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Goldman Sachs pone números al terremoto regulatorio sobre el sistema eléctrico de España que el Gobierno piensa desencadenar en 2019

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Javier Angulo.- Una reunión con responsables del Ministerio de Energía y el consecuente informe de Goldman Sachs sobre las conclusiones. Así caduca el mantra enarbolado por la Administración Rajoy de que las medidas puestas en marcha por el binomio Soria-Nadal servían para aportar estabilidad al sistema eléctrico. Se avecinan nuevos recortes retributivos en las actividades reguladas y la recomendación de la entidad financiera estadounidense es clara: invertir en las utilities españolas no es buen negocio: caerán un 8% de media hasta 2025.

A nivel bursátil, Goldman Sachs considera que el mercado no está descontando el impacto sobre las cuentas de las compañías energéticas que puede producirse a raíz de la revisión regulatoria que se producirá a finales de 2019, al finalizar el primer periodo regulatorio de 6 años establecido por el Gobierno en la denominada como reforma energética, con los consiguientes efectos sobre los ingresos percibidos por redes y renovables. Un nuevo ajuste contable que viene a sumarse a la reforma de 2013, con un impacto aproximado de 10.000 millones de euros para enjugar el déficit tarifario.

Tal y como ha manifestado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y pudo corroborar ante los enviados de Goldman Sachs el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, la intención del Gobierno es aplicar en su literalidad la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y mantener la rentabilidad razonable, establecida para las actividades reguladas, ligada al rendimiento del bono español a 10 años más 300 puntos básicos, eso sí, calculándose en cada momento de revisión retributiva y desde las perspectivas de las instalaciones tipo bien gestionadas. En consecuencia, el recorte retributivo que el Gobierno ejecutará para las redes de transporte y distribución de electricidad en el período regulatorio 2020-2025 puede alcanzar un recorte de la rentabilidad de un 40%. Igualmente, y por el mismo procedimiento, salen mal paradas las renovables, con un nuevo ajuste de hasta un tercio en su rentabilidad.

En este sentido, Goldman Sachs aconseja ser cautelosos con las compañías energéticas españolas y cambia directamente su consejo sobre Acciona, donde ahora mantiene una posición neutral y en la que hasta ahora venía recomendando entrar a los inversores. Más tajante es su cambio de postura con Red Eléctrica de España. La compañía presidida por José Folgado puede ser una de las grandes damnificadas de los nuevos recortes al depender en gran medida de su retribución como operador del transporte, tras sortear las reformas anteriores. Por ello Goldman Sachs aconseja vender las participaciones en la compañía. En el resto de utilities, mantiene una postura neutral respecto a Enagás e Iberdrola, mientras que aconseja abandonar posiciones en la compañía lusa EDP, en Endesa y Gas Natural Fenosa.

Precisamente la principal perjudicada en Bolsa desde que se conoció el informe de Goldman Sachs es Gas Natural Fenosa, con una caída acumulada en las dos últimas sesiones del 3,08%, similar al 3,07% perdido por Red Eléctrica. Por su parte Acciona ha caído un 2,75% en las dos últimas sesiones, acercándose a perder los 70 euros por acción, mientras que Endesa perdió un 1,78%, poniendo en peligro los 20 euros pero en unos números que no llaman especialmente la atención al situarse en cifras muy similares a las de Iberdrola, que con un negocio más internacional también cayó un 1,76%.

Otro de los aspectos señalados por Goldman Sachs en su informe es que la nueva potencia renovable subastada durante este año, que debería comenzar a operar antes de 2020 para cumplir los objetivos europeos, supondrá introducir una mayor presión a la baja sobre el precio del mercado mayorista de electricidad (pool) por el aluvión de megavatios de energía eólica y fotovoltaica. Por ello, ante estas perspectivas, Goldman Sachs subraya que no hace “ninguna recomendación de comprar en la región” y, al contrario, recomienda vender, principalmente EDP y Endesa, donde calcula un riesgo de caída de rentabilidad de hasta el 15%.  De hecho, la caída media de rentabilidad en las empresas del sector que se anticipa es del 8%, dependiendo el mayor o menor impacto de su exposición al mercado español y su participación en las actividades afectadas por esta revisión retributiva que prepara el Gobierno.

