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El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

Enagás, Endesa, Siemens Gamesa, Naturgy, Iberdrola y Red Eléctrica figuran en el índice de sostenibilidad de empresas DJSI World 2018

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Europa Press.- Un total de 15 empresas españolas figuran en la edición 2018 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World, por sus siglas en inglés), publicado por S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM, lo que supone una más que en la edición anterior, cuando ingresaron un total de 14.

En concreto, 30 compañías españolas fueron invitadas a participar en esta edición, respondiendo a un cuestionario de forma voluntaria y gratuita. No obstante, todas las empresas son evaluadas, contesten o no el formulario. «El 50% de las empresas que podían ser elegidas han sido escogidas», ha indicado la directora de Riesgos y Sostenibilidad de KPMG España, Jerusalem Hernández.

En esta edición, aparecen en el índice mundial Amadeus, BBVA, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Enagás, Endesa, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Naturgy Energy Group, Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre y Red Eléctrica. De estas, tres compañías no estaban en el índice mundial de 2017 y sí en esta última edición (BBVA, Bankinter y Mapfre).

Asimismo, tres empresas españolas son líderes en sus respectivos sectores. De este modo, Naturgy Energy Group lidera el sector Gas; Inditex, el sector Distribución; y Enagas, el sector Oil and Gas Almacenamiento y Transporte. «Son tres empresas españolas que son líderes en sus sectores. Esto es relevante porque dice que las empresas españolas en ciertos ámbitos destacan por su gestión sostenible. Tiene mucho valor», ha destacado Hernández.

En esta nueva edición, 3.505 compañías entre las más grandes del mundo por capitalización eran elegibles para los distintos índices, de las que se selecciona a cerca del 10% como miembros de DJSI 2018 World, en el que figuran las 317 más sostenibles, de acuerdo con criterios económicos, medioambientales y sociales. En el caso del índice europeo, están 149 empresas.

Respecto a la presencia de empresas españolas en el índice europeo, este año se incluyen 13 compañías, la misma cifra que en el año 2017. Amadeus, BBVA, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Enagas, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Naturgy Energy Group, Iberdrola, Inditex, Red Eléctrica y Telefónica son las 13 elegidas.

«Las compañías españolas, como todas las compañías del mundo, están dándole importancia a estar presentes en estos selectivos de sostenibilidad porque empieza a ser un atributo que contribuye a generar valor en las empresas y eleva su atractivo para los inversores. Las empresas españolas también quieren estar en estos selectivos», ha manifestado Hernández.

Además, la directora de Riesgos y Sostenibilidad de KPMG España considera que las compañías españolas «son reconocidas por su sostenibilidad en exámenes tan exigentes y tan complejos como este«. «La cantidad de atributos que se preguntan aquí es impresionante», ha asegurado, para después añadir que consta de 100 temas con cerca de 600 preguntas a las que hay que responder.

«Para las compañías no es fácil responder a todo y, sin embargo, las empresas españolas están sabiendo hacerlo bien», ha señalado Jerusalem Hernández, quien considera «importante» que la mayoría de las compañías de España se mantienen.

En cuanto a la cuestión geográfica, Jerusalem Hernández ha destacado que existen mercados que tienen una mayor presencia de líderes en la edición 2018 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones como es el caso de Estados Unidos, Japón y Francia.

La familia de índices que forman el Dow Jones Sustainability Index se viene elaborando desde 1999 con información solicitada previamente a las empresas de mayor capitalización bursátil, y constituye un índice de referencia para los sectores empresariales y financieros.

El DJSI, revisado anualmente por el Comité de Standard & Poors del índice Dow Jones y RobecoSAM, monitoriza el desempeño financiero de las compañías orientadas a la sostenibilidad y responsabilidad social. Se basa en un análisis de los factores económicos, ambientales y sociales. Las compañías que entran a formar parte del DJSI son reconocidas públicamente como líderes en las áreas social, medioambiental y de gran actividad económica.

«Este tipo de índices o selectivos son muy importantes porque siguen poniendo sobre la mesa que el valor de las compañías no está solo en su gestión financiera y deja de manifiesto que a los inversores les preocupa la forma en la que las empresas gestionan también otros asuntos, que de convertirse en un riesgo quebrantaría considerablemente el valor de las compañías», ha apuntado la experta.

Finalmente, Jerusalem Hernández ha puesto de relieve «el efecto reputacional» que tiene estar presente en índices como este porque significa estar «entre los mejores y todos los grupos de interés lo entienden así». Desde su punto de vista, esto genera confianza, pero también un riesgo y es que «se elevan las expectativas».

Aelec, nueva denominación de Unesa, recuerda que gran parte de la factura de la luz son costes e impuestos

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EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), nueva denominación de la patronal Unesa, analizará las medidas que adopte el Gobierno para moderar los precios de la electricidad, y ha recordado que buena parte de lo que pagan los consumidores en su factura son costes y fiscalidad. Su presidenta, Marina Serrano, ha señalado que aguardarán a conocer las propuestas que anuncie la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pronunciarse sobre una posible reforma del mercado eléctrico y la factura.

Ha señalado que la ministra ha consultado y ha pedido opiniones para ver qué soluciones se pueden dar a la subida de los precios de la luz, originada por el incremento del precio de los derechos de dióxido de carbono (CO2), de las materias primas que utilizan para generar electricidad algunas centrales, a una mayor demanda por el calor y a una menor generación eólica. Serrano ha indicado que los clientes con tarifa regulada sufren la volatilidad del mercado mayorista, aunque una parte muy importante de lo que pagan los consumidores en su recibo son costes y fiscalidad, y algunos elementos que se incluyen en la factura deberían tener otro tratamiento a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha añadido que a veces se confunde lo que realmente es el precio de la electricidad y lo que supone el coste del suministro por una serie de elementos que se han incluido en la factura que pagan los ciudadanos. La presidenta de Aelec ha recordado que la eliminación de algunos de esos conceptos del recibo de la luz se ha planteado en numerosas ocasiones, incluso en el informe que encargó el Gobierno a una comisión de expertos para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Respecto a la alarma que causa la subida de los precios de la electricidad y no al de otros servicios, ha indicado que ello se debe a que la luz es un elemento cotidiano, básico. No obstante, ha dicho que en un modelo como el de España hay un supervisor de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa los precios y un ordenamiento jurídico para reaccionar, si hay una actuación que no es correcta. «El sistema permite esos mecanismos que deberían tranquilizar a los ciudadanos», ha apuntado Serrano que, además, ha señalado que existen vías para modificar leyes y reglamentos para corregir elementos que no estén bien diseñados o adaptarse a circunstancias nuevas.

Preguntada si las subidas de la luz benefician a las eléctricas, Serrano ha recordado que hay que distinguir los ingresos de los beneficios, pues una parte de lo que se ingresa son impuestos y los costes de las compañías no son para todas iguales, pues dependiendo de cómo sea su mix de generación (diferentes fuentes de energía con las que producen electricidad), tienen una mayor o menor exposición a la subida de materias primas como el gas o el carbón.

Nueva etapa en la patronal                                                                                                                

Por otro lado, la patronal de las cinco mayores empresas eléctricas presentes en España inicia una nueva etapa con el fin de ser más austera, tras haber recortado el presupuesto en el marco de su apuesta por un nuevo contexto de electrificación en el que la transición ecológica y el autoconsumo jueguen un papel más relevante. Así, Serrano espera que el cambio no les haga «más débiles», sino «diferentes». De este modo, la patronal eléctrica busca defender con transparencia y rigor los intereses de las compañías eléctricas ante la Administración y los reguladores, facilitar la toma de decisiones internas de la asociación y abrirse al resto de agentes del sector.

«No pretendemos presionar, sino defender nuestros intereses en un Estado plural en el que la fuerza será la legitimidad de la manera de actuar, si se expone con claridad o no». Así ha resumido Serrano la nueva filosofía de la renovada patronal. «Nos desprendemos de 74 años de denominación para cumplir el papel que nos encomiendan nuestros asociados», añadió. Los cambios efectuados en los estatutos de la asociación han ido encaminados a concretar su actuación, que pasarán por centrarse en las actividades reguladas, en particular en la distribución eléctrica con el fin de garantizar un desarrollo «adecuado» que permita obtener una rentabilidad «razonable», y en los aspectos técnicos y regulados de las actividades eléctricas liberalizadas.

En este sentido, Serrano hizo alusión a la fase de alegación en la que se encuentra la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), organismo que, en el ámbito de sus funciones reguladoras, emitió el pasado mes de julio un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores de esta actividad.

Utilizar el WACC en retribución

Pese a que ha valorado positivamente que el regulador, en línea «con lo que se hace en otros países», haya emitido una propuesta «determinada» respecto a la tasa de rentabilidad haciendo uso de un análisis basado en el WACC (coste medio ponderado de capital), avanzó que harán alegaciones ya que considera que algunos elementos «podrían considerarse de otra manera», teniendo en cuenta que la rentabilidad para las redes de distribución eléctricas es «inferior» a la vigente en el entorno europeo.

Respecto a las decisiones anunciadas por el nuevo Gobierno en materia energética, la presidenta se ha escudado en ese cambio de estatutos, que ahora se centran en actividades reguladas, para evitar opinar sobre el posible cierre de centrales térmicas, de carbón y nucleares, un tema sobre el que las distintas empresas que conforman la Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP) tienen opiniones diferentes. «Las decisiones empresariales y estratégicas son de cada compañía con la sujeción al marco normativo de cada momento; tenemos una perspectiva neutra tecnológicamente», ha apuntado Serrano.

En cuanto a la apertura de la asociación a nuevos socios, tanto por movimientos corporativos en el sector, como la compra por parte de Repsol de activos eléctricos a Viesgo, como de nuevos actores, ha indicado que la entrada de nuevos miembros «se analizará en cada caso», si bien ha reconocido que el sector está en un momento de apertura.

Por otra parte, en relación a la eliminación del llamado impuesto al sol, algo que, según anunció la ministra recientemente se realizará mediante un anteproyecto de ley antes de fin de año, Serrano ha apuntado al autoconsumo como una de las nuevas características del nuevo modelo al que se dirige el sector. «Estamos dispuestos a facilitar el servicio necesario para el autoconsumo y la implementación del mismo», ha asegurado, al mismo tiempo que ha afirmado que estarán atentos a los nuevos requerimientos en caso de que finalmente se modifique el decreto que regula esta normativa.

 

La torre de gasificación de carbón de la antigua central de Elcogas ha sido demolida en Puertollano

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EFE.- La torre de gasificación de la antigua central eléctrica de gasificación de carbón en ciclo combinado de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real) ha sido demolida como parte de los trabajos de desmantelamiento de la antigua planta. La demolición de la torre de gasificación, de forma rectangular de 74 metros de altura y un total de 13 plantas, se suma a la demolición de la torre de refrigeración de 122 metros que tuvo lugar el pasado 28 de junio.

Para la demolición, que ha durado menos de 2 segundos, se han generado desde la base varias columnas de agua de 70 metros de altura con el fin de reducir la nube de polvo creada. Como medida de seguridad, se estableció un perímetro de 500 metros alrededor de los terrenos de la central, en cuyos terrenos levantará Ence una nueva central térmica de biomasa. Los trabajos de desmantelamiento de la antigua Elcogas, en la que se están invirtiendo 3,6 millones de euros, continúan con el resto de instalaciones de la planta, incluidos edificios, equipos y estructuras, excluyendo las subestaciones eléctricas y los depósitos de agua.

El Gobierno no hará «una barbaridad» con el cierre del carbón y nucleares en 2028 sin analizar el escenario climático

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno tiene «claros» sus compromisos pero también sabe qué es «lo mejor» para la economía, por lo que «no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre de las centrales térmicas de carbón y apuntó que la fecha de 2028 para el fin de la energía nuclear en España “dependerá de los escenarios climáticos”.

La ministra ha culpado al anterior Gobierno de falta de anticipación y de «irresponsabilidad» porque no se ha encontrado «nada» respecto al futuro del carbón, ni escenarios planteados ni sobre los sectores afectados. «No había nada. No sabemos los escenarios que se manejaban; una cosa de absoluta irresponsabilidad», ha apostillado la ministra, que ha añadido que las fechas de cierre del carbón «no han sido acompañadas» del proceso previo necesario, al tiempo que recordó que en los próximos 18 meses las principales centrales nucleares deberán presentar su solicitud de renovación de permiso o de cierre.

«Tenemos un problema antipático y nos encontramos que el calendario avanza y no se ha solucionado el problema», ha explicado la ministra, quien asegura que «me hace gracia el concepto de transición acelerada del que se nos acusa», pues «precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos». En su opinión, se tenía que haber hecho esa evaluación con suficiente capacidad de anticipación y «este es un Gobierno que tiene claro sus compromisos internacionales y sus desafíos, pero también que quiere lo mejor para los ciudadanos».

En cuanto al carbón, subrayó que el actual marco estratégico se verá reflejado en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero ha asegurado que la «segunda prioridad» es la del empleo nuevo en un mundo en auge pero en el que se debe hacer un «acompañamiento solidario» del empleo «en retiro».

Ribera entiende que se generen «tensiones» en las zonas donde se destruye empleo y precisamente es el carbón «el primer caso en el que esto se materializa», pero ha dejado entrever que la cuestión no es nueva sino que se debe a una falta de anticipación de la que responsabiliza no solo al anterior Ejecutivo sino también a consejeros de comunidades autónomas, patronales y sindicatos, que firmaron los planes y acuerdos anteriores. Ahora defiende que es «prioridad» del presidente del Gobierno apostar por «identificar oportunidades en cada uno de estos espacios» y acometer un plan de desarrollo local. «Si no hacemos esto, es normal que a la gente le preocupe su futuro inmediato», ha comentado.

En materia de energía nuclear, preguntada por la fecha de cierre final del parque nuclear español en 2028, la ministra tampoco encontró «ni un papel» sobre la cuestión, ni un plan nacional de residuos con el que acompañar las decisiones que permitan «transitar por sendas sólidas». Por ello, no ha descartado que 2028 sea la fecha definitiva, de acuerdo con el programa del PSOE del que forma parte y que señala el cierre de las centrales nucleares cuando estas cumplan 40 años de vida tecnológica.

Eso sí, Ribera ha dejado entrever que esa fecha dependerá de la planificación energética y de los estudios sobre las distintas sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como del futuro Plan Nacional de Residuos que ahora debe elaborar el Gobierno. «Habrá que evaluar la combinación de las distintas sendas por lo que será mejor tener ese debate cuando tengamos los escenarios y el análisis de las distintas herramientas», ha concluido.

El futuro según las compañías

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, considera viable cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años, mientras que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ve dificultades «técnicas» para parar cualquiera antes de 2027-2028. Santamaría, ha manifestado que es posible cerrar las centrales nucleares españolas cuando cumplan los 40 años de vida para los que fueron diseñadas (6 centrales en total que suman 8 reactores y que cerrarían entre 2020 y 2028) «sin gran afección». Añadió que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) será la que tendrá que liderar el estudio y el análisis de cómo proceder al cierre, pero ella cree que es «viable».

El consejero delegado de Endesa ha manifestado que cualquier sustitución de la energía nuclear tendrá que conllevar un sistema que garantice una «potencia firme» (actualmente la potencia nuclear aporta 7.700 megavatios). Además, ha señalado que se debería tener hecho un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, después de paralizarse la construcción del de Villar de Cañas (Cuenca), con capacidad para manejar 70 contenedores anuales, y ha señalado que hasta que no haya uno puede haber dificultades técnicas para parar cualquier central antes de 2027-28.

En cuanto al cierre de las centrales térmicas, Santamaría ha dicho que estas instalaciones tienen ya un papel limitado y no están «alineadas» con las políticas medioambientales de la Unión Europea. Ha recordado que Iberdrola pidió hace un año la autorización para cerrar sus 2 últimas centrales de carbón en el mundo, Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), y ha afirmado que es viable clausurar las que hay en España manteniendo la garantía de suministro eléctrico. Ha admitido que estos cierres tendrán impacto en el tejido industrial y el empleo, por lo que habrá que mitigar esos efectos con ayudas europeas como las que ya utilizan países como Polonia y Alemania para crear alternativas en comarcas afectadas por la transición energética.

José Bogas opina también que el carbón cerrará, pues al final la legislación y el coste de las emisiones de CO2 harán que no tenga encaje en el mix eléctrico (combinación de diferentes fuentes de energía que cubren el suministro). También el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, considera que «el carbón está encaminado a llegar a su fin de vida», aunque ha dicho que ese final tiene que ser justo.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que la partida de la descarbonización se juega en Asia, y ha destacado que el que haya gas natural a bajo precio será lo que reduzca el consumo de carbón en ese continente, donde las proyecciones de crecimiento del consumo eléctrico son muy grandes. En el mismo sentido, la consejera delegada de Engie, Loreto Ordóñez, destacó que su compañía ha desinvertido en la generación con carbón, aunque admitió que la ecuación económica carbón-gas no funciona porque el coste marginal de producir con carbón sigue siendo más barato.

Endesa defenderá frente a Hacienda el criterio que aplicó al fusionar su negocio renovable con el de su matriz Enel

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EFE.- Endesa irá a los tribunales para defender el criterio fiscal aplicado en la fusión de las filiales de energías renovables de Endesa y Enel, del que Hacienda discrepa y por la que ha sancionado a la compañía española y a su filial en España con una multa de 88 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha impuesto esa sanción a Endesa y a su accionista mayoritario, Enel, por los beneficios fiscales injustificados que se apuntaron por la fusión de sus negocios de renovables.

Sin embargo, Endesa considera que en la operación por la que Enel separó la participación que tenía en Unión Fenosa Renovables (Eufer) para integrarla con el negocio de renovables de Endesa no generó plusvalías, como considera Hacienda, ya que se aplicó directamente a la fusión, según han indicado fuentes conocedoras del proceso.

Endesa cree que la generación de plusvalía no tiene sentido como tal desde el punto de vista impositivo en este caso y que lo lógico tras la fusión de los negocios renovables de Enel y Endesa en la Península Ibérica era que el grupo italiano no mantuviera su participación en dos empresas que competían entre sí.

En marzo de 2010 los consejos de administración de Enel y Endesa aprobaron unir sus negocios de energías renovables en España y Portugal en una única sociedad, participada por Enel y Endesa.

Hasta entonces Enel desarrollaba su actividad de renovables en esos territorios a través de Eufer, en la que participaba Enel Green Power, filial de renovables del grupo italiano, con Unión Fenosa, mientras que Endesa lo hacía a través de Endesa Cogeneración y Renovables (Ecyr).

El Gobierno y las compañías ven conveniente desligar la tarifa regulada PVPC del precio de cada hora del mercado eléctrico

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EFE / Europa Press.- El precio de la luz en el mercado mayorista sigue en niveles más elevados de lo habitual. En este sentido, el Gobierno y las compañías eléctricas ven conveniente iniciar una reflexión sobre la formación de precios, pero de manera «pensada«.

Entre los factores que están detrás de la subida de los precios en el mercado mayorista destaca el encarecimiento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales. En concreto, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: entre mayo y agosto de 2017 era de 5,1 euros por tonelada y en el mismo periodo del presente año ha sido de 16,3 euros. También ha contribuido a estos elevados precios una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento y un incremento de la demanda, motivada por las altas temperaturas estivales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un foro organizado por Cinco Días, ha negado, no obstante, que se estén alcanzando estos días máximos históricos en los precios de la subasta eléctrica con los 74,58 euros/MWh registrados, ya que en el pasado reciente los hubo más altos, como los que se registraron en enero de 2017, en plena ola de frío. Ese mes se registró un precio medio diario máximo de 91,88 euros/MWh, cifra por debajo de los 103,76 euros de media diaria que hubo el 11 de enero de 2002. En este sentido, el Gobierno está trabajando en las políticas necesarias que permitan una evolución “racional” de los precios de la electricidad.

Las perspectivas sobre la evolución de los precios tanto de materias primas para generación de electricidad (gas y carbón) y de derechos de emisión de CO2 indican que podrían seguir subiendo según la ministra, que comparecerá el próximo 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Ribera ha avanzado que hay que adoptar medidas para asegurarse de que esos incrementos no incidan ni en la economía ni en los sectores sociales más vulnerables y, en este sentido, subrayó que la atención a los 4,6 millones de personas que están en situación de pobreza energética “debe ser prioritaria”, aunque paralelamente se inicie una «reflexión más profunda» sobre los componentes que hacen aumentar la factura eléctrica.

En este contexto, Ribera aseguró que el Ejecutivo está trabajando sobre un paquete de medidas para ver cómo puede operar en el corto plazo sobre cada uno de los componentes de la factura, algunos «muy alejados» de su capacidad de acción. «Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado… Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso», apuntó. Así, Ribera comparecerá para explicar el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto a agosto del 2017.

De este modo, para la responsable de la cartera para la Transición Ecológica está «bien» que se refleje el hecho de que generar energía de manera «sucia» es caro. «No podemos permitirnos el lujo de que en este proceso de cambio a un sistema enteramente limpio se vean afectados los colectivos con menos recursos», subrayó. El precio de la luz en el pool supone en torno al 35% de la factura para los consumidores con tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) (unos 11 millones de usuarios frente a los más de 16 millones que hay en el mercado libre), mientras que el 65% restante depende de los peajes que fija el Gobierno y de los impuestos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que no está habiendo ningún «abuso» por parte de las compañías eléctricas, que no se están beneficiando de esta subida. «Lo que está ocurriendo en el mercado mayorista es una consecuencia del CO2», indicó Bogas, que ha manifestado que ya les gustaría a las compañías que los precios de los derechos de emisión y de las materias primas como el gas y el carbón «fueran más baratos«.

No obstante, ha apuntado que podría plantearse la revisión del mecanismo por el que se fija el PVPC, mientras que la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha manifestado que no es razonable que la tarifa PVPC sea «un espejo de los precios del mercado mayorista», ya que es la que usan los consumidores con menor poder adquisitivo, que necesitan tener más certidumbre, y ha apostado por un modelo que evite que las volatilidades del mercado les afecten. Eso sí, ha reivindicado que las reformas en el sistema de fijación de precios deben hacerse de manera pensada y «no guiadas por la presión y las noticias» de la prensa.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia el «elevadísimo» y «desproporcionado» encarecimiento energético habido en los últimos dos años y ha instado a implantar medidas que abaraten este gasto como, por ejemplo, el autoabastecimiento energético. La organización ha puesto ejemplos prácticos como el de una pequeña cafetería donde contratan 9,9 kilovatios y consumen 37.000 kilovatios anuales. En esta situación, el precio aumenta de los 4.900 euros en 2016 a 6.500 euros en 2017 y llegará a una factura de 8.450 euros en 2018, un aumento del 72,45% en dos años.

Además, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, avanza que el precio de los mercados futuros no indica mejoría sobre la situación actual y se ha mostrado pesimista. Desde UPTA proponen a los autónomos vigilar que las facturas sean correctas, revisar que el contrato es el adecuado para las necesidades tanto en consumo como en precios, buscar alternativas en el mercado y comparar las ofertas, evaluar si las necesidades de consumo actuales responden a criterios de negocio y estudiar posibles inversiones que reduzcan el consumo.

Unidos Podemos también pide explicaciones

Mientras el grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una pregunta para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante el incremento de los precios de la electricidad, el diputado de Unidos Podemos-En Comú, Joan Mena, ha registrado un escrito en el Congreso en el que pide explicaciones al Gobierno sobre lo que denomina un «aumento desmesurado» del recibo de la luz, que cifra en un 12,4% más en agosto respecto a agosto del 2017, lo que supone la cuarta factura eléctrica más alta de la historia en España.

También denuncia situaciones de desatención a los usuarios y de falta de mantenimiento de las instalaciones por parte de las empresas eléctricas. Unidos Podemos, cuyas respuestas por parte del Ejecutivo las recibirá por escrito, ha calificado de «lamentables» las averías eléctricas durante el verano y se ha referido en concreto a la sufrida en el barrio de Torre-romeu de Sabadell (Barcelona). La formación que lidera Pablo Iglesias ha preguntado al Gobierno sobre los mecanismos que tiene previstos para garantizar el reconocimiento de estas averías por parte de Endesa, la compañía suministradora en este barrio barcelonés.

Endesa se muestra muy interesada en las subastas de redes de distribución de electricidad en baja tensión de Portugal

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EFE.- El presidente de Endesa en Portugal, Nuno Ribeiro, aseguró que el grupo está «muy interesado» en las subastas para las concesiones de las redes de distribución de electricidad en baja tensión que saldrán a concurso próximamente en Portugal. Según Nuno Ribeiro, «tenemos la ambición de involucrarnos en las redes eléctricas y en la distribución de electricidad» cuando sean públicos los concursos.

El presidente de Endesa, cuya compañía está presente en territorio portugués desde hace 25 años, visitó, junto con el ministro del Ambiente luso, João Pedro Matos Fernandes, varias comarcas lusas donde Endesa ha invertido en dos años 6,4 millones de euros en obras de compensación por la no construcción del embalse de Girabolhos, en la cuenca del río Mondego. Ribeiro recordó la implicación de Endesa con el sector renovable, donde seguirán apostando en Portugal, sobre todo en la parcela fotovoltaica.

Endesa se ha posicionado como la segunda eléctrica lusa suministradora de energía y la tercera en gas. Ribiero recordó que la compañía acapara el 18% de la cuota de mercado de energía suministrada con una cartera de 300.000 clientes. Además, en la sección de «grandes clientes» (empresas), Endesa es líder en Portugal, debido a sus proyectos de eficiencia energética en gas y electricidad. Endesa también está presente en Portugal en producción de energía eléctrica mediante algunas centrales que en el año 2017 aseguraron el 16% del consumo eléctrico de Portugal.

Endesa invierte 50.000 euros en la instalación de nuevos sistemas de protección, control y telemando en Ejea y Sádaba (Zaragoza)

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EFE.- Endesa ejecutó una inversión de 50.000 euros destinada a la instalación de nuevos sistemas de protección, control y telemando en dos líneas de media tensión situadas en el entorno de las localidades zaragozanas de Ejea de los Caballeros y Sádaba.

Según indicó la eléctrica, la actuación realizada forma parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por la compañía con el objeto de consolidar la calidad del servicio y adaptarse a la evolución de la demanda. Supondrá una mejora directa para 1.800 clientes dependientes de este nudo eléctrico. La instalación de los nuevos equipos y sistemas servirá para aumentar la seguridad y fiabilidad de las instalaciones, asegurar su operatividad y minimizar el tiempo de reposición en caso de que se produzca alguna incidencia en la red de la zona.

Endesa invertirá 25,7 millones euros en la renovación de la red eléctrica de la comarca del Barcelonès

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EFE. – Endesa invertirá un total de 25,7 millones de euros en la renovación de la red eléctrica de media tensión en la comarca del Barcelonès hasta 2020, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad del suministro a sus clientes.

En este sentido, el responsable de explotación de las líneas de media y alta tensión de Barcelona sur, Jorge Sánchez, ha explicado que la inversión se ejecutará en dos fases que afectarán tanto a la red de cables como a los centros de transformación.

La primera fase, en la que se invertirán 17 millones de euros, consiste en trabajos de canalización que afectarán a 100 kilómetros de la red de cables soterrados de media tensión del total de 4.200 kilómetros que actualmente tiene Endesa en la comarca.

Sánchez ha concretado que estos trabajos incluyen tanto la renovación de cables ya existentes para «mejorar la seguridad y la fiabilidad» como la construcción de nuevos ejes, que constituirán un 30% de los 100 kilómetros en los que trabajará la compañía. Además, ha añadido que las obras también están dirigidas a cambiar el voltaje de la red eléctrica de media tensión de los 11.000 a los 25.000 Kv en algunas líneas para aumentar la potencia del suministro.

La segunda fase, en la se invertirán los 8,7 millones de euros restantes, consiste en trabajos de mejora en 380 centros de transformación del Barcelonès para teledirigirlos de forma remota desde un centro de control de Endesa en la ciudad de Barcelona.

Como explica el responsable de la explotación, esto permitirá monitorizar a distancia la actividad de los transformadores, y en caso de avería, evitar que se tenga que desplazar un equipo sobre el terreno y así «conseguir respuestas más rápidas para restaurar el suministro».