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La Mesa del Congreso deniega a los diputados asistir a la Cumbre del Clima de Marrakech

EFE.- La Mesa del Congreso ha denegado la autorización del viaje de una representación de diputados a la Cumbre del Clima que Naciones Unidas celebra en Marrakech, hasta el próximo 18 de noviembre, según confirmó el presidente de la Comisión de Cambio Climático, el diputado socialista José Juan Díaz Trillo.

Como cada año, la convención de cambio climático de Naciones Unidas ha invitado a una delegación del Parlamento español a asistir a la cumbre que se está celebrando en Marruecos y que tiene como objetivo celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de París y acordar las reglas del juego del mismo. Díaz Lillo presentó a la Mesa una petición de autorización de viaje para que una representación de los diputados que integran la Comisión de Cambio Climático pudiera desplazarse, pero fue rechazado con el voto de PP y Ciudadanos.

El diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien forma parte de la Comisión de Cambio Climático y era uno de los diputados que había solicitado asistir a la cumbre del clima ha denunciado que el Congreso se niegue a que los parlamentarios que van a decidir la futura Ley de Cambio Climático de España «estén en esta cita clave».

López de Uralde ha remarcado lo «lamentable» de esta decisión que impide que el Congreso español esté representado en la cumbre del clima como si lo estarán el resto de Parlamentos de los países desarrollados y de muchos los países en desarrollo. El diputado ha pedido a la mesa que reconsidere esta postura ya que en la cumbre, a la que asistirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se van a decidir cuestiones clave sobre la transición hacia un modelos de desarrollo bajo en carbono.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

Los partidos coinciden en la necesidad de una nueva regulación para avanzar a una transición energética

Europa Press.- Expertos del sector energético y representantes de las principales formaciones políticas alertaron desde el Foro de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas de la necesidad de consensuar un marco legislativo para garantizar una correcta transición energética en España.

Al acto acudieron el diputado de Equo Juan López de Uralde, el exministro socialista Luis Atienza, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez y el diputado popular Guillermo Mariscal. Junto a ellos también estuvieron el presidente de BP España, Luis Aires y el director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Comillas, Ignacio Pérez-Arriga. Los expertos señalaron que el sector del transporte es el sector que contribuye más a las emisiones de CO2 en España, ya que suponen un 30% del total. De esta forma, piensan que se deben mejorar las tecnologías de los vehículos y que se promuevan señales económicas y fiscales adecuadas.

Según el presidente de BP España, Luis Aires, los gobiernos deben ofrecer un marco legislativo claro que facilite y ayude al desarrollo energético. Asimismo, ha recordado que los combustibles fósiles suponen un 86% de las emisiones a nivel global. En este sentido, Aires propuso que se sustituya el uso del carbón como materia prima para la producción eléctrica por gas, ya que, según comenta, la combustión del carbón constituye un tercio de todas las emisiones. Del mismo modo, Aires ha criticado que España fuera en 2015 el país con un mayor incremento de la emisión de contaminantes derivados del carbón.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Comillas Ignacio Pérez-Arriaga advirtió que todos los sectores energéticos tendrán que contraer mucho sus emisiones para el año 2030 y que tendrán que exponerse a «un esfuerzo notable». En este sentido, Pérez-Arriga pide que se establezca una hoja de ruta y una política energética «fuerte, estable y ortodoxa». Asimismo, pidió que la regulación que se adopte tiene que adaptarse a las alteraciones del mercado e indicó que ahora es «un buen momento» para reflexionar acerca de una legislación conjunta. «Hace falta decisión, liderazgo y cierto nivel de consenso político», ha explicado.

Para el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, el modelo que propone su formación consiste en que toda la energía que se consuma provenga al 100% de renovables. Del mismo modo, defendió que también se deben cerrar progresivamente todas las centrales nucleares conforme se vayan agotando sus licencias. Asimismo, lamentó que en los últimos años el sector de las renovables haya perdido «el gran aporte de riqueza» que le otorgaba a la economía española a causa de «políticas irresponsables».

Por otro lado, el exministro socialista de Agricultura Luis Atienza reclamó que la reducción de las emisiones pase por la descarbonización «plena» del sistema eléctrico. Asimismo, ve imprescindible que se acometa una decisión política a largo plazo. «Hace 20 años, la desaparición de la política energética era la medida más adecuada para asegurar la competitividad del sector. Ahora, el cambio climático se ha revelado como el gran fallo de mercado y necesita de intervencionismo«, argumentó.

