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La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

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Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

El Gobierno ordena la devolución a las compañías eléctricas del bono social del ejercicio 2014 con cargo a los superávits

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las compañías eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en el ejercicio 2014, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ejecuta así las sentencias del Tribunal Supremo que habían dado la razón a las compañías eléctricas respecto al sistema de financiación del bono social.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado octubre, el Ministerio ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las compañías eléctricas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, después de que otro fallo del Supremo estimara que estas indemnizaciones a las compañías debían realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras.

A finales del 2016, el Supremo ya había reconocido el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social. Las cantidades correspondientes a 2014 estaban pendientes del fallo del Tribunal Supremo. Así, el tribunal ha estimado los recursos presentados por Endesa, Iberdrola, Viesgo, Gas Natural, Estebanell y Pahisa, Electra del Maestrazgo, Fuciños Rivas, Cooperativa Popular de Fluido, Eléctrico de Camprodón y la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

El bono social eléctrico en 2014 rondó los 200 millones de euros y fue asumido en su mayor parte por Endesa (41,61%), Iberdrola (38,47%) y Gas Natural (14,18%). Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo, acumulando más de 1.440 millones de euros de superávit. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros y en 2016 421 millones de euros.

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de Presupuestos de 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios extrapeninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. 

Endesa contribuye a mejorar la eficiencia energética de las pymes españoles con su participación en el roadshow Impulsando tu empresa

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Redacción.- El roadshow  Impulsando tu empresa consta de 16 eventos que se desarrollarán por todo el territorio español durante este año con el objetivo de dar la oportunidad a empresas locales y compañías líderes de distintos sectores de compartir las claves para convertir su negocio en una empresa del siglo XXI.

De este modo, compañías como Santander, Mercedes, Vodafone, Endesa, JC Decoux, UniversalPay, Gofit, Cepyme e Informa compartirán con las pymes españoles las mejores prácticas, siendo las caras visibles del movimiento Impulsando tu empresa y ofreciendo a los asistentes de cada uno de los 16 eventos las claves necesarias para redirigir sus esfuerzos hacia una estructura empresarial sólida, que les dé la oportunidad de convertirse en una empresa del siglo XXI.

En este sentido, Remigio Abad, director de Marketing de Empresas de Endesa, señala que “para Endesa participar en Impulsando tu empresa es una oportunidad de ayudar a las empresas españolas a crecer en competitividad gracias al ahorro que suponen la implementación de medidas de eficiencia energética, la mayoría de ellas muy sencillas”. Por su parte, Pablo Nebreda, director de marketing de UniversalPay, afirma que “Impulsando tu empresa representa una oportunidad de crecimiento para las empresas españolas y uno de los pilares fundamentales, en este sentido, son los medios de pago… en efecto, no podemos olvidarnos de que el pago es una de las acciones más sensibles para el cliente, facilitárselo, hará que su experiencia mejore”.

Buscando llegar a la mayor parte del territorio nacional, se ha elaborado el calendario adjunto para dar la oportunidad al mayor número de compañías de que puedan asistir a los encuentros

8 DE FEBRERO: BADAJOZ

22 DE FEBRERO: VALENCIA

8 DE MARZO: SANTANDER

21 DE MARZO: MURCIA

12 DE ABRIL: PAMPLONA

26 DE ABRIL: BARCELONA

10 DE MAYO: VIGO

24 DE MAYO: ZARAGOZA

7 DE JUNIO: SEVILLA

21 DE JUNIO: VALLADOLID

5 DE JULIO: MÁLAGA

26 DE SEPTIEMBRE: LAS PALMAS

10 DE OCTUBRE: BILBAO

24 DE OCTUBRE: OVIEDO

8 DE NOVIEMBRE: ALBACETE

22 NOVIEMBRE: MADRID

Endesa obtiene el certificado medioambiental europeo EMAS en la central térmica de Carboneras (Almería)

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Europa Press.- La Central Térmica Litoral de Almería de Endesa, ubicada en Carboneras (Almería), renovó un año más su inscripción en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Ambientales (EMAS). Según la compañía, esta importante instalación de generación eléctrica mantiene, desde el año 2000, un Sistema de Gestión Ambiental desarrollado de acuerdo al estándar internacional de la norma UNE en ISO 14001. La disposición al público de una declaración ambiental es un paso más en la mejora de la gestión y transparencia en el comportamiento ambiental.

