Redacción / Europa Press.- La Sociedad Nuclear Española (SNE) insta a lograr un pacto de Estado de la energía que se base en criterios técnicos y sin motivaciones políticas. «Tiene que haber un debate sobre argumentos, no sobre posicionamientos ideológicos. Abogamos por un Pacto de Estado con números encima de la mesa», ha insistido el presidente de la SNE, José Antonio Gago.

La SNE resaltó la capacidad del parque nuclear nacional para dar estabilidad al sistema eléctrico en situaciones meteorológicas adversas como el temporal que afectó al este peninsular en enero, de contener el recibo de la luz, y de su contribución a la lucha contra el cambio climático, al no emitir CO2. Así, el expresidente de la SNE, José Ramón Torralbo, ha precisado que en 2016, la energía nuclear aportó el 21,4% de la electricidad, con el 7,3% del total de potencia instalada, de modo que se mantuvo, por sexto año consecutivo como la primera fuente de producción eléctrica del país.

Torralbo defendió la «seguridad» y la «fiabilidad» del parque nuclear español, cuyo funcionamiento en 2016 calificó de «bueno», ya que ha operado el 91,62% de las 8.760 horas del año. Precisamente, se ha referido a las centrales nucleares como «garantes del suministro» eléctrico durante el invierno, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas como las del pasado temporal, en la que se produjeron caídas de postes y torres de luz. En esa situación, Torralbo defendió que las plantas de Cofrentes (C. Valenciana) y Trillo (Guadalajara) fueron capaces de dar estabilidad y fiabilidad a la red eléctrica.

Además, elogió el «efecto moderador» de la nuclear sobre el precio del kilowatio, ya que cuando en el mercado mayorista el precio del kilowatio hora superó los 100 euros por kilovatio, la nuclear «siguió funcionando y contribuyó a contener el precio del recibo de la luz». De hecho, según datos que maneja el sector, procedentes del Ministerio de Energía, se estima que el recibo de la luz sin energía nuclear se incrementaría en un 28%.

Asimismo, ha subrayado que el 60% de la electricidad producida en España a lo largo del año ha sido libre de emisiones de CO2 y que, de ésta, el 35% se debió a la contribución de la nuclear. En total, indicó que esta tecnología evita cada año la emisión a la atmósfera de 40 toneladas de CO2, lo que equivale a la mitad de las emisiones del parque automovilístico. Por ello, ha elogiado la capacidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos de España en materia de lucha contra el cambio climático. A ese respecto, destacó que a diferencia de 2015, mejoró la generación sin emisiones al situarse la producción nuclear, eólica e hidráulica por encima de la del carbón.

En 2016 la nuclear aportó el 21,4% de la energía, seguida por el 18,2% de la eólica; el 14,9% de la hidráulica; el 14,3% del carbón; el 11,2% de ciclo combinado; el 11,1% de la cogeneración y residuos; el 3% de la solar fotovoltaica; el 2,6% del fuel; 2%, la solar térmica y el 1,3% de otras renovables. En este contexto, subrayan que España no puede acometer sus compromisos medioambientales y la lucha contra el cambio climático «sin el funcionamiento de la energía nuclear» y recordó que esta importancia ha sido reconocida por Suecia y por el Estado de Nueva York, donde implantaron un reconocimiento fiscal a la nuclear, la eólica y la solar como energías que no emiten CO2.

Respecto a la seguridad, Torralbo garantizó que «las centrales son más seguras ahora que cuando se pusieron en marcha», después de una continua mejora de sus instalaciones, en las que se invierte una media de 40 millones anuales por cada central y que, en conjunto, el sector nuclear invierte unos 70 millones de euros anuales en Investigación y Desarrollo, lo que supone 2,4 veces más que la media de España, y que emplea a 30.000 personas. Igualmente, ha recordado que el sector exporta el 70% de su producción a más de 40 países y que España es el tercer país en el mercado de la contratación del proyecto ITER, con la participación de 40 empresas.

Torralbo y Gago reclamaron la operación a largo plazo de las centrales nucleares «en línea con la tendencia mundial» y a pesar de que, según se ha quejado Gago, paga «más impuestos que otras tecnologías», por lo que la industria no se siente tratada igual que otro tipo de industrias. En concreto, Torralbo se ha quejado de la elevada fiscalidad que soportan los costes de generación que «siguen penalizados por los altos impuestos». En total, ha dicho que la contribución tributaria es de 1.140 millones de euros al año, de los que 780 son impuestos abonados por las empresas del sector y 360 millones en impuestos recaudados como consecuencia de su actividad empresarial, que está «más gravada que otras energías».

Asimismo, Torralbo no termina de entender el cuestionamiento ideológico de esta tecnología «a pesar de sus ventajas». Sobre la operación a largo plazo de las centrales nucleares, Gago indicó que se trata de una «tendencia consolidada» en todo el mundo, donde por ejemplo, solo en Estados Unidos, 81 de las 99 centrales existentes tienen autorización para operar hasta los 60 años. A escala nacional, apuntó que operar el parque atómico español hasta esa fecha supondría una producción equivalente al consumo eléctrico de toda España durante 4 años y evitaría la emisión a la atmósfera de más de 800 millones de toneladas de CO2 y reducir la dependencia energética del exterior.

Respecto a Garoña, Gago manifestó que la SNE ve de manera «muy positiva» que tras el trabajo «ímprobo» de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se haya emitido un informe favorable a su operación hasta 2031. En todo caso, ha recordado que Garoña ya ha operado «más allá de la cifra mágica de 40 años», y que en su momento recibió un informe favorable para llegar hasta 2019.

Aún más, ha dicho que entre las 10 condiciones de seguridad nuclear y de protección radiológica y las 15 instrucciones técnicas complementarias «no hay ninguna relevante» que no pueda cumplir Garoña, puesto que son como las que se han implantado o se están implantando en el resto de los reactores españoles, con motivo, bien de las mejoras post-Fukushima, bien de las mejoras continuas de seguridad que se imponen «a todas las demás». Ahora falta que el titular «lo vea viable» y confía en que así sea porque, en su opinión, los requisitos «son abordables» y algunos ya se han implantado.