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Castilla y León pide un 4% del mix eléctrico para el carbón autóctono mientras Endesa comprará mineral de la Asturleonesa

EFE.- Endesa comunicó a la compañía Minera Asturleonesa su intención de comprar carbón procedente de sus tajos, como reivindicaba la firma y los trabajadores de la misma para mantener sus empleos. Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, subrayó la necesidad de diseñar a nivel nacional un marco legal que garantice la compra de carbón autóctono para su quema en centrales térmicas, además de reservar para el carbón al menos el 4% del mix energético.

Herrera respondió así al portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes autonómicas, Luis Mariano Santos, quien pidió al PP una «posición unitaria» en los ámbitos autonómico, estatal y europeo. El presidente ha sostenido que este marco legal «debiera existir por razones de estrategia, pero también por razones socioeconómicas» vinculadas a las comarcas mineras, que actualmente «no tienen otras alternativas» para el desarrollo económico. Herrera ha argumentado que su gobierno está ejerciendo una labor de «intermediación» y de «contacto permanente» con las eléctricas y las empresas mineras para facilitar la compra de carbón.

Por su parte, el portavoz leonesista ha criticado que la acción de la Junta se limite a las palabras, en forma de «cartas a Rajoy», y no se materialice una acción coordinada para garantizar que la aportación del carbón autóctono al mix energético alcance el 7,5%, que era lo que establecía el último Plan del Carbón. Luis Mariano Santos ha defendido que su posición respecto al carbón no ha variado nunca mientras que tanto en el caso del PP como en el caso del PSOE sí se han producido cambios en función de si están o no en el Gobierno.

Herrera y Santos han coincidido al citar a los países de Eslovenia y Eslovaquia como ejemplos de que el carbón autóctono puede defenderse a nivel europeo como garantía de suministro eléctrico, y también compartieron que han de ser las térmicas que asuman la quema de carbón autóctono las que modernicen sus instalaciones para adaptarlas a la normativa europea de emisiones.

Acuerdo entre Endesa y Asturleonesa

Tras una semana de negociaciones intermitentes, el secretario de la Federación de Industria de Castilla y León del sindicato USO, Luis María Fernández, anunció «con cautela» el acuerdo, que aún no ha llegado al resto de empresas mineras, aunque éstas esperan que en breve se lo notifiquen. Aunque es un paso adelante para que los empleos continúen, Fernández asegura que no deja de ser «un parche temporal«, por lo que pide a las administraciones que aceleren la puesta en marcha de medidas que soluciones la situación minera «a largo plazo».

Endesa cree que hasta llegar a un horizonte energético 100% renovable se necesita un aporte temporal de todas las tecnologías

Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que para llegar al compromiso internacional adquirido de descarbonizar la economía y alcanzar un horizonte 100% renovable «se necesita un aporte temporal de todas las tecnologías» para «no poner en peligro el suministro y los precios«. En este sentido, Bogas aseveró que el uso de carbón más allá de 2020 está condicionado a la política de transición energética que decida el Gobierno.

Sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Bogas ha señalado que «hay que alejarse de tentaciones cortoplacistas» para alcanzar un pacto que aporte «seguridad y certidumbre». «Seguiremos al pie de la letra lo que la nueva Ley dictamine. Si dentro de ese plan, se considera necesario cualquier tipo de central de carbón o tecnología, habrá que discutir si el actual marco regulador es suficiente para retribuir esas instalaciones o no», ha añadido.

Para Bogas, hasta llegar al horizonte 100% renovable en 2050, «hay que hacer una transición inteligente, donde no se ponga en riesgo el suministro, y se asegure la competitividad de la economía y el bienestar social«. Por ello, ha concluido que en la Ley que se está elaborando «todas las tecnologías caben. En 2050 no cabrán las que emitan CO2, pero en el camino, hay que ver cómo hacerlo», precisó.

