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Más de una veintena de países se alían para eliminar el carbón de la generación eléctrica antes del año 2030

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Europa Press.– Más de una veintena de países, Estados y organizaciones, entre los que se encuentran Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Portugal, México o Bélgica, han sellado una alianza global para eliminar el carbón de la generación energética antes de 2030. En el grupo figura también el Estado americano de Washington, en contra así de la línea marcada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en favor de impulsar A las energías fósiles, así como los estados canadienses de Ontario, Quebec o Vancouver.

Quienes se han quedado fuera de esta alianza han sido países como Alemania, Estados Unidos, China o India, que se encuentran entre los mayores consumidores de carbón. Tampoco figura en la lista de países de la alianza España, inmersa en un debate sobre el final de las centrales térmicas. En la declaración firmada por los miembros de esta alianza contra el carbón, subrayan que los costes de generar electricidad a partir de fuentes renovables (eólica y solar) se «han desplomado», por lo que consideran que el desarrollo de las tecnologías verdes» representa una oportunidad de miles de millones de dólares».

Denuncia la ausencia de España

Por su parte, la organización WWF ha celebrado la creación de la Alianza Global para Eliminar el Carbón pero lamenta que España no haya participado en esta iniciativa, lo que demuestra, a juicio de WWF, el «escaso interés» del país en acabar con este «peligroso» combustible fósil para el futuro de la Tierra. Para WWF, esta Alianza supone «un paso importante hacia la construcción de un futuro libre de carbón», así como «el tipo de ambición colectiva que necesita el mundo para terminar con su dependencia del carbón». Las emisiones de dióxido de carbono vuelven a aumentar principalmente debido al consumo de carbón, recuerda WWF.

La Alianza Global para Eliminar el Carbón reúne a gobiernos, empresas y organizaciones para acelerar la protección del clima a través de la rápida eliminación gradual de la energía del carbón. La responsable de Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción, lamenta «la falta de visión del ministro de Energía, Álvaro Nadal». «En vez de apostar por las energías renovables, de las cuales nuestro país tiene abundantes recursos, sigue apoyando la producción eléctrica con carbón e impidiendo que se haga una verdadera transición justa en las comarcas mineras», denuncia.

El líder del programa global de clima y energía de WWF, Manuel Pulgar Vidal, afirma que las sociedades y economías «deben contar con fuentes de energía limpias que sean buenas para las personas y sus medios de subsistencia, y también para el planeta«. «Damos la bienvenida a los primeros pasos dados por países para hacer realidad esta visión a través de la alianza, pero esto es sólo el comienzo», añade Pulgar Vidal, que sostiene que poner fin al carbón es la «única forma de impulsar un futuro sostenible para todos».

Para la entidad, una transición hacia economías bajas en carbono y resistentes al clima también debe compartir las mejores prácticas para apoyar la eliminación del carbón más allá de las fronteras, incluso a través de la financiación climática, y la adopción de iniciativas concretas para apoyar esta transición, incluyendo el desarrollo de planes de energía limpia y objetivos concretos con el fin de abordar y minimizar el impacto social. WWF subraya que además de los beneficios medioambientales y económicos, la eliminación del carbón también tiene beneficios para la salud humana: más de 800.000 personas mueren cada año en todo el mundo por la contaminación generada por la quema de carbón.

Las causas del retroceso español en renovables y acción climática

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Los datos sobre la situación española en el cumplimiento de objetivos de energías renovables y en materia de lucha contra el cambio climático más que preocupantes, son decepcionantes. En este artículo enumeramos 5 motivos interrelacionados y una conclusión inquietante después de la publicación de dos informes que, de una forma u otra, propinan un severo varapalo a la política energética española (por llamarlo así) y a la acción contra el cambio climático en nuestro país.

En primer lugar, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el pasado viernes un informe de seguimiento sobre la implantación de energía renovable en los países miembros, situando a España entre los 8 países que incumplen los objetivos intermedios que se autofijaron. En concreto, según este informe, el 16,27% del consumo de energía final en nuestro país provino en 2016 de fuentes renovables, cuando la planificación establecía un hito de un punto más, en concreto del 17,3%. Además, entre 2015 y 2016 el crecimiento fue inapreciable (del 16,15% al 16,27%).

