Europa Press.- Las eléctricas son partidarias de reformar el esquema de funcionamiento del bono social de la luz o de buscar alternativas de protección a los consumidores vulnerables que acaben con las ineficiencias del modelo actual. Las compañías no precisan si recurrirán el nuevo reparto de la financiación del bono para 2016, si bien fuentes jurídicas indicaron que es probable que sí adopten esta decisión por una cuestión de coherencia con su propia estrategia judicial, por la que denuncian cada uno de los repartos anuales.

Frente al actual bono social, Endesa propone tres fondos distintos para proteger a los consumidores vulnerables, los dos primeros en sustitución del actual mecanismo, y el tercero centrado en la eficiencia energética y destinado a financiar mejoras en viviendas en situación de pobreza energética. Endesa, que asegura que el 97% de sus clientes están cubiertos por los más de 110 convenios de colaboración firmados con ayuntamientos y autonomías, propone que el primero de los fondos funcione de forma parecida al bono social, pero vinculando la ayuda a la renta y no a los criterios actuales.

El segundo fondo tiene como objetivo cubrir a clientes que se encuentren en una situación de pobreza energética y no puedan hacer frente a la factura de electricidad. Este fondo cubriría el 100% del recibo. La eléctrica propone financiar el primer fondo a través de la tarifa eléctrica y de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que en el segundo también se contaría con aportaciones de los ayuntamientos. El tercero correspondería a todos los suministradores energéticos y correspondería al actual Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Gas Natural Fenosa también se muestra partidaria de reformar el bono social. Su consejero delegado, Rafael Villaseca, ya indicó que sería bueno modificar el enfoque actual de esta ayuda para que tuviese «factores más ligados» a las situaciones de pobreza energética, en vez de basarse en índices genéricos. Por su parte, Iberdrola calcula que ya protege a prácticamente el 99% de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico o gas por impagos de factura mediante los diversos convenios con Administraciones Públicas y ONG.

La compañía defiende una estrategia de protección del consumidor vulnerable centrada en la colaboración con las administraciones públicas en función de las políticas que establezcan las mismas en cada caso. Desde julio de 2015, Iberdrola ya ha firmado 38 convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG para la protección de estos clientes. La protección es de aplicación a todos aquellos consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.