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Unidos Podemos registra en el Congreso una ley para promover el cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley que regula el cierre de las centrales nucleares en España, empezando por la no renovación de la licencia de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno tiene que decidir en los próximos seis meses, y terminando en 2024 con el fin de la actividad de la central de Trillo (Guadalajara).

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, la intención es que las plantas se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto exija al Gobierno la elaboración, en 6 meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de todas las centrales nucleares.

Con este texto, la formación morada pretende frenar las intenciones que, a su juicio, tiene el Gobierno de alargar hasta los 60 años la vida de las plantas nucleares y que, según advierte López de Uralde, se pueden ver en los cambios realizados por el PP para tener mayoría en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en el último informe de este organismo, favorable a la reapertura de Garoña a pesar de que no se han cumplido las exigencias que se le imponían a su gestora Nuclenor.

“No hay una transición energética”

El portavoz de Energía del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha acusado al Ejecutivo de ser «pronuclear» y «enemigo de las renovables y del autoconsumo» y, en su opinión, la decisión del cierre de las centrales «no puede quedar en manos del Ministerio de Energía o del Consejo de Ministros». «Se les llena la boca de hablar de transición energética y de un Pacto de Estado por la Energía y luego se quedan en lo mismo», ha denunciado el diputado de En Comú.

Del mismo modo, denuncia que este sistema es «una opción del pasado» que es «peligrosa y cara», además de «no ser competitiva». «Tampoco garantiza el suministro de electricidad en España», apunta Vendrell, dada la sobrecapacidad instalada de potencia eléctrica. Por ello, la ley también solicita la creación, en 6 meses, de un plan de transición energética en el que participen Gobierno y comunidades autónomas, así como otros actores implicados. Además, un último punto en el texto llama al Ejecutivo a elaborar un plan de adaptación socio-económico en las zonas colindantes a las centrales y que, hasta ahora, basaban parte de su economía en las plantas.

Desde la formación morada han señalado que ahora comenzarán a dialogar con PSOE y Ciudadanos que, en sus discursos y sus programas electorales se han mostrado a favor del cierre de estos centros. «Con esta ley traemos al Congreso un debate que está en la sociedad», ha apuntado López de Uralde, quien se ha mostrado convencido de poder alcanzar el acuerdo necesario en la Cámara Baja para «obligar al Gobierno a reaccionar» y cumplir con lo que exige la ley. En este sentido, el diputado de Equo se ha mostrado dispuesto a dialogar con el resto de fuerzas políticas para pactar el cierre de Garoña. «Pero no nos vamos a olvidar del cierre del resto de centrales», ha advertido Uralde.

Unidos Podemos tilda de «chantaje inaceptable» incluir el cierre de Garoña en la negociación con el PNV sobre los Presupuestos

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Europa Press.- Mientras la Junta de Castilla y León espera que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «no sea el precio» por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso advierte de que pediría una «compensación» para la comunidad autónoma, el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera un «chantaje inaceptable» que el Gobierno pueda incluir el cierre de Garoña en las negociaciones con el PNV sobre los Presupuestos.

Así lo ha subrayado el también portavoz de Unidos Podemos en la ponencia parlamentaria encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al ser preguntado en el Congreso sobre las informaciones que apuntan a que el Ejecutivo pueda ofrecer a los nacionalistas vascos cerrar la central burgalesa como gesto de acercamiento a cambio de su apoyo a las cuentas públicas. No obstante, desde el PNV han explicado que no han recibido ninguna oferta en este sentido y que continúan a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les envíe documentación relativa a los Presupuestos.

López de Uralde ha insistido en que el Gobierno debe clausurar definitivamente esta planta nuclear «porque no cumple las condiciones» fijadas por el CSN para mantenerla abierta, ya ha cumplido su vida útil y es «altamente peligroso» que siga en funcionamiento. Por todo ello, el coportavoz de Equo ha subrayado que debe cerrarse «a cambio de nada» y rechazó que el futuro de la central se use como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias.