Moody’s asegura que las subastas de renovables encarecerán los costes aunque ve positivo su resultado para Endesa y Gas Natural

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Europa Press / EFE.- La agencia de medición de riesgos Moody’s considera positivas para Endesa y Gas Natural Fenosa las adjudicaciones de nueva capacidad renovable que obtuvieron en las últimas subastas celebradas en España, aunque advierte del riesgo que supondrá su mayor exposición a los precios del mercado. En este sentido Moody’s ha alertado de que las dos subastas de renovables bajarán los precios del sistema pero aumentarán los costes y la exposición al riesgo de las empresas adjudicatarias.

Entre las subastas de mayo y julio se han adjudicado un total de 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. Moody’s calcula que esto aumentará la capacidad de energía solar y eólica de España en un 29% para el final de 2019, hasta los 35.000 MW, lo que supondrá un paso más hacia el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea para 2020, que exigen que estas energías alcancen un peso del 20% del total. Además, augura que esta nueva potencia ayudará a reemplazar la producción a partir de carbón doméstico, que probablemente cerrará al final de la presente década.

Además, considera positivo que Endesa se adjudicase 879 MW y Gas Natural Fenosa, un total de 919 MW, ya que crecen sus «relativamente bajos» porcentajes de potencia renovable instalada, en un 50% y un 94%, respectivamente, en detrimento de la energía de origen térmico, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2, lo que servirá para apoyar las estrategias de estas compañías de avanzar en una generación de energía libre de emisiones. Sin embargo, Moody’s estima que estas subastas de renovables reducirán los costes de la electricidad y transferirán el riesgo que soportaban el sistema y los consumidores a las comercializadoras, lo cual es «positivo» para la viabilidad del sistema», pero «negativo» para las empresas adjudicatarias de los proyectos.

Riesgos para productoras y comercializadoras

En este sentido, Moody’s cree que estas empresas estarán más expuestas a los riesgos de los precios del mercado, aunque apunta que empresas como Endesa y Gas Natural cuentan con capacidad suficiente para gestionar este riesgo a través de la optimización del uso de sus parques de generación de energía y de sus bases de suministro a clientes. Además, considera que cuentan con una ventaja sobre empresas más pequeñas a la hora de afrontar esos riesgos, entre otras la integración de su producción renovable en una cartera de generación más diversificada. Asimismo, al alinear su mix de generación con el promedio del mercado ibérico, reducirá el riesgo que tienen por su sobreexposición a tecnologías que serán desplazadas en el futuro.

La agencia cree que la capacidad adicional de las renovables añadirá «una presión negativa a largo plazo» sobre los precios medios de la energía en España desde 2020, debido a que las energías renovables se producen con unos costes variables «muy bajos«. Así, la energía térmica, más cara, será también menos frecuente, lo que reducirá los precios medios del pool.

Si estos precios bajan, el efecto negativo lo asumirán las comercializadoras con alto volumen de costes fijos, como Endesa e Iberdrola, alerta Moody’s. Asimismo, para el sistema eléctrico, la agencia estima que se ahorrarán aproximadamente 330 millones de euros en ayudas para los 8.000 MW adjudicados en las subastas, al haberse saldado sin primas para los promotores, lo que mejorará la viabilidad y sostenibilidad del sistema, al eliminar el riesgo de cambios retroactivos en el marco regulatorio de las renovables, como el realizado en 2013.

Calidad Pascual probará en la isla de Mallorca la posibilidad de electrificar su flota comercial de la mano de Endesa

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EFE.- Mallorca ha sido el lugar elegido para un proyecto piloto demostrativo de movilidad eléctrica de la empresa Calidad Pascual, que prevé electrificar toda su flota comercial en España. El anuncio lo realizó el coordinador de Movilidad Sostenible de la empresa, José Carlos Espeso, en el II Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible, según indicó Endesa, que hará posible el plan piloto. El plan empezará a partir del 16 de octubre.

