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Endesa detectó casi 65.000 casos de fraude eléctrico en 2018, equivalente al consumo de Palma de Mallorca durante medio año

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Europa Press.- Endesa detectó en 2018 cerca de 65.000 fraudes eléctricos y recuperó 601 millones de kWh defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante 6 meses. Según la compañía, el uso de las nuevas tecnologías y la colaboración con las Fuerzas de Seguridad y los ciudadanos están permitiendo reforzar la lucha contra este problema. Tan sólo en el último año, las denuncias de ciudadanos ayudaron a destapar cerca de 4.000 fraudes.

Durante el pasado ejercicio, 4 de cada 10 inspecciones realizadas por la compañía concluyó con la detección de fraudes. En el 48% de los casos, se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato y el resto, a otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida. Endesa incide en que el fraude eléctrico es, sobre todo, un problema grave para la seguridad y la salud de las personas, tanto para el propio defraudador como para los que le rodean. En los últimos años, se han registrado numerosos casos de incendios y descargas provocadas por la manipulación de las instalaciones.

Otro factor que agrava el problema del fraude es el crecimiento de los cultivos de cannabis que se ha producido en los últimos años. Estos cultivos van frecuentemente acompañados de enganches ilegales a la red eléctrica, que pueden llegar a generar importantes interrupciones de suministro a los núcleos de población en los que se llevan a cabo. Una vivienda utilizada como plantación indoor de marihuana consume el equivalente a 20 viviendas y la concentración de estos cultivos en determinadas zonas llega a saturar la red.

La compañía señala que el fraude eléctrico supone un perjuicio social ya que se traduce en un incremento de la factura eléctrica del conjunto de los consumidores y puede poner en riesgo tanto la seguridad como la calidad de suministro del resto de usuarios. «Además, en contra de lo que podría creerse, el grueso del fraude eléctrico en España lo cometen grandes consumidores, tanto empresas de sectores industriales y de servicios como negocios y domicilios particulares con consumos elevados», revela.

Dentro de su apuesta por la digitalización, Endesa está redoblando los esfuerzos en la aplicación de algoritmos avanzados para la detección de fraude. A la utilización del Big Data, se suman las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos años. Destacan, entre otras, los videoscopios y trazadores, que permiten inspeccionar instalaciones subterráneas, empotradas en las paredes, o inaccesibles a simple vista, para detectar, entre otras manipulaciones, la existencia de dobles acometidas.

En 2018, Endesa recibió más de 46.600 notificaciones de posibles fraudes en la línea telefónica (800 760 20) y el mail anomalias@enel.com. Mediante estos canales, los ciudadanos pueden aportar, de manera confidencial, cualquier información sobre anomalías y presuntos fraudes. Además, hay en la nueva web de Endesa un servicio para que los ciudadanos puedan realizar denuncias acerca de posibles fraudes.

Gobierno y eléctricas plantean un cierre escalonado de las nucleares, pero nunca antes de 2025 ni más tarde de 2036

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Europa Press.- El Gobierno y las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, están estudiando un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre para ellas antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036, según apuntaron fuentes conocedoras del encuentro.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el fin de abordar el futuro apagón nuclear. Las mismas fuentes indicaron que la reunión ha sido positiva ya que ha permitido avanzar en diversos temas referentes a cómo se deberá afrontar esta hoja de ruta para las nucleares. En este sentido, la decisión de no abordar el cierre para las nucleares antes de 2025 permitiría a los dos reactores de Almaraz seguir operativos más allá de su periodo de vida útil de 40 años, que se cumplen en 2023 y 2024.

Asimismo, en la reunión se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoría de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las «mayorías razonables».

Además, se estudia que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisada y supervisada por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y sus residuos. Enresa cuenta actualmente con un fondo de algo más de 5.000 millones de euros para afrontar esta labor, aunque esta cifra no será suficiente para cubrir los costes del desmantelamiento de todo el parque nuclear.

El encuentro ha sido el primero en el que el Ministerio se sienta a la vez con las tres principales compañías eléctricas ya que anteriormente se habían mantenido otros encuentros, aunque por separado, para poner sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares en España, cuya vida útil expira entre 2023 y 2028. La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018.