Compensaciones de Castilla y León

Según la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, la Junta «no ha podido contrastar» la posible oferta del Gobierno a los nacionalistas vasco. En cualquier caso, reconoció que, de ser cierto, «no sería una buena noticia para Castilla y León», dada la «importancia» de que continúe la central por su repercusión en el empleo rural. «Confiamos en que el cierre de Garoña no sea el precio por aprobar unos Presupuestos, de ser así tendríamos que pedir una compensación para la comunidad», ha sentenciado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sugerido que aprobar unos Presupuestos es «más complejo que si se abre o se cierra una central», tras lo que ha insistido en que el Gobierno autonómico mantiene su posición sobre que «si Garoña es segura, debe seguir abierta», tanto por «ser necesaria» para la generación de energía eléctrica en el país, como por su repercusión en el empleo, aunque con la seguridad «por encima de todo».

Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán «decisiones políticas» sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado sobre si reabrirá o no la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegando que tiene 6 meses antes de tomar la decisión. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará «decisiones irresponsables» ni «políticas» sobre Garoña y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

La diputada socialista burgalesa, Esther Peña, acusó al PP de «no decir la verdad» sobre este tema «jugando» con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando «desde hace 5 años». Del mismo modo, señaló que la planta «no es segura» tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un «globo sonda» para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las compañías eléctricas.

En este sentido, el ministro acusó al PSOE de «querer sacrificar a los trabajadores y a la comarca» para «hacer política y llevarse votos» y ha indicado que su departamento no tomará decisiones «por motivos ideológicos» ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. «Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada«, insistió. Nadal valoró positivamente que el PP esté «abriendo un proceso de audiencia pública» antes de tomar una decisión «para que todo el mundo opine» y rechazó las declaraciones del coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

«No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones», ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. «Es de recibo que todo el mundo reciba la información», afirmó. Uralde reprochó a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando «se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente» al reabrir una central «obsoleta» y que «no aporta ni un kilovatio a la red», por lo que «no tiene impacto en el precio de la luz«.

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. Uralde denunció que hace años se le impusieron a la central unas inversiones para poder renovar su actividad, y ahora, sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, recordó que la mayoría de los miembros del CSN fueron propuestos por el PP. «Me preocupa que dude de la independencia del CSN», ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, cuestionó el ministro, que reivindicó que éstos son «los más reputados de Europa».

Rajoy escuchará “a los interesados”

Por su parte, el presidente del Gobierno señaló que antes de tomar una decisión deben cumplirse algunos trámites, entre ellos, que el Ejecutivo escuche «a todos los que tengan interés» en este tema. Así respondió Rajoy a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acerca de las intenciones del presidente sobre la reapertura de Garoña. Esteban le recordó que «la posición mayoritaria», tanto social como política, es favorable al cierre y mostró su temor de que el PP ponga en marcha la central y que luego sea apagada por una decisión posterior, teniendo que pagar los costes que eso conlleva los ciudadanos.

El portavoz nacionalista ha destacado que Garoña es la planta más antigua de España, que su reactor es del mismo tipo del de la central de Fukushima (Japón)y supone «simplemente el 0,4% de la potencia instalada en España» y no llega al 6% de la potencia nuclear en el país. «Esto no va a abaratar el precio de la electricidad, ni mucho menos, es una central vieja y tiene riesgos, no le vemos ningún sentido», ha destacado en su discurso.

«Entiendo sus argumentos y sus razonamientos pero soy el presidente y tengo que cumplir los trámites que dice la ley», ha insistido Rajoy, quien ha apuntado que primero es Nuclenor, la empresa gestora de la planta, quien debe pronunciarse y después el Gobierno comenzará la ronda de contactos. Además, ha precisado, después de que el Ejecutivo tome una decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tendrá algo que decir.

«En todo caso les escucharemos a ustedes y todas las instituciones que han manifestado su intereses» sobre este tema, ha asegurado el presidente que ha destacado que sí hay instituciones favorables a la reapertura de Garoña, como la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, Rajoy ha defendido su actitud, que ha calificado como las «más prudente, razonable y sensata», de «estudiar a fondo» los razonamientos de unos y de otros» antes de tomar una decisión. «Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de todos», concluyó.

Cañete recalca que los países son soberanos para alargar la vida de sus centrales nucleares aunque Bruselas supervisará las inversiones

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Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló que si hay un nuevo proyecto de inversiones para la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), deberá ser supervisado por Bruselas al tiempo que rechazó pronunciarse sobre si la planta debería reabrir o no ya que recalca quetodos los Estados comunitarios «son soberanos para elegir su mix energético» y alargar la vida útil de sus centrales nucleares «siempre que tengan condiciones de seguridad».

