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Equo reclama en el Congreso una ley que prohíba el fracking por los «daños» que esta técnica causa

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Europa Press.- Los diputados de Equo en el Congreso, Rosa Martínez y Jorge Luis Bail, adscritos al grupo parlamentario de Podemos, registraron una iniciativa para exigir al futuro Gobierno una ley que prohíba la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos, el llamado fracking, en toda España apelando al principio de precaución por los «daños» que esta técnica causa.

Martínez recuerda que la «peligrosidad para la salud y el medio ambiente» del fracking ha motivado un gran «rechazo social», y defiende la necesidad de comenzar un cambio de modelo energético desvinculándose de las energías fósiles. «Apostemos por el sol y el viento para transformar el modelo energético y luchar contra el cambio climático», añade la diputada de Equo. «El fracking se ha demostrado económica, social y ambientalmente inviable, es una técnica que promueve un modelo de negocio especulativo. Lo que tenemos que trabajar es por un futuro energético basado en renovables«, coincide Jorge Luis.

Por último, ambos diputados recuerdan que la principal causa de rechazo de Equo al acuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Ciudadanos es que plantea una moratoria para el fracking en lugar de apostar por su prohibición. Sin embargo, los socialistas tienen registradas en el Congreso dos iniciativas para paralizar los proyectos autorizados en Burgos y Cantabria y promover la prohibición del fracking en todo el país. ERC también ha presentado una proposición no de ley del mismo tenor.

Equo pide la demolición de la regasificadora del puerto de Gijón

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EFE.- Equo Asturias reclamó la demolición de la regasificadora del puerto gijonés de El Musel tras ser declarada ilegal por el Tribunal Supremo, una instalación que nació sin «ninguna utilidad» y supuso un «dispendio» de 380 millones de euros. «No hay ninguna justificación para que se mantenga en pie», aseguró el abogado de Equo, José Antonio Ballesteros, formación en la que están integrados los Verdes de Asturias, quienes iniciaron el contencioso administrativo contra la regasificadora.

Ballesteros ha subrayado que, además del derribo de la planta, Enagás debe devolver los 130 millones de euros que han supuesto, entra otras cuestiones, los gastos de mantenimiento de la infraestructura y que han repercutido en los últimos años en el «bolsillo» de los ciudadanos. El abogado ha asegurado que tanto esta empresa como el Gobierno del Principado, que piden que se inicie el proceso para la legalización de la regasificadora, están mostrando una actitud «antisocial» en contra de los intereses públicos. En su opinión, en el momento de su construcción ya se sabía que iba a ser una obra «inútil» y «se trató de justificar como uno de los proyectos megalomaníacos» del expresidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces.

Ballesteros ha explicado que la sentencia de Tribunal Supremo que declara que la planta se construyó vulnerando la ley sólo entra en el aspecto relativo a la distancia límite a la que debe situarse, mientras que hay otros muchos más obstáculos para que se mantenga en pie, al ser contraria al planeamiento urbanístico y haberse llevado a cabo «sin función». El coportavoz de Equo Asturias, Ignacio González, denunció que es «sangrante» haber cobrado «en los recibos» de los ciudadanos hasta 130 millones para la gestión del mantenimiento de la obra, que apenas generó 30 empleos.

Podemos pide la comparecencia en el Congreso del presidente de Enresa para explicar por qué continúan las inversiones en el ATC

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Podemos solicitó la comparecencia del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, para que informe sobre las inversiones que se están realizando en el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Por ello, los diputados de Podemos, Juan López de Uralde y Josep Vendrell, solicitan a Zaballa que explique por qué se siguen adoptando decisiones sobre el ATC cuando está paralizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que pretende impedir su construcción declarando la protección ambiental del terreno.

Según Vendrell, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) pretende que el Gobierno de Castilla-La Mancha, «una vez invertidas importantes cantidades de dinero público», se sienta suficientemente presionado para levantar la paralización de la obra. Por ello, tachó de «grave irresponsabilidad» el «poco respeto que este Gobierno y sus satélites, como Enresa, sienten por el dinero de los ciudadanos y no dudan en dilapidarlo con tal de imponer una instalación que nunca debió ser planteada».

