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El primer Barómetro de Transición Energética en España revela la necesidad de impulsar las energías renovables

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Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en un análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías renovables tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética de España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se acrecentó por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la Unión Europea, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Hay una ligera reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización de la economía. Sin embargo, es inferior a la experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad de la energía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010. La evolución es similar a la experimentada en la Unión Europea.

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, que cae un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron a 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido «bandazos» importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares a 2010.

El Gobierno trabaja en una Ley «transversal» de Cambio Climático y Transición Energética que se tramitará a final de año

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su apuesta «clara y firme» para impulsar un modelo de desarrollo sostenible que permita luchar contra el cambio climático y cumplir los objetivos del Acuerdo de París, para lo que el Gobierno trabaja en una ley para la transición ecológica que será «transversal» para «abrir la puerta» a España «en el siglo XXI» y que permita la descarbonización de la economía a mitad de siglo.

Durante su primera comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica, Ribera explicó que su intención con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pasa por dar a conocer un borrador a principios del otoño para poder iniciar su tramitación parlamentaria «antes de final de año» porque España es «una excepción» entre las potencias europeas ya que no goza de una ley que marque el camino hacia la descarbonización.

Considera que la norma deberá estar basada en un acuerdo «sólido, amplio y participado» que atienda las necesidades de todos los sectores, que ofrezca un marco legal financiero estable y coherente y que incluya una «transición justa y equitativa» con herramientas como un Plan de Transición Justa para «no dejar a nadie atrás», sobre todo a los colectivos más vulnerables.

En concreto, indicó que la ley deberá introducir al menos 4 grandes ejes que serán transversales para facilitar una «señal clara» a los reguladores y lograr una reducción de las emisiones de un 20% en 2030, respecto a 1990, lo que supondrá «partir a la mitad las emisiones actuales», porque sin ello, «apenas se podrá alcanzar los objetivos de París«.

«Debemos adoptar sendas de descarbonización», ha insistido la ministra, que cree que sin un marco regulatorio adecuado no es de extrañar que la economía española no haya logrado aún desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es un «lastre» para la competitividad. A este respecto recordó que, según los datos del Inventario nacional de emisiones, entre 2014 y 2017 España ha sido el país de Europa en el que más han crecido las emisiones, en concreto, un 4,4% en el último año, sobre todo «arrastradas» por el carbón, que generó el 58% de las emisiones del sector eléctrico.

«Los objetivos de París están hoy lejos de conseguirse y las políticas actuales distan mucho de ir en esa línea», ha reprochado al anterior Ejecutivo. «España no puede terminar la legislatura sin una ley de cambio climático», sentenció. Durante la explicación de sus prioridades al frente del Ministerio, Ribera insistió en que la norma debe incluir objetivos claros de reducción de emisiones para el año 2030 y en 2050, con sendas de descarbonización a largo plazo revisables cada 5 años.

Ribera ha recordado que, de cara al horizonte 2050, España remitirá en 2019 un plan a la Unión Europea que identifique dificultades para capturar todos los avances actuales. En esa línea, ha señalado que el Banco de España elaborará informes periódicos sobre la economía española para conocer sus vulnerabilidades y advertir riesgos y fortalezas del país en la materia y que el Ejecutivo trabajará en presupuestos quinquenales de carbono con un informe contable anual que describa la situación cada año.

Otro de los anuncios formulados del futuro texto de la Ley de Cambio Climático pasa porque entre las «obligaciones» de las empresas cotizadas estará presentar un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono. Además, todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y las memorias de planes y programas y propuestas normativas deberán integrar un análisis de compatibilidad climática y se incluirán los criterios «verdes» obligatorios en la contratación pública. Asimismo, ha anunciado su voluntad de crear una comisión independiente de expertos que elaborarán un informe al año que evalúe la situación en materia de cambio climático y que «ayudará a adoptar las decisiones periódicas más adecuadas».

Por otro lado, la ministra ve prioritario también analizar la compatibilidad climática en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y acometer una reforma fiscal para que España deje de estar «en el furgón de cola» de la fiscalidad ambiental precisamente porque apunta que «quizá la medida más relevante para dar coherencia» es adecuar el sistema fiscal a la realidad climática. Por ello, ha insistido en que se deberá adecuar la fiscalidad, fijar un precio al carbono a través del sistema fiscal y establecer mecanismos que permitan una transición justa.