Así ha respondido el exministro sobre el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se muestra favorable a la reapertura de Garoña después de tres años de parón. A su llegada al Congreso de los Diputados, para dar cuentas del nuevo paquete de medidas energéticas proyectadas por la Comisión Juncker, Cañete ha señalado que Garoña es «como cualquier otra central» de las 129 que existen en toda Europa y ha explicado el caso de Bélgica, que paralizó la actividad de sus centrales nucleares y luego decidió volver a tenerlas operativas. «Se notificaron los proyectos a la Comisión Europea y las analizamos en los términos justos», ha señalado.

Y es que, según indicó Cañete, «si hay un proyecto de inversiones» tiene que ser notificado a la Comisión Europea» para comprobar que cumple los nuevos parámetros de seguridad que este organismo europeo endureció desde el accidente de la central japonesa de Fukushima. En este sentido, Cañete ha indicado que la normativa europea en materia de seguridad nuclear es «la más exigente del mundo». «Lo digo porque lo sé. En los intercambios con reguladores japoneses o americanos vemos estándares que ellos manejan y somos los más exigentes», explicó el exministro.

Aún así, Cañete ha recordado que deben ser los reguladores nacionales los que amparándose en estos estándares «analicen y obliguen» a realizar las inversiones a los operadores para «garantizar la seguridad». «Tienen que darse unos mínimos de seguridad y estoy seguro que el CSN lo ha hecho correctamente», ha apuntado el exministro, que reconoce que «es un debate que está habiendo en toda la Unión Europea» en la actualidad, pero insiste en que, cuando finaliza su vida útil prevista, son los países quienes pueden «elegir desmantelar las centrales nucleares, pararlas o alargar su funcionamiento, siempre en condiciones de máxima seguridad».

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Cantó, cuestionó a Cañete sobre la posible falta de independencia del CSN. El diputado se mostró preocupado por la composición del consejo y pidió que sus miembros sean «elegidos de otra forma». «Cuando entran los partidos políticos para favorecer la competencia, es el bolsillo de los españoles el que sufre», denunció. En este sentido, el exministro reconoció «problemas con varios países» porque sus Gobiernos quieren intervenir. A su juicio, la única forma de que esta situación sea igual para todos es que se «aplique la normativa europea» porque, ha recordado, «todos los proyectos tienen que informarse y ser analizados en la Comisión».

Precio elevado y 28 mercados

Precisamente Cañete achacó el elevado precio de la energía en los países europeos a la ausencia de un mercado integrado ya que cada país miembro cuenta con un mercado propio. «No tenemos un mercado integrado de 28 países. Somos 28 mercados no conectados», señaló Cañete, que recordó que el precio de la electricidad es 1,5 veces más cara que la de Estados Unidos y que en el caso del gas es aún más del doble, un 2,5 veces más cara.

«El problema de los precios tiene muchas causas. En primer lugar, una fortísima dependencia del gas», indicó Cañete, que justificó por esta razón el impulso al gas natural licuado por parte de Bruselas. «Cuando el 30% de tu importación depende de un solo proveedor, que puede ser Rusia, y cuando tienes dificultades de abastecimiento con la red europea, pues tienes muchos más problemas de gas», explicó, añadiendo que un competidor como Estados Unidos no tiene problemas para realizar prácticas de extracción como el fracking, más limitadas por la legislación europea.

Para Cañete, la situación «ideal» pasaría por tener «un mercado eléctrico y energético integrado, único, con precios competitivos» y a la vez evitando que se produzcan deslocalizaciones de empresas por costes excesivos frente a otros competidores. Así, Cañete ha reclamado que las empresas que lleven a cabo innovaciones tengan asignados «el número de derechos de emisión suficientes para no verse obligados a deslocalizar sus empresas«.

Arias Cañete ha tenido que encajar críticas y acusaciones de la oposición por haber actuado en favor del «oligopolio» energético, particularmente por parte de la diputada Rosa Martínez Rodríguez, de Unidos Podemos. «La Comisión es absolutamente independiente», ha replicado Cañete, que cree que la reestructuración del mercado energético que supondrán las nuevas medidas impulsadas es «la mejor propuesta para los consumidores europeos». «Queremos energía barata, segura y limpia», indicó el comisario, algo que, ha dicho convencido, «es conciliable«, tras haber aumentado en estos años el PIB de la Unión Europea, al tiempo que las emisiones más contaminantes se han reducido.