«Que Enresa haya sacado a licitación contratos por un valor de 417 millones de euros, como denuncia Ecologistas en Acción, y que se hayan comprometido licitaciones por unos 70 millones es de una irresponsabilidad insólita en un Gobierno en funciones», denuncia Vendrell. Por su parte, López de Uralde reprochó a Enresa que siendo una empresa pública, «se salte la legalidad por motivos estrictamente políticos» y reclamó la paralización del ATC.

También la Plataforma contra ATC

De igual forma, la Plataforma contra el ATC de residuos nucleares reclamó al Gobierno en funciones del PP la paralización del proyecto y que cese el «derroche» de dinero público. Sin embargo, según la Plataforma, el Gobierno central «lejos de darse por vencido, no ha parado de mover ficha» y Enresa ha adjudicado nuevos contratos, como el del servicio de monitorización de la red topográfica de nivelación de precisión del emplazamiento ATC en Villar de Cañas por 41.125 euros; y el suministro de bombas de muestreo de aire para el programa de vigilancia radiológica de la instalación por 38.508,50 euros. Además, añade que la SEPI pretende contratar a 40 nuevos empleados que irán íntegramente a labores relacionadas con el ATC.

Para la portavoz de la Plataforma, María Andrés, «Rajoy está haciendo con el ATC lo mismo que Cospedal hizo en la región, acelerar la tramitación de los expedientes relacionados con el ATC, hasta el punto de aprobar el POM de Villar de Cañas ahora anulado». La Plataforma, que el pasado 14 de febrero cumplió seis años, está solicitando a la ciudadanía que firme la petición contra el ATC en el portal Change.org, donde ya van recogidas más de 1.600 firmas.

Fernández Vara exige más información al CSN sobre Almaraz y Equo pide su paralización

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EFE.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado que ha pedido un informe por escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre los posibles fallos en el sistema de agua de servicios esenciales de la central nuclear de Almaraz para «someterlo a la consideración de expertos».

Vara ha indicado que aunque no duda de los argumentos dados por el Consejo en los que se asegura que «no hay ningún riesgo», ha solicitado un informe por escrito sobre el funcionamiento de la central nuclear para «poder someterlo al conocimiento de la gente que sabe de esto».

El presidente extremeño ha insistido en que «la transparencia tiene que ser máxima» y ha destacado que «no puede haber ninguna duda sobre la información que tiene que haber en relación a los posibles hechos que puedan ocurrir» en la planta de Almaraz. Ha advertido también de que «hay que informar de todas las eventualidades en tiempo y forma» para que «se sepa que no hay trampa ni cartón».

Preguntado sobre el hecho de que el CSN admite que aún no se conoce que ha fallado en el motor del sistema de refrigeración de servicios esenciales de la central nuclear, Vara ha indicado que «se supone que ese fallo no afecta a nada que pueda poner en peligro nada, que está en las cuestiones que pueden considerarse como accesorias».

 

Equo exige al Gobierno central la paralización de la actividad de la CNA

La formación política Equo ha exigido hoy al Gobierno en funciones la paralización de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz y ha abogado por cambiar el modelo energético para desechar las fuentes altamente contaminantes en favor de las renovables.

En un comunicado, afirma que la central más antigua que continúa en activo en el país acumula «cada vez más fallos y más frecuentes», y añade que el informe del CSN pone de manifiesto que los problemas de refrigeración «no han tenido una respuesta técnica satisfactoria».

Tras analizar el caso, señala Equo, los inspectores han concluido que no existen «suficientes garantías» de que el sistema de refrigeración pueda funcionar con normalidad porque se han detectado «deformaciones» de las piezas de los motores y las revisiones periódicas se eliminaron hace diecinueve años.

Explica que Almaraz es la única central nuclear en Europa que utiliza un embalse para su refrigeración, además de las torres de refrigeración habituales en el resto, para enfriar sus condensadores.

En este sentido, precisa que la planta tiene un permiso especial para consumir hasta 30 metros cúbicos por segundo de agua procedente del pantano de Valdecañas, «lo que está teniendo un impacto medioambiental», ya que en sus aguas, según afirma, se han encontrado presencia de metales pesados y otros contaminantes, sobre todo tritio.

Equo insiste en la necesidad de un cambio de modelo energético que deseche las energías altamente contaminantes y peligrosas para la salud pública en favor de las energías renovables «que permiten una forma de vida compatible con la conservación del equilibrio natural»

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

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Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

La reapertura de Garoña: la decisión técnica y la decisión política

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Es necesario percibir con el suficiente distanciamiento la episódica situación de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña para comprender lo que está pasando y como se está embarrando el terreno en torno a esta decisión. Una frialdad prácticamente imposible en el caso de Garoña.