Para la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, los partidos que han estado en el poder «han jugado» con la política energética y a raíz de este hecho se ha llegado a un punto de «inseguridad jurídica». De esta forma, Rodríguez ha solicitado «un pacto de Estado» para la energía pero duda de que todos los partidos lo apoyen. Igualmente, ha puesto en valor la utilización del ferrocarril como método a corto plazo para reducir las emisiones de carbono y ha pedido que se acometan medidas para que España se aleje del concepto de «isla energética».

Finalmente, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, recordó que la primera demanda del sector de la energía es el consenso. De este modo, cree que el objetivo de que el 20% de la energía producida en España sea renovable en 2020 es conseguible y explica que el porcentaje actual es superior al de los socios europeos. Además, Mariscal cree que una reducción de la tarifa y de los precios es fundamental para que la industria sea competitiva y para que no se «machaque» al consumidor.

Podemos/Equo reivindica en el País Vasco su oposición al fracking y a la reapertura de la central nuclear de Garoña

EFE.- El coportavoz de Equo y diputado en el Congreso por Podemos, Juan López de Uralde, denunció que «cómo es posible que quien se llama nacionalista haya hecho tanto daño a su territorio», en alusión al Gobierno vasco de Urkullu (PNV).

Los candidatos a las elecciones autonómicas por Álava han explicado que para Elkarrekin Podemos una de las prioridades de la próxima legislatura será impulsar una Ley de Acción contra el Cambio Climático «que apueste por un modelo para Euskadi sustentado en el ahorro y en la eficiencia energética, mediante una sustitución de las energías fósiles por las renovables».  López de Uralde ha criticado la política medioambiental del PNV y del Gobierno de Iñigo Urkullu y ha denunciado que «la agenda vasca» que han impuesto ha sido «tremendamente destructora» para el entorno natural de Euskadi. En este sentido, criticó que el PNV haya seguido apostando por la técnica del fracking para extraer gas natural de roca.

«Ahora se les llena la boca diciendo que están en contra de la puesta en marcha de la central nuclear de Garoña», ha criticado, pero ha advertido de que el PNV ha votado en el Congreso medidas que favorecen la expansión de la industria nuclear en España porque «eso no les pilla cerca». En cambio, «nosotros somos antinucleares aquí, en Madrid y en Berlín«, subrayó.

Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, explicó que la lucha ecologista también permite generar empleos «verdes, de futuro, de calidad y sostenibles». «En Europa hay 20 millones de desempleados y si apostáramos de manera real y eficiente por los empleos verdes, podríamos crear la misma cantidad de puestos de trabajo», aseveró. Marcellesi considera que es el momento de dar «un paso valiente» y apostar por «una Euskadi donde se pueda respirar de forma limpia» y dependa menos de los combustibles fósiles. El eurodiputado de Equo denunció la existencia de una «casta energética» que no piensa en los intereses de los ciudadanos y que aboga por el fracking.

Unidos Podemos entrega al Ministerio de Industria una moción contra la reapertura de Garoña mientras Bildu también prepara sus movilizaciones

Europa Press / EFE.- La formación abertzale reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Por su parte, el cabeza de lista de Unidos Podemos por Álava para el Congreso de los Diputados, Juan López de Uralde, registró en el Ministerio de Industria una moción aprobada el pasado enero por el Ayuntamiento de Vitoria contra la reapertura de Garoña.

La entrega de esta resolución se enmarca en una campaña para exigir el cierre definitivo de Garoña, en la que participaron diferentes municipios próximos a la central. Uralde criticó que el PP «sigue empeñado en reabrir» esta central, que permanece inactiva desde 2011, y que continúa «dando pasos» para que Garoña vuelva a funcionar. Todo ello, pese a la «oposición» de la ciudadanía, reflejada en la «mayoría» de los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. El candidato de Unidos Podemos asevera que el PP pretende establecer una política nuclear «que alargue la vida de las centrales hasta los 60 años», algo que considera «absolutamente incompatible con la transición hacia un nuevo modelo energético que demanda la sociedad».

Además, Uralde también acusó al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear de estar «al servicio del oligopolio eléctrico», de tomar decisiones «sin pensar en las consecuencias» que pueden acarrear para la ciudadanía, y de «ignorar» la voluntad política del Congreso. El candidato de Unidos Podemos, coalición en la que está integrada Equo, aseguró que su partido seguirá trabajando «firmemente» para lograr el cierre y desmantelamiento de Garoña, y para que los habitantes de la zona «tengan una salida basada en el fomento del empleo verde» y se cierre una planta «obsoleta y peligrosa«, según calificó el coportavoz federal de Equo.