Ribera ha agregado que una pieza «crítica, complementaria» a la Ley de cambio climático será un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 que servirá para sentar las bases de la transformación de la economía en las próximas décadas, con señales «claras» que den certidumbre a todos los actores y que se dirija al cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. «Esto supone trabajar contrarreloj para cumplir los plazos», ha advertido la ministra, que espera presentar un borrador este año.

En materia de energía, opina que se debe desplazar el modelo energético intensivo en energía hacia uno «más sofisticado, descentralizado, plural» en el que es «imprescindible» una apuesta decidida por las renovables con los ciudadanos en el centro del modelo. Entre los objetivos que considera «irrenunciables», destaca la importancia de alcanzar soluciones eléctricas sobre los combustibles fósiles; integrar la sostenibilidad y la eficiencia en la industria y la eficiencia en el sector residencial. De hecho, se ha referido ampliamente a las posibilidades las ciudades a todos los niveles, como la rehabilitación de viviendas para transformar los edificios hasta conseguir que sean casi nulos en emisiones o apostar por un transporte público y bajo en emisiones.

En esa línea ve fundamental «rescatar» al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que «se ha reducido a una especie de sellador de certificados de ventanas», y revisar toda la normativa energética. En este contexto valora el «nuevo papel» que tendrán las ciudades a la hora de transformar el modelo de convivencia. Finalmente, del mismo modo, ha indicado también que su departamento se propone también aumentar los espacios protegidos, ordenar los usos marinos para que sean compatibles con la biodiversidad como por ejemplo prohibir las prospecciones de combustibles fósiles y la minería.

Las importaciones de crudo en España aumentaron un 6,8% en mayo, con 5.481 kilotoneladas, siendo México su principal suministrador

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Europa Press. – Las importaciones de crudo a España aumentaron un 6,8% en mayo respecto al mismo mes de 2017, hasta las 5.481 kilotoneladas (kt), el segundo dato más elevado para un mes de mayo tras el de 2014 (5.525 kt), según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas (Cores).

El acumulado anual y el año móvil también presentan incrementos, 6,4% y 4,2% respectivamente. En mayo se importaron 26 tipos de crudo procedentes de 15 países.

Las importaciones de México, con 952 kt, se incrementaron un 29,7% en tasa interanual, superando a Nigeria (856 kt) como principal suministrador.

Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP aumentaron por sexto mes consecutivo, un 11,3% respecto a mayo 2017. Se registraron importantes incrementos las procedentes de Irán (+191,7%) y Arabia Saudí (+38,6%), y en menor medida, de Irak (+13,0%). En el acumulado anual, estas importaciones ascienden un 22,1% y alcanzan el 56,6% del total.

África (27,2%) continúa como primera zona de abastecimiento, a pesar de la disminución del 22,4% respecto a mayo de 2017; le sigue Oriente Medio, que presenta un incremento del 54,8%, y alcanza un 26,0% del total. También aumentaron las entradas de crudos de América del Norte (+45,1%) y Europa y Euroasia (+2,1%), mientras que las de América Central y del Sur descendieron (-12,2%).

Teresa Ribera compromete ante el sindicato CCOO un plan de transición justa que complementará a la Ley de Transición Energética

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado un Plan para la Transición Justa, que será complementario a la futura Ley de transición energética, cuyo borrador verá la luz probablemente antes de agosto. En la Jornada sobre transición energética y justa, organizada por Comisiones Obreras, la ministra señaló que entre los primeros objetivos del Gobierno está facilitar una transición justa con un modelo energético, social y productivo diferente en el que ningún colectivo o región se quede atrás.

Para ello, ve fundamental fortalecer “el entendimiento y el diálogo social”, así como hacer visibles las oportunidades de empleo e inversión en un nuevo modelo de producir diferente. La ministra opina que es «indispensable» que las personas se sitúen «en el centro» del proceso para lograr una «nueva etapa» en España «más justa socialmente y más realista ambientalmente«. Por eso, ha insistido en la necesidad de un plan en el marco de una estrategia seria y participativa y, por ello, ha dicho que su Ministerio está trabajando acompañado de otros departamentos como Industria y Trabajo, pero ha añadido que también se necesita implicar a Economía, Hacienda y «también a Educación». Esta es, según añadió, una «prioridad» del presidente del Gobierno.

