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Unidos Podemos avisa al Gobierno de que su subasta de interrumpibilidad «pone en riesgo» a Alcoa y la industria electrointensiva

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Europa Press.- Unidos Podemos ha advertido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que la subasta de interrumpibilidad planteada para el primer semestre del próximo año «pone en enorme riesgo a las empresas electrointensivas, pero muy particularmente a Alcoa«.

Y es que, según ha criticado en el Congreso su diputada Yolanda Díaz, de En Marea, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera que el número de bloques de potencia planteados «son insuficientes», por lo que ha reclamado elevarlos de 40 a 90, como mínimo. Además, ha exigido que aumente el plazo de la interrumpibilidad subastada para que sea de, al menos, un año. «Vamos nuevamente a que las empresas no saben cuál va a ser el precio de la electricidad en 2019», ha criticado la diputada de Unidos Podemos.

Unidos Podemos cree que con esta subasta el Gobierno socialista «reproduce los males» del anterior Ejecutivo del PP, subrayando que vuelve a ser «una subasta puramente especulativa» y «opaca», a costa del consumidor. «Repite un modelo que es fallido y no sirve para dar respuesta a las industrias electrointensivas», ha lamentado. Por otro lado, Díaz ha cuestionado que Ribera no aborde la regulación de las empresas electrointensivas, sino que haya decidido esperar a la Ley de Cambio Climático para contemplar la elaboración de un Estatuto para estas empresas, cuyo desarrollo tendría que establecerse en un reglamento 6 meses después a la aprobación de la ley.

Díaz apuesta por arreglar el tema “de manera definitiva» ya que cree que «tal y como lo plantea el Gobierno, las industrias electrointensivas están abocadas al cierre». Por otro lado, el grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea diversas medidas con las que, asegura esta formación, el Gobierno «puede salvar a Alcoa«. «Está en manos del Gobierno evitar el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. El tiempo cuenta y está corriendo ahora mismo para mandar a la calle a 700 trabajadores», recriminó el diputado de Podemos, Segundo González.

Entre estas medidas, proponen la paralización del ERE extintivo, impedir una parada técnica de las plantas, estudiar la intervención del Estado en las plantas mediante la SEPI y fomentar así la inversión de otras empresas y una ley para que, si Alcoa decide definitivamente marcharse, tenga que devolver todas las ayudas y bonificaciones otorgadas. En este sentido, González ha reclamado que, a partir de ahora, cualquier ayuda o subvención que se otorgue a una empresa esté condicionada al mantenimiento de la actividad de las empresas.

El PP hace que el Parlamento de Galicia descarte demandar al Gobierno una bajada del IVA de la energía eléctrica

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EFE.- El Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra de los diputados del PP, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, una proposición de En Marea (Podemos) instando a la Xunta a reclamar al Gobierno central una bajada del IVA de la energía eléctrica.

La iniciativa, que fue respaldada por la totalidad de grupos de la oposición, planteaba el descenso de la carga impositiva de las potencias y consumos “establecidos como imprescindibles”, a semejanza de otros países europeos con prestaciones sociales de este tipo. Al texto inicial le fue incorporada una enmienda del propio grupo de En Marea ya que, según ha explicado el diputado Pancho Casal, la “situación de emergencia” desatada a consecuencia del anuncio de inminentes nuevos incrementos del precio de la energía hace necesarias más medidas.

De este modo, el Legislativo gallego ha descartado también los puntos adicionales incorporados, que preveían pedir al Gobierno ampliar el plazo para que los beneficiarios del subsidio denominado «bono social» se suscribieran al nuevo plan y desarrollar una campaña de información y asesoramiento sobre el mismo. Por último, también se instaba al Instituto Gallego de Consumo a emprender acciones en el marco de sus competencias “contra la manipulación de precios”. Casal también anticipó que la nueva subida “puede suponer una trágica sorpresa” para muchos hogares.

Sin embargo, la parlamentaria del PP, Marta Nóvoa, ha justificado el rechazo a esta propuesta de su grupo en que, si bien el precio de la energía eléctrica puede ser casi “inasumible” para muchas familias, se trata de medidas “que ya se hacen o que están previstas”. De igual forma, ha discrepado con la visión que En Marea ha mostrado el escenario eléctrico en Galicia.