Endesa tiene desplegada en Mallorca una red de 6 puntos de carga rápida situados estratégicamente a lo largo de la isla que permite recorrerla toda en coche eléctrico 100%, sin temor a quedarse sin batería. Endesa además instalará en la delegación comercial de Calidad Pascual en Mallorca puntos de carga semirápida. «Con este piloto se quiere testear si la movilidad eléctrica a día de hoy es una opción real que garantice la movilidad comercial a las compañías», apuntó Espeso, que ha añadido que la empresa busca hacer «un demostrativo que sirva como punto de inflexión» en España a la hora de la toma de decisiones por parte de las compañías.

La plantilla de Nuclenor ratifica con 145 votos el preacuerdo de ERE en Garoña

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EFE.- La plantilla de Nuclenor ha ratificado hoy el preacuerdo laboral alcanzado el pasado viernes entre sindicatos y empresa, con 145 votos a favor y 64 en contra, después de que cada empleado haya conocido cuáles son las condiciones aplicables ante el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

En declaraciones, Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta negociadora, ha destacado el apoyo «mayoritario» al preacuerdo, «el mejor que se ha podido obtener«.

Los trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en Valle de Tobalina (Burgos), han conocido esta semana cómo les afectaría de manera particular los acuerdos alcanzados.

Nuclenor, empresa propietaria participada por Endesa e Iberdrola, ha mantenido encuentros individuales con la plantilla, formada por 227 miembros, ha recordado San Millán. Y, con esa información en las manos, la comisión negociadora ha sometido a referéndum el preacuerdo, que ha salido adelante con 145 votos favorables, de los 211 emitidos. Un apoyo «mayoritario» de la plantilla de Nuclenor, que «pone en valor el trabajo» realizado por los sindicatos, aun cuando se han registrado 64 votos en contra y dos votos nulos.

San Millán ha insistido en que el preacuerdo, cerrado el pasado viernes tras un mes de negociaciones, es «el mejor que se ha podido obtener», con las mejores condiciones posibles.

Esta semana los sindicatos también se lo han intentado explicar a todos los trabajadores y «la plantilla ha ido a votar sabiendo su situación particular», ha insistido el delegado sindical.

Una vez ratificado el acuerdo, Nuclenor tendrá que comunicárselo a la autoridad laboral, para que lo autorice, y se deberá elaborar un documento definitivo de expediente de regulación de empleo. Deberá incluir nombre a nombre qué empleados se quedarán en Santa María de Garoña para el desmantelamiento, quiénes serían recolocados en centros de Iberdrola y Endesa y quiénes prejubilados.

En términos generales, serán 120 los trabajadores que mantengan su puesto en Garoña, mientras que una treintena serían prejubilables y alrededor de 68 tendrían opción de recolocación.

Pedro San Millán ha explicado que Nuclenor ha planteado también una indemnización de 20 días por año trabajado, según marca la norma laboral, para aquellos que rechacen las recolocaciones.

Cuando Nuclenor presente a los sindicatos el documento definitivo se abrirá un plazo máximo de un mes para consultas y negociación, y una vez aprobado se remitirá a Trabajo. En el momento que la autoridad laboral lo autorice, el expediente de regulación de empleo podrá ser aplicable, ha apuntado San Millán.

La plantilla tendría que estar reorganizada para finales de año, como ya puso de manifiesto Iberdrola en el mes de agosto, quedando solo en Nuclenor los 120 empleados destinados al desmantelamiento.

El 1 de agosto, el Ministerio de Energía anunció la denegación de la autorización de prórroga de la explotación de Garoña, solicitada por Nuclenor en 2014. Con esa decisión se puso el punto final al funcionamiento de la nuclear burgalesa, iniciándose un proceso de desmantelamiento que lleva aparejada la reorganización de la plantilla.

La comisión mixta negociadora, con miembros de los sindicatos y Nuclenor, inició las reuniones el 10 de agosto y, un mes más tarde, han alcanzado el preacuerdo ratificado hoy por la plantilla.

Endesa adjudica a Electro Power Systems la construcción de su gran batería de iones en la central térmica de Carboneras

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EFE.- Endesa ha adjudicado a la empresa Electro Power Systems (EPS) la construcción de una batería de iones de litio, que será la mayor instalada en España, en Carboneras (Almería), un proyecto en el que la compañía invertirá más de 11,5 millones de euros, según indicó.