Podemos y los ecologistas creen que se usará la reapertura de Garoña para alargar la vida de todas las nucleares

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Redacción / Agencias.- Las principales organizaciones ecologistas y partidos políticos como Unidos Podemos y Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña y auguran que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político. En este sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, calificó de «absolutamente incomprensible» el informe del CSN.

A su juicio, esta decisión es «la punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido», por lo que Mayoral señaló que «en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente» ya que asegura que «otro camino no tiene sentido». Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo» de la central burgalesa.

La formación recuerda que Garoña es la central nuclear más antigua de España y que ha operado desde 1970 hasta su parada en 2012 con un reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidentada central japonesa de Fukushima. Por ello, llama al Ejecutivo a «asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura». La proposición también pide que se «elabore un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear» y busca que el Gobierno coordine «con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares«.

También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para su diputado y portavoz, Juan López de Uralde, es «inadmisible» que, pese a que está acreditado que Garoña sigue sin «cumplir los requisitos» de seguridad que le exigió previamente el propio CSN, se apruebe su reapertura. «Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha denunciado.

El diputado recuerda que en el Congreso existe una «amplia mayoría» que demanda el cierre definitivo las instalaciones, y ha anunciado que su grupo impulsará las iniciativas parlamentarias necesarias para lograr ese objetivo. «La mayoría parlamentaria se ha mostrado una y otra vez contraria a la reapertura de Garoña, y el Gobierno la está desoyendo. Ahora esa mayoría debe ponerse en acción para evitar la reapertura utilizando todas las vías a su alcance», advirtió. López de Uralde explicó que si el Ministerio de Energía «sigue adelante con este disparate» y concede el permiso para reabrir Garoña, Unidos Podemos propondrá al resto de grupos aprobar una ley para decretar el cierre definitivo de la planta burgalesa.

Alargar vida del parque nuclear

Por otro lado, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por «esperada no es menos grave». En este contexto, el ecologista ha señalado varios motivos: el primero por el riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, “una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas y poblaciones de las comunidades”. Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que «las nucleares son un negocio para sus explotadores».

Castejón ha matizado que existe una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña. Para Castejón esta decisión del CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado “a la medida de Nuclenor” para reabrir Garoña. «Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos».

Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente, ya que no garantiza la seguridad nuclear. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear», ha declarado Montón, que también cree que la «intención última» es ampliar el parque nuclear “por la puerta de atrás, sin contar con la opinión pública y el Parlamento”.

Asimismo, Greenpeace acusó al CSN de actuar con «malas prácticas» en materia de seguridad nuclear porque, según la organización, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos realizados a Garoña en 2015. Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que «juegue limpio» y que se facilite «un tiempo» para evitar materializar la «situación dantesca» que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.

Además, Montón ha señalado que esto tiene «consecuencias» sobre la política energética de España, que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico, y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone «transgredir todas las normas de participación en democracia». «Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada», añadió.

Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia. Del mismo modo, solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.

Diputación de Álava en contra

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que, tras la decisión del CSN, la Diputación alavesa va a seguir trabajando «en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de Garoña. González denunció en el Parlamento europeo que el CSN está «incumpliendo» la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear, con su «oscurantismo» en torno a esta posible reapertura de la central nuclear, muy próxima al territorio alavés.

El CSN subraya que «no cierra ni abre centrales» y que reabrir Garoña es una decisión que corresponde al Gobierno

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Europa Press / EFE.- La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha señalado que el organismo no entrará a debate sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque su misión en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final es política. Así, esgrimió que ningún miembro del CSN «debe expresar su opinión», sino ser «neutral, transparente y eficiente», además de «estar preparado para arrojar informes técnicos que ayuden a quienes tiene que tomar decisiones».

«El CSN no abre ni cierra centrales», ha declarado Velasco a su llegada a la ponencia encargada de las Relaciones con el CSN en el Congreso. Esta comparecencia se produjo a petición de los partidos miembros de la Comisión de Energía. La presencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja ha sido el resultado de un pleno extraordinario del CSN, después de recibir la citación en el Congreso que, en primera instancia, requería al presidente del organismo, Fernando Martí Scharfhausen.