Sobre el posible tratado vinculante para trasnacionales, derechos humanos y medio ambiente que debate la ONU, Bogas apuntó que la «responsabilidad social corporativa es algo importante para la compañía, pero aún más importante es el hecho de que los inversores no solo exigen una atractiva cuenta de resultados, sino un compromiso social«. «Estamos absolutamente de acuerdo con todo lo que vaya en ese sentido», recalcó.

Endesa culmina la restauración de sus cuatro históricas minas de carbón, que comenzó a explotar entre 1972 y 1983

Europa Press.- Endesa culminó la restauración de los terrenos de sus 4 históricas minas de carbón, que la compañía comenzó a explotar a partir de 1972, en los emplazamientos de Andorra (Teruel) y As Pontes (A Coruña), seguidas de las minas de Peñarroya (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real) en 1983, tal y como ha mostrado la empresa a través de fotografías, vídeos y el libro Cuatro actuaciones ambientales en centros mineros de Endesa.

En total, se han restaurado 5.000 hectáreas que han devuelto a los terrenos su hábitat primitivo, además de haber generado otros nuevos destinados a la agricultura, con olivares y viñedos; a la ganadería, para pastoreo; y a nuevos ecosistemas forestales, al plantarse 1,4 millones de árboles. Asimismo, estas superficies albergan ahora una media de 200 especies de fauna y 90 de flora en cada emplazamiento, según se desprende de la auditoría realizada por los biólogos Víctor y César Pedrocchi. Estas cuatro minas han producido en toda su historia un total de 355 millones de toneladas de carbón, alrededor de cuatro teravatios a la hora y ha empleado a cerca de 5.800 trabajadores de forma directa.

Entre las actuaciones más llamativas, destaca la de As Ponte, donde Endesa extrajo carbón desde 1972 hasta 2007, ya que el espacio que ocupaba el hueco de la mina se ha convertido «en el mayor lago de España: 865 hectáreas y 547 hectómetros cúbicos de agua, donde actualmente se practican deportes náuticos, y hay zonas de baño y recreo», según explicó la compañía. Para los responsables de la restauración, el reto era «llevar a cabo una actuación que pudiera después desarrollarse por sí sola con la ayuda del agua», algo que, según señalaron, se consiguió.

También se ha pronunciado el consejero delegado de Endesa, José Damian Bogas, quién ha señalado que los trabajos de restauración de estas cuatro minas son «el ejemplo más fiel» de por dónde quiere transitar la compañía eléctrica en términos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. «Observamos el cierre de las minas con pesar pero entendiendo que es inevitable», ha señalado Bogas, al tiempo que ha añadido que la descarbonización de la economía para el año 2050 será un «proceso difícil pero también será una oportunidad».

Para conseguir este objetivo marcado por el Acuerdo de París, Bogas incidió en que «no basta con el esfuerzo de las eléctricas, sino que otros sectores, como el del transporte, la industria y la construcción también deben aportar». En este sentido, el dirigente de Endesa indicó que «sin la electrificación del transporte, la descarbonización será una utopía y la transición energética un brindis al sol».

El Supremo obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social

Europa Press.-El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las compañías eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o las comercializadoras. El Supremo acuerda la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

El Supremo falla así al incidente de ejecución de sentencia que presentó Viesgo solicitando el abono de los importes satisfechos en la financiación del bono social. En el escrito también se pedía la inclusión de la indemnización correspondiente a las cantidades abonadas en 2014, que el Supremo considera que «no deben quedar comprendidas» en esta ejecución, ya que fueron aplicadas de acuerdo con la orden IET7350/2014, cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están todavía sin resolver. No obstante, el Supremo señala que la Audiencia Nacional deberá tener en cuenta la sentencia en la que declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su fallo, el tribunal también reconoce, en los mismos términos que a Viesgo, el derecho a que le sean restituidas las cantidades abonadas en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016 a todas las entidades personadas en la ejecución que han formulado pretensión en ese sentido, entre las que figuran Hidroeléctrica del Cantábrico, Agri-Energía, Navarro Generación, Electra del Cardener, Servillano García o Estebanell Pahisa, entre otras.