El proyecto se espera que esté listo en junio de 2018 y permitirá a la central de Carboneras adaptarse a las necesidades del sistema eléctrico sin alterar su ritmo de generación. La batería tendrá 20 megavatios (MW) de potencia y 11,7 megavatios hora (MWh) de capacidad. El proyecto incluye el suministro e instalación del banco de baterías, inversores y transformadores elevadores de tensión, así como dos transformadores auxiliares para la conexión con la central, transformadores adjudicados a la empresa ABB.

Actualizarse a las energías renovables

La central de Carboneras está diseñada para generar electricidad constantemente, algo que viene haciendo desde que se puso en marcha su primer grupo en 1985. El diseño original de la central, adaptado al sistema eléctrico de los últimos 30 años, tiene ahora que actualizarse a la nueva situación, con una notable penetración de renovables intermitentes, principalmente eólica, que obligará a modular la producción de la planta y aplicar funciones de respaldo para cubrir la demanda.

El gran sistema de almacenamiento de energía del que se le va a dotar se conectará a la red auxiliar de la central y le aportará más flexibilidad, al tiempo que mejorará su respuesta ante fluctuaciones de carga en el sistema de electricidad derivadas de la intermitencia derivada del aumento de penetración de las renovables. Además, la batería reducirá los costes de mantenimiento de los principales componentes de la central y alargará su vida útil.

Castilla y León descarta que crear un impuesto al desmantelamiento de Garoña afecte a otras decisiones de Endesa e Iberdrola

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EFE.- La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que el impuesto que prevé crear sobre las actividades de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña vayan a perjudicar a otros puntos de Castilla y León en forma de decisiones empresariales de desinversiones.

Preguntada por los planes de su departamento para incluir este impuesto en los Presupuestos de Castilla y León para 2018, Del Olmo prefirió no dar detalles sobre las características que tendrá y la «potencia recaudadora» que estiman, ya que está a expensas de negociarlo con los grupos de la oposición. Tampoco aclaró si se tratará de un nuevo impuesto o si se incluirá como un nuevo hecho imponible dentro del impuesto medioambiental que ya tiene en su cartera fiscal la Junta de Castilla y León.

En lo que confía la consejera es en que las decisiones empresariales que pueda tomar Endesa, copropietaria de Garoña junto a Iberdrola, se vean condicionadas por este futuro impuesto a la hora de tomar decisiones en otros puntos de la comunidad, como en el caso de la central térmica de Compostilla, en León, con dudas sobre su continuidad. «Las empresas deciden por criterios de rentabilidad económica», explicó Del Olmo, para quien si Endesa compra o no carbón autóctono depende de si le resulta rentable o no, independientemente de la fiscalidad que se aplique en Garoña.

Endesa convoca la tercera edición del concurso Las ideas se mueven para promocionar la eficiencia energética

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Servimedia / EFE.- Endesa, con la colaboración de la Fundación Universidad Empresa, convocó la tercera edición del concurso Las ideas se mueven, dirigido a jóvenes de hasta 26 años matriculados en universidades y centros de Formación Profesional de grado superior de Andalucía y Extremadura para que presenten iniciativas vinculadas a la innovación en materia de la eficiencia energética, electrificación de la demanda, protección del medio ambiente, excelencia en la atención al cliente o calidad del servicio energético.

Hasta el 12 de noviembre

El objetivo del concurso es, según la compañía energética, «acercarnos al talento joven, escuchar sus ideas e impulsarlas para que lleguen lo más lejos posible».  El plazo para la recepción de las ideas finaliza el próximo 12 de noviembre. Después, un jurado seleccionará las 3 ideas finalistas y sus creadores tendrán la oportunidad de mejorarlas y darles forma junto a expertos del sector. En diciembre, está previsto realizar el fallo del jurado y la entrega de premios en la sede social de Endesa en Sevilla.

El ganador del primer premio recibirá 3.000 euros y una beca en el programa de iniciación profesional Bridge, que combina una formación académica, valorada en 14.300 euros sobre desarrollo profesional y nuevas tecnologías, con prácticas remuneradas en Endesa. Se concederá también un premio de 1.500 euros para el segundo clasificado y de 1.000 euros para el tercero. Asimismo, se entregará un reconocimiento al centro cuyos alumnos han tenido mayor participación.

