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El Gobierno incorpora a la normativa española el reglamento de la directiva de Euratom sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un reglamento sobre seguridad nuclear en las instalaciones nucleares con el que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/87/Euratom que establece que el objetivo debe ser la prevención de accidentes en todas las etapas del ciclo de vida de una instalación nuclear.

En la actualidad la normativa española ya tenía incorporada en gran medida los requisitos que exige esta Directiva pero no contaba con una norma de carácter reglamentario sobre la seguridad nuclear en instalaciones nucleares. El cambio es que la responsabilidad primordial en materia de seguridad nuclear recae sobre el titular de la autorización e incluye el control de las actividades de los contratistas y subcontratistas que puedan afectar a la seguridad de las instalaciones nucleares.

Las nuevas exigencias pretenden garantizar un alto nivel de seguridad nuclear para proteger a los trabajadores y al público contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes procedentes de centrales y reactores nucleares o instalaciones de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado o residuos radioactivos de alta actividad. En concreto, a partir de ahora los requisitos generales en el emplazamiento, diseño, construcción, puesta en marcha, explotación y desmantelamiento de las mismas deben ir dirigidos a la prevención de los accidentes y atenuar sus consecuencias.

Asimismo, se deberá evitar que las emisiones radioactivas que requieran medidas de emergencia fuera del emplazamiento y las grandes emisiones radiactivas que requieran medidas de protección a la población. Se trata de objetivos trasversales que inciden en todas las etapas de vida de una instalación nuclear: desde la concepción y diseño del proyecto, la construcción, la puesta en marcha, la implantación de sistemas de gestión, la explotación y el desmantelamiento.

España emitió 344 millones de toneladas de CO2 en 2017, tras aumentar un 12,2% en actividades vinculadas al sector energético

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Europa Press.- La economía española aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2017 en un 2,6% más respecto al año anterior y emitió en total 344 millones de toneladas de GEI a la atmósfera, según el avance de las Cuentas medioambientales publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la Cuenta de emisiones a la atmósfera: avance 2017 y año 2016 del INE, el año 2017 rompió la tendencia a la reducción de las emisiones que comenzó en 2008, cuando se emitieron 416,4 millones de toneladas de CO2 y que continuó, salvo en 2015 cuando hubo un “ligero repunte», hasta 2016, cuando la economía española emitió 335,1 millones de toneladas de GEI. Entre los principales GEI, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el Óxido nitroso (N2O), el primero, el CO2 registró un aumento de las emisiones en un 3,8%; las de metano, un 0,9% y el óxido nitroso, un 4,1%.

Suministro energético aumenta sus emisiones

Precisamente, según las cuentas del INE, las emisiones de CO2 fueron las que más contribuyeron a aumentar la tasa de variación anual y aportaron 3,116 puntos al crecimiento. Por el contrario, las de otros GEI, como los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de azufre (SF6) se redujeron en un 21% y tuvieron la mayor influencia negativa (-0,769 puntos). Por sectores, el suministro de energía eléctrica y gas fue el que más aumentó sus emisiones, con un 12,2%, seguido por las industrias extractivas, con un 6,6% más emisiones que en 2016. Los hogares también emitieron más, un 1%.

Por el contrario, el sector de la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca fue el grupo que más retrajo sus emisiones, en un 7,7%. Si bien, la industria manufacturera fue el que más GEI emitió, con el 24,7% del total; seguido por el 23,1% del total de emisiones que representa el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua y, el tercer puesto lo ocupan los hogares, con un 20,9%. En cantidades absolutas, la industria manufacturera emitió 77,8 millones de toneladas; los hogares 68,4 millones; el suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua (67,3 millones). En su conjunto, los tres sectores concentraron el 74,8% del total de emisiones de CO2 a la atmósfera.

B&B Hotels reduce sus emisiones

El grupo hotelero B&B Hotels ha anunciado que sustituirá el plástico por cartón en sus habitaciones y que con ello prevé evitar la emisión de 92 toneladas de Co2 al planeta, equivalente a 24 toneladas de plástico. La apuesta de B&B Hotels por el entorno se extiende también al conjunto de sus establecimientos. La construcción de los hoteles está pensada para generar muy poco mantenimiento, con un consumo energético mínimo.

