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Endesa y la liga estadounidense NBA se asocian para promover el baloncesto en España

Servimedia.- La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos y Endesa anunciaron un acuerdo plurianual por el que la eléctrica se convierte en el socio oficial de energía de la NBA en España. Concretamente, Endesa, como socio oficial de la NBA en España, promoverá contenidos digitales a través de las plataformas dedicadas a la liga en España, dirigirá promociones de entradas para los partidos de la NBA en Estados Unidos y futuros partidos en Europa, y ayudará a la NBA a promover el baloncesto patrocinando eventos.

El Gobierno no autoriza la reapertura de Garoña

Europa Press.- La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a una semana de que se cumpliese el plazo para que el Ejecutivo tomase una decisión.

En una rueda de prensa convocada este martes para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto «será la de denegación» de la continuidad de la explotación porque las «circunstancias actuales» no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable –con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona– a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.

No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.

Así, el plazo para que Nuclenor pudiera solicitar su renovación expiró y, ante la apuesta del Gobierno por que la planta pudiera seguir adelante, meses después, en enero de 2014, el Ejecutivo aprobó una modificación normativa por la que una central que no hubiera cerrado por motivos relacionados con la seguridad nuclear ni la protección física, es decir por causas económicas, tendría un plazo añadido de un año para replantearse la decisión y pedir una nueva autorización.

Con esta modificación, el titular presentó el 27 de mayo de 2014, una solicitud hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpliría 60 años de operación, de acuerdo con la «práctica regulatoria existente en Estados Unidos» y porque consideraba que un marco temporal de explotación de «estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

Desde entonces, Nuclenor ha invertido en mantener la planta en una situación de reversibilidad unos 358 millones de euros y estos costes estarían en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.

El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.

Historia

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la más antigua de España –después del cierre en 2006 de José Cabrera (Guadalajara)–, fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado 42 años y medio.

En 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable por unanimidad a que la planta operase por 10 años más, hasta 2019. Si bien, el Gobierno autorizó su renovación hasta el 6 de julio de 2013.

El Gobierno despejará hoy la incógnita sobre el futuro de Garoña

EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicará hoy la decisión que ha tomado el Gobierno sobre la explotación de la central nuclear de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), en situación de parada segura desde diciembre de 2012.

La decisión se produce una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalase el pasado mes de febrero la reapertura tras dar el visto bueno a los criterios técnicos y estableciese las medidas de seguridad necesarias para que la planta pudiese volver a conectarse a la red.

La nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua del parque atómico español, es propiedad de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola.

Iberdrola ha manifestado, por boca de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, su voluntad de no reabrir la central, mientras que Endesa ha señalado que espera la decisión del Ejecutivo.

A la vista de los informes técnicos y tras un periodo de consultas las posibilidades que se abren abarcan desde un rechazo a que la planta vuelva a entrar en funcionamiento, a que se otorgue el permiso condicionado a la puesta en marcha de nuevos requerimientos técnicos e inversiones.

De esta manera, la decisión volvería a la empresa propietaria, que tendría que analizar la rentabilidad de la operación.

No es la primera vez que se produce esta situación, ya que hay antecedentes en España con la nuclear de Vandellós I, en la que tras el incendio de uno de los generadores, se impusieron fuertes requisitos de seguridad con ingentes inversiones que hicieron desistir a sus propietarios.

La nuclear de Garoña es del tipo de agua en ebullición (BWR) y tiene una potencia instalada de 460 megavatios.

La reapertura de la nuclear de Santa María de Garoña cuenta con un fuerte rechazo por parte del movimiento conservacionista que considera que no tiene sentido la reapertura de una instalación amortizada y que consideran poco segura.

Endesa considera que España debe mantener las nucleares al menos hasta 2040 y espera la decisión del Gobierno sobre Garoña

Redacción / Agencias.- Endesa esperará a la decisión que adopte el Gobierno en agosto respecto al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, una vez que la sociedad Nuclenor, en la que es socio junto a Iberdrola, no acordó presentar alegaciones en el plazo abierto por el Ministerio de Energía. No obstante, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se mostró convencido de que la producción nuclear deberá formar parte del mix energético español al menos hasta el año 2040.