El propietario de la planta, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), ha pedido una autorización de explotación para funcionar hasta el año 2031. Uralde recordó que la decisión definitiva sobre el futuro de Garoña «sufrió un parón» tras los comicios del 20 de diciembre y ahora «habrá que ver qué pasa con las elecciones del 26 de junio», al tiempo que ha reiterado que seguirá trabajando para evitar la reapertura. En su demanda no estuvo solo ya que representantes de Unidos Podemos en los principales municipios de la cuenca del Ebro, como Burgos, Miranda de Ebro, Logroño, Tudela, Tortosa, Valle de Sedano y Zaragoza registraron las mociones aprobadas en sus respectivos municipios contra la reapertura de la nuclear.

A juicio de estos políticos, la puesta en funcionamiento de Garoña representa «un riesgo inaceptable». Por este motivo instan al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a paralizar el proceso y advierten al Gobierno en funciones que están dispuestos a continuar con las movilizaciones. «No vamos a parar, esto es un movimiento en contra de la reapertura y vamos a continuar», insistió Uralde. En este sentido recordó la movilización convocada en Vitoria para el próximo sábado el 11 de junio. «Vamos a continuar movilizándonos hasta conseguir definitivamente su cierre», apuntó Uralde, que recordó que el presidente del CSN se negó a comparecer en el Congreso para informar sobre un proceso que «continúa adelante pese a las reclamaciones de la mayoría parlamentaria».

EH Bildu también se moviliza

Por su parte, EH Bildu reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Durante ese recorrido la coalición abertzale también ha organizado una parada en Subijana de Álava donde, según el cabeza de lista de EH Bildu por Álava al Congreso de los Diputados, Mikel Otero, hay un proyecto para la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica (fracking), a lo que se opone EH Bildu. La marcha en bicicleta del primer domingo de la campaña electoral comenzará frente a las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Otero considera que el CSN está esperando a que pasen las elecciones para emitir un informe para reabrir Garoña hasta 2031. El candidato aseguró que Bildu no va a permitir esta «afrenta» a los alaveses y que va a trabajar «donde haga falta» para detener «este ataque a la opinión, voluntad y salud de la ciudadanía vasca». También explicó que la coalición está llevando a cabo otras vías para «desenchufarse» de Iberdrola y Endesa, empresas propietarias de Garoña. En este sentido, destacó que en 25 ayuntamientos gobernados por Bildu y en sedes de la coalición rompieron sus contratos con dichas eléctricas en señal de protesta y se hicieron convenios con «cooperativas ciudadanas que solo comercializan con energía de origen renovable«.

Valle de Tobalina concede permiso para el ATI de la central nuclear de Garoña (Burgos)

EFE.- El Ayuntamiento del municipio burgalés de Valle de Tobalina ha concedido la licencia para la construcción del almacén temporal de residuos nucleares promovido por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) y Nuclenor junto a la central nuclear de Santa María de Garoña. El almacén temporal, con una inversión prevista de 12 millones de euros, permitirá a la planta burgalesa acoger 32 contenedores de desechos radiactivos, si bien inicialmente solo contará con 5 de ellos.

El líder de la oposición socialista, Jesús Ángel López de Mendoza, recordó que la construcción del almacén tiene un coste de 5,3 millones, mientras que cada uno de los contenedores supone 1,3 millones. Además, la concesión de la licencia de obras ha sido una decisión del equipo de gobierno, del PP, “sin consultar con los grupos de la oposición”, criticó López de Mendoza. Eso sí, el concejal de la formación independiente Vivir en Tobalina, José Luis Conde, recordó que «no ha habido más remedio que otorgarla», puesto que el Ayuntamiento no tiene margen de maniobra.

Por su parte, el candidato al Congreso por Álava de Unidos Podemos y líder de Equo, Juan López de Uralde, calificó la decisión de «irresponsable», al mismo tiempo que reclamó el cierre de la central. El candidato consideró «inadmisible» que se haya ignorado a la Diputación Foral de Álava, impidiendo que participe en la fase de alegaciones. La institución ya protestó cuando el Ministerio de Medio Ambiente emitió informe favorable de impacto ambiental, requisito previo para conceder la licencia por parte del Ayuntamiento. Uralde criticó que el ATI convierte a Garoña en un «cementerio nuclear» y perpetúa el «riesgo radiactivo» para la zona de influencia.