Por otra parte, también recientemente publicado, España ha bajado 5 posiciones respecto al año pasado en el Índice de Acción Climática y 16 puestos respecto a 2014, cuando llegó a ocupar el puesto 22, según el informe de SEO/BirdLife, que además señala que somos «el país más vulnerable al cambio climático de Europa», anticipando, además,  el incumplimiento de los compromisos de emisiones de nuestro país. Una conclusión es evidente: se acumulan los resultados adversos de la política en materia de acción climática y en el desarrollo de energía renovable en España. La acción de nuestro país y del Ejecutivo está en entredicho. Y la pregunta es ¿cómo hemos podido llegar a esta situación, después de un inició fulgurante hasta 2012?

1.- Ese inicio fulgurante estuvo basado en un conjunto de errores regulatorios que promovían el exceso y la sobreinversión en determinadas tecnologías renovables, aún no maduras en aquel momento, cuya extensión masiva fue descontrolada. Podemos decir que el inicio estaba «dopado». Mantra que el actual equipo repite para exonerarse de la forma de actuar posterior.

2.- Después de esta fase llegó, como reacción, un salvaje ajuste de cuentas a las tecnologías, la reforma eléctrica y su concepto de rentabilidad razonable, con su fuerte revisión retributiva de las instalaciones y el frenazo a la instalación de nueva potencia. Los conflictos internacionales sobre esta cuestión dañan la credibilidad de la Administración Energética y su desenlace queda larvado.

3.- Fruto de esta reforma eléctrica, se ha producido un efecto disuasorio en el plano inversor (a nivel empresarial y financiero) por la falta de seguridad jurídica y regulatoria en nuestro país. Condiciones que el propio Ejecutivo airea en sus declaraciones, advirtiendo a los concurrentes a las recientes subastas del riesgo al que quedarían expuestos. Si a esto unimos el ejercicio solipsista de las dos últimas administraciones energéticas, sin diálogo ni negociación con los agentes sectoriales, el cóctel en el modelo de gobernanza (incluyendo el cuestionamiento de la naturaleza liberalizada de determinadas actividades) está servido.

4.- Falta planificación en la política energética, ante el proceso de transición a una economía descarbonizada, con grandes vacilaciones (por no llamar bandazos) para cuadrar con el cálculo electoral todos los impactos que tendría sobre el recibo mientras sobran los ejercicios retóricos de los programas electorales y las construcciones discursivas. Eso se aprecia en la prácticamente nula consideración del factor medioambiental en el sector del transporte y la movilidad, con una apuesta tímida respecto al coche eléctrico y sus infraestructuras y con la consideración conjunta del resto de sectores económicos.

5.- Incluso ante los compromisos preexistentes (20-20-20) de nuestro país, se ha dejado pasar el tiempo y avanzar por pura inercia, tanto en producción eléctrica mediante energías renovables como en eficiencia energética. Confiados en los resultados pasados de producción hidráulica y ante la aproximación de 2020, se han efectuado 3 subastas (diferentes en su diseño, sin calendarización de las mismas, con ilusión respecto a los plazos de sus proyectos, que puede derivar en riesgos en el grado de cumplimiento de la implantación de los proyectos resultantes al mezclar operadores expertos con agentes maverick). Todo ello con el aprovechamiento político de Rajoy anunciando las terceras subastas.

Finalmente se observa, por los países más avanzados, como el propio alineamiento de España en la escena europea en referencia a los compromisos medioambientales se aproxima más a los países escépticos que a los países convencidos en esta materia, lo cual revela la falta de convicción y cómo bascula según el momento. A la vista de todo ello, es previsible que, además, 2017 incluso pueda tener resultados peores en esta materia. Más allá de que el ministro encuentre justificaciones en la climatología (¡la pertinaz sequía!) y en las interconexiones, estos datos requieren una reacción política decidida, coherente, urgente y clara.

Entrevista con el ministro

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Publica El País una entrevista con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, realizada por Miguel Ángel Noceda. Evidentemente se trata de una entrevista ad hoc con motivo del conflicto abierto con la solicitud de cierre de las centrales de carbón por parte de sus empresas titulares, convertido actualmente en el principal caballo de batalla en el ámbito energético en España. Entrevista en la que Nadal reniega que el Decreto presentado sea una respuesta a la reciente solicitud de Iberdrola que algunos medios denominan un «reto al Gobierno» o, como diría el ministro, a la «política».

