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Los operadores dudan sobre si se ejecutarán todos los MW renovables adjudicados mientras Acciona también renuncia a la próxima subasta

Javier Angulo.- A pesar del optimismo trasladado desde el Gobierno y su confianza en que las subastas de energías renovables servirán para cumplir los objetivos climáticos para el año 2020, la duda sobre que todos los proyectos adjudicados en las subastas vayan a ejecutarse prevaleció en el III Congreso Eólico organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). El mensaje fue unánime: “las subastas serán un éxito cuando los proyectos estén vertiendo electricidad a la red”. Y Acciona no será de las adjudicatarias.

Coherencia pétrea. Por tres veces ha negado la compañía presidida por José Manuel Entrecanales la posibilidad de acudir a las subastas organizadas por el Gobierno después de la moratoria renovable. El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, se mantiene firme en las declaraciones que realizó a Energía Diario en febrero de 2016, cuando descartó que la compañía fuera a optar a potencia renovable en España “en las actuales condiciones regulatorias”. Las condiciones se mantienen desde entonces y, por lo tanto, Acciona no acudirá a la subasta ya que, según Mateo, “no acudimos a la anterior subasta y las condiciones previstas para la próxima son aún peores”, por lo que no serán partícipes de la puja del 18 de julio.

Precisamente, una de las cuestiones que mantiene en pie de guerra al sector renovable es la revisión de la rentabilidad razonable que el Gobierno puede llevar a cabo en noviembre de 2019. De hecho, con la rentabilidad razonable referenciada a la rentabilidad del bono español, parece una posibilidad cada vez más cercana. En este sentido, Enrique de las Morenas, el director de Enel Green Power España, división renovable de Endesa, se refirió a esta incertidumbre señalando que la mejor subasta es aquella en la que quién participa conoce y acepta los riesgos “que sabe gestionar”.

De todos modos, la posibilidad de adjudicar la potencia mediante subastas no es mal vista desde los operadores, pero las condiciones establecidas en España no gustan. “Subastas sí, pero subastas bien hechas”, apuntó Mateo, que denunció que “las subastas se han visto distorsionadas por la aparición de actores que no piensan ejecutar los proyectos y que han adoptado posiciones especulativas”. “Hay que cualificar previamente al que participa en las subastas, técnica y financieramente”, recalcó Xabier Viteri, director del negocio renovable de Iberdrola, que también consideró “complejo” el caso español y reclamó “mayor visibilidad de ingresos, con subastas planificadas y sencillas, que se puedan entender los riesgos”. También demandó que “si se puja por un incentivo, que luego no se modifique”.

En sentido similar, João Paulo Costeira, consejero delegado de EDP Renovables Europa, recalcó sobre las subastas que “no es lo mismo una idea que un proyecto que ya cuenta con conexión a la red y con los permisos; no son ofertas comparables, sólo un número”, por lo que emplazó al Gobierno a modificar su criterio ya que España “necesita” estos MW eólicos para cumplir los objetivos climáticos. Unos objetivos que los operadores coincidieron en señalar que se conseguirán, al menos en lo que atañe al sector eléctrico, “si se ejecutan los proyectos adjudicados en la subasta”, extremo en el que las compañías con tradición en el sector eólico español mantuvieron sus reservas ante la aparición de operadores ajenos al sector.

El único adjudicatario en la última subasta presente en esta mesa de debate, el representante de Endesa, confirmó que la compañía acudirá a la subasta de julio “aunque no con la misma agresividad”. También fueron prudentes los representantes de EDP e Iberdrola, que manifestaron que tienen que estudiar los nuevos límites establecidos al descuento sobre el incentivo y analizar si el acceso a nueva potencia renovable puede suponer la creación de valor para sus accionistas.

Otro asunto en el que coincidieron los operadores fue en demandar al Ministerio mayor planificación energética. Un paso más allá fue el representante de Acciona, que advirtió de que el sistema eléctrico está sobrecapacitado y no se contempla un cierre ordenado de ninguna tecnología convencional. “Hay que limpiar la matriz energética; sobredimensionar el parque de generación, aunque con el resultado de las subastas parezca barato, alguien lo va a pagar”, resaltó Mateo, que apuntó a que el hueco térmico que respalde el despliegue renovable va a demandar pagos por capacidad.

También se abordó la reforma del mercado eléctrico. Costeira indicó que el mayor peso renovable obligará a cambiar el pool ya que la tendencia a 0 que aportan las renovables “no aporta una señal efectiva del precio”. De las Morenas también advirtió de los problemas sociales que generará la mayor volatilidad en el mercado eléctrico que aparejan las renovables, por lo que señaló que el regulador tendrá que buscar fórmulas para reducir la volatilidad que se traspasa directamente al consumidor.

La patronal eólica pide corregir la reforma energética para atraer la inversión que cumpla la planificación de Industria hasta 2020

Encabezando una industria que reclama una retribución estable, el presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López-Tafall, destacó la necesidad de impulsar correcciones en la reforma energética para «recuperar la confianza» y que el sector pueda atraer los 7.000 millones de euros de inversiones que requiere hasta 2020 para poder instalar entre 5.000 y 6.000 megavatios (MW) de energía eólica con los que cumplir la planificación del Ministerio de Industria para conseguir las metas comprometidos con la Unión Europea.