Distanciamiento, en este caso, que supone el hecho de no figurar en ningún bando, ya sea el de forofos o el de los opuestos respecto a una tecnología de generación o respecto a cualquier otra. Y este mismo distanciamiento es necesario para valorar cuáles serían las tecnologías que podrían sustituir el hueco nuclear en el mix de generación. De ahí, los intentos en convertir la reapertura de esta central en una cuestión de política politizada a través de los medios. Los titulares en la prensa española contribuyen en la politización de una cuestión de índole técnico y procedimental tras la solicitud de renovación de operación por parte de sus titulares.

Todo parte del debate falaz en torno a la vida útil de estas instalaciones. Falaz, en primer lugar, porque la vida útil inicial de una instalación puede prolongarse en función de la inversión adicional que se vaya produciendo, así como de las condiciones de seguridad y mantenimiento que la misma tenga (como en tantas otras instalaciones y activos), sin que haya mediado una obsolescencia tecnológica. Cuestión que, por otra parte, ya se ha resuelto en países con comportamientos democráticos y económicos pragmáticos como Estados Unidos.

Por tanto, podemos leer titulares que afirman que se “aceleran” los pasos para la reapertura de Garoña, tras el cumplimiento de las inversiones y requerimientos fijados por la Administración a la misma. Y también se puede leer cómo el aplazamiento (reglamentariamente establecido) de la valoración de su situación en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también se entiende en clave política. Añadamos además el marco general de una situación de stand by en la política española combinado con lo que supone convertir Garoña en tema de combate en las redes.

Los contrarios a su reapertura afirman que debería ser una decisión “política” y que hay que dejar al Gobierno que finalmente surja (de las elecciones o de los pactos) manos libres para hacer y deshacer sin que haya consecuencias económicas. Temen que la resolución del debate de la vida útil mediante una prolongación condicionada a la certificación de la seguridad de la instalación suponga la ruptura del dogma del concepto de vida útil en sus planteamientos. Por tanto, censuran cualquier afirmación que no conlleva la adopción de ese posicionamiento político.

En esta línea, el PSOE se opone a la reapertura de Garoña por tres motivos: defender el cierre de 2013, dispuesto por Zapatero y anunciado con fuerte aparato mediático y apoyo de los sectores más radicales del partido; por recuperar la cabeza de las posiciones antinucleares en las corrientes más izquierdistas de España, aunque suponga encarecer los precios de la electricidad; y seguir la influencia de Jorge Fabra en los actuales jóvenes responsables del partido dedicados a la energía. Esta pretensión del PSOE les une a Podemos, que combina el papel relevante que juegan los ecologistas de Equo en esta formación junto a las pulsiones intervencionistas hacia el sector eléctrico que respiran la mayor parte de sus iniciativas y postulados.

Por su parte, como trasfondo, el PP ha proseguido con la tendencia a la politización del CSN, un órgano que, en teoría, debería estar exclusivamente dedicado a vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, no a definir la política en torno a esta tecnología. Se trató de asegurar el control político con el nombramiento como presidente del CSN de Fernando Marti Scharfhausen tras su paso por la secretaría de Estado de Energía. Una decisión que ha derivado en el incendio torpe del organismo, derivando en el escándalo permanente. Y, en el intercambio de cromos del turnismo político, se incorporó como consejera por parte del PSOE a una política antinuclear declarada como Cristina Narbona. El cóctel es explosivo.

En conclusión, se deben separar las decisiones técnicas de las políticas. En primer lugar, el cumplimiento de los criterios de seguridad de una instalación nuclear para seguir operando mientras así se cumplan debería ser una cuestión estrictamente técnica en el seno de un CSN no politizado. Posteriormente, se trataría de valorar esta decisión en términos de política energética, a su vez, inserta en la política económica y medioambiental: mantener un mix de generación equilibrado, que responda a los principios de seguridad, medioambiente, cumplimiento de nuestros objetivos en materia de emisiones de gases contaminantes y sostenibilidad económica en la tarifa, teniendo en cuenta, además, lo que supone despreciar potencia operativa, inversiones realizadas y el impacto marginal en los precios de generación.