El ministro Nadal consigue colocar un titular La política energética la hace el Gobierno, no las empresas, reclamando la capacidad de la política para decidir, hacer y deshacer, vía normativa, el marco legal apelando a la «política» en el mismo sentido que utilizan Pablo Iglesias y los retroprogresivos: un modo de pensamiento que confiere todo el poder a la «política” ganadora de unas elecciones y elevada hacia el Gobierno, ante el que los agentes económicos, entre ellos las empresas, están concebidos para ser unos meros brazos armados ejecutores, más allá de su naturaleza empresarial. Potestad que emerge como una amenaza sotovoce de nacionalización de las empresas o de sus activos como han recogido ciertos medios.

Por ello, especialmente en el campo energético, sería preciso distinguir entre política (como proceso de ejercicio de autoridad en la toma de decisiones ejecutivas desde el ámbito del Gobierno, el Parlamento y los organismos reguladores), política (como conjunto de miembros de la clase política y dirigente) y políticas como definición clara de las estrategias que un país se plantea hacia el futuro para organizar una actividad, en un marco jurídico y de gobernanza compartido (en este caso, en la energía y, concretamente, en la electricidad) para conseguir el «bien común». Dicha distinción no es una cuestión menor, puesto que el ministro Nadal mezcla en sus declaraciones intencionalmente estos tres conceptos.

Partamos del hecho de que, en realidad, España no tiene políticas energéticas, que es lo que se trata. Cuestión que, evidentemente, si que le corresponde al Gobierno y, obviamente, a la representación política. Definir un marco completo y predecible dónde actúen los agentes. No tiene un esquema de transición energética, unos objetivos estratégicos de los que se deriven unos objetivos intermedios y finalistas para su consecución, con unas acciones asociadas a los mismos, y que garantice una definición, entre otras muchas cosas, del mix de generación o de los mecanismos estratégicos de potencia de reserva.

Tampoco se define el modelo de gobernanza empresarial, el modelo de mercado (de generación y de comercialización), de precios, tarifas y de competencia en las distintas actividades, el modelo de costes regulados, así como el esquema de ajuste a las directivas y directrices europeas. Por no tener, no tiene ni convicciones concretas, ni una visión integrada de todos los sectores energéticos (inclusive transporte, gas e hidrocarburos) además de evidenciar en muchas ocasiones una contraprogramación entre Energía y Medio Ambiente como se ha podido comprobar durante la reciente Cumbre de Bonn.

Tampoco existe un proceso político en su sentido estricto como mecanismo fiable de elaboración de una política energética, en el sentido de las políticas, basado en el ajuste al Derecho comunitario y al Derecho español, una traslación de los objetivos definidos de forma clara en el ámbito de dónde se ejerce la representación política, esto es en el Parlamento y, como decantación, un mecanismo transparente de estudio, análisis, participación y negociación con los agentes sectoriales.

Realmente, lo que existe en la electricidad es una tenaz lucha de sumo para el control de sus precios eléctricos a efectos de la opinión pública, con los procesos electorales en el punto de mira, que lleva a la congelación de los costes de acceso (aunque aumenten los elementos que lo conforman, como los pagos por interrumpibilidad, y se «intensifiquen» las relaciones cruzadas entre sus componentes, como en el caso de las tarifas de acceso por potencia para favorecer los «compromisos políticos» autonómicos del Ejecutivo). Y todo los demás, son expresiones ambiguas, genéricas y lugares comunes sobre el triángulo economía, medioambiente y seguridad de suministro.

Por lo demás, lo que el ministro reclama es el ejercicio de la autoridad política de forma discrecional y arbitraria, sin limitaciones.  Algo mucho más líquido, incluso en su relación con el Parlamento. Si hay que cambiar una norma previamente aprobada para absorber el déficit tarifario, se cambia, si con eso se compensan o enjuagan los costes de acceso para no subir los precios. Si hay que introducir nuevos mecanismos que afecten a la libertad de establecimiento de los agentes, se interviene. Nadal lo que quiere es una carta blanca y a todos los agentes del sistema eléctrico a su disposición. Eso es a lo que el ministro denomina «política».