Iberdrola también se había personado en este proceso, aunque el Supremo indica que en el caso de la energética deberá esperar a lo que se resuelva en la ejecución de la sentencia recaída en el recurso que ha promovido. A finales de octubre del año pasado, el Supremo estimó los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la fecha de ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. La disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Las indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años ascienden a 500 millones de euros.

El 78% de los clientes de gas natural están en el mercado liberalizado

Europa Press.- El número de clientes suministrados a precio libre en el mercado minorista español de gas natural asciende a 6,008 millones, lo que supone el 78% del total de clientes de gas, mientras que los suministrados a tarifa de último recurso eran en 2016 un total de 1,664 millones, lo que representa el 22% del total de clientes. Con respecto a 2015, el número de clientes en la tarifa de último recurso se vio reducido en 80.000, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El número total de clientes de gas natural en el mercado minorista creció un 1,15%, para situarse en 7,672 millones. En 2016, el principal comercializador, por número de clientes, era el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 55,73%, seguido de Endesa (19,76%), Iberdrola (12,12%), EDP (11,09%), Viesgo (0,75%). El resto de compañías suponen entre todas el 0,5% restante del mercado, con unos 42.000 clientes, frente a 20.000 clientes en 2015. El ranking de ventas lo encabeza Grupo Gas Natural Fenosa, con un 43,9% del total; seguido de Endesa, con un 16,8%; UFG Comercializadora (7,9%); Iberdrola (7,5%) y Cepsa (5,6%). El resto de grupos comercializadores suponen el 18,4% restante del mercado.

En lo que respecta a los precios, el coste del suministro de gas para un cliente tipo de 2.500 kilovatios hora (kWh) al año en la tarifa TUR-1 supuso 216 euros al año, un 4,2% menos que en 2015, lo que representa un ahorro de 9 euros con respecto al ejercicio anterior. Para un cliente tipo de 9.000 kWh/año en la tarifa TUR-2 el coste del suministro supuso 602 euros al año, un 5,5% menos con respecto a 2015, lo que representa un ahorro de 35 euros para ese cliente tipo, principalmente motivado por la bajada del término variable, señala el informe de la CNMC.

En el caso del mercado libre, si consideramos ofertas de gas sin servicios adicionales para los consumidores con derecho a TUR, con consumos inferiores o iguales a 50.000 kWh anuales, la mayor parte de las ofertas se encontraron por debajo de la TUR y en un nivel muy próximo a ésta. Durante 2016 se registraron varias bajadas coincidiendo con los cambios de la TUR, «observándose una fuerte correlación entre la variación de la TUR y de las ofertas en el mercado liberalizado», señala el informe.

El Gobierno de Cataluña propone multar con 2,8 millones de euros a Endesa por un apagón en Lleida en marzo

EFE.- El departamento de Empresa y Conocimiento del Gobierno de Cataluña propuso sancionar con 2,8 millones de euros a la compañía eléctrica Endesa por los apagones que el temporal de nieve causó los días 24, 25, 26 y 27 del marzo en la provincia de Lleida. Dicho expediente imputa a la compañía dos infracciones «muy graves»: la interrupción del suministro eléctrico y el incumplimiento de los plazos de reposición del servicio.

El expediente informativo concluye que la interrupción del suministro afectó a 72 municipios leridanos, principalmente del Pirineo, y a un total de 42.611 usuarios en diferente magnitud. Este hecho, señala la Generalitat, constituye una vulneración de la Ley del Sector Eléctrico, ya que el suministro «sólo se puede interrumpir cuando esta posibilidad conste en el contrato, cuando sea imprescindible para el mantenimiento y reparación de instalaciones, mejora del servicio o razones de seguridad, o cuando ha transcurrido al menos dos meses desde que se haya requerido el pago del servicio».