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

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Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Unidos Podemos denuncia ayudas encubiertas a la industria con la interrumpibilidad y pide abaratar su coste y limitar la potencia

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Europa Press.- Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso limitar el valor máximo de las retribuciones de la interrumpibilidad, fórmula por la cual las grandes industrias detienen su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, así como reducir el volumen de potencia interrumpible. En este sentido, la portavoz de Podemos En Marea, Yolanda Díaz, destaca que el coste de la interrumpibilidad en España es «a todas luces exagerado» y con un volumen de potencia «innecesario».

Durante toda la iniciativa, Díaz realiza una comparativa entre la gestión que realizan de este recurso países europeos por cuyo tamaño España debe compararse, como Francia, Alemania e Italia, concluyendo que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que el resto de países de su entorno.

Díaz señala que si en 2016 en España se adjudicaron 2.895 megavatios (MW), con un coste de medio de 173.920 euros/MW, y un coste total de 503,5 millones de euros, los consumidores españoles pagaron por este recurso más que los abonados por Alemania, Francia e Italia juntas. Así, señala que la máxima retribución en Alemania en 2016 hubiera supuesto 39 millones de euros, en Francia 96 millones y en Italia 297 millones. Sumados todos juntos contabilizan 432 millones de euros, casi 100 millones menos que los 503,5 millones que España desembolsó en concepto de interrumpibilidad.

Todo ello a pesar de que, según sostiene en la iniciativa Yolanda Díaz, España contrate un mayor volumen de potencia que todos los países, menos Italia, a pesar de registrar puntas de demanda inferiores (40,5 GW frente a los 87 GW en Alemania, los 88 GW en Francia o los 54 GW en Italia). «Resulta sorprendente que el sistema eléctrico español necesite el doble de potencia interrumpible que Francia o Alemania, con puntas de demanda muy superiores, y solo algo menos que Italia, con una punta de demanda superior», destaca.

Realizando una comparativa entre la punta de demanda anual y la potencia instalada, aunque sin tener en cuenta la disponibilidad de las diferentes tecnologías, se «da una idea de la probabilidad de tener que recurrir» a la desconexión por la falta de energía, España ocupa el último puesto en este coeficiente de riesgo. Todo ello lleva a la diputada a concluir que el sistema de interrumpibilidad no deja de ser una forma de compensar a las industrias electrointensivas. «La causa última de estas distorsiones está en que es, en realidad, una mezcla de herramienta técnica y de ayuda a la industria general, pero de forma particular a la electrointensiva», argumenta.

Unas ayudas de las que, si bien Díaz no rechaza su existencia, critica que se carguen sobre los consumidores. Por ello, aboga por que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter trienal, al amparo de las directivas europeas sobre ayudas a la protección medioambiental, y con el fin de compensar el apoyo a la energía renovable y a la colaboración con la transición energética condicionadas, eso sí, en determinados supuestos.

También llama a reformar la gestión de la interrumpibilidad con el fin de que «responda estrictamente» a necesidades derivadas de la seguridad del sistema, flexibilice las condiciones de ejecución para que, además de cubrir situaciones de emergencia, «sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda», y habilitar mecanismos de recompra para que los adjudicatarios de potencia puedan cancelar sus obligaciones de reducir la demanda.

Por otro lado, pide que la adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, se garantice la retribución y volumen de potencia máxima por un período de 3 años, y que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos. Aunque el resto de países también cuentan con un mecanismo de subasta, España es el único donde esta subasta es presencial, sin que esta circunstancia se justifique en la normativa que regula estas subastas, gravándose su coste, con el consiguiente despliegue de instalaciones, equipos y desplazamiento a la sede de la subasta, a la factura de los consumidores.

Galicia indemnizará con 3 millones de euros por los gastos realizados a las adjudicatarias del concurso eólico anulado por Feijóo

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EFE.– El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró favorable a indemnizar con dinero público a las empresas adjudicatarias del concurso eólico anulado por su gobierno por los gastos en los que ya hubiesen incurrido y aseguró que es una previsión que incluía la ley que aprobó posteriormente a la anulación del concurso. La Xunta ha decidido no seguir recurriendo en los tribunales y tendrá que abonar 3 millones de euros por estos gastos derivados de varias sentencias judiciales.