REE prevé poner en servicio en el año 2025 la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya con Francia

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Europa Press.- Red Eléctrica de España prevé poner en servicio en 2025 el enlace eléctrico submarino con Francia, un trazado de 370 kilómetros que partirá de la estación conversora que se construirá próxima a la subestación de Gatika, hasta el Golfo de Vizcaya, para discurrir bajo el mar durante 280 kilómetros hasta la subestación de Cubnezais, cerca de Burdeos. La inversión de este proyecto rondará los 1.750 millones de euros, presupuesto que podrá sufrir variaciones dependiendo del proyecto final que se defina.

Expertos científicos y técnicos han analizado este proyecto con administraciones, agentes económicos y colectivos medioambientales, que supondrá un aumento de la capacidad de intercambio de electricidad de hasta 5.000 megavatios (MW), frente a los 2.800 actuales, y ofrecerá una capacidad de transporte de 2.000 MW, a través de un doble enlace submarino (dos cables por enlace). El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, destacó que la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya se enmarca como uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea en materia energética y está catalogado como Proyecto de Interés Comunitario por su marcado carácter estratégico.

De Andrés ha recordado que «la Unión Europea apuesta por las interconexiones eléctricas como herramienta para la creación de un mercado único de la energía que impulsará la convergencia de precios, mejorará la competitividad de nuestras empresas y permitirá una mayor penetración de energías renovables en el sistema eléctrico con la consiguiente menor dependencia de los combustibles fósiles». Aun así, España está lejos de la capacidad objetiva de interconexión eléctrica de la gran mayoría de países europeos y a gran distancia de los objetivos comunitarios. «Las interconexiones actuales con Francia no llegan a los 3.000 MW, lo que supone un ratio de interconexión del 2,8% con los sistemas eléctricos centroeuropeos, muy lejos del 10% acordado por la Unión Europea», lamentó.

También ha intervenido el director del proyecto de interconexión eléctrica submarina España-Francia, Juan Prieto, quien ha detallado el calendario del proyecto que, en la actualidad, está en la fase de consultas, que se prolongará hasta principios de 2018. Según ha explicado, una vez recogidas sugerencias, observaciones y análisis de las administraciones, todo ello se incorporará en los estudios de detalle ambiental y técnicos, para ya en 2018 comenzar con la tramitación detallada del estudio de impacto ambiental y de los proyectos. Después, habrá otra fase de información pública en la parte de la tramitación administrativa.

Prieto ha señalado que, teniendo en cuenta «el proceso riguroso y detallado que siguen este tipo de proyectos, estaríamos hablando de que no antes de 2020 estarían resueltas todas las autorizaciones necesarias, con lo cual antes de 2020 no comenzará ningún trabajo físico en el terreno». Además, indicó que estas infraestructuras «tienen un periodo de fabricación de los cables y de instalación prolongados, con lo cual estamos manejando una fecha de puesta en servicio de interconexión en torno a 2025».

El proyecto se desarrolla a través de INELFE, una empresa mixta creada a partes iguales por Red Eléctrica, el gestor de la red pública de transporte en España y su homólogo francés, Réseau de Transport d’Electricité. Su misión es construir y poner en marcha las interconexiones entre ambos países, con el objetivo de aumentar el volumen de intercambio de energía eléctrica entre la península Ibérica y el resto de Europa.

La interconexión estará conectada a la subestación de Gatika, a 10 kilómetros de la costa vasca. Para ello se aprovechará la infraestructura existente Gatika-Lemoiz, compuesta por dos líneas eléctricas de 400 kilovatios (KW). El trazado partirá de la estación conversora, que se construirá próxima a la subestación de Gatika, hasta la zona del Golfo de Vizcaya. De acuerdo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental español, se dará inicio al trámite de presentación del documento que a modo de resumen identificará las características y ubicación del proyecto, el análisis de los potenciales impactos de las diferentes alternativas para la conversora y la línea, así como un diagnóstico territorial y medioambiental de las afecciones del proyecto.