En el caso de Iberdrola, la compañía energética ha venido proponiendo para la generación nuclear en España varias actuaciones, entre ellas, la planteada al Ministerio de una modificación normativa que permita solicitar la renovación limitada, hasta un plazo de 40 años de funcionamiento, sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro. Con esta modificación, la compañía considera que el Gobierno dispondrá de mayor margen de maniobra para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición hacia un mix donde la energía renovable sea mayoritaria.

Por su parte, Endesa ha reiterado su apuesta por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La eléctrica presidida por Borja Prado defiende así alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que no hay otra alternativa que garantice la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayude en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

Las principales compañías eléctricas defienden en el Congreso una menor fiscalidad para afrontar más inversiones en las centrales nucleares

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP han defendido en el Congreso ante los grupos parlamentarios la necesidad de rebajar la carga fiscal a la que deben hacer frente con el fin de poder acometer las inversiones necesarias en sus centrales nucleares. Estas compañías acudieron a la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), dentro del marco de comparecencias que tienen lugar para elaborar el informe parlamentario de este organismo del ejercicio 2017.

Concretamente, acudieron a la comisión, celebrada a puerta cerrada, el director de Nuclear Naturgy, José María Nubla; el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López; el director general de Nuclear Iberia de Endesa, Gonzalo Carbó de Haya, y el director de Generación EDP, Miguel Mateos. Más allá de la actividad desarrollada en el ejercicio en cuestión, diferentes grupos han explicado que las compañías plantearon que tenían que hacer frente a «una carga tributaria inasumible» o que los costes eran «exagerados».

«Básicamente ese era el mensaje. O me bajáis los impuestos o la nuclear no me sale rentable porque no salen las cuentas», ha explicado uno de los diputados, al tiempo que otra diputada presente en las comparecencias se preguntaba cómo podían ser negocios no rentables cuando siguen operando y su voluntad es continuar haciéndolo. «Se les preguntó si era cierto que no querían seguir operando y ninguna lo afirmó, todo lo contrario. Dijeron que estaban preparadas después de incorporar modificaciones tras Fukushima y que estaban dispuestos a pasar la revisión periódica», ha asegurado esta diputada.

Y es que, según corroboró otro diputado, ninguna de las compañías expresó que el negocio fuera inviable. Es más, considera que con los datos expuestos, la sensación que dejaron fue de que tenían una «firme disposición» de mantenerse. «Van a solicitar la prórroga todos», apostilló. Una afirmación que no es unánime dentro de la ponencia, puesto que otro diputado destaca que únicamente Endesa avanzó de forma contundente que, salvo que se le impidiera, iba a pedir el alargamiento de vida de sus centrales por 10 años más, mientras que el resto, Iberdrola, Naturgy y EDP, se mostraban más a la expectativa de lo que marque para las nucleares el futuro Plan de Energía y Clima.

Así, otra diputada incidió en la necesidad de contar con esta estrategia con la suficiente previsión, y así no repetir errores del pasado. «Por eso pedimos una planificación ya. Si no, viviremos la situación de Garoña», apuntó. «Hay que dar algo de estabilidad política y previsión, y que nadie vaya a presionar ni a poner en un brete a ningún Gobierno, amenazando con cerrar», sentenció.

Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol deberán financiar el 92,8% del bono social al ser las mayores comercializadoras eléctricas

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Europa Press.– Las 4 principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España, y Repsol, que entra en el grupo tras adquirir la comercializadora de electricidad de Viesgo, deberán aportar el 92,8% de la financiación para el bono social eléctrico en 2019.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como encargada de determinar el porcentaje que corresponde aportar a cada una de las empresas tras el cambio normativo que se produjo después de las sentencias del Tribunal Supremo, ha aprobado el informe que determina el porcentaje que deben aportar las distintas empresas comercializadoras de electricidad para financiarlo en 2019.

El bono social eléctrico reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo. La normativa del bono social establece que su financiación corre a cargo de todas las comercializadoras eléctricas, por lo que la CNMC ha calculado el porcentaje asignado a las distintas compañías, que suman un total de 254 sociedades y 20 grupos de sociedades.

Así, las 5 comercializadoras con mayor número de consumidores deberá asumir el 92,8% de la financiación del bono social, mientras que el 7,2% restante corresponderá a los otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica. Endesa, con una cartera de más de 10,62 consumidores eléctricos, deberá aportar el 36,26% del importe del bono social; mientras que Iberdrola, con 10,14 millones de consumidores, financiará el 34,62%, y Naturgy (4,63 millones de consumidores) el 15,82%. EDP España (1,13 millones de consumidores) será el cuarto mayor aportador a la financiación del bono social eléctrico, con el 3,86%.