Respecto al Plan de Transición Justa, ha detallado que será una parte «complementaria» de la Ley de Transición Energética necesaria para dar «un giro a las políticas llevadas hasta la fecha». Ribera considera que no basta con decir que se necesita una economía baja en carbono sino que hay que «facilitar» ese proceso de cambio, hacer factible la creación de empleo sostenible en el tiempo, priorizar las oportunidades y propuestas para las comunidades locales. Además, añadió que es «imprescindible» que esta transición tenga en cuenta los contextos culturales, sociales y económicos de la población, pero también sus emociones. «Es imprescindible que los pueblos, sociedades y comarcas entiendan que lo que se está haciendo es la mejor opción», ha insistido Ribera.

Al respecto, la ministra ha dicho que para no dejar a nadie atrás en esta transición se tendrá que realizar un acompañamiento financiero, político, industrial que permita dar credibilidad a este proceso y cree que hacerlo es una «obligación» que solo puede hacerse desde el diálogo y la correcta observación de prioridades. «Necesitamos un marco coherente. Es un debate importantísimo. Necesitamos, por tanto, entender, incorporar los ajustes, los cambios, corregir aquello que no funciona con una visión amplia que vaya más allá», ha concluido. En este contexto, resaltó que las emisiones de gases invernadero son un lastre para España, los ciudadanos, las actividades económicas, los inversores y los trabajadores, tanto del presente como del futuro».

Ribera ha destacado que el proceso hacia una transición ecológica «no es una actividad reservada exclusivamente a los activistas ambientales», sino que desde la política se debe trabajar «intensamente» para construir medidas que tengan cobertura «más allá del corto plazo». Por otra parte, la ministra quiso destacar la «fragilidad» que presenta el equilibrio ecológico en la actualidad y la necesidad por crear un «modelo diferente» en España. Además, ha expresado que desde la Administración son conscientes de que aún quedan heridas «no cerradas» desde la crisis y que el desempleo sigue siendo «precario», especialmente entre la población joven. En este contexto, Ribera señaló que esta situación se debe corregir mediante alternativas promovidas por el diálogo y que «miren al futuro«.

La ministra ha declarado que esta aproximación «no es nueva» y que, a veces, la reacción a un cambio produce que no haya cambio. Así, hizo hincapié en que este no es el camino y que «no hay institución, centro de estudios o analista serio que no haya señalado, una y otra vez, que un proceso de cambio genera oportunidades».

En el marco de la jornada, el sindicato Comisiones Obreras presentó sus propuestas para una transición energética justa hacia un modelo bajo en carbono. El plan es fruto de un trabajo confederal y se encuentra dirigido a orientar las propuestas del economista Jorge Aragón Medina en la Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética nombrada por el Gobierno. Durante la inauguración, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido la participación sindical en esta transición energética en la que considera que no se puede olvidar a los sectores industriales. «La transición a un sistema productivo libre de CO2 debe llevar también a momentos de oportunidades laborales estables. La sostenibilidad del modelo no puede mirar hacia otro lado», subrayó.

Sin embargo, respecto a las comarcas que se verán afectadas por el cambio del modelo energético, Sordo ha reclamado «soluciones políticas» para las empresas y los trabajadores afectados que no se puedan reconvertir. Entre estas propuestas, ha reclamado precisamente un plan de transición justa para cada zona afectada y un plan de inversión industrial y del empleo al tiempo que ha propuesto que se prime a las empresas que acometen esta transición frente a las que no lo hacen. En definitiva, insiste en que el desarrollo económico debe hacerse también en áreas que «no pueden ser abandonadas a su suerte».

Sordo quiso resaltar las consecuencias locales que la transición puede acarrear y promover un cambio que no deje de lado el crecimiento «sostenible» desde el punto de vista social. En este sentido, Sordo ha declarado que la transición hacia un modelo energético justo debe tener en cuenta a los trabajadores y las comarcas afectadas por el cambio. Además, añadió que los sectores industriales son «fundamentales» en el modelo productivo español y que gran parte de los problemas económicos en España tienen que ver con la dependencia energética y con la presencia «insuficiente» de los mismos.