La propietaria Nuclenor y los sindicatos alcanzan un preacuerdo de ERE para la plantilla de la central nuclear de Garoña

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EFE.– Nuclenor, propietaria de la central nuclear Santa María de Garoña, y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicará a los 227 trabajadores de la planta ubicada en Valle de Tobalina (Burgos) Tendrá que ser ratificado por la plantilla la próxima semana.

Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta que desde agosto negocia las condiciones del ERE, explicó que el preacuerdo firmado se ha cerrado con la unanimidad de las cuatro centrales sindicales (UGT, USO, ALOG y ACN/ATYPE), y la parte empresarial. Tras el preacuerdo, los plazos que se manejan pasan ahora por informar del mismo a los trabajadores para que lo voten el próximo jueves mediante un referéndum. «Son las mejores condiciones que hemos podido obtener, aunque entendemos que no a todos van a gustar», reconoció San Millán, quien, sin embargo, no quiso avanzar los datos del preacuerdo.

Se ha impuesto un criterio de confidencialidad en las reuniones y, además, la próxima semana Nuclenor tendrá que comunicar a cada uno de los empleados cómo les afecta en particular el texto. Lo que sí se sabe es que el ERE se sustentará en prejubilaciones y recolocaciones en centros de Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor. Además, como Iberdrola ya avanzó, para finales de año solo deben quedar 120 trabajadores, que se encargarán de gestionar el proceso de desmantelamiento de Garoña. De este modo, aproximadamente un 47% de la plantilla saldrá de la central nuclear con recolocaciones y prejubilaciones, aunque todavía no se han cerrado los datos, indicó San Millán.

Si la plantilla acepta las condiciones, se iniciará el diseño del ERE por parte de Nuclenor, que tendrá que comunicarlo a Trabajo. A continuación se abrirá un nuevo periodo de negociación sobre el documento y, cerrado un acuerdo, el expediente se remitirá a Trabajo para su autorización, ha recordado San Millán, que insiste en que el haber llegado a un acuerdo es «positivo» y es «lo mejor que puede pasar».

La entidad ecologista Adega asegura que Endesa «va a contaminar» el río Eume para limpiar el embalse de A Capela

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EFE.-  La entidad ecologista Adega asegura que la firma Endesa «va a contaminar» el río Eume a causa de su «proyecto de vaciado de los barros tóxicos situados en el fondo del embalse» de A Capela (A Coruña). En este sentido, Adega señala que la compañía va a «cumplir la ley 50 años después y liberar el caudal ecológico del río, secuestrado por el embalse», decisión adoptada «en 2011 tras la denuncia de la Fiscalía Ambiental».

La asociación ha considerado que el «procedimiento se demoró a lo largo de 6 años y sufrió modificaciones sustanciales». El plan, ha valorado, «está a punto de ser autorizado» por Augas de Galicia, que «obligó a la empresa a cambiar el proyecto» ante «las alegaciones de los colectivos ecologistas». Así, acordó establecer «un sistema de extracción de los barros y de control de los eventuales vertidos para minimizar la afección» al cauce, al parque natural de As Fragas do Eume y a los «aprovechamientos pesqueros» de la ría de Ares.

Adega indicó que la Xunta, con su «propuesta de resolución, pretendía obligar a dragar por succión y transportar los barros tóxicos fuera del vaso para su tratamiento, además de exigir una monitorización casi continua con controles de contaminantes». Sin embargo, el colectivo cree que «no era suficiente» y que antes de «autorizar cualquier desagüe» se tendrían que adoptar medidas como «una batería de análisis». De esta forma, se detectarían «sustancias tóxicas acumuladas en los barros tras 50 años de mina y central». «Acudiendo a precedentes legales, de existir dudas razonables sobre la inocuidad de las obras, debería denegar el proyecto», remachó sobre Augas de Galicia.