Según el consejero delegado de Endesa, España no puede renunciar a las nucleares si quiere lograr la reducción de emisiones, que generan los combustibles fósiles, necesaria para cumplir sus compromisos medioambientales sin poner en riesgo el suministro y sin provocar un incremento de los precios de la energía que afecte a su competitividad, con episodios de aumento de la “volatilidad” en los precios que se podrían producir más frecuentemente. Por ello, Endesa considera que la ampliación de la vida de las centrales nucleares es uno de los principales aspectos que debe abordar la comisión de expertos para la transición energética y descarbonización de la economía, que acaba de crear el Gobierno y que debe emitir un informe en 6 meses.

En relación con la reapertura de la central de Garoña, lamentó que Nuclenor no acordara presentar alegaciones al Gobierno por el desacuerdo con el otro propietario de la central, Iberdrola. A este respecto, explicó que Endesa queda a la espera de la decisión que debe tomar el Gobierno antes del 8 de agosto para decidir si concede la autorización para que la planta pueda volver a la actividad y aseguró que la compañía respetará la decisión, ya que entiende que las decisiones sobre la política energética recaen en el Ejecutivo. «Los operadores debemos contribuir a que se apliquen», añadió el directivo, quien lamentó haber «fallado» en alcanzar una posición común con Iberdrola respecto a Garoña.

En las cuentas del primer semestre del año remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Endesa señala que registró un impacto negativo de 7 millones de euros por su participación del 50% en Nuclenor. Asimismo, las inversiones brutas de la energética incluyen una aportación de 21 millones de euros realizada a Nuclenor. Además, Endesa advierte que la situación actual de Nuclenor podría tener «un impacto relevante» sobre los resultados de sus accionistas.

Respecto a los planes de Endesa para el carbón en España, donde es posible que se cierren algunas centrales, Bogas ha indicado que en el actual contexto de mercado y regulatorio no es viable seguir adelante con la inversión. En cuanto a los resultados, Bogas se mostró convencido de que Endesa conseguirá mejorar su evolución, incluso con la implantación de un plan de acción, con el que espera lograr un ahorro de costes de entre 10 y 20 millones en lo que queda de año gracias a medidas de digitalización.

La Junta de Castilla y León asegura que el Gobierno sacará una norma para mantener la central térmica de Compostilla

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, destacó el compromiso del Ministerio de Energía con la continuidad de la central térmica de Endesa en Cubillos del Sil (León), a la que la principal accionista, Enel, ponía fecha de cierre en 2020.

Tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, la consejera ha asegurado que el Ministerio realizará los cambios normativos necesarios «con lo que le será muy difícil a Compostilla cerrar». «Es una implicación clara del Gobierno», ha recalcado la consejera. Por otro lado, la consejera ha remarcado que el Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras ha destinado hasta la fecha más de 11 millones a la puesta en marcha de 4 proyectos empresariales en la comarca del Bierzo.

Cobra (ACS) se hace con 1.550 MW en la subasta mientras Endesa, Forestalia y Gas Natural se reparten 900 MW

Redacción / Agencias.- Cobra, filial del grupo ACS, ha sido la gran vencedora de la nueva subasta de renovables lanzada por el Gobierno con la adjudicación de 1.550 megavatios (MW) fotovoltaicos de los más de 5.000 MW verdes que finalmente ha subastado el Ministerio de Energía; una puja en la que la solar fotovoltaica ha logrado resarcirse después de no haber podido concurrir a la celebrada en enero de 2016 y haber obtenido sólo un megavatio en la del pasado mes de mayo.

La subasta, que se convocaba por un cupo de 3.000 megavatios (MW) que podía ser ampliado si había ofertas con el mismo sobrecoste que la última adjudicada cuyo valor fuera nulo o inferior al fijado en una cláusula confidencial, ha asignado al final 5.037 MW (3.909 MW para instalaciones fotovoltaicas y 1.128 MW para eólicas), según indicó el Ministerio de Energía, que así aprovechó la puerta que había dejado abierta a ampliar la potencia subastada por encima de los MW previstos. Al igual que en las dos subastas anteriores, los descuentos ofertados por los adjudicatarios han sido máximos, con lo que no percibirán prima, tan sólo la retribución del mercado, lo que hará que no haya coste para el consumidor.

En la subasta, la tercera que se celebra después de la moratoria renovable de 2012 y la segunda en este año, los megavatios se han repartido entre 40 empresas y ACS, a través de su filial Cobra, ha sido a la que más potencia se le ha asignado, 1.550 MW. El grupo de energía fotovoltaica X-Elio, grupo resultante de la alianza entre Gestamp Solar y KKR, compañía que desarrolla, construye y opera plantas solares, y cuyo consejero delegado, Jorge Barredo, preside la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha entrado también con fuerza en la subasta y ha sido la segunda compañía que más megavatios fotovoltaicos se ha adjudicado, 455 MW, todo lo que había solicitado.