Tanto PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado esta ausencia cuando Martí está «obligado por ley» a comparecer «tantas veces como los diputados le requieran» para informar sobre los temas que interesen. En este sentido, la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha recordado las evasivas de Martí a asistir a dar cuenta de los informes de su actividad en 2014 y 2015 a la Cámara Baja. Sin embargo, Velasco ha defendido la decisión del CSN y ha indicado que es un «honor» ser la elegida para informar a los diputados. «No hay cosa que más nos guste que venir a contar el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos para ganar la confianza en nuestra actividad regulatoria», afirmó.

Sin embargo, para Ciudadanos la actitud que están teniendo los representantes del consejo no hacen más que «incrementar la sensación de desconfianza» hacia el organismo. «Rechazamos que no haya venido el presidente y ponemos en tela de juicio el informe de Garoña alargando la vida de una central que apagó voluntariamente y que supone una parte pequeña del mix energético», afirmó la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez. Para la diputada, el debate sobre Garoña no es tanto su reapertura, como que el Gobierno utilice este caso como precedente para un futuro alargamiento de otras centrales españolas y que la central arranque «sin las inversiones que el CSN le dijo en 2015 que eran imprescindibles para funcionar».

Sobre la falta de inversión en la central también habló el portavoz de Equo en esta comisión, Juan López de Uralde, quien denunció que la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto para la reapertura. Por ello considera que así se invalida la línea argumental del CSN de que cualquier decisión del organismo es técnica y se basa en criterios técnicos ya que las condiciones impuestas no se han ejecutado.

Además, López de Uralde subrayó que con Garoña se está abriendo una puerta trasera para que los reactores nucleares en operación puedan solicitar seguir operando por encima del horizonte de su vida útil y que esta autorización ya no tenga que pedirse cada 10 años como ocurría hasta ahora. Por ello, este diputado reivindicó un debate social sobre la energía y sobre el futuro de las nucleares que funcionan en España, aunque también hizo un llamamiento a los partidos para unirse y redactar una ley de cierre de la central.

En este sentido, Lucio señaló que los grupos están «pidiendo que Garoña no se reabra, y el CSN está actuando al dictado de lo que le pide el Gobierno». «El grupo socialista lleva años solicitando al Gobierno que esta reapertura no se lleve a cabo«, recordó la portavoz, que vuelve a solicitar la comparecencia del presidente del CSN “para que venga a comparecer para explicar el procedimiento». Un procedimiento, ha añadido, «a todas luces irregular y no suficientemente claro con las exigencias de la ley».

Por su parte, el portavoz del PP en esta materia, Guillermo Mariscal ha acusado a la oposición de estar «presionando a un organismo regulador» y recordó a los diputados que su misión es «legislar y controlar al Gobierno» y no para interceder en los informes del CSN. En este sentido, indicó que el Gobierno actual es «respetuoso» con estos organismos y que los populares creen en el trabajo realizado por los técnicos sobre este caso.

Unidos Podemos pide una comisión de investigación sobre la subida del precio de la luz

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís presentaron en el registro del Congreso una solicitud en la que piden la creación de una comisión parlamentaria para investigar «el incremento continuado del precio de la luz» y esclarecer el «origen y justificación» de todos los componentes que contribuyen al precio final. Estas formaciones reclaman que se investiguen los distintos conceptos que se incluyen en la tarifa eléctrica regulada, en la que el coste de la energía, que se marca en el mercado mayorista, sólo representa el 35% del total.

Entre los conceptos a investigar, la solicitud cita la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, los pagos para compensar los mayores costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), las primas a las renovables o las ayudas al carbón nacional. Además, se señalan los costes asociados a la recuperación del déficit de tarifa acumulado en ejercicios anteriores y los pagos por garantía de potencia. En este último caso, los partidos firmantes plantean si es necesario incluirlos en la componente de mercado dado el carácter de subsidio que tiene. Sobre el IVA, Unidos Podemos y Compromís han pedido determinar si el actual tipo del 21% está justificado en un bien básico como la electricidad.

Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, ha aludido al derecho de la sociedad a saber «qué ha ocurrido» para llegar a esta situación. Vendrell criticó que el actual precio se debe a «decisiones políticas erróneas» o a mecanismos del mercado «injustos». El diputado destacó que a pesar de la subida del precio de la luz en otros países vecinos, estos tienen «un salario mínimo mucho más alto». Vendrell ha pedido el apoyo del resto de grupos para crear una comisión de investigación sobre la «estafa eléctrica», con la que se citará a los «máximos responsables políticos de diferentes gobiernos», tanto del PSOE como del PP, a directivos de empresas eléctricas, a expertos y movimientos sociales.

Asimismo, la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, criticó que el PP esté «dificultando» las comisiones de investigación en un intento por «evadir la responsabilidad del Congreso de control del Gobierno». Por ello, pidió al Ejecutivo que asuma su «responsabilidad» y acepte con «naturalidad democrática» el uso del reglamento para esclarecer un sistema eléctrico «opaco» en el que se produce un «trasvase injustificado» de las rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico. Así, asegura que el Congreso «tiene que tomar la iniciativa». Además, Martínez ha apuntado a la «preocupación social» como reclamo para investigar el marco regulatorio actual.

Déficit y pagos por capacidad

La propuesta de creación de comisión busca investigar los motivos que han llevado al mercado regulatorio actual que permite que externalidades como la meteorología o el precio del gas y el carbón tengan un impacto «tan elevado» en el precio de la electricidad. El objetivo es esclarecer los CTC y el «regalo de 3.600 millones de euros a las eléctricas” que se produjo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los «elementos fundamentales de la estafa eléctrica», según Vendrell. También investigará el déficit de tarifa de 25.000 millones y los pagos por capacidad que suponen 400 millones al año para tener disponibles centrales de ciclo combinado cuando se necesitan «y ahora que se necesitan no están operativas».

Unidos Podemos y Compromís ven necesario establecer en detalle cómo se constituyen los conceptos que conforman la parte regulada de la tarifa eléctrica: transporte, distribución y gestión comercial, organismos de operación del sistema y del mercado, CNMC, compensación por generación insular y extrapeninsular, adquisición de régimen especial o carbón, entre otros. También ven preciso una explicación «exhaustiva» de los constantes aumentos del precio a través de sus conceptos de mercado diario, intradiario y de operación, pagos por capacidad y garantía de potencia. De igual forma, Vendrell considera necesario que, en el marco de la comisión de investigación solicitada, se estudiase la justificación del «excesivamente elevado» IVA del 21% sobre un bien necesario como la luz.

Además, apuntó a los «beneficios caídos del cielo» como otro de los puntos a investigar, ya que el actual mecanismo de fijación de precios hace que las centrales hidroeléctricas y nucleares «totalmente amortizadas» y que ya recibieron pagos para su amortización, reciban ahora beneficio «como tecnología más cara». «Pagamos ocho veces más por la tecnología hidroeléctrica», ha denunciado Vendrell, quien denuncia la «mala regulación apoyada y decidida por los gobiernos del PSOE y el PP». Una auditoría independiente sería el paso previo a una reforma del sistema eléctrico que garantice la «fórmula del futuro», en la que se primarán las renovables, frente a la del «pasado» del ministro que «preserva los intereses de las eléctricas».

El Gobierno vasco rechaza reabrir Garoña mientras que Equo pide a PSOE y Ciudadanos que impidan su reapertura

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EFE.- El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reiteró la postura «claramente contraria» de las instituciones vascas a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), ante la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear avale que la planta vuelva a estar operativa con la incorporación de algunas mejoras de seguridad. Por su parte, el partido ecologista Equo, integrado en Unidos Podemos, emplazó al PSOE y a Ciudadanos a que «cumplan su compromiso» e impidan la «aberrante» reapertura de la nuclear.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, criticó duramente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que a su juicio «avala» la reapertura de esta central ubicada a 40 kilómetros de Vitoria. Según López de Uralde, ese informe es «una decisión 100% política, impulsada por el PP, que controla el pleno del CSN y que lleva años rebajando los requerimientos de las centrales nucleares para poder permitir alargar su funcionamiento a costa de la seguridad y del medio ambiente».

Además, ha alertado de que con Garoña se quiere sentar un precedente y abrir el camino «para alargar la vida del resto de las centrales nucleares» ya que «ni siquiera se establecen plazos para su cierre», algo que nunca había ocurrido. «¿Hasta cuándo van a mantenerla abierta, hasta que explote? Es aberrante», ha declarado López de Uralde. Por ello, ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que cumplan su compromiso y «hagan valer su condición de socios» para exigir al PP el cierre de Garoña «como reclama la mayoría parlamentaria».