Los establecimientos, que disponen de iluminación LED, cuentan con equipos de ahorro energético de altas prestaciones (climatización, calefacción y/o placas solares fototérmicas), además de cargadores para vehículos eléctricos de uso gratuito para sus clientes, formando parte de la red de Destination Charging de Tesla. Asimismo, la cadena hotelera apuesta por las energías limpias como en su B&B Hotel Valencia Paterna Aeropuerto, en el que redujo al mínimo el consumo de combustibles fósiles contaminantes, sustituyéndolos por una energía de origen solar.

Endesa, Iberdrola y Naturgy asumirán más del 88% de la financiación por las comercializadoras eléctricas del nuevo bono social

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola y Naturgy se harán cargo de más del 88% del coste del nuevo bono social eléctrico, según la orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado octubre, el Gobierno aprobó el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que amplía las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.

El decreto-ley hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. La norma también prorrogaba hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, que expiraba en octubre.

Según la orden, Endesa se hará cargo del 37,14% del coste del nuevo bono social, mientras que Iberdrola correrá con el 35,04% y Naturgy asumirá el 15,81%. Por su parte, a EDP España se le asigna el 3,69% del reparto de la financiación del bono social, a Viesgo Infraestructuras Energéticas el 2,2% y a Cide HCEnergía un 1,47%. En total, la financiación del nuevo bono social recoge a unas 250 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica.

Precio más bajo de Europa

Por otro lado, España ha registrado el menor precio mayorista de la electricidad de los principales países europeos, con 65,9 euros por megavatio hora (MWh). Así, el precio del pool en España se situó muy por debajo del que marcarán mercados como Alemania (84,1 euros por MWh), Italia (84,8 euros por MWh), Francia (90,5 euros por MWh) o Reino Unido (87,7 euros por MWh). Fuentes del sector indicaron que el principal motivo para este nivel de precios es la reducida producción renovable en todo el Viejo Continente y las bajas temperaturas. Sin embargo, en España la producción renovable es ligeramente superior a la media y las temperaturas son más suaves.

Estos precios están alejados del máximo anual alcanzado el pasado septiembre, cuando se situó en 75,93 euros por megavatio hora (MWh). La causa fue la baja aportación de las energías renovables al mix, especialmente de la eólica, unido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas, derivado en este caso del alza del crudo. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

Las organizaciones ecologistas lamentan la falta de ambición y los objetivos “insuficientes” de la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras desde País Vasco piden al Gobierno «certidumbres» para la industria en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el anteproyecto de Ley servirá de impulso a la lucha contra el cambio climático y, aunque celebra buena parte de su contenido, lamenta que carece de ambición porque los objetivos planteados de reducción de gases de efecto invernadero son «insuficientes».

Así consta en un documento con comentarios preliminares que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el anteproyecto que se ha dado a conocer. Entre las principales carencias, las ONG opinan que es una «grave omisión» la ausencia de cierre para las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares y que la fecha para prohibir los vehículos de diésel, gasolina o GNC no debería ser 2040 sino 2025 y 2028 en el caso de los híbridos.

En cuanto a la inclusión de un objetivo 100% renovable para el sistema eléctrico, las 5 organizaciones señalan que el sistema energético debe ser totalmente 100% renovable, algo que es más beneficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico de manera aislada. En cuanto a transición justa, celebran su inclusión pero advierten de que conviene ampliar el concepto en cuanto a personas afectadas en la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio climático y que las alternativas de empleo se enfoquen en empleos sostenibles que ponen en el centro el medio ambiente y las personas.

Respecto a la fiscalidad verde, también ven positiva la intención de que la política fiscal incorpore elementos de incentiven una economía baja en carbono y resistente al clima y que incorpore los costes ambientales, pero creen que faltan referencias más claras en la materia. Por otro lado, critica que en los presupuestos de carbono que proponen haya una condicionalidad porque para ellos ese es un mecanismo básico de la ley para lograr un horizonte de 100% renovables. Así, señalan que en la ruta hacia la descarbonización de la economía es «imprescindible» el establecimiento de unos presupuestos de carbono decrecientes y de carácter anual en consonancia con las indicaciones del IPCC.

