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Padecer pobreza energética en la Barcelona de Ada Colau servirá para no pagar la tasa de alcantarillado

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Europa Press.- El pleno de Barcelona ha aprobado de forma provisional por unanimidad modificar la tasa de alcantarillado para que las personas afectadas por pobreza energética queden exentas de pagarla, por la que unos 7.476 hogares, 18.690 personas, pagarán entre 10 y 15 euros menos al año.

También se ha modificado la tasa de estacionamiento regulado para aplicar un recargo de 2 euros la hora en las áreas verde y azul para no residentes durante episodios de contaminación, de los que se registran entre 2 y 3 cada año, medida de la que quedarán exentos los vehículos ecológicos y de 0 emisiones. La medida ha contado en el pleno con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, mientras que el grupo Demòcrata se ha abstenido y han votado en contra Cs y PP.

Por unanimidad, también prosperó adaptar las bonificaciones del impuesto de vehículos a las nuevas etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas modificaciones, junto a la de la tasa de alcantarillado, se han aprobado provisionalmente y pasarán ahora a un periodo de información pública de 30 días, tras lo que los cambios quedarán aprobados definitivamente si no se presentan reclamaciones. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que se trata de medidas concretas y necesarias, aunque el Gobierno municipal aspira a alcanzar un acuerdo más amplio de cara a las Ordenanzas Fiscales para 2018 para avanzar hacia una fiscalidad más progresiva desde el punto social y ambiental.

Sònia Recasens (PDeCAT) ha criticado que se trata de medidas aisladas que demuestran el fracaso en política fiscal del Gobierno municipal, mientras que la líder municipal de Ciudadanos, Carina Mejías, ha dicho que estas son políticas de propaganda y que la modificación de la tasa de alcantarillado «instrumentaliza la pobreza energética«. El portavoz Jordi Coronas (ERC) ha pedido que al Gobierno de Ada Colau que tenga una actitud abierta y dialogante para negociar las Ordenazas Fiscales para el próximo año.

Podemos pide que Montoro y el exministro Soria expliquen en el Congreso sus contactos con las eléctricas y con Abengoa

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Europa Press.- Podemos ha pedido las comparecencias del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y del exministro de Energía, José Manuel Soria, en el Congreso para que expliquen las noticias aparecidas en relación a posibles presiones recibidas por empresas eléctricas y para beneficiar a Abengoa.

Podemos ha solicitado que Montoro comparezca en la Comisión de Hacienda y Soria en la Comisión de Energía, al tiempo que también ha pedido que acuda a esta última comisión el exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen. En el mismo sentido, ERC también solicitó la comparecencia de Soria para que informe si recibió presiones de las compañías eléctricas así como del ministro Montoro para beneficiar a Abengoa. ERC, además, exige que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, acuda al Congreso a explicar la multa por la no construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Por otra parte, el grupo parlamentario de Podemos ha registrado varias preguntas para que el Gobierno responda por escrito si Hacienda le ha informado privadamente en alguna ocasión sobre la situación de algún contribuyente, como pudieran ser el caso de algunos familiares de Soria. Asimismo, sobre la autorización del Gobierno para que las compañías eléctricas refacturen de una sola vez las tarifas. Al respecto, Podemos pregunta si el Ejecutivo es consciente de que este sistema puede provocar aumentos de más del 50% en la factura de los consumidores más vulnerables.

Podemos pide librar a los hogares vulnerables de la refacturación de la tarifa regulada para corregir el margen de comercialización

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Europa Press.- Podemos En Comú criticó que el Gobierno haya autorizado a las compañías eléctricas la refacturación en un solo recibo de las tarifas que, a lo largo de tres años, se aplicaron erróneamente porque el Gobierno no calculó correctamente el coste de la comercialización de la energía eléctrica de la tarifa semirregulada (PVPC), y pide fraccionar el pago y que se exima a los hogares vulnerables.

La refacturación se sustenta en tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que se obliga al Gobierno a elaborar una nueva metodología para calcular el margen de comercialización del PVPC. A partir de ello, el Gobierno aprobó un modelo de comunicación que las compañías deben remitir a los usuarios para informarles de los motivos del reajuste en el cobro en el que, lamenta Podemos, «les ha dado libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o en uno solo».

Por todo esto, la formación catalana, a través de su portavoz de Energía en el Congreso, Josep Vendrell, registró en la Cámara Baja una batería de preguntas para comprobar si el Gobierno conoce los efectos de cargar en una sola factura esta desviación en el cálculo de la factura y para saber las razones por las que el Ejecutivo no excluyó de esta decisión a los beneficiarios del bono social.

Para Vendrell, esta decisión «refleja una nula sensibilidad con aquellos consumidores que atraviesan una grave situación económica y que habitualmente ya tienen dificultades para hacer frente a los recibos». «Ni siquiera se han tenido en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les estaría aplicando íntegramente», lamenta el diputado catalán.

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.

Podemos critica que las corporaciones locales tengan que cofinanciar la factura eléctrica de los consumidores atendidos por los servicios sociales

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Europa Press.- Lucía Martín, diputada de En Comú Podem, coalición electoral integrada en el Congreso en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, criticó que el reglamento sobre el bono social anunciado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, delegue en las corporaciones locales el pago del 50% de la factura no abonada por los usuarios vulnerables para evitar el corte de luz.

«Nuevamente, el Gobierno no asume sus competencias y piensa más en el beneficio de las grandes eléctricas que en proteger a los consumidores más expuestos por la pobreza energética», concluyen desde En Comú, que cree que los requisitos previstos por el Ejecutivo para que las familias puedan acceder al bono social «significan liquidar de facto el principio de precaución», que impide efectuar un corte de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. En este sentido, Martín destaca que es «inadmisible» que la garantía de acceso a los suministros básicos para las familias en situación de vulnerabilidad esté condicionada a que las grandes compañías eléctricas tengan antes garantizado el cobro de la mitad de las facturas que no han podido pagar.

Por último, Martín ha criticado el pacto alcanzado por el PSOE con el Gobierno del PP, tildando de «lamentable» el papel de la formación socialista y recordando que cuando presentaron el acuerdo su portavoz en la Cámara, Antonio Hernando, decía que «mientras unos protestan, nosotros buscamos soluciones». «El resultado de aquel pacto PPSOE está a la vista de todos: El PSOE aceptó dejar exclusivamente en manos del Gobierno el desarrollo y la concreción de todas las cuestiones sensibles que anunciaba el decreto ley, a cambio de poder aparecer para colgarse la medalla de la lucha contra la pobreza energética», lamentó.

Podemos y Compromís registran una ley para derogar los cambios de retribución a los inversores en energía fotovoltaica

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú y Compromís han registrado en el Congreso una proposición de ley para asegurar la inversión de los productores de energía renovable y evitar que la revisión de estas retribuciones programada para 2020 pueda llevar a la ruina a más de 62.000 familias que invirtieron sus ahorros en este negocio.

La iniciativa legislativa consta de un solo artículo que modificaría la Ley 24/2013 para garantizar que el valor de la rentabilidad razonable no se modificará, ni se revisará durante la vida útil de las instalaciones. Según denuncian estas formaciones, las reformas de 2013 y 2014 en la producción de energía eléctrica a través de renovables permitió la revisión periódica de la totalidad de los parámetros, por lo que no es posible conocer la retribución de los proyectos más allá de un horizonte de tres años.

Ambas formaciones estuvieron acompañadas en la presentación de la iniciativa por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que advirtieron que la próxima revisión de los parámetros, en 2020, puede reducir hasta un 25% la rentabilidad actual, ya revisada anteriormente y por la cual debieron refinanciar su deuda. Los representantes de las asociaciones denuncian que desde el impulso dado a la producción de energía fotovoltaica en 2007 se han producido hasta 9 cambios retroactivos que han modificado las condiciones inicialmente pactadas con el Estado.

Los principales afectados, advierten, son aquellos productores con menos recursos, sin posibilidades de poder alcanzar a nuevos acuerdos de refinanciación. «La parte social desaparecerá fulminantemente y seguirá el camino que llevamos desde hace unos años, que es acabar en manos de fondos buitre o de grandes compañías», ha lamentado Miguel Ángel Aroca, presidente de ANPIER. «El futuro va a ser renovable, de eso no hay duda. La gran incertidumbre es saber si va a ser social», indicó el director de ANPIER, Rafael Barrera, que critica que las incertidumbres «expulsan» a los pioneros en la producción energética a través de renovables.

Para Ignasi Candela (Compromís), esta proposición de ley trata de «avanzar en la democratización de la producción de la energía», en la que espera sumar al PSOE, al que cree «comprometido en este proceso», y a Ciudadanos, al que ve más «dubitativo». Por su parte, Josep Vendrell, de En Comú, ha reclamado que esta legislatura sea la de la «transición energética» ante los «obstáculos» que plantea, ha dicho, el Gobierno y su ministro de Energía, Álvaro Nadal. Ante la posibilidad de que el Gobierno pueda presentar un veto para evitar la calificación de la propuesta, Vendrell asegura que en este caso no hay afectación presupuestaria. 