Ha destacado que el PP está poniendo en manos de Nuclenor un «herramienta muy poderosa», el lucro cesante, que obligará a toda la ciudadanía a pagar a Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, en caso de que Garoña no se abra. «Las nucleares están en la fase final de su vida y las eléctricas quieren exprimir los beneficios», algo que está siendo facilitado por el PP, según Uralde.

Para evitarlo, el diputado ha presentado en el Congreso una Proposición de No Ley que plantea el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen. El calendario de cierre que plantea es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó en 2021, Cofrentes también en 2021 y por último Trillo en 2024. Por su parte, la asociación ecologista Eguzki ha alertado de que reabrir Garoña supondría «un riesgo inasumible dadas la graves deficiencias, accidentes y catástrofes que se han producido en supuestos similares», como en Fukushima (Japón), que albergaba una central «gemela».

Bildu reclama una respuesta «contundente»

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, ha reclamado una «respuesta clara, contundente y eficaz» a nivel político, institucional y social ante la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.Otero se ha pronunciado de este modo ante el último informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, al parecer, avala la reapertura de la planta a condición de que se realicen algunas mejoras de seguridad.

El representante de la coalición soberanista ha explicado que el próximo jueves Bildu pondrá sobre la mesa en el Parlamento del País Vasco varias propuestas para «pasar de los hechos a la acción» en esta cuestión.Otero ha recordado que en la Cámara vasca se va debatir en el pleno una propuesta del PSOE que Bildu ha enmendado con el objetivo de que lo que se apruebe «no sea la enésima declaración institucional que se quede en un papel mojado«.

«Es momento para pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas desde diferentes ámbitos», ha recalcado el parlamentario de EH Bildu que ha añadido que su grupo defenderá en el pleno algunas medidas que podrían tomarse para impedir legalmente la reapertura de Garoña y rechazar la energía nuclear como fuente.Así ha dicho que van a solicitar la despolitización del CSN, que su director, Fernando Marti, sea cesado y que se retiren del comité asesor de este organismo los miembros que tiene el Gobierno Vasco, entre otras cuestiones.

La Junta de Andalucía y Equo «no entienden» la retribución al almacén gasista de Doñana mientras el Gobierno la justifica

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Europa Press / EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, asegura que la retribución a Gas Natural Fenosa de 6,34 millones de euros por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana «no la entiende nadie», toda vez que exige al Gobierno central que «escuche el clamor social que existe en Andalucía y haga una evaluación conjunta de las consecuencias que puede tener este proyecto para Doñana y para su entorno».

Fiscal asegura que la retribución que el Gobierno concede a Gas Natural por el proyecto de Doñana «más allá de que esté recogido en la norma; no lo entiende nadie», y en cualquier caso, añade, «el impacto hubiese sido mucho menor si, tal y como le pide la sociedad andaluza en su conjunto, partidos políticos, ONG y ayuntamientos, hubiese evaluado este proyecto conjuntamente y no parcelado en cuatro subproyectos». Por tanto, Fiscal señala que la Junta, por su parte, «ha emitido autorizaciones ambientales negativas, blindando el Espacio Natural de Doñana».

Precisamente, Fiscal señala que de esta tema tratará el 19 de enero con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu Vella, al que trasladará la realidad de Doñana, «haciendo hincapié en este proyecto para que, dado que la Unión Europea es una administración con los ojos puestos en el Espacio Natural, exija al Gobierno central que haga una evaluación conjunta de forma que conozcamos las sinergias así como los efectos que el proyecto puede tener para una joya natural como ésta», toda vez que asegura que la Junta «va a impedir por todos los medios este o cualquier otro proyecto que pueda poner en riesgo el espacio».

Por tanto, Fiscal reitera su petición al Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de un proyecto sobre el que considera que el Gobierno del PP “ha dado un acelerón que solamente la Junta ha conseguido frenar». Por último, y cuestionado sobre si las autoridades europeas tendrían capacidad de frenar este proyecto, Fiscal cree que por «lo menos tendrían capacidad de influir en el Gobierno, que es de quien depende sustantivamente el proyecto del gas, para que se analizaran las consecuencias del conjunto del proyecto y Doñana no se viera en ningún caso perjudicada».

