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El Ministerio para la Transición Ecológica inicia las expropiaciones para la futura planta fotovoltaica de Talaván

EFE. – El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la planta fotovoltaica de Talaván en Cáceres, de 300 megavatios y considerada como uno de los grandes proyectos de energías renovables no solo en Extremadura sino en España.

Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución de la Delegación del Gobierno en Extremadura, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de la instalación fotovoltaica «Talasol Solar» y sus infraestructuras de evacuación.

En este sentido, el levantamiento de actas tendrá lugar el 20 de septiembre en los Ayuntamientos de Hinojal (10:00 horas), Santiago del Campo (11:30 horas), y de Casas de Millán (13:00 horas).

La planta, que ocupará una superficie total de 511 hectáreas en los términos municipales de cuatro localidades cacereñas, cuenta con un presupuesto de 331,8 millones de euros.

Declarado de utilidad pública, el proyecto incluye una subestación 400/30 kV y la línea aérea de alta tensión a 400 kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Talaván, Santiago del Campo, Hinojal y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres. 

El gobierno colombiano expropia temporalmente Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa

EFE/Servimedia.- El Gobierno colombiano ordenó hoy la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe, del grupo español Gas Natural Fenosa, inmersa en una crisis financiera que ha repercutido negativamente en la prestación del servicio sus clientes.

La intervención fue anunciada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante una resolución que «busca asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos abastecidos por Electricaribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre».

La intervención incluye la «toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe)», señaló la Superintendencia en un comunicado.

En la resolución que ordena la intervención se concluye «que la situación financiera de Electricaribe puede llevarla a una inminente cesación de pagos» y además «la información disponible apunta a que Electricaribe no está actualmente en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas».

«La toma de posesión de Electricaribe está respaldada por el mandato que la Constitución Política colombiana le impone al Estado, en el sentido de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional», explicó el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, citado en el comunicado.

La crisis de la empresa, que atiende a 2,5 millones de clientes en los siete departamentos de la costa atlántica colombiana citados por la Superintendencia de Servicios Públicos, se arrastra desde hace meses en los que los usuarios se han quejado de los constantes fallos en la prestación del servicio.

Electricaribe atribuye esa situación en parte a la falta de pago de numerosos clientes y al fraude en el consumo de electricidad. Según la empresa, al cierre de septiembre pasado su cartera de clientes morosos ascendía a 4,05 billones de pesos (unos 1.200 millones de euros), que le han creado un problema de caja que le impide hacer las inversiones adecuadas para mejorar el servicio.

«Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa«, señaló por su parte el Ministerio de Minas y Energía en un comunicado.

Según esa cartera, «sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción para proteger a las familias del Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre es la toma de posesión» de la empresa.

 

Gas Natural Fenosa espera que la expropiación no tenga impacto en la operativa de la sociedad

Gas Natural Fenosa espera que la expropiación temporal de Electrificadora del Caribe (Electricaribe) por parte del Gobierno colombiano no tenga impacto sobre la operativa habitual de la sociedad y descarta que dicha intervención temporal de la compañía colombiana afecte a su resultado neto, no afectando por tanto a su actual política de dividendos.

Así se expresa la gasista en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde muestra su «total interés en cooperar y colaborar» con las autoridades de la República de Colombia.

Además, explica que la empresa colombiana padece muy fuertes tensiones de tesorería consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados de Electrificadora del Caribe, ascendían a un importe de 4.052.080 millones de pesos colombianos (1.260 millones de euros) y está provisionado en aproximadamente un 83%, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo.

A 30 de septiembre de 2016, los fondos propios de Electricaribe ascendían a 1.867.102 millones de pesos colombianos (581 millones de euros).

En el tercer trimestre del ejercicio 2016, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 623.181 millones de pesos colombianos (185 millones de euros) y el resultado neto reflejó pérdidas de 114.953 millones de pesos colombianos (33 millones de euros).

Bolivia paga a Iberdrola 32 millones de euros por expropiarla cuatro filiales en 2012

EFE.- El Gobierno boliviano firmó un acuerdo para concretar el pago de 32 millones de euros a la eléctrica española Iberdrola por la expropiación en 2012 de sus cuatro filiales en el país andino. El documento fue firmado por el ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez; el procurador del Estado de Bolivia, Héctor Arce, y representantes de Iberdrola. El Ejecutivo boliviano también logró un acuerdo con el consorcio Paz Holdings, que tenía un porcentaje minoritario en las empresas expropiadas.

Arce sostuvo que con la firma de estos documentos «se ha consolidado total y plenamente la nacionalización de las cuatro comercializadoras de electricidad», pasadas al Estado en 2012. Los acuerdos se respaldan en dos decretos aprobados por el Gobierno boliviano, añadió el procurador. Estas normas establecen el pago de 34 millones de dólares a Iberdrola y de otros 19 millones al grupo inversor Paz Holdings, informaron la Procuraduría y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

El presidente boliviano, Evo Morales, expropió en 2012 a Iberdrola las distribuidoras de electricidad Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones. En julio de 2014, la española presentó una notificación ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra de Bolivia para exigir una indemnización, mientras que Paz Holdings lo hizo un año después. Según las autoridades bolivianas, los montos de indemnización fueron establecidos mediante estudios técnicos y jurídicos y se logró una «solución amistosa» para resolver ambas controversias tras un «arduo y largo proceso de negociación».

Con los acuerdosfirmados se cierran todas las demandas arbitrales que tenía el Estado boliviano por las nacionalizaciones en el sector eléctrico, resaltó el Ministerio de Hidrocarburos. Según fuentes del mercado, el desembolso del dinero acordado se efectuará antes del viernes, lo que supondrá la salida definitiva de Iberdrola del país andino. Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2006, el presidente Morales ha nacionalizado una veintena de empresas petroleras, eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, de inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos.