EFE.- Extremadura está más cerca de contar con energía eólica después de años de demora a consecuencia de las trabas políticas y sociales a estos proyectos por su supuesto impacto sobre el medioambiente y el turismo en la zona y por los distintos cambios de normativa. Parece posible después de que se haya conocido que la Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto ambiental del parque Merengue, en Plasencia (Cáceres), y su infraestructura de evacuación.

Con un presupuesto cercano a los 38 millones de euros, la mercantil Gas Natural Fenosa Renovables pretende instalar en la Sierra del Merengue 15 aerogeneradores con una potencia total de 39,9 megavatios. El proyecto del parque recoge una línea de enlace entre los generadores y la subestación eléctrica elevadora de 4,8 kilómetros de tramo aéreo y otros 2,1 de tramo subterráneo. Además de éste, la Junta de Extremadura tiene encima de la mesa otros 18 expedientes de solicitud de proyectos de parques eólicos, cuya potencia conjunta rondaría los 547 megavatios. En diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Plasencia anunció que no pondría obstáculos al proyecto de instalación de parques eólicos en la Sierra del Merengue.

Hace 16 años, el entonces presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue el primero en oponerse a este tipo de energía. «Si alguien quiere modificar el paisaje, que dé trabajo a 1.500 jóvenes», planteó en mayo de 2000, año en el que, según desveló el propio Ibarra, muchas empresas eólicas habían pedido al Ejecutivo regional instalar 150 parques repartidos por toda la comunidad con 6.758 aerogeneradores. A su juicio, la energía eólica debía ser concebida «como alternativa a la otra». Además, como la industria eólica también «fabrica cosas», deberían implantar las otras factorías en Extremadura.

No fue hasta 2005 cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó un decreto por el que se regulaba el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de parques eólicos. Dicho decreto recogía que las empresas tenían que comprometerse a crear 3 puestos de trabajo estable por megavatio de potencia instalada, así como a impulsar la creación de infraestructuras industriales en las áreas de influencia socioeconómica de estas instalaciones.

Se denegaron todos los proyectos

Un año después, un total de 17 empresas presentaron proyectos para crear cerca de 129 parques eólicos en la región con una petición de potencia de 3.641 megavatios, lo que demostraba, según el entonces consejero de Economía, Manuel Amigo, que «no estábamos equivocados» al exigir la creación de 3 empleos por cada megavatio instalado, una premisa que desde el primer día rechazó el PP. En 2007, el Consejo de Gobierno de la Junta denegó la autorización a todos los proyectos presentados para la instalación de parques eólicos en la región aunque anunció que abriría un nuevo proceso para adjudicar estas plantas energéticas ya que apostaba «decididamente por las energías renovables».

Según explicó Amigo, la totalidad de las iniciativas presentadas incumplían alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 192/2001 debido mayoritariamente a «problemas administrativos» que debían ser subsanados, aunque son «cosas fácilmente subsanables». De hecho, días después el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba la orden por la que se convocaba la presentación de solicitudes de autorización de instalación de parques eólicos. Ya con Fernández Vara en la Junta, la nueva convocatoria atrajo la presentación de 96 expedientes de parques. En agosto de 2008, el Consejo de Gobierno aprobó un total de 22 autorizaciones, con una potencia de 437,5 megavatios.

Sin embargo, en enero de 2010, el Gobierno central denegó la totalidad de los proyectos eólicos presentados ya que ninguno entraba en la preasignación que garantiza las primas para hacer rentables las inversiones. La denegación por parte del Gobierno socialista de la totalidad de proyectos de parques eólicos en la región fue para el PP una «tomadura de pelo» para los extremeños que atribuyó a la «docilidad» del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

La respuesta extremeña fue dada al aprobar en octubre de 2010 un nuevo decreto de regulación en la región, que permitía sustituir la condición de crear 3 empleos por megavatio generado por la posibilidad de otorgar a los ayuntamientos la cuantía mínima del 8% de su facturación anual con el fin de ajustarla al nuevo marco regulatorio. A esta convocatoria se presentaron 248 solicitudes de parques eólicos, de 43 promotores diferentes y con una potencia de 6.698 megavatios. Ya con el PP en la Junta, se anunció un retraso en la firma de autorización de las solicitudes para atender la idoneidad ambiental de los proyectos. Con la moratoria renovable del Gobierno central el número de solicitudes ha caído a 19.

De los 18 restantes, una decena ya cuentan con autorización administrativa, que fue dada antes de abril de 2015, y uno de éstos ya tiene aprobado el proyecto de ejecución, mientras que los otros 8 están en fase de tramitación. Fuentes de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura indicaron que la iniciativa que ya cuenta con el proyecto de ejecución aprobado hace referencia al parque eólico Valle de Peraleda, con una potencia total de 50 megavatios, y que se ubicaría en los términos municipales de Peraleda del Zaucejo y Monterrubio de la Serena.