Para la agrupación, la firma eléctrica «insiste en que se le autorice a verter» y «reconoce que por más sedimento que se pueda retirar no se evitará la punta inicial de materiales en suspensión tras la apertura de desagües». A su entender, «lo que se pretendía evitar, que los barros tóxicos fuesen río abajo, va a acontecer«. Finalmente, Adega ha estimado que Endesa «califica también de inviable en la práctica el sistema propuesto por Augas de Galicia» para retirar los sedimentos, «una combinación de aspiración, depósito y transporte en barcaza». Asimismo, «reconoce que el volumen estimado a retirar, 1.200 metros cúbicos, debería ser variable al alza o a la baja».

Las principales compañías piden consenso en la Ley de Transición Energética y que se actúe más allá del sector eléctrico

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Redacción / Agencias.- Algunas de las empresas del sector energético español coincidieron en destacar la necesidad de alcanzar un consenso en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabaja el Ministerio de Energía, agradecieron la seguridad jurídica que la norma tendrá al tener rango de ley y reclamaron que el foco recaiga también en la edificación y el transporte y no solo en el sector eléctrico.

Altos cargos de varias empresas energéticas españolas analizaron los aspectos más relevantes del sector energético español ante la nueva legislación. Participaron en el acto el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia; los presidentes de Red Eléctrica de España, José Folgado; Enagás, Antonio Llardén; los consejeros delegados de Acciona, Rafael Mateo; Endesa, José Damián Bogas; Repsol, Josu Jon Imaz; X-Elio, Jorge Barredo; y el director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker.

Todos coincidieron en la importancia de que la nueva norma en la que se trabaja tenga rango de ley como señal de su importancia para alcanzar un mayor desarrollo sostenible y lograr los objetivos de reducción de emisiones, así como ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas para afrontar la transición energética y las inversiones necesarias para ello. También destacaron la importancia de la ley para fomentar el desarrollo tecnológico y lograr el objetivo de desarrollo sostenible de forma competitiva.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, aseveró que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que ser «ordenada, con seguridad para los inversores”, y con «una planificación seria» que evite los «despropósitos» del pasado.  En este sentido añadió que «no es serio» plantearse el cierre de 8.000 MW de nucleares y abrir 8.000 MW de subastas renovables, refiriéndose a la decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña y las reciente subastas de renovables.

Asimismo, Mateo subrayó el papel de las energías renovables como «las más baratas» que existen y ha señalado la importancia de desarrollar el proceso de descarbonizar la generación para posteriormente electrificar la economía. «Hacerlo de otra manera es ineficiente. En Polonia venden coches eléctricos de carbón», concluyó. Mateo también ha criticado «los cambios en la retribución y la falta de planificación» como algunos problemas a los que se enfrenta el mercado energético en España, “con nefastas consecuencias para los inversores”.

Respecto a las interconexiones energéticas, ha dicho que es favorable siempre que haya una simetría fiscal y tributaria que evite que compañías de unos países tengan ventajas sobre las de otros y que contribuyan a reducir los costes domésticos por pagos de capacidad (los que se hacen para mantener abiertas centrales que actúen de respaldo en momentos de baja generación). Por ello subrayó la necesidad de reforzar las interconexiones, «pero las justas y necesarias» para abrirse a los mercados internacionales.

En el ámbito de las interconexiones incidieron otros ponentes como Llardén, quien se ha mostrado totalmente a favor de que se incrementen las interconexiones, pues sin ellas «todo este bello edificio cojea», en alusión a los objetivos europeos de incremento de renovables. También mencionó la necesidad de crear una interconexión entre la Península Ibérica y el norte de África. Además Llardén puso énfasis en valorar los costes de manera permanente para que la ley de transición energética sea adecuada y consideró que el trabajo en esta norma debe realizarse siguiendo el interés general y no una suma de intereses subsectoriales.

Llardén destacó el rol del gas natural en el proceso de transición energética y en la descarbonización de España al ocupar el hueco térmico que irá abandonando el carbón, reduciendo de manera «brutal» las emisiones. También ha reseñado el papel de este combustible en los vehículos alternativos, tanto el coche como el tren. «Enagás está colaborando con Adif y Renfe para utilizar el Gas Natural Licuado (GNL) como combustible del ferrocarril», ha apuntado el directivo de la empresa participada en un 5% por el Estado.