La gran novedad dentro de los principales financiadores será Repsol (656.883 consumidores), que deberá poner el 2,24% del importe al que ascienda el bono social eléctrico en 2019. La compañía presidida por Antonio Brufau entró en este grupo de principales comercializadores de electricidad del país con la compra de la comercializadora de Viesgo, que le permite contar con una importante presencia en sector minorista de electricidad y gas en España, con una cuota de mercado superior al 2% y más de 750.000 clientes. El objetivo del grupo, que desarrolla esta actividad mediante la filial Repsol Electricidad y Gas, es alcanzar en el 2025 una cuota de mercado minorista de electricidad y gas superior al 5% y 2,5 millones de clientes.

En 2017, el coste de la financiación del bono social fue de 194 millones de euros. Durante 2017, el 99% del importe de su financiación fue para consumidores que cumplían los requisitos con el antiguo sistema (consumidores con potencia contratada inferior a 3 kW, pensionistas con renta mínima, consumidores en paro y familias numerosas, entre otros). A falta de los datos definitivos, la previsión del coste en 2018 es similar.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».

El sector eléctrico pide que el Plan de Energía y Clima defina mecanismos para alcanzar la descarbonización

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Europa Press.- El sector eléctrico reclama que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contemple los mecanismos adecuados para cumplir con esa hoja de ruta hacia la descarbonización. En este sentido, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, advirtió que se debería considerar que durante la transición muchas tecnologías tradicionales, como el carbón o los ciclos combinados de gas natural, necesarias para garantizar la seguridad de suministro, no entrarán en el mercado, por lo que consideró que habrá que compensarlas con mecanismos por capacidad.

«Los ciclos combinados van a caer como moscas ya que funcionan poco», indicó Bogas, quien valoró las oportunidades que abre la transición energética para el sector, aunque subrayó que la seguridad de suministro «será muy importante». El ejecutivo señaló que los objetivos a 2030 de renovables son «perfectamente alcanzables» y suponen «una oportunidad», con la instalación anual de entre 4.000-5.000 megavatios (MW) verdes anuales, aunque indicó que las renovables deben llegar con un «óptimo económico» para evitar repercutir los costes en el ciudadano. A este respecto afirmó que la transición energética debe producirse de manera natural, con el mercado definiendo el escenario, y subrayó que tecnologías como la eólica y la solar ya son «competitivas».

Por su parte, el director del Negocio Liberado de Iberdrola, Aitor Moso, señaló que habrá que estar atentos a la publicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y subrayó la importancia de que sean definidos esos mecanismos adecuados para transitar en ese camino a la descarbonización. Moso, que además consideró necesario estudiar una revisión del actual mercado eléctrico, insistió en que la transición energética abre una «oportunidad» de nuevas inversiones y debería acabar suponiendo un menor precio de la electricidad para los clientes. «Para España, la transición es una oportunidad económica, ya que cambiar a renovables será más económico para nuestros clientes«, auguró.

Mientras, el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, destacó que la transición energética debe tener como foco el consumidor y los costes y advirtió del riesgo y el reto que puede suponer la penetración «muy relevante» de generación distribuida y su impacto en la retribución. Por su parte, el director de Operaciones de Red Eléctrica de España (REE), Miguel Duvison, puso el foco en la necesidad de seguir trabajando en las interconexiones ya que son «clave» para la transición.

La consultora Everis destaca que la movilidad eléctrica supone una nueva oportunidad de negocio para las compañías energéticas

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Europa Press.- La movilidad eléctrica supone una nueva oportunidad de negocio que las empresas energéticas en España están integrando en su estrategia para complementar su mix de producto, según datos del estudio de la consultora Everis. El informe de Everis destaca que la movilidad eléctrica comprende un nuevo ecosistema con distintos modelos de negocio, «donde tanto empresas tradicionales de movilidad y energía como nuevos actores generan ofertas de valor».

En concreto, estos modelos de negocio incluyen productos y servicios orientados a los propietarios de vehículos eléctricos, el despliegue y aprovechamiento de infraestructura para suministrar energía y el surgimiento de nuevas alternativas de movilidad de pago por uso. El informe, elaborado con la colaboración de empresas energéticas como EDP, Naturgy, Endesa, Podo o Lucera, también señala que las tendencias más destacables por las que apuestan las compañías son aquellas que potencian una propuesta de valor sólida que aporte cercanía a las expectativas del consumidor en términos de productos y servicios.