En la inauguración del I Congreso Español Eólico, organizado por la AEE, López-Tafall indicó que el borrador de decreto para la convocatoria de una subasta eólica y la planificación energética del Gobierno suponen «los primeros pasos, inciertos, pero en la buena dirección» para que esta tecnología vuelva a ser prioritaria. Hasta 2020, la nueva planificación prevé la instalación de entre 5.000 y 6.000 megavatios (MW). «Esto supondrá una inversión adicional de 7.000 millones, pero para ello hace falta financiación y recuperar la confianza», señaló, antes de indicar que superar los 30.000 MW instalados permitirá crear 10.000 empleos cualificados. «Invertir en eólica es invertir en tener casa propia y dejar de pagar el alquiler», afirmó López-Tafall.

El responsable de AEE indicó que «creemos que España debe acertar por sus apuestas porque es mucho lo que se juega», para agregar que «hacen falta aires nuevos» y que las empresas del sector «siempre hemos ofrecido diálogo». López-Tafall reivindicó la importancia del sector, para subrayar que es «puntero para la economía española», y defendió que abaratan el precio de la electricidad. Así, explicó que la energía eólica es la principal tecnología de generación de electricidad en España con un 23,3% de cuota de producción hasta el mes de mayo.

Además, López-Tafall recordó que es un instrumento necesario para la lucha contra el cambio climático y puso en valor que las empresas españolas son propietarias de más del 10% de la potencia eólica mundial. Por ello, subrayó que «apostar por la energía eólica es una verdadera oportunidad». «La eólica española es nuestro fracking y no tenemos que buscar fuera lo que ya tenemos», afirmó López-Tafall. Sin embargo, también lamentó que las dificultades de la nueva regulación lastren los ingresos de los promotores eólicos, que han caído más de un 30% en un año; o las instalaciones industriales del sector eólico, que «están paralizadas por completo».

Esta situación «tan grave», expuso, lleva a las empresas a «plantear si tiene sentido continuar en España o deslocalizar» las compañías. «Hay que restablecer la confianza perdida y atraer nuevas inversiones», señaló la patronal, para añadir que hay que «corregir aspectos fundamentales de la reforma energética». Además, apostó por un nuevo plan de energías renovables y por medidas para dinamizar el mercado interno y evitar que las industrias «se marchen de España«. A ello habría que unir un «gran pacto de Estado por la energía» para acabar con las incertidumbres.

Entre los aspectos a corregir de la reforma, López-Tafall reclamó que se retire la posibilidad de modificar cada seis años la rentabilidad razonable de las instalaciones, lo que «solo aporta incertidumbre innecesaria». Desde la AEE también reclamó un nuevo plan renove de parques antiguos, la apertura de los llamados servicios de ajuste a las renovables y la posibilidad de recuperar las mermas en los ingresos de las plantas cuando las previsiones del precio de mercado de la electricidad realizadas por el Gobierno no coincidan con el resultado final. Sólo estas desviaciones redujeron el año pasado en 200 millones de euros los ingresos de la eólica.

Se necesita una retribución estable

Por su parte, las empresas eólicas, tanto eléctricas como fabricantes, advirtieron de que el éxito de las convocatorias de nuevas instalaciones renovables previstas por el Gobierno dependerá de que se garantice una retribución estable. En una mesa redonda en el Congreso Eólico, directivos de varias compañías han señalado que no podrá atraerse la inversión con el actual sistema retributivo, que revisa la rentabilidad cada seis años. El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, indicó que «plantear unas nuevas inversiones basadas en una rentabilidad revisable cada tres o cuatro años no es un planteamiento serio». De esa «fiabilidad» en la retribución dependerá que las convocatorias tengan «más o menos éxito», apuntó el director de negocio renovable de Iberdrola, Xabier Viteri.

El director general de Enel Green Power Iberia, Enrique de las Morenas, considera que «quedan bastantes parámetros por definir» y que, «hasta que haya una definición de la rentabilidad a largo plazo», la reforma no podrá tener éxito. Por su parte, el consejero delegado de EDP Renovables Europa, Joao Paulo Costeira, subrayó la necesidad de una «continuidad» ya que, a su juicio, no tiene sentido hacer una subasta aislada si no va a instalarse nueva capacidad en los ejercicios siguientes. Por su parte, el directivo de Vestas, Marco Graziano, aseguró que «falta una visión a medio y largo plazo» porque «nadie va a invertir si una reforma nos dice que tenemos hoy una rentabilidad que puede revisarse en unos años».

Los directivos también abogaron por «reformar la reforma«, que asocia la retribución renovable a un pago «razonable» a lo largo de su vida útil. Este cambio, para Viteri, tendría que venir por una reforma «fiscal-medioambiental» que no cargue sobre el sector eléctrico todo el peso de los objetivos climáticos y, para Gamesa, por la revitalización de la industria. Asimismo, reclamaron a los partidos que escuchen al sector antes de acometer reformas y que eviten la politizaciónde un debate que es «técnico», al tiempo que han coincidido en su desconfianza en que España logre cumplir el objetivo renovable en 2020.