Además, añade la Consejería, la reposición del servicio en 10 de los municipios incumplió la Ley 18/2008 de garantía y calidad del suministro eléctrico, ya que se excedió el tiempo establecido para la reposición del 90% de los usuarios afectados. El expediente, además, descarta que las interrupciones se debieran a una causa de fuerza mayor, dado que las condiciones meteorológicas no constituyeron una situación de excepcionalidad. Fuentes de Endesa han confirmado que la compañía ha recibido el expediente sancionador y que lo está estudiando para decidir si presenta alegaciones próximamente.

Debido a un temporal de nieve, se produjeron 137 incidentes en la red de media tensión y 159 en la de baja tensión de Lleida. En total, cayeron a tierra 8 soportes y hasta 5,5 kilómetros de líneas. La instrucción del expediente sancionador prevé un período de alegaciones, que la sanción se reduzca en un 20% si la empresa reconoce voluntariamente su responsabilidad y que la sanción se reduzca también en un 20% si la compañía paga la sanción rápidamente.

La dirección de Endesa accede a dialogar con las empresas Unión Minera del Norte (UMINSA) e Hijos de Baldomero García

EFE / Europa Press.- La compañía eléctrica Endesa ha anunciado que está abierta a dialogar con las empresas de la Unión Minera del Norte (UMINSA) e Hijos de Baldomero García para habilitar cauces que propicien la compra de carbón autóctono para sus centrales térmicas, según ha trasladado el secretario regional de minería de UGT, Jorge Díez. El sindicalista ha aplaudido el cambio de actitud de la eléctrica «porque había un bloqueo total y, aunque no haya nada arreglado, parece que ya se mueve algo».

De todos modos, Díez ha advertido de que los trabajadores seguirán adelante con sus protestas semanales ante la central de Compostilla (León). Lo harán hasta que no consigan lo que piden: que se recupere el suministro de carbón nacional a la eléctrica y que se firme un acuerdo para mantenerlo. Sus puestos de trabajo, de no ser así, «están en el aire», ha advertido Díez, que es también presidente del comité de empresa de UMINSA.

Cada semana UGT y los trabajadores de UMINSA y HGB se concentran a las puertas de la térmica de Compostilla, propiedad de Endesa, para pedir que se mantenga la producción de carbón nacional y asegurar su uso en las centrales térmicas. El objetivo es «asegurar el futuro del sector» y la venta de carbón autóctono a las térmicas de generación eléctrica, tanto como energía de respaldo como para garantizar su suministro y estabilizar los precios de la energía. Así, la concentración trata de presionar a las distintas administraciones y empresas para evitar que las centrales térmicas españolas continúen importando mineral de fuera del país en detrimento del carbón nacional, a pesar de ser «más competitivo».

Los trabajadores también buscan el apoyo político y ciudadano para propiciar que se reactive el sector y se asegure la participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica para todo el período del Marco de Actuación 2013-2018, e incluso más allá, y que se posibilite la firma de contratos a largo plazo entre compañías eléctricas y mineras.

Extinguen un incendio en una galería de carbón de Endesa en la central térmica de As Pontes

EFE.- Personal de emergencias sofocó un incendio declarado en una galería de carbón de la central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña), según indicó el 112 Galicia tras movilizarse efectivos del parque de bomberos de la localidad pontesa. La propia compañía informó del incidente al departamento público.

Estos trabajadores «colaboraron con el personal de la central en la extinción, tarea laboriosa y que por seguridad hubo que llevar poco a poco». En su relato, los representantes de Endesa señalaron que estaba «ardiendo carbón pulverizado en una galería» y que los «bomberos ya estaban trabajando, pero solicitaban la colaboración de más efectivos», siendo desplazados Protección Civil y Guardia Civil, así como el 061, que no tuvo que intervenir. Sofocado el fuego, una dotación siguió en el lugar «desarrollando tareas de enfriamiento y limpieza».