Por su parte, Bogas habló de la necesidad de que la transición energética no solo se centre en el sector eléctrico sino también en otros «sectores difusos», como la construcción y el transporte, para alcanzar el objetivo de descarbonización de la economía al 100% para 2050. «Habrá que dejar de usar el carbón, quedan los ciclos combinados, pero también habrá que dejarlos en 40 años. Tenemos que sustituir una energía con emisiones de CO2 por otra sin emisiones, ese es el objetivo final», ha agregado.

En este sentido Bogas, ha defendido una transición ordenada «para cumplir con las garantías de suministro», pues aunque el incremento de la demanda que haya a partir de ahora se hará con renovables, en la transición esas energías tendrán que ser respaldadas. Por eso, ha dicho que en el periodo de transición a la economía descarbonizada habrá que buscar mecanismos que hagan viables centrales de respaldo que generan electricidad a partir de combustibles fósiles y que funcionarán sólo entre 1.500 y 2.000 horas al año.

En esta línea, Bogas mencionó la necesidad de impulsar los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga eléctrica de los mismos, así como la introducción de medidas de gestión de la demanda. Bogas se refirió además a la necesidad de mantener la energía nuclear durante la transición energética por su contribución para mantener más bajo el precio de la luz.

El director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker, también destacó la importancia de sectores como la industria y la agricultura, además de la construcción y el transporte, para lograr la descabonización. Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de transición debe hacerse con garantías y respaldo para hacer los procesos rentables y que haya inversiones. Confió en que el grupo de expertos que va a trabajar en la elaboración de la ley logrará un amplio consenso.

En este sentido Bécker destacó la complejidad de elaborar esta ley, ya que la energía unida al cambio climático «es difícil de compatibilizar», y ha señalado que la climatología española «es complicada, con la sequía actual, la falta de viento o la descompensación norte-sur». A esto se une, entre otros problemas, la fiscalidad en España, que, a su juicio, es «muy elevada» y está provocando un futuro «totalmente inviable» a tecnologías como la energía nuclear. También demanda Bécker que se le dé un tratamiento conjunto a la fiscalidad en todos los niveles de la Administración (central, autonómica y local), además de eliminar todo lo que distorsiona el mecanismo de precios.

Josu Jon Imaz coincidió en señalar que la descarbonización es «absolutamente necesaria» y afirmó que «en España lo estamos haciendo bien», aunque incidió en la importancia de realizar la transición de forma eficiente y optimizando costes. Entre otras medidas, el consejero delegado de Repsol propuso que las inversiones para transformar los edificios públicos para lograr mayor eficiencia energética no computasen en el déficit público. Pidió también mayores incentivos a los vehículos de consumo más eficiente.

Imaz también resaltó la contribución del gas natural para reducir las emisiones y puso como ejemplo a Estados Unidos, pese a no firmar el Protocolo de Kioto, como uno de los países occidentales que más reducen sus emisiones gracias precisamente a sustituir el carbón al gas natural en la generación de electricidad. Imaz también pidió mayor inversión en la investigación, resaltando el papel de la industria en la transición energética y la importancia de esperar al momento adecuado para invertir en ciertas tecnologías. «Hay que esperar el desarrollo de tecnologías para que sus costes se reduzcan, no cometamos los mismos errores con nuevas energías ni tampoco con el almacenamiento«, añadió.

Por su parte, Jorge Barredo, quien también es presidente de la patronal fotovoltaica UNEF, afirmó que la transición energética es algo que «va a ocurrir sí o sí porque la sociedad lo va a demandar» y señaló que querer seguir viviendo como vivimos en España y Europa «es una visión cortoplacista» y que también se tiene que dar un cambio en nuestras formas de vida.

En este sentido Barredo señaló que «el cambio social es el que va a arrastrar el cambio económico» y destacó la necesidad de hacer una ley de autoconsumo. «El autoconsumo es una posibilidad que se está abriendo paso en toda Europa y que en España no lo está haciendo porque se está protegiendo todo lo que no es autoconsumo», criticó, para mencionar también las «trabas» administrativas que frenan el autoconsumo.