Entre las grandes compañías de energía, Endesa y Gas Natural Fenosa se han hecho con 339 MW y 250 MW fotovoltaicos, todos los solicitados. Gas Natural Fenosa, que en la anterior subasta se adjudicó 667 MW eólicos en los que invertirá 700 millones de euros, apuntó que invertirá hasta 165 millones en el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos. Endesa, que ya consiguió 540 MW eólicos en la anterior subasta, anunció que invertirá aproximadamente 270 millones de euros en construir la capacidad solar adjudicada en la subasta, proyectos que se desarrollarán en Murcia y Badajoz, generando 640 gigavatios por hora al año y evitando «la emisión de alrededor de 348.000 toneladas de CO2 a la atmósfera».

Con los 879 MW que se ha adjudicado en esta subasta y en la de mayo, Endesa aumentará un 52,4% su parque de renovables en España. José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha afirmado que Enel Green Power España se confirma así «como uno de los principales operadores en el ámbito de las energías renovables del mercado español». «Supone un paso muy relevante en el propósito de Endesa de ser un agente decisivo en el proceso de transición energética hacia un sistema plenamente descarbonizado en el año 2050», ha subrayado.

Los 270 millones en fotovoltaica vienen a sumarse a los 600 millones de euros ya anunciados como desembolso por la adjudicación de mayo pasado, «lo que supone superar incluso la inversión contemplada en el terreno de las renovables en el actual plan industrial de la compañía». Endesa prevé materializar esta nueva potencia desde 2019 con proyectos que comercializarán su energía en el mercado de España.

Otras grandes compañías, como Acciona, que no se presentó a la subasta de mayo, e Iberdrola, que sí lo hizo pero que no obtuvo ningún megavatio, no acudieron a la puja. Por su parte, Forestalia, la empresa aragonesa que fue la gran vencedora en las dos anteriores subastas, se ha adjudicado 316 MW, con los que irrumpe en el sector fotovoltaico y suma ya 1.924,5 MW de energías renovables con 1.500 MW eólicos y 108,5 MW de biomasa. También a Solaria se le han asignado 250 MW en esta subasta, en la que el grupo OPDE, que invierte en activos renovables y gestiona los de terceros, ha logrado 200 MW; Prodiel, 182 MW, Greenalia, 133 MW y Alter, 50 MW.

En lo que se refiere a la eólica, Capital Energy, grupo creado en 2002 y dedicado a la promoción, construcción, explotación y mantenimiento de instalaciones para la producción de energía renovable, ha salvado los muebles de esta tecnología en esta subasta con la adjudicación de más de 700 MW. Por su parte Iberdrola, que es la primera empresa por potencia eólica en España con más de 5.500 MW y que fue pionera en el desarrollo de esta tecnología en el país, apuesta actualmente como una de sus claves para el futuro por la energía eólica marina, donde está desarrollando el parque de Wikinger, en aguas alemanas del mar Báltico, así como en países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

El resultado de la primera subasta, en la que se registró una demanda de casi 10.000 MW, de los que casi 8.000 MW fueron al precio mínimo, hizo que el Ejecutivo se apresurara para lanzar una nueva convocatoria que permitiera dar cabida a ese hambre por proyectos que se quedaron fuera en mayo, gran parte de ellos fotovoltaicos, que ha sido en esta ocasión la tecnología vencedora. Al igual que la subasta de mayo, esta puja era tecnológicamente neutra y podían participar instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica en concurrencia competitiva, siendo adjudicatarias las que fueran más eficientes en costes.

Ahora la fotovoltaica ha conseguido resarcirse de la decepción que sufrió en la anterior subasta, cuando sólo obtuvo un megavatio frente a los 2.979 MW de los 3.000 que se adjudicó la eólica, después de no poder concurrir a la primera, en la que no se adjudicaban megavatios para esta tecnología. La puja se ha celebrado con los mismos criterios establecidos para la de mayo, que fueron recurridos por UNEF y por los que para deshacer los empates en los descuentos ofrecidos en primer lugar se tendría en cuenta el mayor número de horas de producción y, en segundo, el mayor tamaño de las instalaciones.