En este sentido, destaca que las preferencias que los clientes tienen son la preocupación medioambiental y una orientación cada vez mayor a una energía 100% eco, así como la facilidad de contratación online de servicios o el uso de tarifas simples y diferenciales, además de precios más económicos. Así, el informe considera que las compañías energéticas están trabajando para evolucionar hacia el concepto de multi-utility, ampliando su oferta de productos para convertirse en proveedores integrales con el objetivo de incrementar sus ingresos medios por cliente.

El estudio también valora que las energéticas se centran cada vez más en el cliente, pero subraya que esta transformación no está siendo suficientemente rápida. A este respecto, la directora del área de Utilities de Everis, Carmen Velasco, señaló que el nuevo perfil del consumidor energético «requiere que las compañías sean capaces de adaptarse a este nuevo escenario, favoreciendo la innovación, agilidad y la flexibilidad dentro de la organización». «De esta manera, las empresas podrán ofrecer nuevas tarifas, productos y servicios que cubran todas las necesidades de los clientes», añadió.

Las principales compañías eléctricas lideran los mercados liberalizados de electricidad y gas a pesar de las nuevas comercializadoras

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Europa Press.- Los 5 grandes grupos energéticos (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo) siguen concentrando la mayor parte de los mercados liberalizados de electricidad y gas a pesar de que han surgido en los últimos años nuevas comercializadoras, según datos del informe Comercializadores de Electricidad y Gas del Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Así, las comercializadoras no dependientes de las cinco grandes compañías eléctricas reunieron en 2017 el 25,6% de la energía suministrada en el mercado liberalizado de electricidad, cerca de 2 puntos porcentuales menos que el porcentaje registrado en 2015.En el mercado de gas, la penetración de las comercializadoras no vinculadas a grupos de generación se situó en el 31,9% el pasado año, advirtiéndose en este caso un incremento muy relevante de su cuota de negocio, en comparación con el 19,3% en 2015, según el informe.

Además, el 90% de la electricidad y el 97,9% del gas total suministrados correspondieron en 2017 a contratos a precio libre. En 2017, el volumen de negocio generado por las empresas comercializadoras de electricidad se cifró en 32.170 millones de euros, un 2,4% más que en 2016, cuando había descendido un 6,5% como consecuencia de la caída de precios. Por su parte, impulsados por el repunte de los precios, los ingresos de las compañías de gas ascendieron a 11.410 millones de euros en 2017, lo que supuso un aumento del 13,1% respecto al año anterior.

Familias vulnerables de Calatayud experimentan por primera vez en España el prepago de electricidad para incentivar el control del consumo

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Europa Press.- El Proyecto ReluCe, impulsado por Ecodes, Endesa y el Ayuntamiento de Calatayud, ya está en marcha. La operativa ha comenzado ya con el objetivo de incentivar el consumo eficiente de energía y control de gasto de las familias vulnerables mediante un sistema de prepago de la electricidad. Esta es la primera experiencia de este tipo que se realiza en España.

Con este sistema, el usuario es informado a través de SMS, de forma semanal, sobre la evolución de su saldo y de la previsión de necesidad de recarga, si fuera necesario, para llegar a final de mes. De este modo, el consumidor puede llevar un control sobre el gasto realizado y adecuar su consumo. Cuando el saldo está próximo a terminarse, los participantes reciben un aviso en el móvil informándole sobre la necesidad de realizar una recarga. Si no la realizan y se quedaran sin saldo, su potencia quedaría reducida hasta un nivel que les permita cubrir las necesidades básicas, evitando el corte de suministro.

El proyecto permite mejorar la gestión del gasto en electricidad en el hogar de estas familias, la planificación de los recursos económicos familiares evitando gastos inesperados y conocer los consumos de forma semanal para poder implementar medidas si se detectan consumos por encima del óptimo en cada hogar. De forma previa al comienzo de la operativa, el proyecto ha optimizado el contrato de electricidad de las 18 familias ayudándoles a tramitar el bono social en los casos que tuvieran derecho al mismo. Por su parte Ecodes, ha mantenido con las familias un continuo contacto, asesorándoles y formándoles en una mejor comprensión de la factura eléctrica y en hábitos y medidas para lograr un consumo eficiente.