«Estamos de acuerdo en que los gastos de las empresas que concursaron tienen que ser indemnizables; la ley lo prevé, los gastos debidamente documentados», ha indicado Núñez Feijóo, que ha continuado: «Lo que no estaba previsto era indemnizar a empresas por dejar sin efecto el concurso«. Diversas empresas han visto reconocidas las cantidades por los gastos efectuados pero no por el lucro cesante, como pedían en sus demandas a la administración por la anulación del concurso realizado por el PSOE y el BNG. En Marea y el BNG habían pedido que ese dinero lo pagara Núñez Feijóo de su bolsillo.

Podemos En Marea quiere reformar la Ley del Sector Eléctrico para que el Estado tenga una participación en las distribuidoras

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EFE.- La portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley por la que pretende reformar la Ley del Sector Eléctrico para modificar el régimen de propiedad de las empresas distribuidoras y conseguir una mayor participación del Estado. Esta participación se llevaría a cabo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para la que se establecería un umbral mínimo de participación del 20%.

Yolanda Díaz ha presentado esta iniciativa acompañada del ingeniero y colaborador de En Marea, José Bembibre, junto al cual ha defendido la importancia de que la red de distribución energética sea de titularidad pública. Díaz ha denunciado que «el actual modelo energético» es un «negocio especulativo que está en manos de 5 grandes multinacionales que están expoliando derechos fundamentales de las personas a través de la energía«. Así pues, la representante de En Marea ha manifestado que se da una situación «anómala» en este sector, en el que se permite que 5 empresas» controlen todos los procesos de la energía, como son la distribución, producción y comercialización de la misma».

Por ello, ha querido defender que su iniciativa tiene como objetivo «atacar de lleno un sistema que es un auténtico expolio y un enorme negocio para las multinacionales» y lograr su «democratización». Asimismo, la portavoz de la candidatura de confluencia ha señalado que este tema tiene especial importancia para Galicia, por la dispersión geográfica de su rural, en el que se deben desarrollar fórmulas de producción local al estilo de las que se promueven por toda Europa. La proposición se debatirá en el próximo período de sesiones, que dará comienzo en el mes de septiembre.

En Marea pide la reunión de la Diputación Permanente después de que el Gobierno exima de evaluación ambiental a Reganosa

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EFE.- Los representantes de En Marea, Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino, diputados tras las elecciones del 20 de diciembre, solicitaron con el apoyo del Grupo Mixto la reunión de la Diputación Permanente del Congreso para tratar el caso de Reganosa, la regasificadora situada en la ría de Ferrol. El Consejo de Ministros acordó la pasada semana que Reganosa no vuelva a tener que realizar el trámite de evaluación de impacto ambiental de su planta de Mugardos para las nuevas autorizaciones.

El Tribunal Supremo anuló en el mes de abril, a través de dos sentencias, la autorización administrativa previa para la instalación de la regasificadora, que data de 2002, y su proyecto constructivo, desarrollado en 2004, al considerar el juez que no se adecuaba al régimen de ordenación del territorio de entonces; por ello, el Gobierno tendrá que conceder autorizaciones en las próximas semanas para que la planta continúe funcionando de forma legal. Al igual que argumenta la empresa, el Gobierno indica que la modificación puntual del PGOM de Mugardos de 2012, subsana la circunstancia en la que incide el Supremo.

PSOE y Podemos En Marea vuelven a llevar sus críticas a las subastas de interrumpibilidad al Congreso

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Europa Press.- El PSOE y En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos concurrió a las elecciones generales de diciembre, volvieron a plantear en el Congreso sus críticas al sistema de asignación de bloques de interrumpibilidad eléctrica mediante subastas que el Gobierno aprobó en diciembre de 2013, y cuya modificación ya solicitó la Cámara Baja hace aproximadamente un mes.