El contenido del documento de Comisiones Obreras reivindica una transición energética hacia un sistema productivo libre de carbono en todos los sectores económicos, el cual implante fuentes de energía renovables y conduzca a una eficiencia en el uso de la energía que configure un nuevo tejido de empresas y de actividad económica generadora de abundante empleo en todos los sectores.

En este sentido, el plan propone medidas para la transición, como estrategias de apoyo a políticas industriales, territoriales y/o sectoriales, la adecuación en la formación en los colectivos laborales, la reactivación económica de zonas afectadas mediante la inversión pública o la creación de una protección social específica; así como planes de reactivación por zonas y sectores y un plan específico de actuación de las empresas en las que se prevea un posible cierre o reconversión.

Respecto a la financiación, el documento defiende la creación de un «fondo de transición justa» con instrumentos de financiación que primen el empleo creado, sus condiciones y su permanencia. Además, CC.OO. remarca la importancia de potenciar el I+D+i mediante incentivos fiscales para las empresas que se dediquen a la investigación de nuevos procesos de generación o de actividades relacionadas con el cambio de modelo energético.

En su intervención, el secretario general de la federación de Industria de CC.OO., Agustín Martín, ha llamado a crear una «visión integral» de un modelo energético que tenga permanencia para «más de 4 años» y así logre un progreso «estable» y «responsable». En este sentido, ha señalado que el cambio debe hacerse a nivel europeo y debe perseguir los objetivos de estabilidad, suficiencia y ser generador de empleo y riqueza.

Además, Martín ha reivindicado que se ha hablado «muy poco» de las personas que viven de estos sectores y que pueden ser afectadas por el cambio del modelo, por lo que CC.OO. quiere tratar su futuro y promover un proceso energético que genere «ganadores». Asimismo, ha querido resaltar que «no puede haber transición justa sin justicia social» y que llama a la Administración y a las empresas a colaborar en este objetivo y dar pasos «muy medidos» hacia el cambio.

La potencia renovable lleva 8 años congelada en España y pone en riesgo los compromisos europeos de 2020, según Anpier

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Europa Press.– La potencia renovable en España lleva 8 años congelada y pone en riesgo los compromisos de 2020, según la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier). En un estudio, Anpier pone de manifiesto que la evolución de la potencia fotovoltaica en España ha estado íntimamente ligada a los distintos desarrollos normativos y a la seguridad jurídica existente bajo cada entorno regulatorio.

En este sentido, indica que los continuos cambios regulatorios retroactivos y la moratoria renovable socavaron el interés de los inversores, que ante la inseguridad jurídica del sector renovable español decidieron derivar sus inversiones a sectores y países con una regulación más estable. «Esta parálisis podría derivar en incumplimiento de los objetivos de penetración de renovables adquiridos con Europa», advierte Anpier. Asimismo, indica que a causa de la inseguridad jurídica y de las restricciones normativas, España sólo alcanza un 1% del total de potencia fotovoltaica mundial. Para paliar esta situación y aprovechando la reducción de costes de las tecnologías de estos últimos años, el Gobierno estableció un sistema de subastas que tenía como objetivo la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

Actualmente, el 70% de la potencia renovable en España, sin considerar la gran hidráulica, se localiza en manos de 17 empresas. Frente a la concentración existente en la eólica y termosolar, la solar fotovoltaica es la tecnología más atomizada en número de propietarios. No obstante, recientemente se viene observando cómo la potencia comienza a ser agrupada por algunas compañías y grandes fondos de inversión que superan los 100 megavatios (MW) de capacidad. Según Anpier, esta reestructuración societaria ha sido consecuencia directa de los diversos ajustes retroactivos sufridos por la tecnología que ha derivado en problemas de solvencia e incluso en la quiebra de muchos pequeños propietarios, los cuales se han visto obligados a vender sus instalaciones a precios muy bajos.

Así pues, considera que el futuro reparto del sector renovable español dependerá de lo que finalmente se ejecute. Asumiendo que toda la potencia subastada se ponga en funcionamiento, la distribución de los principales agentes del sector evolucionará de dos maneras muy diferenciadas en los dos sectores principales, eólico y fotovoltaico. Mientras que el primero desagrega la potencia entre más compañías, el segundo tiende a una mayor concentración de la capacidad.