UNEF ha indicado que el resultado de la subasta supondrá una importante reactivación para el sector, con unas inversiones estimadas de 3.500 millones de euros y la creación de nuevos puestos de trabajo. Con la adjudicación de esta nueva subasta, el Gobierno prevé prácticamente alcanzar el objetivo del 20% en materia de renovables en el horizonte de 2020, que actualmente se sitúa en el 17,3%, y seguir avanzando en el camino de la transición energética.

Esta es la tercera subasta para asignar retribución a proyectos de nuestras instalaciones renovables desde la moratoria de 2012. En las subastas de 2017 se han adjudicado 8.037 megavatios de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 fotovoltaicos, 4.107 eólicos y 20 de otras tecnologías. Para asegurar la solvencia de las ofertas recibidas se ha fijado un sistema de garantías que se irán devolviendo a los promotores según cumplan hitos en la ejecución de los proyectos.

Endesa recorta un 18% su beneficio en el semestre, hasta 653 millones, por los altos precios en el mercado mayorista

Redacción / Agencias.- Endesa obtuvo un beneficio neto de 653 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 18% respecto a los 796 millones ganados en el mismo periodo de 2016, según ha comunicado a la CNMV. El resultado de la energética se vio lastrado por el aumento de los costes en las compras de energía debido al alza de los precios mayoristas eléctricos en el periodo con respecto a los del primer semestre de 2016.

La elevada producción hidroeléctrica y eólica de los seis primeros meses de 2016 llevó a unos precios extraordinariamente bajos en el mercado mayorista, mientras que el mismo periodo de este año se ha caracterizado por una fuerte reducción de estas tecnologías por las condiciones meteorológicas, lo que ha conducido a un extraordinario uso de las plantas térmicas, con un impacto desfavorable sobre el negocio liberalizado. No obstante, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, señaló que en el segundo trimestre «se ha mitigado ligeramente» este impacto de los elevados precios del mercado mayorista, gracias a la «significativa» mejora del negocio liberalizado, a la contención de los costes fijos y a la consolidación de la actividad de Enel Green Power.

Así, Bogas indicó que esta mejoría se irá consolidando en esta segunda mitad del ejercicio y se mostró «plenamente confiado» en que el grupo alcanzará los objetivos del año. Endesa tiene un objetivo para este año de beneficio neto de 1.400 millones de euros y de un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 3.400 millones de euros. Endesa indicó que su nuevo plan de acción ya está contribuyendo a mejorar los resultados de 2017, si bien su efecto total «será visible en los próximos años».

Los ingresos de Endesa en el primer semestre alcanzaron los 10.004 millones de euros, un 8,7% más que en el primer semestre de 2016. Las ventas alcanzaron los 9.792 millones de euros, un 10,8% más. En cuanto a los gastos, éstos se incrementaron un 15,1%, hasta los 7.380 millones. Los costes de la compra de electricidad para ventas a clientes finales se dispararon un 32,6%, hasta los 2.566 millones, y los costes del consumo de combustibles en las centrales térmicas se incrementaron de manera significativa, un 70%, hasta 1.056 millones, lo que dio lugar a una reducción del margen bruto en un 7%, hasta situarlo en 2.624 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo presidido por Borja Prado en el primer semestre se situó en 1.605 millones de euros, un 14% menos que los 1.866 millones de un año antes, al reducirse el margen del negocio liberalizado por el aumento de costes derivado del mayor uso de las térmicas, los mayores impuestos sobre la generación, el encarecimiento del coste de los combustibles y el incremento de los costes medios de la compra de electricidad al aumentar en un 70,4% el precio en el mercado mayorista. No obstante, la caída del Ebitda se ha visto mitigada por la contribución de Enel Green Power España, la filial de renovables, que ha aportado 132 millones de euros de margen.

La deuda financiera neta de Endesa aumentó 676 millones de euros con respecto al cierre de 2016, hasta situarse en 5.614 millones de euros al 30 de junio. Las inversiones brutas se situaron en 392 millones de euros, un 19% menos, de los cuales 309 millones de euros correspondieron a inversiones materiales, 41 millones de euros a inversiones inmateriales y 42 millones a inversiones financieras.

Respecto al dividendo, la junta general de accionistas de Endesa celebrada en abril aprobó la distribución de un dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2016 por un importe bruto de 1,333 euros por acción, lo que supone un total de 1.411 millones de euros. Este importe es igual al resultado neto consolidado de Endesa de 2016. Para este ejercicio, la compañía energética ratifica su objetivo de retribuir al accionista con un dividendo bruto por título mínimo de 1,32 euros.