El Comité independiente anunciado es un elemento positivo para las ONG pero requieren más detalle sobre aspectos relacionados con su elección y lo vinculantes que sean sus recomendaciones. Entre los aspectos positivos, valoran que el borrador establezca la prohibición de realizar nuevas inversiones en combustibles fósiles y acelerar el calendario para la desinversión, así como la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y fracking aunque insisten en que esta prohibición tiene que extenderse a cualquier tecnología que tenga que ver con la geoingeniería o con las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.

Igualmente, celebran que los objetivos contemplados sean revisables y siempre al alza y que no se pueda disminuir su nivel de ambición, ya que los actuales son «insuficientes». Precisamente, sobre los objetivos, apoya los objetivos de reducción de emisiones respecto a 1990, pero aún así la apuesta por reducir un 20% respecto a esa fecha es «todavía insuficiente» para que España contribuya en la medida de su potencial a la necesaria reducción del conjunto de Europa y del mundo. «España debería reducir sus emisiones más que la media europea», señalan.

De hecho, proponen que alcanzar emisiones netas cero en 2040 en vez del 90% en 2050 que propone el borrador, así como aumentar significativamente la reducción de emisiones en 2030. Así, recuerdan que el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el Gobierno de Sánchez. En definitiva, las ONG han manifestado que el anteproyecto va en la dirección correcta, aunque carezca de la ambición suficiente para llegar más lejos rápidamente.

Para acelerar el proceso, ven necesario que se tramite el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que aún no ha salido a consulta pública, en paralelo al anteproyecto de ley. Finalmente, felicitan al Gobierno por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático, y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5ºC como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC.

Piden «certidumbres» para la industria

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha señalado tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se debe seguir trabajando en el borrador de la Ley de Cambio Climático para que, además de conseguir una reducción de emisiones de CO2, se logre dar «certidumbres» al sector productivo de manera que pueda realizar esa transición sin perder competitividad. La consejera vasca aseguró que el encuentro ha sido «muy cordial y muy positivo«, e indicó que, tras reunirse con anteriores titulares como José Manuel Soria o Álvaro Nadal, es «la primera vez» que encuentra una «actitud positiva y receptiva», compartiendo alguna de esas preocupaciones.

Tapia ha apuntado que se han tratado sobre todo dos puntos importantes en la reunión. El primero hace referencia a los costes energéticos para la industria. En este sentido, le ha trasladado a la ministra la necesidad de tener «una política energética que ayude a la competitividad del tejido productivo«. La consejera ha recalcado que sobre este punto han encontrado una actitud receptiva por lo que hay opciones de poder trabajar en esa vía, y ha añadido que el Gobierno ya trabaja en medidas concretas.

En este sentido, ha añadido que si se compara lo que paga la industria electrointensiva en País Vasco con lo que pagan en Alemania o Francia, la diferencia es de un 30% más. Según ha matizado, desde el Ministerio plantean que exista un estatuto europeo que abarque la forma de trabajar de las industrias electrointensivas, y mientras que no se haga a nivel europeo, «hay que hacerlo a nivel estatal».

El segundo tema que han tratado en la reunión ha sido el borrador de la Ley de Cambio Climático. Según ha indicado, la ministra le ha reconocido que desde el Ministerio deben dar certidumbre al sector productivo. Así, Ribera ha señalado que si bien es clave la reducción de CO2 y que se deben alcanzar los objetivos de la Cumbre de París, también es necesaria esa certidumbre y permitir que se pueda hacer una transición.

Para Tapia, se debe asegurar que siga existiendo un sector de la automoción «relevante» y que se permite realizar mejoras en redes eléctricas, trabajar en sistemas de recarga y en almacenamiento eléctrico. El borrador plantea el fin de la producción de vehículos de gasolina, diesel e híbridos para 2040. La consejera ha apostillado que hay aspectos de la ley que «hay que mejorar y otros que hay que aclarar«. «Tenemos que conseguir entre todos plantear los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo vamos a hacer esa transición», ha añadido, para luego incidir en que se queda «con la voluntad de trabajar y aportar para que la política energética sirva como factor de competitividad a la política industrial».

España sufre su quinto revés en los tribunales internacionales ante la danesa Athena por los recortes a las renovables

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Europa Press.- El Estado español sufre su quinto revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables, después de que Athena Investments, una operadora danesa de plantas renovables, haya ganado la demanda interpuesta hace dos años contra España, reconociéndole una indemnización de 11 millones de euros.