«Retribución del Gobierno de Zapatero”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, negó que los 6,34 millones de euros reconocidos a Gas Natural «sean una subvención» y ha explicado que se trata «del cumplimiento de una retribución ordinaria del Estado por almacenamiento de gas en las marismas que fue establecida por el Gobierno anterior«. Sanz ha recordado que el almacén «fue planificado por el Gobierno en 2008, cuando gobernaban los que exigen responsabilidades por esta materia», con lo que considera «muy extraño que no lo sepan los que están pidiendo explicaciones».

Además, Sanz apunta que «cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Estado, pero también de la Junta», por lo que «sorprende que la actuación de la Junta sea criticar esta actuación». Por tanto, el delegado del Gobierno pide «un poco de coherencia y responsabilidad, y menos confrontación y demagogia» porque, añade, «sería deseable que en esta materia se sea responsable con lo que se hace, y cuando se deja el Gobierno, al menos se reconozca que la responsabilidad no la tiene el actual».

Equo pide explicaciones al Gobierno

Por su parte, Equo exige explicaciones al Gobierno tras conocer la retribución a Gas Natural Fenosa y ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en la que cuestiona al Ejecutivo sobre esta partida y sobre su justificación para reconocerla. En el documento, firmado por el diputado Juan López de Uralde, Equo insiste en la posibilidad de que este proyecto acabe paralizado este año. El partido destaca la «enorme oposición» que existe en torno al depósito por parte de colectivos sociales, ecologistas y vecinales, que alertan del riesgo del proyecto de Gas Natural. «Ha sido denunciado en instancias europeas y nacionales por el peligro del mismo para el medio ambiente», sentencia.

El Congreso rectifica y envía a la Cumbre del Clima de Marrakech a una delegación que incluye finalmente a Equo

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha tenido que rectificar sobre la marcha y, tras acceder a enviar a la Cumbre del Clima (COP22) que se celebra estos días en Marrakech (Marruecos) a una reducida delegación compuesta por los portavoces de PP y PSOE en la comisión parlamentaria de Cambio Climático, finalmente decidió incluir al coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, representante de Unidos Podemos.

En su momento, el presidente de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, el socialista José Juan Díaz Trillo, solicitó a la Mesa del Congreso que permitiera que una delegación asistiera a ese cónclave, que celebra la entrada en vigor del Acuerdo del Clima de París y acordar las reglas para su desarrollo, respondiendo a la invitación cursada por la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas. La Cumbre de Marrakech es la primera reunión internacional que tiene lugar tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, que ha sido ratificado por cerca de un centenar de los 195 países que lo sellaron en 2015. España aún no lo ha hecho por haber tenido el Ejecutivo en funciones.

Se negó ir a Marrakech

Sin embargo, el órgano de gobierno de la Cámara Baja desestimó la solicitud de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en coherencia con su decisión de acotar los viajes parlamentarios a los estrictamente necesarios. Frente a esto, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Cambio Climático y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, recurrió dicha decisión subrayando la importancia política del problema del cambio climático y la reciente entrada en vigor del Acuerdo de París. «Creemos que es relevante que el Congreso de los Diputados participe en la misma, como viene haciendo cada año», rezaba el escrito que López de Uralde elevó a la Mesa para que reconsiderara su posición.

Hace una semana el órgano rector de la Cámara acordó corregir su decisión inicial al considerar que el recurso de López de Uralde era «razonable», máxime después de que España ya cuente con un Gobierno en plenas funciones. Ahora bien, resolvió que fueran los portavoces del PP y del PSOE en la citada comisión parlamentaria, Belén Bajo Prieto y Ricardo García Mira, respectivamente, los que asistieran a la Cumbre del Clima, dejando fuera al diputado de Equo. Unidos Podemos volvió a reclamar y finalmente la Comisión del Cambio Climático, con el visto bueno de la Mesa del Congreso, ha accedido a incluir a López de Uralde en la delegación parlamentaria.

«Hemos luchado hasta el final para que el Congreso esté presente en la Cumbre de Marrakech porque estamos convencidos de la urgencia del problema del cambio climático y de la necesidad de acción política urgente para frenarlo», aseguró Uralde, que tiene una larga experiencia en estas cumbres desde su etapa como director de Greenpeace España, aunque será la primera vez que lo haga como diputado.