En términos operativos, la producción eléctrica peninsular de Endesa fue de 29.601 gigavatios hora (GWh), un 20,8% más que en el primer semestre del año pasado, y las tecnologías nuclear y eólica representaron el 54,7% del mix de generación peninsular, frente al 72,8% que suponían en el primer semestre de 2016. La producción en los territorios no peninsulares ascendió a 6.263 GWh, un 5,5% más. Finalmente, Endesa encabezó las alzas del principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, con un repunte del 3,52% hasta los 20,44 euros por acción a pesar del recorte en su beneficio. Durante la sesión, se compraron y vendieron 1,6 millones de títulos de la compañía por un valor de 33,05 millones de euros.

La cara oculta de las subastas

Se ha celebrado la tercera subasta de potencia renovable en un corto período de tiempo. Subastas que han introducido una cierta sensación de aceleración artificial en el sector renovable español, lo que podría llamar a equívoco a cualquier observador externo. El resultado, como se conoce, es una adjudicación de 3.909 MW de nueva potencia fotovoltaica y 1.128 MW eólicos. Hasta aquí, se cumplen las previsiones de esta nueva subasta de suelo móvil retributivo. Más allá de lo publicado, el envés de la trama, la cara oculta de estas subastas merece una atención más contextualizada.

Es de reconocer la utilidad de la combinación de subastas sucesivas para el propio tacticismo del Ministerio de Energía. En primer lugar, muestra de forma repentina una posición ferviente en pos de las energías renovables, urgidos como estamos a la vez por el cumplimiento de los objetivos españoles para 2020 tras el parón de la primera legislatura prolongada de Mariano Rajoy y de los efectos la reforma eléctrica. Eso, y la situación de los proyectos resultantes de la primera subasta, ha inducido a la técnica del más madera para que los proyectos, por acumulación, vayan entrando en funcionamiento. En todo caso, adjudicar nueva potencia renovable era ya algo obligado, con lo que el Ejecutivo ha hecho de la necesidad, virtud.

En segundo lugar, de forma no menos sibilina, el Ministerio busca un elemento justificativo para promover un recorte adicional de la rentabilidad razonable a partir de 2020, lo que ya se ha expresado como voluntad inquebrantable en círculos públicos y privados. Sería ejecutar otro tajo para volver a una nueva espiral de inseguridad jurídica, arbitrajes y conflictos jurisdiccionales. Esquemáticamente, esta construcción argumental se resume así: Si convocamos subastas y su resultado es que la retribución es a mercado puro y duro, sin incentivos: ¿Qué necesidad hay de retribuir la potencia instalada en el pasado, aunque ya hayamos realizado un recorte hasta el 7,39%? Por tanto, hasta el cero incentivos todavía es posible aplicar una segunda ronda de pasar el cepillo.

En tercer lugar, no menos importante, el Gobierno se aprovecha de la encarnizada lucha entre tecnologías por la nueva potencia. Así se contextualiza el hecho de cebar la bomba de la confrontación intertecnologías de forma que el resultado de las primeras subastas fue predominantemente eólica y esta última fotovoltaica, lo que permite presentarse al Ejecutivo de una forma salomónica y calculadamente equidistante, mientras la artillería retórica se entrecruza. Pero es más, en este contexto de sobrecapacidad, esta confrontación se extiende al resto de tecnologías, que el Ejecutivo quiere mantener pese a los propios titulares de las instalaciones, dado que todos tienen incentivos a que de una u otra forma se trate de retirar potencia, por motivos ideológicos, medioambientales o económicos.

Empresarialmente, su resultado ha supuesto la irrupción con fuerza en el sector renovable de Forestalia con la nueva potencia adjudicada enlas tres subastas y, por orden de magnitud,tanto de Enel Green Power (Endesa) y de Gas Natural Fenosa, reforzando su mix de generación renovable, así como en esta última subasta de los grupos ACS y el grupo X-Elio.

Finalmente, estas rondas de subastas no han quedado exentas de cuestionamientos y polémicas por varios motivos. La complejidad de las mismas, que requirió que el propio Ministro advirtiera a los posibles pequeños concurrentes, después del florecimiento de los operadores maverick, sobre el margen de riesgo regulatorio que el Gobierno se da a sí mismo, para que se hicieran a la idea de la discrecionalidad regulatoria a la que se pueden exponer. Para esa discrecionalidad el Gobierno prefiere un sector empresarializado en lugar de afrontar un escenario de agitación como la ocurrida en el pasado con los pequeños productores fotovoltaicos, además de evitarse los riesgos existentes de que los proyectos no llegasen a entrar en funcionamiento por falta de músculo financiero.