Según la compañía, en noviembre de 2015 inició un arbitraje contra España ateniéndose a la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, tras el cambio llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de renovables. Estos cambios legislativos habrían afectado negativamente al valor de la inversión realizada en los años previos relativos a la energía solar, de forma que infringía el artículo 10 de dicho tratado sobre una capacidad total instalada de 6,7 megavatios (MW).

Además de la indemnización de 11 millones, que cubre los daños ocasionados y el coste del arbitraje, la sentencia también le reconoce a la empresa la recuperación de los intereses desde el 30 de junio de 2014. El presidente de Athena, Peter Hostgaard, ha aplaudido el fallo ya que confirma la aplicación de la ley en Europa y protege «el interés legitimo de los inversores», al mismo tiempo que ha avanzado que el importe indemnizado será contabilizado para «partidas especiales».

La última sentencia a la que España tuvo que hacer frente debido al cambio de criterio sobre las renovables tuvo lugar en junio, cuando el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, falló a favor del fondo Antin, reconociéndole el pago de una indemnización de 112 millones de euros. Previamente, en mayo, el Estado español sufrió otro revés también por parte del Ciadi al fallar a favor de Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros. Este fallo del Ciadi era el segundo en contra de España, después de que en 2017 fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi un recurso contra este laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia. De todas maneras, el tribunal de apelación de Suecia decretó posteriormente la suspensión indefinida de la ejecución de este laudo.

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire ya que en noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea. Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). España suma casi una treintena de demandas ante el Ciadi contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.

Endesa instalará 108.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 5 años mientras pide “inteligencia” para la transición energética

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, pidió que no «pueda la ansiedad» en el proceso de transición energética y ha llamado a que se realice «con inteligencia», ya que «es inviable» tener un sistema energético 100% renovable de un día para otro. Asimismo, la compañía eléctrica lanzó un macroplan para instalar 108.000 puntos de recarga públicos y privados para vehículos eléctricos en España durante los próximos 5 años, con lo que el grupo quiere promover la electrificación de la economía.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que la movilidad eléctrica «es un pilar estratégico» para el grupo y con el lanzamiento de este plan «muy ambicioso» demuestra que es «un firme creyente» en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Este plan se llevará a cabo bajo la marca Endesa X, la nueva línea de negocio de la energética que ofrecerá servicios de valor añadido y soluciones tecnológicas innovadoras en el mundo de la energía. El presidente de Endesa, Borja Prado consideró que la iniciativa lanzada por Endesa supone «el plan más ambicioso» puesto en marcha en España en materia de movilidad eléctrica.

En concreto, se instalarán más de 8.500 puntos de recarga pública entre 2019-2023, cuya inversión ascenderá a 65 millones de euros; así como otros 100.000 puntos privados en parkings residenciales y corporativos. De estos puntos, más de 2.000 se instalarán entre 2019-2020 para dar acceso a la infraestructura al 75% de la población, conectando las principales ciudades (de más de 35.000 habitantes) y carreteras, cubriendo así los 15.000 kilómetros de vías principales y áreas urbanas.

En la segunda fase, entre 2021-2023, se instalarán los otros más de 6.500 puntos de recarga de acceso público para garantizar una cobertura más amplia de las zonas urbanas (centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, vía pública…), las principales autopistas y las islas. En paralelo, Endesa impulsará el desarrollo de puntos de recarga en parkings privados, residenciales y de compañías, con el objetivo de alcanzar 100.000 puntos de recarga instalados en el periodo de desarrollo del plan. Este proceso estará acompañado por la entrada de los nuevos modelos de vehículo eléctrico, que tendrán en su mayoría una autonomía de más de 400 kilómetros, según han adelantado los fabricantes.

La electricidad suministrada en estos puntos de recarga de acceso público será 100% certificada de origen renovable, lo que asegura que esta energía procederá de fuentes de generación limpia. Bogas consideró que, una vez que los fabricantes de automóviles consigan incrementar de manera sustancial la autonomía de las baterías y que el precio de los vehículos eléctricos empieza a ser competitivo frente a los de combustión, es necesario superar una última barrera en su desarrollo, la de las infraestructuras, donde Endesa puede ofrecer «su aportación».