Con una proposición no de ley, los socialistas critican que el modelo de subastas «no cubre las necesidades de las empresas, genera incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y la inversión a medio plazo, y genera riesgo de deslocalizaciones», a la par que hace «muy difícil» a la industria electrointensiva española competir «en igualdad de condiciones» en el mercado internacional. Por eso, quiere que el Congreso inste a establecer una fórmula para que este tipo de factorías con alto consumo de energía puedan acceder al mercado de energía «en condiciones similares a las de otros países de la Unión Europea», aunque sin plantear en su texto un procedimiento concreto de asignación de la interrumpibilidad.

Por su parte, la PNL de En Marea, también dirigida a la Comisión de Industria, es más técnica y se centra en los plazos fijados por la orden ministerial que regula el servicio de la gestión de la demanda de interrumpibilidad para informar sobre las subastas. En concreto, la confluencia gallega recuerda que el Ministerio pone el 30 de junio como límite para que el operador del sistema remita su propuesta de subasta, que debe incluir el rango de cantidades adjudicar, el tipo de producto, el precio de salida, las reglas de la subasta, las fechas y el horizonte temporal.

«Considerando que a la incertidumbre intrínseca del servicio de interrumpibilidad actual se une la de un Gobierno en funciones, el Congreso insta al Gobierno a que solicite al operador del sistema que remita la propuesta razonada antes del 30 de abril», pide Podemos. Además, pide al Gobierno que se tengan en cuenta los criterios aprobados el pasado 29 de marzo por la Comisión de Industria que aprobó la PNL que exigía reformas para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales.

En Marea, PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo para exigir un nuevo sistema de suministro eléctrico para la industria

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos se presentó a las elecciones de diciembre, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios «competitivos, estables y predecibles» a la industria.

La iniciativa, que fue transaccionada con propuestas del PSOE y de Ciudadanos, reclamaba originalmente un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad que mejorase tanto los plazos de las ofertas como las cuantías de los bloques. Sin embargo, finalmente la redacción es mucho más genérica y se limita a pedir que se impulsen las reformas necesarias para conseguir un nuevo sistema de suministro a precios «competitivos, estables y predecibles» que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales “ya que supondría un gran beneficio para reducir los costes productivos en casos como Alcoa”.

Este punto del texto salió adelante con los votos de PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y el PNV, frente a la abstención de Foro Asturias y el voto en contra del PP, que defiende el actual modelo de suministro energético para la industria. Sin embargo, el resto de la iniciativa cosechó el apoyo unánime de los grupos. Así, la Cámara Baja pide al Ejecutivo que fomente la implantación en las industrias electrointensiva de planes de inversiones para favorecer la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y la innovación. Podemos y el grupo mixto criticaron que las tarifas españolas sean las más caras de la Unión Europea y supongan hasta un 40% del coste de la producción industrial.

Igualmente, se pide continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, particularmente en las plantas de Alcoa en Galicia y Asturias; así como promover un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. La propuesta aboga por solicitar a la Unión Europea que «exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos» adquiridos en el Protocolo de Adhesión de este país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para evitar el dumping que está sufriendo la siderurgia y el sector del aluminio.

Junto con esta propuesta, la Comisión parlamentaria de Industria también debatía otra similar, a propuesta de Foro Asturias, para establecer un nuevo sistema de suministro eléctrico para industrias electrointensivas concretas, así como para aplicar una tarifa de emergencia que frene las deslocalizaciones. Sin embargo, el texto defendido por Isidro Martínez Oblanca sólo cosechó 10 votos, de Ciudadanos, ERC, DL, PNV y el propio de FAC, frente a las abstenciones de PSOE y Podemos y el voto en contra de los 15 diputados del PP, por lo que no salió adelante.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha explicado que «no podemos asistir impasibles a las amenazas de la deslocalización de las industrias intensivas españolas» y ha afirmado que hay que evitar el desmantelamiento del empleo que afecta a comarcas enteras. Martínez Oblanca pidió tomar como referencia las medidas que se están adoptando en la Unión Europea, como ayudas estatales para la protección de medio ambiente y para tener costes energéticos semejantes a los que se registran en otros mercados.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha defendido la proposición no de Ley presentada por su confluencia relativa a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico ya que el sistema actual es «opaco, poco transparente e injustos». En este sentido, pide al Gobierno medidas que logren mejoras en el sistema de subasta y que está poniendo en «jaque» a Alcoa, ubicada en A Coruña. Margarita Pérez, diputada del PSOE ha calificado de «dramática» la hipótesis de que pudiera desaparecer la planta de Alcoa también en Lugo. «El sector industrial necesita un marco estable de costes eléctricos y necesita una solución rápida y estable por su gran dependencia de la electricidad», ha aseverado.