Es más, Jesús Ángel López de Mendoza cuestionó su utilidad, y sobre todo su servicio de futuro, si no se construye el almacén centralizado de Villar de Cañas (Cuenca). Equo ha afirmado que seguirá exigiendo el cierre de Santa María de Garoña, parada desde diciembre de 2012, aunque pendiente de la renovación de la licencia de funcionamiento solicitada por Nuclenor.

Podemos / Equo presenta una batería de iniciativas en el Congreso para frenar el cambio climático en España

Europa Press / EFE.- Podemos / Equo presentó 5 iniciativas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de instar al Gobierno a implementar una serie de medidas para frenar el cambio climático en España desde distintos ámbitos y que España convierta la lucha contra el cambio climático en una «cuestión estratégica» y se convierta en uno de los países que lidere la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. De no configurarse un acuerdo de investidura antes del 2 de mayo, no serán tramitadas.

Coincidiendo con la celebración este viernes del Día de la Tierra y de la firma en Nueva York del acuerdo del Clima de París por parte de 170 países, la formación que lidera Pablo Iglesias presentó estas iniciativas en la Cámara, tras un trabajo conjunto con las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la tierra y SEO Bird Life. Las diputadas de Podemos, Rosa Martínez (parlamentaria por Equo), Ione Belarra y Sofía Castañón, reivindicaron que las políticas contra el cambio climático deben representar una «prioridad» para los distintos gobiernos y por eso deben abordarse desde distintos ámbitos.

Se trata de 5 proposiciones no de ley que recogen medidas de género e igualdad, de migraciones, de empleo o de energía. En este sentido, la portavoz adjunta de Podemos en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático y diputada por Equo, Rosa Martínez, recordó que el cambio climático afecta en la actualidad a millones de personas en todo el mundo, incrementando la pobreza. Según ha advertido, el impacto de este problema también se está sintiendo en España, las altas temperaturas de los últimos años serán habituales y “supondrá que dentro de 20 años tendremos el clima de Marruecos”.

«Consideramos que las políticas contra el cambio climático deben ser una prioridad para el Gobierno e instamos a introducirlas en todas las políticas y áreas de gobierno, desde la perspectiva de los derechos y la justicia climática», ha agregado. Las iniciativas registradas aluden a la toma de medidas para poner en marcha la transición energética hacia un modelo libre de emisiones de CO2, desarrollar un marco legislativo que ampare a las personas que en el futuro tendrán que desplazarse en España como consecuencia del calentamiento, generar empleo verde o incluir la perspectiva de género en la toma de estas decisiones.

Equo, Greenpeace y la Fundación Renovables lamentan que el Congreso pida bonificaciones al carbón nacional

Europa Press.- Equo, Greenpeace y la Fundación Renovables expresaron su malestar por la decisión de la Comisión de Hacienda del Congreso de pedir al Gobierno que bonifique el Impuesto sobre el Carbón para incentivar el consumo de este producto siempre que tenga origen nacional, tal y como ha propuesto el PSOE.

El partido ecologista pretendía que, en lugar de esta bonificación al llamado ‘céntimo verde’, se impusiera un arancel a las importaciones de carbón de empresas que no respeten las exigencias sociales y medioambientales que deben cumplir las producciones nacionales.

Sin embargo, con el texto finalmente aprobado se plantea una «ayuda encubierta al conjunto del sector nacional del carbón que perjudica al sector de las energías renovables», según opina el diputado de Equo Jorge Luis Bail, que lamenta que así se perjudica a la necesaria transición energética hacia la generalización de las renovables, imprescindible para cumplir con el Acuerdo de París.

«El sector del carbón es un sector en declive que ha recibido continuas subvenciones que se han mostrado ineficaces, por lo que apoyar a sus trabajadores pasa por la reconversión y por su reubicación progresiva en nuevos sectores limpios y competitivos, como el de las energías renovables«, ha insistido.

Contra la normativa europea

En la misma línea, Greenpeace y la Fundación Renovables también se han quejado de la aprobación de esta iniciativa parlamentaria, contra la que habían pedido el voto, y advierten de que las bonificaciones que se plantean son «contrarias a la normativa europea» además de perjudicar a los objetivos de reducción de las emisiones.

«La bonificación para el carbón nacional es una ayuda encubierta que producirá un claro perjuicio a la competitividad de las energías renovables y, por lo tanto, es contraria a los compromisos internacionales asumidos por España de lucha contra el cambio climático», advierten ambas organizaciones.