Así, destacó que el objetivo del plan lanzado por la energética a 5 años es que cualquier conductor pueda desplazarse por España teniendo un punto de recarga a una distancia máxima de 100 kilómetros. El plan lanzado por Endesa incluye la carga doméstica a 3,7 kW, puntos de carga semirápida de 22 kW, puntos de carga rápida de 50 kW y más de 150 kW de puntos de carga ultrarrápidos.

Hacer transición energética «con inteligencia»

Por otro lado, Bogas afirmó, al ser cuestionado por la voluntad del Gobierno de no alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años, que esa transición energética hay que hacerla «con inteligencia», tal y como recuerdan todos los agentes del sector (eléctricas, gobiernos y otras instituciones). «Hacerlo con inteligencia es gradualmente ir introduciendo más renovables, gradualmente ir cerrando centrales que hoy en día funcionan. Querríamos muchas veces que el sector eléctrico 100% renovable fuera mañana, pero eso es inviable«, afirmó. Así, subrayó que en esta transición energética hay que acompasar la mayor reducción posible de CO2 con unos costes de la electricidad competitivos y, siempre, preservando la seguridad de suministro.

Bogas afirmó que habrá que ir cerrando centrales, pero recalcó que este proceso se debe llevar a cabo de «forma planificada, de forma gradual, que es lo que creo que el Gobierno ha dicho». Por otra parte, el directivo consideró que el reto de pasar de un sistema eléctrico con centrales que emiten CO2 pero ofrecen firmeza al sistema a otro con un desarrollo de las baterías y el almacenamiento para complementar las renovables es «muy grande, pero es viable».

El precio de la gasolina se abarata un 1,4% y encadena su cuarto descenso

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Europa Press.- El precio de la gasolina ha encadenado su cuarto descenso consecutivo tras abaratarse un 1,42%, mientras que el del gasóleo ha sumado su segunda caída seguida. En concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha situado en los 1,315 euros, tras caer ese 1,42%, mientras que el gasóleo marca los 1,274 euros el litro, con un descenso del 0,86%.

De esta manera, ambos carburantes se alejan algo más de los records anuales y máximos desde finales de 2014, que habían tocado a mediados de octubre tras la espiral alcista en que entraron desde agosto al calor de la subida en los precios del crudo. El precio del litro de gasolina cae hasta su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo. En el caso del gasóleo, el precio que marca es el más barato desde principios de octubre.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba ligeramente por encima de los 66 dólares, casi 6 dólares menos, mientras que el Texas americano se intercambiaba a menos de 60 dólares, también 6 dólares menos. Las tensiones geopolíticas, así como el enfrentamiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han tensionado este precio del crudo a la baja. No obstante, los precios de los carburantes acumulan un encarecimiento con respecto a principios de año de casi el 6,2% en el caso de la gasolina y de más de un 11% en el gasóleo.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta al público del litro de gasolina se sitúa en 1,47 euros y 1,52 euros, respectivamente, mientras que el gasóleo cuesta 1,425 euros en la media de la Unión Europea y 1,427 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

APPA pide que la Ley de Cambio Climático dé estabilidad regulatoria y una planificación energética a medio y largo plazo

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) expresó su confianza en que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética «siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo» para el sector de las renovables.

En este sentido, la asociación considera que tanto la Directiva Europea de Renovables, que fija el objetivo europeo del 32% de renovables en el mix energético europeo en 2030, como la Ley de Cambio Climático en España, que pretende marcar una meta en 2030 de un 35% de renovables, representan un «impulso al sector renovable nacional». No obstante, reclamó predictibilidad en la transición energética, dado el volumen de inversiones superiores a los 100.000 millones de euros que deberá acometer el sector privado en la próxima década «para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030».

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, cree que el anuncio de que habrá un mínimo anual de 3.000 megavatios (MW) de nueva potencia en concurrencia competitiva «es positivo para dotar de seguridad al sector». Así, subrayó que la planificación energética «es fundamental» para acometer las inversiones y considera que «es mucho más importante hacer bien la transición energética que tener objetivos”. «Debemos hacer grandes esfuerzos en electrificación y en los sectores difusos, especialmente en penetración de renovables, para satisfacer nuestras necesidades de usos térmicos y transporte», añadió Villarig.