Desde Ciudadanos, Enrique Bueno, ha pedido un pacto de Estado de la Energía para que la política energética sea estable y sostenible, mientras que el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha dicho que «el Ejecutivo no puede estar en defunciones» y es importante que «dé la cara» y defienda a estas empresas y sus producciones. También el diputado de Democracia i Libertad (DiL), el catalán Jordi Xuclá, ha defendido que la política industrial debe ir ligada a un nuevo sistema de precios eléctricos más competitivos.

Por su parte, la diputada del PP, Susana López, ha enumerado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP para garantizar la estabilidad del sector energético y ha recordado los beneficios fiscales para las empresas electrointensivas, así como la reducción de los precios para los hogares cerca del 15% y de hasta un 35% para las grandes empresas en los últimos meses.

Podemos En Marea y Foro Asturias piden este martes en el Congreso cambios en el sistema de interrumpibilidad eléctrica

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Europa Press.- En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos concurrió a las últimas elecciones generales, y Foro Asturias (FAC) defenderán este martes en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados la necesidad de modificar el sistema de interrumpibilidad eléctrica para favorecer la competitividad de las empresas electrointensivas, de gran importancia en sus respectivas regiones.

En Marea señala en su iniciativa que el actual sistema de subastas anuales y la oferta de megavatios que se incluyen en ellas resultan insuficientes tanto para cubrir toda la demanda de las industrias como para facilitar la planificación de inversiones por parte de las empresas. Por ello, piden al Ejecutivo que negocie con los grandes consumidores eléctricos las medidas necesarias para mejorar el sistema tanto en el aspecto temporal de la oferta como en la cuantía de los bloques.

Por otra parte, la confluencia gallega de Podemos critica que la «dejadez» del Gobierno del PP a la hora de atender las necesidades de este sector industrial para que pueda acceder a la energía a precios «idóneos», junto con la estrategia de algunas empresas como Alcoa, suponen una «peligrosa amenaza» para el empleo y mantienen el «fantasma» de la deslocalización.

Evitar esta situación exige, cree En Marea, que las administraciones definan un nuevo modelo energético «sostenible y social» que prevea un «retorno adecuado» a la contribución que regiones productoras de energía eléctrica como Galicia realizan al conjunto del país, y que consiga mantener precios adecuados para mantener la actividad industrial. Y, en concreto, la proposición no de ley plantea instar al Gobierno a que impulse medidas para garantizar el empleo de Alcoa en La Coruña, para fomentar la implantación de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético, la rebaja de emisiones y el desarrollo de la actividad productiva en la compañía; y que redefina el sistema energético gallego.

Rebajas fiscales o de peajes

Por su parte, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, considera que la solución al problema pasa por conseguir un «nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible» para los sectores electrointensivas como la metalurgia, siderurgia, cementera o química, lo que podría lograrse mediante rebajas fiscales o en los peajes, en aras a evitar deslocalizaciones industriales. Y es que, según recuerda, la directiva europea sobre Ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía permite las «reducciones de la carga fiscal, coste de acceso e incentivos a las energías renovables» para los grandes consumidores eléctricos.

Una posibilidad que países como Alemania o Francia ya han empezado a aplicar para «evitar la deslocalización silenciosa» de este tipo de compañías, y que en España debería plantearse «sin demora» dentro de una «política inaplazable» de fomento de la competitividad industrial que el Ejecutivo debería estar planteando. Pero, además, Martínez Oblanca reclama «medidas de emergencia», particularmente una tarifa eléctrica de aplicación «inmediata». La iniciativa plantea, por último, la necesidad de reformar «con urgencia» el sistema de costes energéticos al completo para evitar que la situación actual, en la que España cuenta con las tarifas «más caras» de toda la Unión Europea, «condene al país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores económicos clave».