El enlace se conectará a la subestación eléctrica de Gatika y a la subestación de Cubnezais. La elección del trazado y la colocación del cable en el fondo marino minimizarán el impacto sobre los usos marítimos y especialmente en la pesca. Por otro lado, el trazado subterráneo recorrerá menos de 100 kilómetros, desde la ribera derecha del río Dordoña, y pasará por debajo de éste y del Garona para llegar al litoral aquitano a través del Médoc, respetando el medio ambiente y las actividades humanas.

En esta zona costera se deben integrar numerosos elementos como son la sensibilidad ambiental, la frecuentación de las playas, los núcleos urbanizados, la sensibilidad respecto al retroceso de la línea de costa, así como la posibilidad de utilizar infraestructuras ya existentes para alejarse del litoral. Los puntos de aterraje más adaptados se encuentran en la costa de Médoc. El enlace interconectará dos sistemas de corriente alterna a través de una línea submarina en corriente continua. En cada extremo del enlace, las estaciones conversoras transformarán la corriente continua en alterna para conectarse con las redes de transporte de España y Francia.

Actualmente se está desarrollando de forma simultánea en el País Vasco y Aquitania el proceso de participación pública por parte de las empresas responsables del proyecto,  garantizando la información pública y la transparencia, en conformidad con las exigencias europeas. A este respecto, sus responsables están manteniendo encuentros informativos con las administraciones regionales, con los ayuntamientos y con los vecinos de las localidades del área de actuación. Además, se han puesto en marcha ya varios canales de comunicación ciudadana y se ha distribuido información a través de medios de comunicación, folletos y puntos informativos. También se aseguraron las «máximas garantías técnicas y medioambientales del proyecto», así como la necesidad de seguir apostando por las interconexiones eléctricas.

En ese sentido, José Manuel Esteban, jefe del área funcional de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno en Vizcaya, ha precisado que esta línea se hace para «integrar la red eléctrica española en la red europea», ya que España «tiene capacidad de sobra para producir la energía que necesita». «Esta interconexión no es para importar ni exportar, sino para estar conectados«, ha insistido.

El cambio climático es la principal preocupación medioambiental de más del 55% de los españoles, según Greenpeace

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Europa Press.- El 55,8% de los españoles afirman que el cambio climático es su principal preocupación medioambiental, seguida de la contaminación de mares y ríos (51,9%) y la contaminación ambiental (51,7%), según una encuesta de Greenpeace, elaborada por el instituto Ipsos. Según indica la organización ecologista, el resultado de la encuesta «demuestra que la gravedad de los impactos del cambio climático ha calado ya en la sociedad». La encuesta se realizó de manera online a un total de 2.506 personas.

Con respecto a cuáles eran las tres causas principales del cambio climático, las emisiones industriales fue elegida por un 73,5% de los encuestados. Los españoles también identificaron como causa principal la deforestación (65,1%) y la combustión de combustibles fósiles (64,6%). En cuarto lugar están las emisiones del transporte, que mencionaron el 42,5%. Centrando la pregunta en el ámbito de las energías que generan el cambio climático, la quema de petróleo es asociada en el 81,7% de los casos, de carbón en el 71,5% y de gas natural en el 55,3%, lo que revela, según Greenpeace, «que la ciudadanía es consciente de que la quema de combustibles fósiles son perjudiciales para la salud y el medioambiente«.

Por otro lado, el 35,1% y el 28,4% consideran a la comunidad internacional y al Gobierno central, respectivamente, como los principales responsables para actuar frente al cambio climático. Sin embargo, este porcentaje es más bajo cuando responden a la pregunta de en quién se confía más para atajar el cambio climático transformando el modelo energético. Así, un 11,1% se decanta por el Gobierno, un 9,4% por las empresas y un 21% confía en la Comisión Europea. Los españoles esperan que Gobiernos y compromisos internacionales actúen para combatir el cambio climático y especialmente se refieren al ámbito de la energía como sector prioritario para la actuación.

«El Gobierno de España debe marcar el camino para acelerar la transición energética hacia un modelo basado al completo en renovables, fomentando la nueva instalación de energías limpias, poniendo una fecha para el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear y permitiendo a la ciudadanía participar en la producción y la gestión de esa energía» ha declarado la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. La organización ecologista pone el acento en la responsabilidad de los Gobiernos para actuar urgentemente frente al cambio climático, y destaca la importancia de la actuación ciudadana para combatirlo.

