Europa Press.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al menos a 18 personas en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana por formar parte de una organización criminal liderada por una única persona que, con ayuda de una amplia red de testaferros, defraudó 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como otros 14 millones a la Hacienda Pública y 20 millones en peajes no recaudados.

La organización desmantelada en este operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que mantiene abierto y en secreto las diligencias, sobre todo en lo que afecta al entramado internacional, hacía negocio con el desfase entre la energía contratada y pagada y la que posteriormente consumían 4.000 clientes, entre los que destacan grandes pymes y algunos de alta tensión y clientes domésticos.

De la operación Ámbar informaron el teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Francisco Almansa, y la subdirectora adjunta de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Paloma Espeja. Fue este último organismo el que alertó de un fraude al detectar el desfase entre la energía contratada y la finalmente comercializada. La UCO investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó, permitiéndose que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes. Se detuvo a 18 personas en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.

«El movimiento es lo que caracteriza a esta organización, todo tenía que hacerse muy rápido«, explicó el teniente coronel de la UCO, que puso en valor que por primera vez se haya conseguido acusar penalmente a unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras y a Hacienda. La organización criminal ofrecía descuentos de entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según detalló la subdirectora de Energía de la CNMC. «Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy competitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase», explicó Espeja.

La red se aprovechaba de los 4 meses que transcurren hasta que la CNMC abre investigaciones por los desfases entre la demanda contratada y la finalmente consumida. Disponía de 2 centros operativos con oficinas en Madrid y Barcelona, que fueron registradas en la operación, cuando se detuvo a los primeros 14 integrantes de la organización. Desde Madrid gestionaban la relación con las comercializadoras eléctricas, principales perjudicadas de un fraude que también tenía un «coste indirecto en el aumento del precio de la luz que paga el usuario final». En Barcelona se canalizaban todos los fondos, con un canal de blanqueo aún pendiente de investigación, a semejanza de lo que ocurre con otros fraudes parecidos en sectores como el de hidrocarburos.

Los responsables de la investigación han subrayado que en la CNMC existe un comparador de precios con tarifas máximas y mínimas, por lo que una tarifa con descuentos por debajo de esta horquilla resulta para los supervisores «sospechoso». El teniente coronel de la UCO se mostró convencido de que, tras la operación Ámbar (electricidad en griego), «bajarán el número de empresas piratas» en un mercado en el que compiten 450 comercializadoras, un número elevado en comparación con otros países, según los responsables de la CNMC.