Ribera defiende la importancia del sector del automóvil mientras Pedro Sánchez recalca que otros países prohibirán los coches contaminantes antes

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado en el Congreso que otros países como Alemania pretenden acabar con los vehículos contaminantes hasta 10 años antes que el objetivo que se marca su Ejecutivo. Asimismo, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha defendido la importancia del sector del automóvil y pide trabajar en su evolución para que se adapte a las necesidades del contexto, en el que varios países avanzan para reducir el peso de los vehículos contaminantes.

Así se pronunciaron sobre las líneas generales de la Ley del Cambio Climático, que estudia la prohibición de la matriculación de vehículos que emitan CO2 más allá de 2040, como los diésel, gasolina e híbridos. Ribera garantiza que al Gobierno le importa mucho el peso de la industria del automóvil, que representa el 11% del PIB, y ha defendido que es fundamental que pueda seguir representando ese peso y que el desafío es «hacer evolucionar ese modelo hacia donde tiene que evolucionar», algo que cree que se debe abordar desde el sector y las administraciones.

Ha asegurado que el 85% de los automóviles fabricados en España están destinados a la exportación, y que el 65% de éstos se dirigen a países que se han marcado objetivos similares y en plazos más cortos en algunos casos, por lo que debe llevarse a cabo un proceso de cambio que lleve a producir «aquello que más se demanda» en este contexto. Ribera ha asegurado que ha constatado que «existe un compromiso sincero por parte de todos para facilitar ese proceso de cambio y un marco normativo» que contribuya a mantener el buen posicionamiento de la industria automovilística española.

«Si hablamos de transición, todos tenemos que saber dónde estamos y saber dónde queremos llegar, no decir: Yo me quiero quedar más o menos donde estoy», ha señalado la ministra, que ha subrayado que actualmente no tienen respuestas a todas las preguntas, pero que es importante ir planteando todos los interrogantes sobre los que hay que ir trabajando para avanzar.

Ribera ha destacado que “los inputs que lleguen van a ser fundamentales para poder ultimar este borrador» de la Ley de Cambio Climático. «Creemos que presentamos objetivos ambiciosos, que son los objetivos que debemos marcarnos si nos tomamos en serio las obligaciones internacionales que España asumió» al ratificar los acuerdos de París contra el cambio climático, ha destacado la ministra, que ha resaltado que estos objetivos requieren cambios importantes en la estructura económica y energética.

Ribera intervino en un encuentro de la red de ciudades contra el cambio climático C40, en el que sostuvo que combatir el cambio climático es un proyecto común y compartido que debe perseguirse de forma transversal en cada acción: «Tenemos la capacidad y la obligación de hacerlo. Tenemos que saber en qué lado de la historia queremos estar«. La ministra asegura que las ciudades son «factores fundamentales» en este ámbito.

La patronal Protermosolar cree que las centrales termosolares son «la pieza que les falta a las energías renovables» como respaldo

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Europa Press.- El presidente de Protermosolar, Luis Crespo, impartió la conferencia inicial en la XII Cumbre Internacional de Concentración Solar Termoeléctrica en España, donde indicó que las centrales termosolares «son la pieza que les falta a las energías renovables, la eólica y la fotovoltaica, para complementar su producción y eliminar la dependencia respecto a los ciclos combinados».

En el informe Transición Energética del Sector Eléctrico, Protermosolar demuestra que no harían falta las centrales nucleares ni la totalidad de ciclos combinados para disponer de una generación mayoritariamente renovable cumpliendo todos los requisitos y a un precio final inferior a 0,05 euros por kilovatio. «No se entendería que países como España no aprovechasen las excelentes condiciones para el despliegue de centrales termosolares», ha indicado Crespo, que añade que estas permitirían avanzar hacia una generación eléctrica mayoritariamente renovable, retirando las centrales de carbón y las nucleares sin sufrir un encarecimiento.

Además, el presidente de Protermosolar asegura que es posible limitar a 2030 el respaldo del gas a niveles inferiores al 5% con el despliegue de una nueva potencia termosolar, junto con las tecnologías, eólica, fotovoltaica y biomasa, y junto con una contribución de la hidráulica. En la Cumbre participaron más de 27 países y se expusieron los casos de Emiratos Árabes, Marruecos, China, Sudáfrica y Chile, en los que las centrales termosolares están planificándose para el sistema con una combinación del resto de energías renovables.