En este sentido, los resultados de la encuesta revelan que la ciudadanía es «bastante crítica consigo misma». Cerca del 70% está dispuesto a adoptar medidas que contribuyan a combatir el cambio climático, y un 90% de los encuestados se manifiestan abiertos a reducir su consumo de energía en alguna medida. En este caso, destacan especialmente las mujeres, que están más comprometidas a la hora de tomar medidas. Por ejemplo, ya usan más el transporte público en sus desplazamientos (9,3% frente a 6,9% de hombres), o apuestan por medidas de eficiencia energética como el uso de bombillas de bajo consumo (21,4% frente a 15,4%) o utilizar el aire acondicionado lo menos posible (18,4% frente a 11,9%).

«Es necesario que las políticas climáticas y energéticas vean un aumento de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y en las negociaciones políticas como camino imprescindible para fomentar sociedades más sostenibles donde primen valores de salud y bienestar para frenar el cambio climático», indica Nuño, que incide en la necesidad de «una transición energética y unas políticas justas y transformadoras que tenga en cuenta a la población».

España baja 5 posiciones en el Índice de Acción Climática hasta situarse en el puesto 38 de 56

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Europa Press.- España ha bajado 5 posiciones respecto al año pasado en el Índice de Acción Climática (CCPI, en sus siglas) y 16 puestos respecto a 2014, cuando llegó a ocupar el puesto 22. Así, se sitúa actualmente en el puesto 38 de los 56 países analizados, lo que significa que vuelve a entrar en el «listado de países con un grado de acción climática baja», según considera SEO/BirdLife.

Atendiendo a los países de la Unión Europea, España ocupa el puesto 20, sólo por delante de Grecia, Polonia, Hungría e Irlanda, cuando SEO/BirdLife recuerda que es «el país más vulnerable al cambio climático de Europa«. El CCPI es un informe coordinado por Germanwatch, New ClimateInstitute y ClimateAction Network en el que un panel de expertos evalúa las políticas contra el cambio climático de los países que suponen el 90% de las emisiones efecto invernadero.

Como en años anteriores, el informe deja vacantes los tres primeros puestos de la clasificación, dado que para los expertos ninguno de los Estados analizados, en un listado que también incluye a la Unión Europea en su conjunto, muestra un comportamiento adecuado para garantizar que el incremento de las temperaturas no sobrepasará el umbral entre el 1,5 y 2 grados centígrados, objetivo marcado en la Cumbre del Clima de París.

El responsable de Cambio Climático y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, afirma que «es de lamentar que España ocupe una posición tan baja en el ránking, no sólo en el contexto internacional sino en el europeo». «Es una muestra más de la tímida posición del Gobierno y del resto de fuerzas políticas en las negociaciones en Bruselas sobre esta cuestión crítica para España», asegura el experto, que menciona la «falta de ambición del actual Ejecutivo» que, a su juicio, «se manifiesta en contra del autoconsumo solar mientras apoya el carbón, que deja para otro momento la cuestión de la ecofiscalidad o que sigue sin resolver la dependencia de los combustibles fósiles del sistema de transporte».

Suecia, Lituania y Marruecos, líderes

De los movimientos en el ránking, destaca que Francia cede el testigo a Suecia como cabeza de lista (cuarta), seguido de Lituania (quinta) y Marruecos. Este último ha pasado, en sólo dos años, del puesto décimo al sexto por su bajo nivel de emisiones y sus ambiciosos objetivos de reducción para 2030, convirtiendo a este país en el líder de la acción climática de África.

Por su parte, Brasil pasa del 40 al 19 puesto, a pesar de la «falta de consistencia» de las políticas emprendidas por el actual Gobierno, beneficiado por la alta presencia de renovables en su mix energético según SEO/BirdLife. China, considerado «el mayor emisor a escala global», también mejora en la lista al escalar hasta el puesto 40, pues antes estaba en el 48, a pesar de que su actuación sigue en nivel «muy bajo» para la organización, que confía en que la perspectiva mejorará por «su empuje en la diplomacia climática y sus planes de futuro, por ejemplo en renovables».

En la parte más baja del Índice se sitúa Arabia Saudí, que ocupa el último lugar, precedido de Irán, Corea del Sur, Australia y Estados Unidos, que baja a los últimos puestos «espoleado por los movimientos de la Administración que preside Trump y su ruptura con el Acuerdo de París». Por su parte, Rusia repite el puesto 53 y sigue recibiendo las críticas de los expertos por su falta de ambición y de acciones concretas.

De todas las cuestiones analizadas, es en la de políticas climáticas donde España se sitúa en peor lugar, en el puesto 41. La organización compara la situación española con la de los países vecinos: Marruecos ocupa el cuarto puesto, Francia el sexto y Portugal el séptimo. El CCPI también suspende a España en relación a sus avances para cumplir el escenario de emisiones previsto por el país para 2030, sobre todo, según SEO/BirdLife, «por las dudas sobre las emisiones asociadas a las centrales térmicas, los sectores de transporte, industria y agrario, y los incendios forestales. No obstante, atisba buenas expectativas para cumplir los objetivos de energía renovables previstos para 2030.

Siemens Gamesa comunica a los sindicatos el despido de 408 trabajadores en los próximos 3 años en España

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Europa Press.- Siemens Gamesa ha comunicado a los sindicatos su previsión de despedir a 408 trabajadores en los próximos 3 años en las diferentes plantas que la compañía tiene distribuidas por toda España. Según ha informado la empresa, se ha trasladado a la representación sindical que la previsión es despedir a 408 trabajadores en España, de los cuales 341 serían durante 2017, contando desde el pasado 30 de septiembre.

Aunque la compañía no ha puntualizado cómo distribuirá los despidos, fuentes del sindicato ELA han asegurado que el plan no afectará a las plantas productivas de País Vasco y Navarra, ubicadas en Mungia (Vizcaya), Asteasu (Guipúzcoa) y Aoiz (Navarra), por lo que afectaría a oficinas o centros de I+D. También han asegurado que el próximo 23 de noviembre se celebrará la primera reunión de la mesa negociadora, en la que esperan que la multinacional aporte datos y concrete sus intenciones.

Siemens Gamesa anunció la pasada semana un plan de reestructuración de hasta 6.000 empleos en un total de 24 países. El grupo, que tiene una plantilla aproximada de 4.000 personas en España, con 600 en Guipúzcoa y Vizcaya, alcanzó unos ingresos de 5.022 millones de euros en sus primeros seis meses como empresa fusionada, tras la integración entre el fabricante de aerogeneradores de España y la filial eólica del grupo alemán, lo que supone una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las importaciones de crudo se disparan más de un 14% en septiembre

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Europa Press.- Las importaciones de crudo por parte de España alcanzaron los 5,866 millones de toneladas en el pasado mes de septiembre, lo que supone un incremento del 14,4% con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). En el acumulado anual, las importaciones de crudo ascienden a 49,61 millones de toneladas hasta septiembre, lo que representa un incremento del 4,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En septiembre se importaron 36 tipos de crudo procedentes de 19 países. Nigeria se situó como principal proveedor en el mes, con el 17% del total, y en el acumulado anual (14,8%), superando a México, con el 10,9% y 14,5%, respectivamente. Además, destacó el crecimiento de Kazajistán, un 315,3% en septiembre, y de Noruega, un 140,7% en el acumulado anual.

En septiembre no se importó crudo desde Argelia por primera vez desde mayo de 2012. Mientras, las importaciones procedentes de los países miembros de la OPEP alcanzaron el 58,5% de la cuota total y aumentaron un 40,2% en el mes, principalmente por Nigeria, que creció un 304% frente a septiembre de 2016, y Libia (+266,7%). En el acumulado anual, también destaca Irán, con un crecimiento del 77,6%. Asimismo, en septiembre presentaron incrementos África, con una subida del 60,9% frente a septiembre del año pasado, y Europa y Euroasia, con un crecimiento del 50,1%, mientras que disminuyeron el resto de zonas.

Más de 400 organizaciones de Alianza por el Clima denuncian los «obstáculos» del Gobierno a la transición energética

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Europa Press.- Las ONG que integran Alianza por el Clima expusieron los «obstáculos» que pone el Gobierno a la transición energética y al cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático, ante la Cumbre del Clima (COP23) que se celebra en Bonn (Alemania). Bajo el título Transición energética: ¿de qué lado estás?, Alianza por el Clima insistió en la urgencia de actuar ante la grave crisis climática para transitar hacia un modelo energético sostenible basado en renovables.

En este contexto, recordaron que mientras España afronta la peor sequía de los últimos 20 años y sigue batiendo récords de aumento de temperatura, el Gobierno central continúa sin dar los pasos necesarios en la lucha contra el cambio climático y denuncia que el Ejecutivo está «frenando la necesaria transición energética» ya que se está alineando «con ciertos intereses empresariales y energéticos». Alianza por el Clima es una plataforma formada por más de 400 organizaciones sociales de ámbito estatal cuyo fin es sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos sobre los efectos del cambio climático y sobre las medidas de mitigación del mismo.

Las energías renovables aportaron 8.511 millones de euros al PIB en 2016 y abarataron el sistema eléctrico en 10 millones

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Europa Press.- El sector renovable contribuyó con 8.511 millones de euros al PIB nacional en 2016, un 3,3% más que en 2015, fruto de una mayor actividad ligada fundamentalmente a la puesta en marcha de nuevas subastas, como la realizada el año pasado de 500 megavatios (MW) de eólica y 200 MW de biomasa, y el anuncio de las nuevas subastas que ya se realizaron este año.

Presentando el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), el director general de la asociación, José María González Moya, señaló «la paralización» que sufrió el sector en 2016, en el que la potencia permaneció prácticamente estancada, con solo 43 nuevos MW. En el periodo, el sector aportó 1.000 millones de euros en fiscalidad neta y mejoró su balanza comercial con un saldo exportador neto de 2.793 millones de euros, según datos del informe.

Por su parte, el empleo, al contrario que el PIB, sufrió un retroceso y se situó en 74.566 puestos de trabajo, 2.760 menos que el año anterior, situándose en su nivel más bajo de empleos en toda la serie analizada, con un descenso cercano al 50% respecto al 2008, cuando el sector empleaba a 142.940 trabajadores. Este descenso se debió al «fuerte» ajuste de los empleos de las instalaciones en funcionamiento, derivado de la reforma eléctrica y, particularmente, en las tecnologías más asociadas a la bioenergía, más intensivas en empleos.

Ahorraron 10 millones al sistema

En lo que se refiere a los ahorros producidos en el mercado eléctrico por las renovables, ascendieron a 5.370 millones de euros, cifra superior a la retribución específica percibida de 5.360 millones de euros. Además, evitaron la emisión de 52,2 millones de toneladas de CO2, lo que supuso ahorros en derechos de emisión por valor de 279 millones de euros. Este valor fue anormalmente bajo debido al descenso del 30% en el precio de la tonelada de CO2, indicó APPA.

Por otra parte, la asociación se mostró especialmente crítica con la normativa que establece la retribución para el sector ya que en el primer semiperiodo regulatorio, finalizado en 2016, se han perdido 574 millones de euros «que no se recuperarán nunca». «Creemos que es necesario mejorar los marcos normativos», aseguró el presidente de APPA, José María Villarig, quien recalcó que la reforma energética que se llevó a cabo en 2013 «fue injusta y recayó sobre unos más que sobre otros». Además, Villarig se ha mostrado confiado en que se ganará el recurso presentado contra el impuesto del 7% sobre la generación. «No es un tema defendible y acabáremos ganando», auguró.

En lo que respecta al autoconsumo, APPA mostró su sensación de que se producirá un cambio en el actual marco normativo por parte del Gobierno que permita su desarrollo. Así, González Moya destacó que en las conversaciones con el Ministerio de Energía se traslada el mensaje de que en autoconsumo «hay algunas condiciones de mejora, especialmente en temas administrativos». Finalmente, respecto a la posibilidad de una integración con la patronal eléctrica Unesa, Villarig subrayó que «no piensan en procesos de fusión, otra cosa es que podamos hablar y haya reivindicaciones del sector que sean confluyentes».