También abonó la polémica la estrambótica falta de neutralidad de cada subasta como evidencian los resultados extremos y maniqueos de cada una. Y, finalmente, la propia controversia que se ha transparentado allende nuestras fronteras en referencia a los “retrasos” y ausencias en la (in)comunicación y notificación de las subastas a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Atentos.

Iberdrola y Endesa no alcanzan un acuerdo en Nuclenor sobre el futuro de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- El consejo de administración de Nuclenor volvió a vivir un nuevo episodio de bloqueo respecto a la posibilidad de adoptar una decisión en común sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ante la falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa, los propietarios al 50% de la sociedad dueña de la planta.

El órgano gestor de Nuclenor había convocado una nueva reunión con el objetivo de consensuar una posición que presentar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dentro del periodo de alegaciones abierto por el Gobierno pero, una vez más, fue imposible el acuerdo entre sus dos accionistas. En concreto, Iberdrola, en el primer punto del orden del día del consejo, propuso la presentación inmediata del desestimiento de la autorización de reapeartura de la central al considerar que «no cabe ninguna otra alternativa a la viabilidad económica de Nuclenor que el desestimiento», según fuentes empresariales.

Sin embargo, Endesa planteó, en un segundo punto del orden del día, la presentación de alegaciones, dentro del proceso abierto por el Ministerio de Energía, una propuesta que Iberdrola consideró que no resultaba «jurídicamente viable», ya que puede abocar a que el Ejecutivo conceda la renovación de la central nuclear. De todas maneras, Nuclenor tendría siempre el veredicto final sobre Garoña aunque el Gobierno decidiera dar el visto bueno a la reapertura. En todo caso, no podría desviarse del informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 8 de febrero, que permitía la continuidad de la central nuclear con una serie de condiciones, que supondría unas inversiones calculadas en unos 200 millones.

Este no es el primer distanciamiento en el seno de Nuclenor entre ambas compañías. En abril, la sociedad celebró un consejo y una junta general en la que Iberdrola planteó desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, sin que se llegara a un acuerdo. En la pasada junta general de accionistas de Iberdrola, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán ya denunció que en las actuales condiciones el negocio nuclear no era viable. Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado también ha dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno.

El Gobierno confirma a los sindicatos mineros que aprobará un decreto para impedir el cierre de las térmicas consideradas “estratégicas”

Europa Press.– El Gobierno aprobará próximamente un real decreto “para impedir el cierre de las centrales térmicas que considere estratégicas”, según aseguró el secretario de Minería de UGT FICA, Víctor Fernández tras reunirse para abordar el futuro del carbón con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que confirmó este extremo.

«Estamos en contra del cierre de las centrales térmicas porque son necesarias para el país», subrayó Fernández, quien aseguró que, de todas maneras, «el tema prioritario es que se compre carbón autóctono«, ya que apenas se han vendido 2,4 millones de toneladas carbón nacional frente a los 17 millones de toneladas de carbón de importación. «Es inadmisible, debe reequilibrarse», aseveró.

Enel, principal accionista de Endesa, confirmaba en mayo que, en base a la vigente normativa ambiental y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, cerraría sus centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) antes del 30 de junio de 2020. Asimismo, Gas Natural Fenosa también anunció que acometería un «cese paulatino» de la actividad de su central térmica de Anllares hasta 2019.

Por su parte, el secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Jesús Crespo, indicó que hay que «dejar al Ministerio que actúe, ya sea a través de un real decreto o de los mecanismos que tenga», para que las justificaciones para el cierre de las centrales «sean mayores de las que se están diciendo«. Asimismo, Energía y los sindicatos han acordado retomar las reuniones, «ya sea como Comisión de Seguimiento o como se quiera», a partir de septiembre, con el objetivo de trabajar por el futuro del sector, indicó Fernández, que mostró su deseo de que estas reuniones tengan carácter mensual.

A este respecto, los sindicatos piden abordar la situación del sector con Europa para que el carbón «siga teniendo futuro» y trabajar en un dictamen para dar a conocer el marco de actuación de la minería del carbón dentro de la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, han propuesto al Ministerio analizar la situación del sector para 2017-2018 y llevar a cabo a partir de 2019 un nuevo plan social. Mientras, Crespo, que valoró que el diálogo con el Ministerio de Energía «se mantenga abierto», insistió en la necesidad de que el carbón nacional siga «siendo parte del mix energético«.