Unidos Podemos registra en el Congreso una ley para promover el cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley que regula el cierre de las centrales nucleares en España, empezando por la no renovación de la licencia de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno tiene que decidir en los próximos seis meses, y terminando en 2024 con el fin de la actividad de la central de Trillo (Guadalajara).

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, la intención es que las plantas se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto exija al Gobierno la elaboración, en 6 meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de todas las centrales nucleares.

Con este texto, la formación morada pretende frenar las intenciones que, a su juicio, tiene el Gobierno de alargar hasta los 60 años la vida de las plantas nucleares y que, según advierte López de Uralde, se pueden ver en los cambios realizados por el PP para tener mayoría en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en el último informe de este organismo, favorable a la reapertura de Garoña a pesar de que no se han cumplido las exigencias que se le imponían a su gestora Nuclenor.

“No hay una transición energética”

El portavoz de Energía del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha acusado al Ejecutivo de ser «pronuclear» y «enemigo de las renovables y del autoconsumo» y, en su opinión, la decisión del cierre de las centrales «no puede quedar en manos del Ministerio de Energía o del Consejo de Ministros». «Se les llena la boca de hablar de transición energética y de un Pacto de Estado por la Energía y luego se quedan en lo mismo», ha denunciado el diputado de En Comú.

Del mismo modo, denuncia que este sistema es «una opción del pasado» que es «peligrosa y cara», además de «no ser competitiva». «Tampoco garantiza el suministro de electricidad en España», apunta Vendrell, dada la sobrecapacidad instalada de potencia eléctrica. Por ello, la ley también solicita la creación, en 6 meses, de un plan de transición energética en el que participen Gobierno y comunidades autónomas, así como otros actores implicados. Además, un último punto en el texto llama al Ejecutivo a elaborar un plan de adaptación socio-económico en las zonas colindantes a las centrales y que, hasta ahora, basaban parte de su economía en las plantas.

Desde la formación morada han señalado que ahora comenzarán a dialogar con PSOE y Ciudadanos que, en sus discursos y sus programas electorales se han mostrado a favor del cierre de estos centros. «Con esta ley traemos al Congreso un debate que está en la sociedad», ha apuntado López de Uralde, quien se ha mostrado convencido de poder alcanzar el acuerdo necesario en la Cámara Baja para «obligar al Gobierno a reaccionar» y cumplir con lo que exige la ley. En este sentido, el diputado de Equo se ha mostrado dispuesto a dialogar con el resto de fuerzas políticas para pactar el cierre de Garoña. «Pero no nos vamos a olvidar del cierre del resto de centrales», ha advertido Uralde.

El Gobierno recuerda que la potestad de sancionar a las comercializadoras eléctricas por supuesta publicidad engañosa corresponde a la CNMC

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Europa Press.- El Gobierno considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta con «una variedad de instrumentos» suficiente para sancionar cualquier actuación irregular de las comercializadoras eléctricas, dejando así en manos del regulador las posibles sanciones por las prácticas que denuncia Facua.

El diputado de Podemos, Josep Vendrell, preguntó por escrito al Ejecutivo sobre las ofertas que algunas comercializadoras eléctricas plantean a los consumidores bajo la excusa de pretendidas rebajas que en realidad pueden llegar a encarecer el recibo de la luz hasta un 68,2% en el caso de los potenciales beneficiarios del bono social. En su respuesta el Gobierno se limita a señalar que la CNMC, organismo encargado de supervisar el mercado y la competencia, ha tenido conocimiento de que «algunas comercializadoras tramitan cambios de suministrador sin consentimiento o con consentimiento obtenido a través de engaño».

En este sentido, cita varios informes del regulador en el que se denuncia que «los consumidores reciben información poco transparente o poco veraz», lo que resulta en contrataciones que, «en muchos casos, empeoran las condiciones contratadas previamente». Sin embargo, el Ejecutivo considera que la Comisión tiene a su disposición «una variedad» de instrumentos suficiente para sancionar este tipo de conductas que «pudieran obstaculizar el cambio de suministrador falseando la competencia» de manera «activa y coordinada», y recuerda que ya están en tramitación diversos expedientes sancionadoras por incumplimientos de esta naturaleza.

Podemos En Comú denuncia ilegalidades y una posible amenaza para la salud en la sustitución de los contadores energéticos inteligentes

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Europa Press.- Podemos En Comú ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que se interesa por la sustitución de contadores eléctricos en la cual, según advierten, “se está incurriendo en varias ilegalidades y puede suponer un riesgo para la salud”.