Las compañías eléctricas defienden la libertad empresarial para cerrar centrales y piden pagos por capacidad para respaldar a las renovables

EFE / Europa Press.- El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, ha reclamado al Gobierno que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado. En el mismo sentido, las propias compañías eléctricas reclaman mantener su libertad para cerrar centrales de generación y demandan pagos por capacidad para seguir teniendo abiertas aquellas que no resulten rentables, pero que son necesarias para dar respaldo al sistema cuando baja la producción de origen renovable.

Responsables de regulación de las cinco grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, se han pronunciado así durante una mesa redonda celebrada dentro del Encuentro del Sector Eléctrico, organizado por Expansión. El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha indicado que el problema de centrales como las de carbón o los ciclos combinados es que, al funcionar según la intermitencia de la producción eléctrica de las tecnologías renovables, en el mercado no recuperan los costes que tienen, por lo que necesitarían de unos pagos por capacidad complementarios.

En cuanto al decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales por sus propietarios, a fin de garantizar el suministro, José Casas indicó que cree que el Ejecutivo podría evitar un cierre aduciendo motivos de seguridad del suministro o para contribuir a los objetivos de cambio climático, pero no por su influencia en la formación de precios porque la Comisión Europea es contraria a intervenir en ello.

Piden garantizar la rentabilidad razonable

El sector eléctrico también reclama que «se garantice lo que la ley denomina la rentabilidad razonable» en la revisión que llevará a cabo el Gobierno para la retribución correspondiente a las actividades reguladas para el periodo 2020-2025, que deberá aprobarse dentro de dos años. José Casas señaló que el informe de la pasada semana de Goldman Sachs sobre el sector, que provocó la caída en Bolsa de las grandes eléctricas, constata que «el mercado ha tomado como que no es una rentabilidad razonable» la revisión a la baja prevista. Casas, que estuvo respaldado en su petición por los representantes de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, pidió que esta rentabilidad para las actividades del sector «al menos se mantenga».

El director de Regulación de Iberdrola España, Rafael del Río, señaló que hay que abordar el papel del carbón o de la nuclear, sobre la que hay «serías dudas» sobre su rentabilidad, y que en el caso de los ciclos combinados el mercado sólo cubre costes variables, pero no los fijos de operación e inversión. Por ello invitó a mirar a otros países, como el Reino Unido, que convoca subastas en las que los operadores que acuden reciben una retribución por estar disponibles y, los que no, cierran la planta o hacen una hibernación, una posibilidad esta última que también hay prevista en España pero que no se ha desarrollado.

Asimismo, las compañías eléctricas consideran que la «ambiciosa» hoja de ruta para la descarbonización de la economía, con los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, pasa por una «electrificación» de la economía. A este respecto, Rafael del Río señaló que la planificación final para esa transición tiene que ser «responsabilidad del Estado» y que las empresas deberán «acatar esas decisiones y cumplirlas”. No obstante, el directivo de Iberdrola pidió una senda «razonable» que permita cumplir los objetivos.

Barreras a la libertad empresarial

Por su parte, el director de regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén, ha dicho que prohibir el cierre de una central es la mayor barrera que se puede poner a la libertad de empresa y ha señalado que la única manera de mantener ciertas instalaciones es tener mecanismos de capacidad. En su opinión, los dos grandes retos regulatorios para el sector actualmente son que se permita el cierre de centrales sin restricciones administrativas y el establecimiento de un mecanismo de pagos por capacidad. También se mostró a favor de eliminar tarifas como la regulada si se quiere que la demanda participe en la formación de precios de mercado.

