introducción de sistemas de medición y a la creación de un equipo de expertos centrados en reducir el gasto energético de la fábrica, según indicó la compañía.

De esta forma, desde 2013, Unilever ha ahorrado en su fábrica de Leioa (Vizcaya) el agua equivalente a 82 piscinas olímpicas gracias a la implementación del sistema STRATA. Este método permite a la compañía conocer el consumo energético exacto en tiempo real en la cadena de producción y, de este modo, detectar posibles deficiencias en el punto donde se producen.

Estados Unidos impone un arancel del 30% a las importaciones de paneles solares para proteger los intereses de sus fabricantes

Europa Press.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado la imposición de un arancel especial del 30% a las importaciones de placas y células solares, siguiendo la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional con el objetivo de proteger los intereses de los fabricantes estadounidenses.

Concretamente, Estados Unidos gravará las compras de paneles solares con un arancel especial del 30% durante el primer año de funcionamiento de la medida, que bajará gradualmente al 25%, el 20% y el 15% al cuarto año. Las importaciones de células solares con una potencia conjunta inferior a 2,5 gigavatios no se verán afectadas. Asimismo, las importaciones de lavadoras pasarán a estar gravadas con un arancel del 20% en el caso de los primeros 1,2 millones de unidades, mientras que por encima del umbral el gravamen pasa a ser del 50% del precio durante el primer año, bajando al 18% y 45% respectivamente el segundo año y al 16% y el 40% en el tercero.

Esta medida, aplicada con carácter general a las importaciones de lavadoras, responde al litigio entre Estados Unidos y los fabricantes Samsung y LG, a los que la Administración estadounidense acusó en 2013 de llevar a cabo políticas ilegales de dumping con su producción en México y Corea del Sur para el mercado estadounidense, tras lo que ambos fabricantes trasladaron su producción a China y más tarde a Vietnam y Tailandia.