Pero eso, es ya mucho pedir.

Organizaciones como Equo y WWF rechazan que se establezcan más refinerías en Andalucía y reclaman una transición energética hacia renovables

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EFE / Europa Press.- Mientras la asociación conservacionista WWF expresó su más «enérgico» rechazo a la posibilidad, anunciada por el Gobierno central, de la apertura de una nueva refinería en Andalucía financiada por Irán, por sus riesgos para los ecosistemas, desde Equo calificaron de «despropósito» la posibilidad de que se instale una nueva refinería en Huelva o la Bahía de Algeciras, «dos de las zonas más contaminadas de Andalucía», y reclamaron que se apueste por «una transición energética hacía una economía limpia y sostenible».

De esta forma, el partido ecologista se suma al rechazo de numerosos colectivos políticos, ambientales y sociales a la implantación de una refinería de capital iraní en Andalucía. En concreto, según indicaron, plantear Huelva o la Bahía de Algeciras como ubicación constituye «una verdadera agresión a las poblaciones de esas comarcas». Según la onubense Isabel Brito, portavoz de Equo Andalucía, «estamos hablando de las dos comarcas más maltratadas por una industrialización mal hecha, sucia, irresponsable y que ha dejado grandes fortunas en los bolsillos de algunos y grandes problemas para la mayoría de la población».

«Los sucesivos gobiernos han mirado a otro lado y no han hecho posible una recuperación de ambas comarcas, que ya sufren un gran número de problemas de salud por la presencia de un gran número de industrias altamente contaminantes que, además, han dejado un reguero de problemas ambientales graves», indicó. Ante esto, Equo reclama «un cambio radical de estrategia energética, con una apuesta decidida e inmediata por los sectores renovables, la movilidad sostenible de personas y mercancías, la eficiencia energética y la apuesta por permitir el autoconsumo, individual y cooperativo».

Muestra su más «enérgico» rechazo

Por su parte, WWF ha mostrado su más «enérgico» rechazo a la posibilidad de la apertura de una nueva refinería, financiada por Irán, en Algeciras (Cádiz) o Huelva, por sus riesgos para los ecosistemas y la economía de Huelva y Doñana, pidiendo en este sentido al Estado español que apueste por las energías renovables y no por los combustibles fósiles.

Asimismo, WWF recuerda la desestimación de la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) del proyecto de construcción de una refinería de petróleo en Extremadura, promovida por Refinería Balboa, en el término municipal de los Santos de Maimona. La desestimación de la solicitud de la refinería Balboa, recuerdan los ecologistas, es consecuencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa que en 2012 emitió el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basándose, entre otros, en el acuerdo aprobado por unanimidad por el Consejo de Participación de Doñana que informaba negativamente sobre este proyecto, así como los informes de la Junta que advertían del riesgo para Huelva y Doñana de las infraestructuras previstas en esta actuación.

Las conclusiones de los informes presentados por la Junta de Andalucía al Estado «demostraron claramente que la instalación de una nueva infraestructura petrolera en Huelva es uno de los mayores peligros para el futuro de Doñana y la costa onubense, así como para sus actividades económicas, como la pesca, el marisqueo o el turismo de naturaleza o playa». Asimismo, contra este proyecto se posicionó la Misión Internacional de Unesco/Ramsar/UICN que, tras visitar la zona, destacó el oleoducto Balboa como uno de los principales obstáculos para que Doñana conservara sus títulos de Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y Humedal de Importancia Internacional Ramsar.

Andalucía era la comunidad autónoma con mayor número de vertidos de hidrocarburos en el mar, según calculó el Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino para el periodo 1991-2006. «Muchos de estos vertidos se han producido en la zona de Algeciras, un riesgo que se incrementaría de forma exponencial si se instalara una nueva refinería en la Bahía o su entorno», recuerda WWF. Además de esta asociación, ya se posicionó contra este proyecto la Mesa de la Ría de Huelva, que ha manifestado que «la refinería de Irán ni en Huelva ni en Algeciras, porque en España no caben más refinerías, sino que hay que aplicar un cambio de modelo energético limpio».