El director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, Santiago Bordiú, apuntó que el denominado Paquete de Invierno de la Comisión Europea «no reconoce para nada los mecanismos de capacidad», quizá porque «la visión de Bruselas no es la del mercado ibérico», caracterizado por un bajo nivel de interconexión. Asimismo defendió el papel «vital» del sector eléctrico en la descarbonización debido a que se producirá un incremento de la demanda eléctrica que debe ser atendido por el mix de generación.

El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez, señaló que el borrador del decreto del Gobierno le ha sorprendido mucho, pues el procedimiento para cerrar centrales ya está “perfectamente” regulado y, de hecho, su compañía ha cerrado 3 de carbón en los últimos 5 años. Además, ha señalado, en alusión a mecanismos compensatorios para mantener abiertas instalaciones no rentables, que «la seguridad de suministro es un bien y, en general, los bienes tienen un precio».

Por otro lado, los directivos de las eléctricas se han mostrado a favor de eliminar los impuestos y cargas ajenos al sistema que soporta la factura eléctrica y de repartirlo entre otros sectores para que todos contribuyan ya que el sector eléctrico está pagando «buena parte de la transición energética y de los objetivos de renovables». Otra propuesta fue que se constituya un fondo de transición energética que se financie con una fiscalidad medioambiental, como propuso el representante de Endesa.

Unesa reclama libertad para decidir

Por su parte, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa, Eduardo Montes, ha indicado que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado.  Montes, que también intervino en el Encuentro del Sector Eléctrico, considera que en el proceso de transición energética la sostenibilidad “no debe cegar respecto a la necesidad absoluta de la seguridad de suministro y la competitividad de los precios«. Por otro lado, volvió a reclamar que impuestos y cargas ajenos al suministro eléctrico, que entre 2005 y 2016 han aumentado al doble, salgan de la factura.

El presidente de Unesa también ha considerado necesario que exista certidumbre regulatoria en la transición energética hacia una economía descarbonizada, ya que la entrada de renovables va a suponer la llegada de inversores. De hecho, Montes señaló que esta certidumbre será importante, ya que «los mercados van a ser muy sensibles a todo ello». Montes subrayó que la electricidad con bajas emisiones será «clave» en ese camino para la descarbonización en otros sectores y destacó que es «imprescindible» una transformación «inteligente, racional y sin pausa».

El papel de las redes

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, defendió el importante papel que jugarán las redes en la transición energética, ya que «hacen compatible» el nuevo modelo con la seguridad de suministro. En su intervención, el presidente del operador del sistema eléctrico subrayó que las redes serán las «facilitadoras» de la transición energética, ya que las energías renovables no son gestionables, lo que supone «un problema que hay que resolver».

Endesa advierte de que España necesitaría 11.000 MW más en 2025 si se prescinde de la nuclear y del carbón

Europa Press.- Endesa calcula que España necesitaría incorporar aproximadamente 11.000 MW de nueva potencia firme a partir de 2025 si se prescinde de manera prematura de las centrales de carbón nacional e importado y de las nucleares. Así lo indica en la respuesta a la consulta pública previa del proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La compañía eléctrica explica que en 8 años las únicas tecnologías disponibles para proporcionar firmeza a un coste razonable serían nuevas turbinas de gas o nuevos ciclos combinados, «lo que incrementaría notablemente los precios de la electricidad». Por el contrario, el mantenimiento temporal del carbón y de la nuclear permitiría retrasar la necesidad de nueva potencia firme en, al menos, una década, dando así tiempo suficiente para que maduren nuevas tecnologías, actualmente incipientes, con emisiones nulas y a coste competitivo como, por ejemplo, las baterías.

Para la compañía que preside Borja Prado, es «crítico» determinar cuáles serán las necesidades de potencia del sistema eléctrico en distintos horizontes temporales. En la actualidad, considera que hay un cierto exceso de capacidad. No obstante, cree que es una situación transitoria que desaparecerá en un futuro más o menos cercano en función de las decisiones que se puedan tomar sobre el cierre de las centrales de carbón y nucleares.