Los catalanes, a través de su diputado Josep Vendrell, se refieren a la sustitución de contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kw, de contador electromagnético a telegestionable. Este proceso se realiza en tres fases, habiéndose fijado la última de ellas en 2018. Una de las irregularidades que detecta esta formación, integrada en el grupo de Unidos Podemos, es la “restricción a la libre competencia que impone una de las compañías distribuidoras, Endesa, pues, denuncian, impide que en su red de distribución se instalen contadores telegestionables no fabricados por su matriz Enel”.

Asimismo, relatan que los clientes están obligados a aceptar que la sustitución de estos dispositivos se lleve a cabo sin avisarles de la fecha y la hora de esta operación. Esto vulnera otro de los preceptos reguladores de la sustitución de los contadores, una directiva europea de 2012 que insta a las empresas distribuidoras a comunicar a sus clientes la fecha prevista con una antelación de tres meses. En este punto, cuestionan si el Gobierno y la CNMC son conscientes de que las restricciones a la libre competencia por parte de Endesa están prohibidas expresamente en el reglamento e inquieren si piensan tomar alguna medida al respecto. Asimismo, también preguntan por si conocen la ausencia de avisos por las compañías.

Ley de datos y salud

Por otro lado, Vendrell apunta a que la propia instalación de contadores podría estar incurriendo en la vulneración de la Ley de protección de datos, pues la propia agencia llegó a reconocer en 2015 que el tratamiento de estos datos es «especialmente sensible» al acceder a informaciones ajenas a la propia estadística de consumo. Así, advierte que con los nuevos contadores inteligentes es posible definir hábitos de comportamiento del consumidor, abriendo la puerta a la elaboración de perfiles relacionados con su conducta. El diputado aboga por que este acceso «debería fundarse en el consentimiento inequívoco del afectado», pues supone un riesgo para su privacidad, y pregunta al Gobierno por ello.

Por último, desde Podemos expresan «la creciente preocupación social en relación a las inmisiones cada día mayores y los posibles efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas que emiten los contadores inteligentes, especialmente sobre colectivos sensibles como mujeres embarazadas, recién nacidos, niños o personas mayores. En este sentido, apuntan a la falta de comprobación científica sobre la inocuidad de los contadores y demandan la confirmación del Gobierno de que los dispositivos son «absolutamente seguros», preguntan si el Gobierno se ha planteado realizar los estudios necesarios para evaluar si existe algún riesgo, y por una posible paralización de estos planes.

Podemos exige saber el contenido de la reunión de Nadal con las energéticas mientras Compromís pregunta por la MAT

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Europa Press / EFE.- Compromís ha pedido que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, comparezca en el Congreso para aclarar la situación de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) a su paso por la Comunidad Valenciana después de que el Gobierno autonómico aprobara su paralización. Mientras tanto, En Comú recrimina al Gobierno su «falta de transparencia» al haberse enterado en los medios de la reunión que Nadal mantuvo recientemente con las principales compañías energéticas. Asimismo, exigió conocer el contenido del encuentro.

Así, la formación catalana ha presentado en el Congreso una batería de preguntas inquiriendo al Gobierno por esta reunión, desvelada por Expansión. Según este medio, Nadal mantuvo un encuentro con representantes de los grandes operadores de gas y electricidad en España en el que se analizaron las próximas reformas en el sector energético y se sugirió a las empresas que hicieran sus propuestas al respecto.

En este sentido, En Comú quiere saber si ése fue el propósito de dicho encuentro, las propuestas que pusieron sobre la mesa las empresas, y si el propio Gobierno en funciones presentó alguna en concreto. Asimismo, preguntan si el Ejecutivo considera correcto «celebrar reuniones a puerta cerrada con representantes de grandes grupos energéticos sin que haya información pública al respecto» y señalan que actuaciones como estas «en ningún caso ayudan a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública».

La MAT en Comunidad Valenciana

Por su parte, Compromís está promoviendo iniciativas en todas las instituciones para que se paralice la MAT, que en su primera fase se prevé que atraviese 16 localidades de Castellón y que Red Eléctrica de España quiere seguir desarrollando por toda la Comunidad Valenciana. La diputada de Compromís Marta Sorlí criticó la actitud del Gobierno central, que hasta ahora no ha contestado a ninguna pregunta parlamentaria sobre la MAT. Compromís preguntó en agosto sobre la situación actual de la MAT, la declaración de impacto medio ambiental y sobre quién asumiría la responsabilidad en caso de efectos adversos sobre la salud.