En este sentido, el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, critica la «gran falta de compromiso con la lucha contra el cambio climático» que muestra el PSOE promoviendo esta iniciativa «a dos días de la firma en Nueva York del Acuerdo de París».

Por su parte, la responsable de Energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha reprochado que se pretenda seguir subsidiando a un sector cuyas ayudas finalizarán en 2018 en cualquier caso, por lo que el Gobierno debería estar dedicándose a plantear un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón y programas de transición justa para el empleo.

Equo pide al Gobierno que aclare si tiene noticias sobre el cierre de Garoña y EH-Bildu reclama su desmantelamiento

Redacción / Agencias.- EH-Bildu considera una buena noticia la posibilidad de que Iberdrola cierre la central nuclear de Garoña (Burgos), pero reclama un calendario para proceder a desmantelarla para evitar amenazas de reapertura. Por su parte, el coportavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, pidió al Gobierno que aclare «si tiene noticias de la intención de Iberdrola de poner fin definitivamente a la vida» de la central nuclear burgalesa de Garoña, ubicada a unos 40 kilómetros de Vitoria.

El sindicato ELA asegura que el presidente de la eléctrica vasca, Ignacio Sánchez Galán, les anunció el cierre de Garoña por motivos económicos, durante una recepción con los representantes sindicales de la empresa. Por ello, López de Uralde registró una pregunta en el Congreso en la que pide al Gobierno que explique si conoce los planes de Iberdrola y si se plantea «paralizar el proceso de reapertura iniciado por el Consejo de Seguridad Nuclear» en caso de confirmarse que una de las propietarias de Garoña «no le ve viabilidad alguna».

EH-Bildu pide desmantelar la central

La diputada de EH-Bildu, Onintza Enbeita, recordó que una de las primeras iniciativas de Amaiur la pasada legislatura fue para reclamar el cierre de la central nuclear de Garoña. En este sentido, reclamó un calendario de desmantelamiento de la central y de reindustrialización y reconstrucción de la zona, ya que de otra forma «la amenaza de su reapertura seguirá vigente» y aspiran a que «no se pueda reabrir nunca más».

Por su parte, el portavoz de la coalición abertzale en las Juntas Generales de Álava, Kike Fernández de Pinedo, pidió «prudencia» porque «se han escuchado noticias similares más veces, pero para que se respete la voluntad de Álava hace falta ya un calendario que concrete cómo y cuándo se va a llevar a cabo el desmantelamiento, los pasos que se van a dar». Por ello emplazó al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Álava a que se ponga en funcionamiento «de manera inmediata» la comisión interinstitucional para el seguimiento del desmantelamiento de Garoña.

Ecologistas en Acción lo celebra

Ecologistas en Acción celebró la posibilidad de que la central nuclear de Garoña pueda ser definitivamente cerrada y el portavoz de la campaña antinuclear, Francisco Castejón, apuntó que hay «tantas incertidumbres técnicas que su operatividad económica no está garantizada, ni a 60 años». En todo caso, ve el anuncio y las formas tan «rocambolescas como la decisión de extraer de forma unilateral el combustible en diciembre de 2012». «Celebramos la decisión, porque es lo más sensato y habría que haberlo hecho mucho antes», subrayó Castejón.

Podemos / Equo exige de nuevo en el Congreso que «nunca más» vuelva a reabrirse la central nuclear de Garoña

Europa Press.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, volverá a solicitar el miércoles de esta semana en el Congreso de los Diputados que no se reabra «nunca más» la central nuclear de Garoña. «Consideramos que nunca debe volver a ponerse en marcha», sostiene en la proposición no de ley que defenderá en la Comisión de Industria.

«Ha sido bastante indignante conocer que de repente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señaló en su día el diputado de Equo. En este sentido, recordó el acuerdo parlamentario sellado en 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.

En la iniciativa, Podemos recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que ya es el momento de ser desmantelada. Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y es “gemela” al reactor ‘número 1’ de la central japonesa de Fukushima.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el Gobierno y la empresa propietaria, Nuclenor, están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo está utilizando el caso de la nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

«El actual proceso puesto en marcha por el gobierno del PP para reabrir Garoña podría suponer la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supondrían posteriormente un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre«, sostiene el diputado verde en su iniciativa en relación a las posibles indemnizaciones que podría reclamar la empresa si se decreta el cierre de la planta una vez autorizada su reapertura.

Por ello, Podemos insta al Gobierno al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras».