EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que su obligación es tratar de reducir lo máximo posible los costes del sistema eléctrico y no trasladar el problema al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas, pero el Consejo Económico y Social (CES) considera necesaria una reforma normativa que saque de la tarifa eléctrica los costes ajenos al suministro de electricidad que, en su opinión, deberían financiarse por otros medios, por ejemplo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Ésta es una de las propuestas incluidas en el informe El Sector Eléctrico en España, que presentó el presidente de la Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales del CES, José Manuel Morán. El informe señala que debería considerarse la posibilidad de financiar fuera de la tarifa eléctrica los costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), al tratarse de una política de cohesión territorial, y también, aunque «de forma escalonada», las ayudas a las energías renovables y las anualidades del déficit tarifario acumulado. El reciente informe del grupo de expertos sobre transición energética también abogaba por eliminar de la factura eléctrica algunos costes.
El CES considera que la trayectoria «ascendente» de los precios de la electricidad en los últimos años, incluso en la etapa de crisis, «resulta paradójica», un comportamiento que vincula con «el incremento de los costes ajenos al suministro». El informe recalca que «muchos de los aspectos incluidos entre los costes regulados responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental, y resulta discutible que deban ser financiados a través de la factura«. Según el CES, esta evolución pone de manifiesto las disfunciones que presenta el sistema en cuanto a la determinación del precio, lo que obliga a revisar los mecanismos que lo conforman.
El informe aboga por impulsar los contratos bilaterales y los mercados a plazo, y por fomentar la entrada de nuevos participantes. El CES cree que los superávit de tarifa registrados en los últimos ejercicios deberían destinarse a amortizar el déficit acumulado. El estudio también destaca la necesidad de mejorar la tributación energética «respondiendo a la necesidad de armonizar la fiscalidad medioambiental», y asegura que existe «un amplio margen» para hacerlo.
Según el CES, «la internalización de los costes medioambientales debe ser el principio a seguir al fijar el tratamiento fiscal de la electricidad en España». En este ámbito, el consejo pide reducir el IVA que se aplica a la electricidad (ahora del 21%), al ser un bien de primera necesidad; revisar el impuesto especial de la electricidad; y suprimir los gravámenes que generan una doble imposición. Para el CES, la presencia de tributos a la generación de electricidad y al consumo industrial son discriminatorios respecto a los principales socios comunitarios.
El estudio aboga también por clarificar los conceptos de la factura eléctrica y señala que las rebajas establecidas en el bono social «tienen un alcance muy limitado», ya que se aplican solo a la tarifa regulada y no tienen en cuenta el término de potencia ni los impuestos. Asimismo, el CES plantea financiar con los Presupuestos la parte del bono social que asumen las comercializadoras.
El informe pide también que se revisen los pagos por capacidad y el mecanismo de interrumpibilidad (que proporciona mejores tarifas a las empresas que están dispuestas a que se les corte el suministro si es necesario). El CES se refiere también al autoconsumo y asegura que la normativa española recoge «una serie de trabas administrativas» que dificultan su desarrollo. En este sentido, pide revisar la normativa actual, en concreto el tratamiento de los costes regulados, y reclama simplificar los trámites.
El estudio defiende un mix de generación (reparto de producción eléctrica entre las distintas tecnologías) «equilibrado», que proporcione precios «competitivos». Demanda también el desarrollo de las infraestructuras energéticas, en especial de las interconexiones internacionales. Para el CES, el sector eléctrico debe jugar «un papel fundamental» en el proceso de descarbonización de la economía y en la lucha contra el cambio climático. No obstante, precisa que la electricidad es «cara», lo que, a su juicio, dificulta la electrificación de la economía.
“Pasar el problema” a Hacienda
Por su parte, el ministro Nadal asevera que «la solución no consiste en trasladar el problema al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas y sí tratar de reducir los costes del sistema lo máximo posible». «La obligación del ministro de Energía es rebajar los costes y no que el problema lo solucione Montoro«, remachó. Nadal ha señalado que todavía espera la respuesta de los grupos políticos a su propuesta de revisar la retribución de algunos activos energéticos que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), están retribuidos en exceso.
Finalmente, el ministro de Energía afirmó que no se puede cargar de más costes al sistema eléctrico, en referencia a propuestas como el autoconsumo, ya que «hemos agotado toda nuestra flexibilidad y no tenemos margen, con unos costes fijos mucho más altos que el resto de países«. Por ello, Nadal ha rechazado la liberalización total del autoconsumo y que los autoconsumidores conectados a la red dejen de pagar su parte de los costes fijos del sistema porque “eso elevaría la factura de la luz para el resto de los consumidores”. Además, añadió, el sistema entraría en déficit a medida que aumente el número de autoconsumidores.