«Esta es la disyuntiva que debe resolver el nuevo Gobierno: ha de fijar la clave de la propiedad del nuevo modelo de generación energética que, sin duda, será renovable, pero no lleva camino de ser social si no se enmienda la actual situación, porque aún estamos a tiempo de recuperar la soberanía energética», señala Anpier. Para la asociación, no se puede mirar al futuro sin resolver el «tremendo error» que se cometió en el pasado.

«Hay que dignificar a las decenas de miles de familias fotovoltaicas que han dado solución al gran reto de producir energía barata y sin contaminar, puesto que han dado a la sociedad, con su esfuerzo, la llave para evitar la mayor catástrofe del planeta y, sin embargo, se les ha ultrajado atribuyéndoles todos los males del sistema eléctrico, para ocultar las causas verdaderas de los desajustes económicos del sistema energético español y evitar que el modelo social progrese», argumenta. Por eso ve «imprescindible» devolverle a este colectivo la seguridad jurídica.

A nivel mundial, la energía fotovoltaica se encuentra en su momento de mayor crecimiento, potenciada principalmente por el desarrollo, en los últimos años, de esta tecnología en algunos países de Asia, como China, India o Japón, según el anuario de Anpier. Este último año se ha superado la barrera de los 400 GW acumulados, superando los 393 GW nucleares en el mundo. Por otro lado, cabe destacar que entre China, Estados Unidos, Japón y Alemania, esto es, los países con mayor potencia instalada en el mundo, cubren casi el 70% de la potencia instalada total.

Las emisiones de CO2 crecen un 7% al descender la energía hidroeléctrica y aumentar la generada con carbón, según BP

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Europa Press.- La histórica sequía que se registró en España el año pasado produjo un desplome del consumo de energía hidroeléctrica de un 49% y un aumento del consumo de carbón del 29%, lo que ocasionó un incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 7% en 2017, el aumento más alto desde el 2012.

Según un informe realizado por la petrolera BP, el consumo total de energía en España se incrementó en 2017 un 1,8%, continuando así con la tendencia alcista iniciada en 2015. El petróleo acabó copando el 46,7% del mercado, seguido del gas natural, con un 19,8%; de las energías renovables, con un 11,3%; del carbón, con un 9,7%; de la nuclear, con un 9,5%; y de la hidroeléctrica, con solo un 3%. La fuente de energía que más incrementó su consumo fue el carbón (+29%), seguido del gas natural (+10,2%), de las renovables (+2,2%) y del petróleo (+1,2%). Por el contrario, la nuclear disminuyó un 0,6% y la hidroeléctrica un 49%.

Por su parte, el cambio en los patrones de consumo influyó en los modelos de generación eléctrica. Mientras que la hidroeléctrica pasó de representar el 13,2% del año anterior al 6,7%, la del carbón pasó del 13,6% al 16,6% y la del gas natural pasó del 19,6% al 22,9%. El resto de energías se mantuvieron estables. El presidente de BP en España ve necesario «no decaer en los esfuerzos para seguir impulsando una energía limpia y avanzar en la economía baja en carbono, a pesar de que 2017 ha sido un año en el que las emisiones han vuelto a crecer, fruto de los cambios coyunturales en el mix energético».

En el conjunto del mundo, la demanda global de energía creció un 2,2%, acompañada de un incremento de las emisiones de CO2 del 1,6%. No obstante, las renovables crecieron un 17%, seguidas del gas natural, que aumentó un 3%. La energía nuclear creció un 1,1%, sobre todo en China y Japón; la hidroeléctrica aumentó un 0,9%, lastrada por la caída registrada en Europa; el carbón creció un 1%, su primer incremento desde 2013; el petróleo, un 1,8%. De esta forma, el mix energético estuvo formado por petróleo (34%); carbón (27%); gas natural (23%); energías no fósiles (15%); hidroeléctrica (7%); renovable (3,6%) y un 4,4% nuclear.

España aumentó un 4,4% sus emisiones de CO2 en 2017 al usar más carbón y menos hidráulica para generar electricidad

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Europa Press.– Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) aumentaron en un 4,4% en 2017 en España respecto a 2016, lo que supone el mayor incremento interanual desde 2002, según datos del Avance del Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica, que señala que España emitió 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente.