Dicha declaración, actualizada anualmente, recoge la evolución de los indicadores de control ambiental de la central así como el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora ambiental. La declaración ambiental es verificada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), dentro de una auditoría ambiental, y posteriormente es remitida al organismo ambiental competente para su validación y puesta a disposición del público en la página web www.endesa.com. Todos los requisitos de formación, sensibilización y buenas prácticas ambientales, así como el cumplimiento de la legislación aplicable a la instalación generadora, se hacen extensivos a las empresas contratistas que prestan sus servicios en la central.

La Unidad de Producción Térmica de Endesa dispone de dos grupos generadores con una potencia instalada de 1.159 megavatios y su combustible principal es carbón importado de bajo índice de azufre. El grupo 1, de 577 megavatios, comenzó su explotación comercial en 1985 y el grupo 2, con una potencia de 582 megavatios, en 1997. A lo largo de los últimos años, la eléctrica ha ejecutado importantes proyectos de mejora ambiental en Litoral, principalmente respecto a la reducción de emisiones.

A estos medidas se suman las mejoras que en 2017 Endesa ejecutó en ambos grupos, encaminadas a reducir aún más sus emisiones a la atmósfera tanto de NOx, con la instalación de un sistema de reducción catalítica en cada uno de los grupos, así como de SO2, con la ampliación de la capacidad de tratamiento de gases de la planta de desulfuración del grupo 2.

La CNMC abre expediente a Gas Natural Fenosa y a Endesa por indicios de alteración de precios de la luz

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación, que ya anunciaron la presentación de alegaciones, tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017. En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada abrió dicho proceso sobre ambas compañías por una presunta infracción grave de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

A la vista de los precios que se registraron en el mercado de generación eléctrica, en febrero de 2017 se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real. Sobre la base de la información reservada realizada, la Dirección de Energía ha observado indicios de posible alteración del llamado despacho de generación del pool para obtener ingresos superiores en mercados de restricciones (ajustes que se realizan por motivos de seguridad en el suministro).

Es decir, según la CNMC, habrían realizado una oferta «anormalmente elevada» para que dichas centrales participaran en el mercado de restricciones y obtener así mayores ingresos. De esta manera, habrían llegado a impedir su programación durante días, a pesar de que el contexto generalizado de precios elevados debería haber conducido justo a la situación contraria, con pleno conocimiento de la empresa de la alta probabilidad de que las centrales acabarían siendo programadas por restricciones técnicas (por motivos de seguridad en el suministro). Dicha conducta podría haberse producido por parte de Gas Natural Fenosa Generación en cinco centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; puerto de Barcelona y Besós) y por parte de Endesa Generación en la central de ciclo combinado de Besós.

Endesa alegará contra la CNMC

Por su parte, Endesa presentará alegaciones contra el expediente sancionador abierto por la CNMC contra la filial de Generación de esta compañía. «Acabamos de recibir el expediente, lo vamos a estudiar y presentaremos alegaciones», anunciaron fuentes de la compañía, que asegura que presenta sus ofertas «por igual» en todos los ciclos combinados con los precios referenciados al Mibgas. Asimismo, expresa su extrañeza y malestar por la incoación por parte de Competencia de este expediente sancionador, al considerar un contrasentido que quiera incrementar los precios del gas cuando esa estrategia perjudica a su cuenta de resultados.

Concretamente se trata de una infracción prohibida en el artículo 65.34 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que tipifica «la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado«. El periodo por el que ha abierto este expediente la CNMC corresponde al invierno pasado, en el que se registró una espiral alcista en los precios de la electricidad, especialmente en enero, en el que se llegaron a registrar cotas en algunos momentos puntuales de más de 100 euros por megavatio hora (MWh).

Ante este hecho, el Gobierno adoptó un paquete de medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que repercutiera en un abaratamiento de la electricidad. En concreto, se aprobó la creación de la figura de un creador del mercado en el sector del gas, y se anunció la obligatoriedad para que los operadores dominantes, precisamente Gas Natural Fenosa y Endesa, hagan también estas ofertas dentro del mercado del gas (Mibgas). Esta medida, a pesar de ser anunciada hace un año, entró en vigor recientemente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una obligación que ya ha sido recurrida por Gas Natural Fenosa.