La plataforma Campo de Gibraltar

Asimismo, la Plataforma Social del Campo de Gibraltar, que reúne a colectivos de diversa índole de la comarca, mostró también su rechazo a la posibilidad de que se instale en la Bahía de Algeciras una refinería de capital iraní. «El Campo de Gibraltar, y particularmente la Bahía de Algeciras, adolece de muchos problemas estructurales consecuencia de un modelo de desarrollo insostenible encuadrado en un marco de desarrollo territorial fracasado», indicó la plataforma. La Plataforma Social del Campo de Gibraltar indican además que responderán «por todos los medios», incluyendo «las acciones de protesta y movilización ciudadanas, ante cualquier acción o medida que comprometa la destrucción de nuestro entorno y nuestra salud».

Podemos /Equo pide en el Congreso que el Gobierno no reabra Garoña y que se derogue el decreto de autoconsumo

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Europa Press / EFE.- El grupo parlamentario de Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a no reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos). El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, recuerda que su partido defendió en campaña el cierre definitivo de esta central nuclear y añadió que con esta iniciativa pretenden poner de manifiesto la «barbaridad» que está a punto de cometer «un gobierno en funciones».

En su proposición no de ley, Podemos señala que el Consejo de Seguridad Nuclear está dando pasos para avanzar en la reapertura de la central y para establecer compensaciones económicas a Nuclenor, la empresa propietaria, de cara a un futuro cierre. Esta fuerza política considera «inadmisible» que en la actual situación política se desarrollen medidas que «comprometen presupuestariamente a un futuro gobierno si decide cerrar la central nuclear». «Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha», sostiene el portavoz de Equo en su iniciativa, que consideró «inaceptable» que el Gobierno en funciones «tratase de activar el proceso» de reapertura de la planta atómica, teniendo en cuenta que la mayoría del nuevo arco parlamentario lo rechaza.

En este sentido, Uralde recuerda el acuerdo parlamentario sellado en diciembre de 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. En la iniciativa, se recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que le ha llegado el momento de ser desmantelada.

Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica de Garoña «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y además es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, «tristemente famosa» por protagonizar un «grave accidente» nuclear.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el gobierno del Partido Popular y la empresa propietaria (Nuclenor) están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo popular está utilizando el caso de la central nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

Por ello, la proposición no de ley planteada insta al Gobierno en el Congreso al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras». En la iniciativa, también plantea que el desmantelamiento de la instalación atómica contará con un calendario público de cierre definitivo durante el período, necesariamente de varios años, en el que se recoja también el consiguiente plan de reactivación económica de la zona.

Derogar la normativa de autoconsumo

Por otro lado, Podemos / Equo presentó otra proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno derogue «todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación». Uralde pretende con esta iniciativa fomentar el autoconsumo por motivos ecológicos, económicos y sociales con la aprobación de una normativa que reconozca el derecho a retribución por la energía vertida en la red y elimine cualquier tipo de peaje por el consumo instantáneo de energía autogenerada.

En la iniciativa, el dirigente ecologista subraya las «indudables ventajas» del autoconsumo energético, entre las que cita la reducción de costes en infraestructuras y mantenimiento, la reducción de la contaminación, el incremento del uso de renovables, el ahorro en la factura y la consecuente lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de un nuevo sector económico y la creación de puestos de trabajo. Por eso, Uralde critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya aprobado tanto el decreto de Autoconsumo, que impone peajes a esta modalidad de uso de energía, como la Ley del Sector Eléctrico, que exige a todo este tipo de instalaciones contribuir a los costes y servicios del sistema en igualdad de condiciones con el resto.

El CSN aplaza los asuntos relacionados con Garoña y el ATC ante las críticas de formaciones ecologistas como Equo

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Redacción / Agencias.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el aplazamiento de los asuntos relativos a la central de Garoña (Burgos) y al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad, que tenía previsto abordar durante su pleno. La decisión coincide poco después de que formaciones como Equo y organizaciones ecologistas denunciaran que, durante este pleno, el CSN quería volver a poner en marcha el proceso de reapertura de la nuclear burgalesa, algo que consideraban «inaceptable» al estar el Gobierno en funciones.

Su aplazamiento a una próxima reunión, cuya fecha no se concreta, se hace «de conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno, como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN», comunicó el máximo organismo regulador en materia de protección radiológica y de seguridad nuclear del país. Garoña, el reactor nuclear más antiguo de España, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de su propietario, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola), que solicitó al CSN volver a operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años desde su puesta en marcha.