El inventario, que será remitido a la Comisión Europea, expone que la principal razón de este aumento se encuentra en las emisiones procedentes de la generación de electricidad, que suponen un 21% del total de emisiones y crecieron un 18,8% durante 2017 ya que hubo una mayor producción de las centrales térmicas de carbón, en un 20,6%, y de los ciclos combinados de gas, en un 27,5%, al mismo tiempo que la producción de las centrales hidroeléctricas cayó un 49% a consecuencia de la pertinaz sequía en un año hidrológicamente muy seco y que tuvo unos niveles similares de producción eólica, que aumentó un 0,4%..

Para el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el balance es «negativo» y por ello ve necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético ya que considera que «España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas«. “Es preciso definir una hoja de ruta para mantener unos resultados óptimos, aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas, y desacoplar cuanto antes el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero», afirma Hugo Morán.

Los datos apuntan que todos los sectores emisores experimentaron un aumento de las emisiones, en un año en el que el Producto Interior Bruto (PIB) en España creció un 3,1% y que fue hidrológicamente «malo» ya que fue «el más cálido y el segundo más seco desde 1965». Así, la principal subida se debió a la generación de electricidad, cuyas emisiones aumentaron un 18,8%; el sector industrial, 3,2%; transporte por carretera, 2,5% o de la agricultura, 2,9%. También se han registrado descensos, especialmente en los gases fluorados, cuyas emisiones cayeron un 17,2% y el sector residencial, con un 2,8% menos.

De este modo, con datos preliminares de 2017, el nivel de emisiones globales se situaría un 17,8% por encima del año 1990 y un 23% por debajo de las emisiones de 2005. Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo es elevar la ambición en la lucha contra el cambio climático de España, planteando una reducción de alrededor de un 20% sobre el nivel de 1990 para 2030, que traducido a las cifras actuales significaría un descenso de algo más de un 45%.

El Ministerio pretende plasmar esta ambición en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que espera someter a información pública antes del mes de agosto y que fijará la senda para cumplir con los objetivos de recorte de emisiones marcada por el Acuerdo de París. Las emisiones procedentes de los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS), un 40% del total, aumentaron un 10,3%, mientras que las emisiones de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gases fluorados, e industria no sujeta al comercio de emisiones) lo hicieron un 0,6%.

El sector con más peso es el transporte (26%), seguido de la generación de electricidad (21%), las actividades industriales (19%) y la agricultura (10%). Por gases, el CO2 supone el 81% de las emisiones totales de GEI, seguido del metano (11%). En cuanto a los sumideros de carbono, las emisiones absorbidas han descendido un 4,8%, en gran parte debido a la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable aumento en las emisiones derivadas de incendios forestales.

Los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 2017 expone que las emisiones del transporte aumentaron un 2,6% respecto a 2016, sobre todo por el transporte en carretera (25% del total con un aumento del 2,5%) y del transporte aéreo nacional (0,8% del total de las emisiones con un crecimiento interanual del 6,2%). Por su parte, aunque con un menor peso en el global del sector, el transporte por ferrocarril y la navegación doméstica aumentaron sus emisiones (+3,9% y +0,6% respectivamente).

En cuanto a la industria, se estima que en 2017 las emisiones de la combustión en los sectores industriales creció un 4,2%, ligado al incremento de estas emisiones en el régimen ETS. Asimismo, las emisiones de los procesos industriales registraron variaciones interanuales al alza, del 1,4% en el conjunto de minerales no metálicos (cemento, cal, vidrio y cerámica); del 0,3% en la industria química; y del 1,2% en la metalurgia.

El Gobierno fija un nuevo techo a las emisiones de gases contaminantes de España para los horizontes 2020 y 2030

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Europa Press.– El Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas para reducir las emisiones contaminantes de España a la atmósfera, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, según anunció la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Así, se establecen nuevos compromisos nacionales con nuevos techos a las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), amoniaco (NH3) y partículas finas PM 2,5.

Además, el Real Decreto prevé la elaboración de un Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica con medidas aplicables a sectores como la agricultura, la generación de energía, la industria o el transporte, entre otros. También se establecerá una red de seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica en los ecosistemas. Con esta decisión, el Gobierno establece nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones, que deben cumplirse para 2020 y 2030. Con la aprobación de esta norma se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2016, que establece los compromisos de reducción de emisiones de los Estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas (más conocida como Directiva de Techos).