El Ayuntamiento de Barcelona recurre al Supremo el decreto que regula el bono social para los consumidores vulnerables de electricidad

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y medidas de protección a los consumidores domésticos de energía eléctrica por considerarlo contrario a la Constitución y a las directivas europeas que regulan el mercado eléctrico.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, señaló que la normativa estatal también vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat de Catalunya y del mismo Ayuntamiento de Barcelona: «Se ha hecho de espaldas a la soberanía de los catalanes, que tienen una ley propia, la Ley 24/2015, que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energética».

Ortiz ha señalado que, según el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables sólo se podrían aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales autonómicos o municipales: «Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales», ha asegurado la concejal.

Coste: 1,67 millones de euros

En este sentido, ha recordado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) estima que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona ha atendido por cuestiones de pobreza energética quedarían desprotegidos en caso de aplicarse el decreto, y también ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste mínimo anual para las administraciones para cubrir el coste de la factura de los hogares vulnerables sólo en la capital catalana.

Ortiz cree que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla «demostrando su vulnerabilidad y pobreza» y considera que sería suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares. Por ello, insistió en que el bono social no responde a los intereses de las clases populares y de las personas que están en riesgo de exclusión social.

También ha explicado que el consistorio ha notificado tres propuestas de resolución que incluyen sanciones a Endesa por valor de 70.000 euros cada una, todas ellas motivadas por realizar cortes de suministro eléctrico sin pedir el informe de exclusión social preceptivo a Servicios Sociales. Ortiz ha afirmado que todos los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015 y que todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables. «Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)», y detalló que la sanción se ha fijado en base a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.

Energía aprueba el nuevo plan invernal, que eleva de 2 días a 3,5 días las exigencias de almacenamiento de gas

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Europa Press.- El Ministerio de Energía ha aprobado el plan de actuación invernal de este año para la operación gasista, que eleva la obligación de exigencias de almacenamiento de gas para los operadores a 3,5 días, frente a los 2 días anteriores. En la elaboración de este plan se han tenido en cuenta «las tensiones producidas en el mercado gasista durante el invierno 2016-2017 como consecuencia de las olas de frío y del incremento de la demanda de gas para generación eléctrica».

De esta manera, se ha incrementado un 75% el volumen de reservas que se han de aportar, pasando de los 2 días que hasta ahora estaban establecidos a 3,5 días de la capacidad contratada. Asimismo, se ha establecido un mecanismo flexible para la movilización de la reserva invernal, previa nota de la operación del Gestor Técnico del Sistema (GTS), Enagás, que permite que cada usuario emplee el volumen autorizado en función de sus necesidades, favoreciendo la libre actuación del mercado.

Finalmente, se establece una exención para aquellos usuarios para los que la suma de obligaciones de suministro sea inferior a 15 gigavatios hora (GWh), debido a que en su mayor parte se abastecen directamente en el punto virtual de balance (PVB), y no realizan habitualmente operaciones en las instalaciones en las que se requiere constituir las reservas. Se trata de otra más de las medidas adoptadas por el Gobierno, como obligar a los dos operadores dominantes del sector gasista, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas, con el objetivo de aumentar su liquidez y conseguir que exista una menor volatilidad que logre así evitar su impacto en los precios del gas.

Endesa reitera que no tomará decisiones sobre sus centrales térmicas hasta conocer la normativa definitiva sobre el cierre de centrales

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Europa Press.- Mientras el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha criticado el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales térmicas al considerarlo «incoherente», «carente de sentido en el contexto actual» y con algunos preceptos de «dudosa legalidad», Endesa ha reiterado que esperará a conocer el contenido definitivo del real decreto y la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de tomar una decisión sobre sus plantas de carbón.

Fuentes de la energética señalaron que el Gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la política energética del país, por lo que aguardarán a conocer la letra definitiva del decreto y la Ley de transición energética, y cualquier iniciativa se hará «en coordinación con la política energética que determine el Ministerio«. En su plan estratégico 2017-2020, Endesa reafirma su apuesta por la descarbonización total de su mix para 2050, defendiendo la operación de la energía nuclear a largo plazo para garantizar la seguridad del suministro y la preservación del carbón para evitar mayores emisiones y costes del sistema.

A este respecto, llevará a cabo inversiones por 400 millones de euros hasta 2020 destinadas a la seguridad y operación a largo plazo de su capacidad nuclear y de 300 millones de euros para las inversiones medioambientales en sus térmicas. El pasado mes de mayo, Enel, principal accionista de Endesa, anunció su intención de cerrar las centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) en 2020 por no ser viables económicamente.

Abogados ambientales critican el decreto

Por su parte, el IIDMA advierte de que algunas de las disposiciones del texto que trabaja el Ministerio de Energía incluye disposiciones que podrían «no estar apegadas a la legalidad» y que en el contexto de transición energética «no es razonable», ya que no contempla criterio de salud ni protección del medio ambiente recogidos expresamente en los artículos 43 y 45, respectivamente, de la Constitución española. En su opinión, lejos del borrador de Real Decreto, sería exigible la «unión de esfuerzos» para lograr un plan de cierre de las centrales «ordenado y progresivo» y, al mismo tiempo aumentar la capacidad fotovoltaica española, de acuerdo con los objetivos de largo plazo.

Tras analizar el texto, añade que disposiciones como la retroactividad o la solicitud de información contable sin considerar los costes de adaptación, o las razones para la denegación de los cierres o la competencia para realizar el informe de valoración medioambiental «son incoherentes». Asimismo, ven «poco racional» exigir presentar la información contable de las instalaciones de los últimos 3 ejercicios sin incluir los costes de adaptación que deben hacerse para seguir funcionando en un futuro.

En este contexto, precisa que las centrales térmicas de carbón en España están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas, como en el Plan Nacional Transitorio, bajo el que se acogen 13 de las 15 centrales. Si bien, para poder seguir operando después de 2020 deberían hacer grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación. De hecho, calculan que a Endesa le costaría unos 400 millones de euros adaptar las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Alcudia (Baleares).

También duda el colectivo sobre la legalidad de la disposición transitoria única que prevé la retroactividad del mismo, porque el texto sería de aplicación a «todos» los cierres solicitados desde el 15 de septiembre. La memoria que acompaña al borrador tampoco justifica de forma razonada la necesidad de retroactividad. Asimismo, recuerda que el futuro Plan de Energía y Clima del Paquete de Invierno de la Unión Europea, que está en negociación, incluirá los objetivos, metas y la contribución de España en descarbonización, metas de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado interno de la electricidad y la I+D+i y competitividad.

Finalmente, el IIDMA ve necesario aumentar la capacidad de generación fotovoltaica y precisamente, en el contexto de sequía, que está agotando la fuente de energía hidroeléctrica, insiste en la importancia de buscar soluciones que permitan cumplir los compromisos internacionales como el Acuerdo de París contra el cambio climático. La directora del IIDMA, Ana Barreira, criticó el Decreto por no ser «razonable» en un contexto de transición energética y lamenta la «falta de visión» y previsión a medio plazo del Ministerio ya que «un gran número de centrales» tendrán que cerrar en julio de 2020 y, como máximo, todas tendrán que terminar como mucho en 2030.

Endesa seguirá destinando todo su beneficio a dividendos para repartir unos 5.900 millones de euros entre sus accionistas hasta 2020

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Europa Press.- Endesa prevé repartir unos 5.900 millones de euros en dividendos entre sus accionistas en el periodo 2017-2020, el 100% del beneficio, a pesar de que augura unos próximos años complicados por las adversas condiciones del mercado, según la actualización del plan estratégico de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La eléctrica, cuyo principal accionista es la italiana Enel con una participación del 70% y que percibirá así más de 4.100 millones de euros en dividendos, mantiene para el periodo su política de un pay out (parte del beneficio que se destina a dividendo) del 100%, aunque empeora su previsión de beneficios para los próximos ejercicios y, por tanto, la de dividendo. En concreto, para este año prevé que la retribución total para su accionista se sitúe en un mínimo de 1,32 euros por título, ligeramente por debajo de los 1,33 euros que abonó en 2016 en concepto de dividendo.

Para 2018, la compañía estima un dividendo mínimo de 1,33 euros brutos por acción, por encima del previsto para este ejercicio pero más de un 6% inferior de los 1,42 euros que preveía en su hoja de ruta anterior como retribución para el accionista. El grupo no da estimaciones en su plan de dividendo para los ejercicios 2019 y 2020, aunque sí que lo hace de beneficios para esos años, destinando el 100% de estas ganancias a retribución al accionista.

A este respecto, la energética señala que promueve una estrategia económico-financiera que procura un nivel de generación de caja significativo que, por un lado, permite mantener sus niveles de endeudamiento y, por el otro, posibilita la maximización de la remuneración de los accionistas, lo que permite cumplir «el objetivo de asegurar la sostenibilidad del proyecto empresarial desarrollado por Endesa». Además, recuerda que la capacidad de distribuir dividendos entre sus accionistas depende de numerosos factores, incluyendo la generación de beneficios y la disponibilidad de reservas distribuibles, «y no puede asegurarse los dividendos que, en su caso, vayan a pagarse en los ejercicios futuros ni cuál será el importe de los mismos».

Así, el nuevo plan de Endesa estima un crecimiento medio anual en el periodo de en torno al 6% de su beneficio, pasando de los 1.400 millones de euros para este año a unas ganancias de 1.600 millones de euros en 2020. No obstante, esta nueva hoja de ruta empeora las previsiones de ganancias para los dos próximos años del grupo con respecto al plan anterior. Para 2018 Endesa prevé un beneficio de unos 1.400 millones de euros, frente a los 1.500 millones de euros del plan anterior, y de unos 1.500 millones de euros para 2019, frente a la estimación anterior de 1.700 millones.

En lo que respecta al resultado bruto de explotación (Ebitda), Endesa también se muestra más conservadora que en su anterior plan, aunque vaticina un crecimiento medio anual del 4% de 2017 a 2020, desde los 3.400 millones de euros para este año hasta los 3.700 millones para 2020. No obstante, el grupo retrasa en un año sus objetivos debido a las condiciones de mercado y estima alcanzar para 2019 un Ebitda de 3.500 millones de euros y de 3.700 millones de euros para 2020, cifras que previa conseguir en los ejercicios 2018 y 2019, respectivamente.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, explicó respecto a esta revisión a la baja de la estimación de Ebitda del grupo para los próximos años que se debe a un menor margen del previsto en el negocio del gas, aunque expresó su confianza en que se equilibrará en años posteriores. En lo que respecta a su plan inversor, el grupo destinará 5.000 millones de euros a capex en el periodo 2017-2020, un 6,4% más. De esta cifra, el 56% (2.800 millones de euros) se dedicará a crecimiento, frente al 44% en el plan anterior. Asimismo, la energética prevé unas inversiones por valor de unos 1.300 millones en digitalización hasta 2020 que supondrán unos ahorros de 250 millones de euros.

Las renovables será otro de los pilares de la inversión del grupo, con un total de 900 millones de euros para el desarrollo de 939 megavatios (MW) de capacidad renovable adicional, incluidos los 879 MW ya adjudicados en las subastas de este año. De esta manera, la capacidad verde instalada de Endesa pasará de los 6.388 MW en 2017 hasta los 7.353 MW, con la instalación de 399 MW solares y 540 MW eólicos. El grupo estima que estas nuevas inversiones en renovables tengan una contribución de en torno a 80 millones de euros de Ebitda a partir de 2020.

La energética espera que la sólida generación de flujo de caja, que en el periodo 2017 a 2020 prevé que ascienda a 6.700 millones de euros, respalde este crecimiento futuro y la política de dividendos. Además, Endesa reafirma su apuesta por la descarbonización total de su mix para 2050, aunque defiende la operación de la energía nuclear a largo plazo para garantizar la seguridad del suministro y la preservación del carbón eficiente para evitar mayores emisiones y costes del sistema. A este respecto, llevará a cabo inversiones por 400 millones de euros hasta 2020 destinadas a la seguridad y operación a largo plazo de su capacidad nuclear y de 300 millones de euros para las inversiones medioambientales en sus térmicas.

En lo que se refiere a su cartera de clientes, Endesa prevé que se mantenga estable a lo largo del periodo, situándose en los 10,9 millones en el caso de la electricidad a final de 2020, con un importante crecimiento del mercado liberalizado, hasta los 6,9 millones, mientras que para el gas estima un crecimiento del número de clientes hasta 1,7 millones. Asimismo, apuesta por promover la movilidad eléctrica a través de soluciones de recarga y el desarrollo de la red de recarga y prevé unas 600 estaciones de carga públicas al final del periodo.

Moody’s prevé que el precio de la electricidad en España no sobrepasará los 47 euros por MWh hasta 2022

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Europa Press.- Moody’s prevé que el precio medio de la electricidad del mercado mayorista español se mantendrá dentro de un rango relativamente «estrecho» entre los 42 euros y los 47 euros por megavatio hora (MWh) en los próximos 5 años, debido a un modesto crecimiento de la demanda de energía mientras se reanudan las inversiones en energías renovables.

Así se desprende de un informe realizado por la firma estadounidense sobre los mercados de electricidad en Europa, en el que dedica un apartado para analizar y realizar pronósticos sobre la trayectoria de este sector en la Península Ibérica (España y Portugal). En este sentido, Moody’s subraya que la decisión de España de reanudar la inversión en renovables después de una moratoria de 4 años impulsará la cuota de capacidad instalada de las energías limpias en la región, incluyendo la hidráulica, hasta el 59% aproximadamente para 2022, 6 puntos porcentuales más que la de 2016.

«Esto compensará el cierre de 4,5 gigavatios (GW) de capacidad instalada en centrales de carbón nacional y ayudará a estabilizar los precios de la electricidad», asegura el vicepresidente senior de Moody’s, Niel Bisset. Así, la firma cree que la capacidad eólica y solar en la Península Ibérica tiene perspectivas de crecimiento para los próximos años a medida que España reanude sus inversiones, al compensar el cierre de centrales eléctricas de carbón y estabilizando los precios.

Por otro lado, Moody’s explica que, al igual que sucedió en otros países de Europa, la decisión del Gobierno español de utilizar subastas competitivas para otorgar el derecho a construir nueva capacidad a los operadores privados y la caída de los costes de inversión en tecnologías renovables ha concluido en menos subvenciones. «Parte del riesgo de inversión en renovables se transfiere desde el sistema/consumidor a las empresas eléctricas/operadores, lo cual es un factor negativo para las empresas eléctricas propietarias de estos activos«, asevera la firma, al tiempo que apunta que la exposición de los operadores al riesgo de precios aumentará dado que el rendimiento de las inversiones en nuevos proyectos dependerá de la venta de energía a precios de mercado.

No obstante, Moody’s indica que las grandes compañías como Endesa o Gas Natural tienen un tamaño y una diversidad que les permite gestionar este riesgo, si bien otros operadores más pequeños puede que necesiten adoptar una estructura de capital más conservadora para poder hacer frente a esta situación. Respecto a las compañías con centrales eléctricas renovables construidas después de 2004, como Iberdrola, la firma prevé que continuarán beneficiándose de las subvenciones que han sido preestablecidas por el Gobierno, si bien, estas ayudas suponen aproximadamente el 50% de los beneficios de las renovables y comenzarán a disminuir a mediados de la próxima década, cuando los activos eólicos se acerquen al final de su vida útil regulatoria de 20 años», explica Moody’s.

Moody’s sostiene que los déficits tarifarios del sistema eléctrico en el conjunto de la Península «continúan disminuyendo», lo cual reduce el riesgo de una intervención adversa en los mercados de energía por parte del Ejecutivo. No obstante, cree que la crisis entre el Gobierno central de España y el autonómico de Cataluña puede disminuir los riesgos de intervención. «La crisis catalana incrementó la incertidumbre en el país. Sin embargo, parece más probable que los políticos desvíen su atención de las preocupaciones del mercado energético, reduciendo así la probabilidad de una intervención adversa», señala la firma.

De esta forma, Moody’s prevé que la crisis no afecte a los precios de la energía, excepto en la medida en que la incertidumbre pueda arrastrar el crecimiento de la demanda de electricidad. Asimismo, cree que debe seguir siendo de interés para Cataluña, como receptor neto de energía producida, permanecer integrado dentro del sistema energético ibérico. En 2016, esta comunidad autónoma consumió un total de 46,6 teravatios hora (TWh), lo que la consolida como la autonomía que más energía consume.

Moody’s estima que la demanda de electricidad en España crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del 0,8% entre 2017 y 2022. «Estas previsiones incluyen un ligero aumento durante 2017-2018, debido a la mejora macroeconómica y a las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), y un crecimiento gradual a partir de entonces, aunque a un ritmo más lento dado el arrastre acumulado de las medidas de eficiencia energética», explica. «La previsión de que la demanda de electricidad en España será mayor que en otros mercados europeos refleja el impulso económico en curso del país tras haber experimentado una recesión muy profunda», explica Moody’s.

Según apunta, estas estimaciones son muy similares a las del Ministerio de Energía, que sitúan el crecimiento de la demanda de electricidad CAGR en un 0,8% entre 2017 y 2018. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúa la tasa de crecimiento en el 0,7%. No obstante, no son tan optimistas como las de Iberdrola o Endesa, las cuales ven el crecimiento de la demanda en una tasa anual del 1,2%, o de Red Eléctrica, que apunta a una tasa del 1,5%.