Se continúa evaluando la solicitud

El CSN remarcó que continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta atómica. Recuerda asimismo que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que después fue remitida al CSN para su evaluación. Los asuntos aplazados se refieren a la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento mejoradas de Garoña, cambios de diseño en sistemas eléctricos, aislamiento de su contención primaria y la ampliación de las condiciones de uso de un edificio de almacenamiento de dicha central nuclear. También se aplazó la evaluación de una instrucción técnica sobre la aplicación de una directiva europea al ATC previsto en Villar de Cañas (Cuenca).

«Al margen de la coyuntura política», el Consejo de Seguridad Nuclear, como organismo independiente del Gobierno, «continúa desarrollando de manera ordinaria su labor de evaluación y análisis de todos los asuntos de su competencia», añadieron. En los temas que sí se trataron, el pleno informó favorablemente de una modificación de Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de los dos reactores de Almaraz (Cáceres) relativa a las fuentes de corriente alterna, y aprobó la sustitución del vocal de Nuclenor en el tribunal de licencias del CSN para la nuclear de Garoña, así como diversos expedientes de instalaciones radiactivas.

«Inaceptable con Gobierno en funciones»

Previo a este aplazamiento, el portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, tachó de «inaceptable» que el Gobierno en funciones «trate de activar el proceso de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña», con el rechazo de la mayor parte de la oposición porque «no tiene el mandado ciudadano para hacerlo«. «Ha sido bastante indignante el conocer que de repente el CSN pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señala el nuevo diputado de Equo después de conocer que el pleno del órgano regulador tenía previsto estudiar cuestiones de carácter técnico necesarias para poder valorar la renovación de la licencia de la central nuclear.

La bici del diputado López de Uralde (Equo), un símbolo de la lucha por la movilidad sostenible

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales han celebrado que el diputado de Podemos-Equo Juan López de Uralde haya acudido al Congreso de los Diputados en bicicleta porque es un gesto «positivo» en favor de la movilidad sostenible. Además, los ecologistas consideran que el hecho de que no haya un aparcamiento previsto para bicicletas en la Cámara Baja es un síntoma del camino que falta por recorrer.

Para el responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra, Alejandro González, que 3 diputados empiecen a ir en bicicleta es un «síntoma bastante positivo y un gesto simbólico» y espera que tanto Uralde como sus compañeros inviten al resto de diputados a emularles. «Es un buen punto de partida», indicó, al tiempo que ha añadido que el hecho de que «al final» le hayan dejado meter la bicicleta en el garaje para coches es un síntoma de que «no está previsto» un aparcamiento para este medio de transporte. Respecto al nuevo periodo del Parlamento, ha deseado que la nueva actividad parlamentaria impulse un «nuevo espíritu» en la movilidad del futuro.

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, celebró que las cosas están cambiando y que en el Parlamento estén entrando diputados con «una sensibilidad ambiental diferente«. Por ello, cree que estas motivaciones deben verse en distintos gestos como ir en bicicleta, igual que ya hacen algunos alcaldes e incluso han hecho algunos primer ministro de otros países. Sin embargo, le parece «sorprendente» que ni siquiera esté previsto que entren bicicletas en el Congreso. «El hecho de que no haya espacio para bicis pero sí un garaje para coches es muy significativo», subrayó.

En esta línea, para la directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, el gesto de Uralde, que fue director ejecutivo de esta misma ONG, supone el «símbolo» de que Madrid debe ser «mucho más habitable» y una ciudad no solo para los conductores, sino para los ciudadanos. Asimismo, opina que una ciudad grande debe de facilitar la movilidad sostenible y confía en que Uralde favorecerá desde la Cámara Baja la movilidad sostenible ya que sus declaraciones «siempre» han estado dirigidas hacia la lucha contra el cambio climático, para lo que la movilidad es «fundamental».

En la misma línea, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, cree que los gestos son «muy poderosos e importantes y siempre han ayudado a mover las ideas», por lo que califica la llegada en bici al Congreso de un «símbolo de los nuevos aires que llegan al Congreso y que espera que se materialicen de verdad en propuestas y acción política cuanto antes». En este sentido, indicó que espera que Podemos «asuma cuanto antes los postulados» de Equo, cuyo programa ambiental es «muy potente». Del Olmo pide que estas formaciones pongan la defensa del medio ambiente entre sus prioridades puesto que «sin un medio ambiente adecuado, todo lo demás está en peligro».