A juicio de Endesa, la solución ambiental y económicamente más eficiente para la transición energética en España es mantener en operación la capacidad térmica y nuclear actual «hasta que deje de ser necesaria». En todo caso, precisa, mantener esta capacidad no significa continuar utilizándola del mismo modo: la producción de energía de estas plantas seguirá disminuyendo, debido a la creciente penetración de renovables, al igual que lo harán sus emisiones.

En su respuesta, Endesa indica que las herramientas para conseguir una correcta transición serían una planificación adecuada y unos mecanismos regulatorios que garanticen la disponibilidad de las instalaciones que son indispensables para el suministro energético y la reducción de emisiones al mínimo coste. Así, propone, en primer lugar, un plan de transición hacia un sistema energético libre de emisiones de CO2 en 2050 al mínimo coste posible, incluyendo mecanismos que permitan la electrificación de buena parte de la demanda doméstica, industrial, de servicios y del transporte; y garantizando que el cierre de las centrales emisoras existentes se lleve a cabo mediante la sustitución de estas instalaciones por renovables, como medida de eficiencia económica del sistema.

En segundo lugar, aboga por la revisión de la «elevada fiscalidad específica» que afecta a la generación eléctrica y que da lugar a que todas las tecnologías de generación estén afrontando «importantes dificultades económicas». Por último, aboga por el establecimiento de un mecanismo de pago por capacidad firme que sea conforme con los criterios recogidos por la Comisión Europea, basado en las necesidades del sistema, tecnológicamente neutro y cuyo precio esté fijado por criterios competitivos.

Bruselas pide permitir los incrementos

Ante la pregunta de la consulta de si considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, Endesa argumenta que la necesidad de mantener operativa una central cuyo titular ha solicitado su cierre es, por lo general, el síntoma de un fallo de mercado, pues significa que el mercado no está permitiendo recuperar los costes de una central que es necesaria. Para evitar estas situaciones, la Comisión Europea recomienda permitir precios de escasez y eliminar distorsiones que afecten a las señales de precios. Si el fallo persiste, se puede proceder a la introducción de mecanismos de remuneración de la capacidad basados en criterios de mercado.

«En todo caso, si se deniega el cierre de una central, se está imponiendo a su titular una obligación de servicio público por la que debe ser lógicamente compensado, según la legislación y la jurisprudencia comunitarias», subraya. Así, recuerda que la Comisión Europea es contraria a la denegación del cierre si la razón es evitar un incremento del precio de mercado. Según Endesa, justificar el mantenimiento en explotación de una central, cuyo titular ha solicitado su cierre, para evitar un incremento en el precio de mercado, «supone una intervención que distorsiona el proceso de formación de la señal de precio».

Los mecanismos de remuneración de capacidad, que la Comisión Europea contempla como solución a problemas de seguridad de suministro, no son, en opinión de Endesa, «nada más que el pago firme, seguro, de las cantidades aleatorias, inciertas y volátiles que, de no existir esos mecanismos de pago, se recibirían como precios de escasez, así que estos mecanismos tienen el efecto positivo de reducir la volatilidad de los precios y los episodios de precios muy elevados».

Sobre qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema, Endesa señala que si se pretende evitar el cierre de la central porque incide en la seguridad del sistema eléctrico o por motivos de cambio climático, «debe establecerse un mecanismo de compensación al titular que debe ser aprobado por la Comisión Europea con anterioridad a su implementación«.

La eléctrica estima que la introducción de un mecanismo de capacidad compatible con la normativa europea permitiría estructurar un proceso ordenado de previsión de las necesidades de capacidad y la modulación de los cierres, y explica que si el problema es de carácter transitorio, la Comisión Europea contempla el establecimiento de una reserva estratégica compuesta por capacidad de generación que ha de mantenerse fuera del mercado para preservar la señal de precios, pero a disposición del operador del sistema para operar en situaciones de escasez.