La reducción de las emisiones de estos contaminantes acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono contribuirá a reforzar la protección de la salud y del medioambiente y a mejorar la calidad del aire. Para ello, será importante que los sectores afectados integren la variable medioambiental en sus actividades, de manera que la inversión se desplace hacia tecnologías más limpias y eficientes.

El Real Decreto establece la obligación estatal de aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación para establecer medidas aplicables a todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes. El programa contendrá medidas que impulsen un comportamiento más sostenible de los sectores mencionados y que permita garantizar el cumplimento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones. En todo caso, el programa tendrá que ser aprobado y presentado a la Comisión Europea, como muy tarde en abril del 2019, y deberá ser revisado de manera periódica.

Por otro lado, el Decreto establece que se creará una red de seguimiento del impacto de la contaminación atmosférica para realizar un seguimiento de sus efectos negativos en los ecosistemas. La red, que permitirá seguir la contaminación en ecosistemas naturales y seminaturales, ya se está constituyendo y cubre tres regiones biogeográficas de la Península Ibérica. En concreto, tanto los emplazamientos de las estaciones como los parámetros medidos deberán comunicarse a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente. El Ministerio para la Transición Ecológica fijará los puntos que conformen esta red utilizando, cuando sea posible, emplazamientos y datos recabados según otros programas de medida ya en marcha.

Unesid llama a firmar un pacto de Estado por la Industria con un precio justo de la energía

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Europa Press.- La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) estima que España necesita una política industrial que permita a las empresas ser «competitivas» dentro del «exigente» entorno económico mundial, por lo que ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos firmar un pacto de Estado por la Industria. La asociación ha afirmado que la política industrial debe estar estrechamente relacionada con los retos ambientales y energéticos a los que se enfrenta actualmente la sociedad.

En este sentido, el presidente de Unesid, Bernardo Velázquez, ve «necesario» demandar un precio «justo» y «competitivo» de la energía para España, ya que la industria siderúrgica es el principal consumidor de electricidad y se necesita disponer del suministro a un precio «estable» y «predecible», con el fin de que España sea un país «tan competitivo» como los de su alrededor. El director general de Unesid, Andrés Barceló, resaltó que el precio en el mercado mayorista de electricidad en Alemania en 2017 fue de media 13,8 euros megavatio/hora (Mwh) más barato que el español, por lo que es «preciso» afrontar la situación y adoptar medidas destinadas a evitar esta diferencia.

Fundación Alternativas pide medidas políticas para acelerar un «cambio histórico» en el sector energético hacia la descarbonización de la economía

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Europa Press.- Fundación Alternativas pide medidas políticas para acelerar un «cambio histórico» en el sector energético y avisa de que el progreso tecnológico y económico «lo hacen inevitable». Así lo recoge en su Informe sobre Sostenibilidad en España 2018. Cómo anticiparse a la crisis del cambio climático. Este trabajo repasa la situación de la sostenibilidad en Europa y España y ofrece una serie de recomendaciones para alcanzar un mayor grado de sostenibilidad para combatir el cambio climático.

Mejorar la calidad del aire

«Otro motor importante de la transición puede estar en el lado de la demanda, en la actitud de los consumidores tanto en el uso de la energía como en la inversión en proyectos energéticos», sugiere el informe, que también advierte de que la demanda de energía en el mundo va a seguir creciendo en el futuro, pero según patrones diferentes. Asimismo, el informe pone de manifiesto que España aparece en los primeros puestos de emisiones de contaminantes como SOx, NH3, PM2.5 y COVNM, por lo que urge a la adopción de un plan para mejorar la calidad del aire y la necesidad de acelerar la transformación del sistema energético español.

Aunque señala que hay áreas en las que la Unión Europea está «en el buen camino», como la promoción de las energías renovables o la contaminación del aire, afirma que hay otros en los que está «muy lejos de conseguir sus propósitos«, como la preservación de la biodiversidad, que considera «uno de los grandes olvidados». En cuanto al empleo, el informe advierte de que en algunos sectores, como por ejemplo el del automóvil, las consecuencias de no desarrollar a tiempo políticas industriales de transición adecuadas, pueden tener impactos «significativamente negativos».